Protección contra Inspección Provincial del Trabajo de Chiloé-Castro

nombre reservado, siete de enero de dos mil catorce.

Vistos:

A fojas 28 comparece don Bruno Andaur Hidago, abogado, en representación de Mainstream Chile S.A., ambos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado de esta ciudad. Interpone recurso de protección en contra de la Inspección Provincial del Trabajo de Chiloé-Castro.

Expone que con fecha 25 de septiembre de 2013, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 511 y 512 del Código del Trabajo, presentó reconsideración administrativa en contra de la Resolución de Multa N° 7719/13/33-1, 2, 3 y 4 dictada por la recurrida, mediante la que impuso a su mandante un total cuatro multas, no obstante mediante Ordinario N° 820, la contraria rechazó su solicitud fundado en que no se había presentado dentro del plazo legal de 30 días corridos contados desde su notificación.

Refiere que ante la omisión por parte del legislador en cuanto a precisar la naturaleza del plazo establecido en el artículo 512 del Código del Trabajo, el asunto ha sido materia de debate, concluyendo la jurisprudencia que debe aplicarse, ante el silencio de la ley, lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 19.880 sobre Bases de Procedimientos Administrativos que señala, en relación al cómputo de los plazos del procedimiento administrativo, que los plazos de días establecidos en dicha ley son de días hábiles, entendiéndose que son inhábiles los días sábados, domingos y festivos, postura ratificada por numerosos fallos, y cita uno reciente de 17 de septiembre de 2013, de la Excma. Corte Suprema, que acoge un recurso de protección fundado en estos mismos antecedentes, cuyos considerandos pertinentes transcribe (rol N° 5282-2013).

Expresa que en la especie, su parte fue notificada de la resolución de multa el 19 de agosto de 2013, de modo que el plazo para presentar el recurso vencía el 4 de octubre siguiente, y pese a que presentó la reconsideración con debida antelación el día 25 de septiembre, la recurrida la estimó extemporánea, actuación que la actora califica de ilegal y arbitraria, y que a su juicio ha significado el amago de las garantías constitucionales consagradas en los números 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Solicita se acoja el recurso declarando que se deja sin efecto el Ordinario 820 de 29 de octubre de 2013, debiendo la recurrida admitir a tramitación el recurso de reconsideración planteado por su parte, sin perjuicio de adoptar todas las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho amagado, con costas.

A fojas 41 se declara admisible el recurso y a fojas 42 se concede orden de no innovar.

A fojas 73 informa en representación de don nombre reservado, Inspector Provincial del Trabajo de Castro, la abogada Yoselin Guelet Calisto, quien solicita el rechazo con costas del recurso interpuesto.

En primer término, alega la improcedencia de la acción ejercida, teniendo presente que se pretende resolver por su intermedio una cuestión de interpretación legal, esto es, la naturaleza del plazo para presentar una reclamación administrativa, no siendo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución, la vía idónea para ello, pues el recurso de protección no es un instrumento de control de legalidad de los actos de la administración sino de cautela de derechos garantizados por la Carta Fundamental.

En segundo lugar, argumenta que el recurso es improcedente al no constituir el Ordinario 820 dictado por el Inspector Provincial del Trabajo de Chiloé, un acto ilegal ni arbitrario. Primero, fue dictado de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 511 y 512 del Código del Trabajo, norma esta última que efectivamente no precisa si el plazo de treinta días a que alude es de días hábiles o de días corridos, no obstante entiende que para dilucidar aquello debe considerarse el tratamiento que el cuerpo normativo específico relativo a asuntos laborales, esto es, el Código del Trabajo, ha dado a la materia. Y cita al efecto, lo dispuesto en los artículos 312, 435, 9, 162, 168, 171, 201 inciso final, 223, 282, 360, 412 y 503 del Código del Trabajo, normas a partir de cuyo análisis concluye que cuando el legislador ha querido establecer plazos de días hábiles, lo ha consignado expresamente, y siguiendo el artículo 50 del Código Civil, corresponde entender que el plazo del artículo 512 en cuestión, es de días corridos.

Sostiene que así se ha concluido por la jurisprudencia emanada de la Contraloría General de la República, que transcribe.

Recurre asimismo a una interpretación histórica, señalando que el mensaje de la Ley 20.087 estableció como novedad la simplificación de las reclamaciones administrativas, eliminando la consignación de la multa para poder reclamar, señalando también que el proceso de reclamación de multa se establecía dentro de un párrafo del mismo Título I del Libro V del Código del Trabajo de modo que se terminaba la confusión de determinar si el plazo era de días hábiles o corridos. Agrega que sin embargo, la segunda comisión de trabajo de la Cámara de Diputados modificó esta situación y cambió el acápite estableciendo como título diverso la reclamación administrativa de multa, haciendo en consecuencia inaplicable el artículo 435 del Código del Trabajo, misma situación que ocurrió con la Ley 20.060 que modificó la estructura del Código del Trabajo.

