Protección contra nombre reservado

Puerto Montt, diecinueve de junio de dos mil veintiséis.

Vistos:

A folio 1, comparece doña nombre reservado, por sí y en representación de su hijo adolescente nombre reservado, deduciendo recurso de protección en contra de nombre reservado, representada legalmente por doña nombre reservado. La recurrente denuncia como acto arbitrario e ilegal la medida de expulsión de su pupilo, notificada con fecha 17 de marzo de 2026 y ratificada por resolución de 25 de marzo de 2026.

Específicamente, expone que el 4 de marzo de 2026, tras un incidente con gas pimienta en el aula, se halló un arma blanca en los casilleros. Alega que el adolescente portaba en el fondo de su mochila -por un error y descuido de la propia madre al ordenar sus pertenencias- un cuchillo tipo salmonero, herramienta de trabajo de su padre, el cual depositó en el casillero; sin embargo, sostiene que el arma incautada por el colegio era una navaja distinta, advirtiendo el menor inmediatamente dicha discrepancia. Argumenta que la recurrida actuó de forma arbitraria al aplicar un régimen de responsabilidad objetiva basado en la Ley “Aula Segura”, desechando como “irrelevantes” la