Puntualiza que de acuerdo a lo anterior, la Dirección del Trabajo emitió la Circular N° 73 con vigencia a partir del 14 de junio de 2010, que establece que el plazo de 30 días para la reconsideración administrativa es de 30 días corridos.

A continuación, cita Dictámenes de la Contraloría General de la República y sentencia de esta Corte de Apelaciones en los autos Rol N° 173-2011.

Finalmente, controvierte que la actuación impugnada signifique un amago de garantías constitucionales.

A fojas 82, encontrándose en estado de ver, se traen los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero.- Que, el recurso de protección tiene por objeto restablecer el imperio del derecho cuando se han visto conculcadas, aun en grado de amenaza, las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 de la Constitución Política de la República, según lo dispone el artículo 20 de la Carta Fundamental. En tales casos, la Corte de Apelaciones respectiva puede adoptar todas las medidas conducentes a lograr que cese la perturbación de tales garantías. Consecuencialmente, es necesaria la existencia de un acto u omisión, ilegal y/o arbitrario que provoque la perturbación o amenaza.

Segundo.- Que por la presente acción cautelar don nombre reservado, en representación de Mainstream Chile S.A., reclama de la decisión pronunciada por el Inspector Provincial del Trabajo de Chiloé-Castro que no acogió a tramitación la solicitud de reconsideración administrativa que dedujo respecto de cuatro multas que le fueran cursadas por dicha institución mediante Resolución 7719/13/33 de 6 de agosto de 2013, por haber sido presentada en forma extemporánea según la recurrida, pese a que a juicio del actor, fue deducida dentro de plazo, de manera que su rechazo constituye una actuación arbitraria e ilegal, que amaga las garantías consagradas en el artículo 19 N°s 2 y 24 de la Constitución.

Tercero.- Que según aparece del documento agregado a fojas 5, la resolución que impuso las multas a la empresa fue notificada a su representante legal el día 19 de agosto de 2013, habiéndose presentado solicitud de reconsideración el día 25 de septiembre siguiente.

Cuarto.- Que, como se ha resuelto reiteradamente por la Excma. Corte Suprema, entre otros fallos en el citado por el actor Rol N° 5282-2013, el plazo de treinta días a que se refiere el artículo 512 del Código del Trabajo para presentar la solicitud de reconsideración ante el Director del Trabajo no es de días corridos, como lo entiende la recurrida, sino de días hábiles, entendiéndose inhábiles los días sábados, domingos y festivos.

Quinto.- Que, en efecto, tratándose de un recurso presentado en la etapa administrativa, al no existir norma expresa que establezca lo contrario en el Código de Trabajo, debe aplicarse en forma supletoria el artículo 25 de la Ley N° 19.880 que se refiere al cómputo de los plazos del procedimiento administrativo, disposición que señala que éstos son de días hábiles, entendiéndose que son inhábiles los días sábados, los domingos y los festivos, toda vez que al existir un plazo “especial”, como es el contenido en la Ley N° 19.880 respecto a los procedimientos administrativos, éste prima por sobre las normas de carácter general comprendidas en el Código Civil.

Sexto.- Que, en consecuencia, siendo un hecho no controvertido, y constando además del documento de fojas 6, que el recurso de reconsideración fue presentado el día 25 de septiembre del año 2013, esto es, dentro del plazo de treinta días hábiles contados desde la notificación que fue practicada el 19 de agosto del mismo año, es dable concluir que la actuación de la recurrida que califica de extemporánea la mencionada reconsideración, constituye un acto ilegal, desde que por ella se negó a tramitar un recurso contemplado en la ley presentado dentro del plazo legal, afectando con ello la garantía de igualdad ante la ley contemplada en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, porque al desconocer la autoridad recurrida el plazo legal en toda su extensión ha dado un trato arbitrario que no puede ser aceptado.

Por estas consideraciones, de conformidad con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se acoge el deducido en lo principal de la presentación de fojas 28 y se deja sin efecto la Resolución Ordinaria N° 820 de 29 de octubre de 2013, debiendo la recurrida admitir a tramitación el recurso de reconsideración planteado por el actor respecto de la Resolución de Multas N° 7719/13/33.

No se condena en costas a la parte recurrida, por estimar que tuvo motivo plausible para litigar.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Redacción del abogado integrante don Pedro Campos Latorre.

Rol N° 847-2013.

Pronunciada por la Segunda Sala integrada por los Ministros Titulares don nombre reservado y don nombre reservado y el abogado integrante don Pedro Campos Latorre. Autoriza doña nombre reservado, Secretaria Titular.

En nombre reservado, a siete de enero de dos mil catorce, notifiqué por el estado diario la sentencia que antecede.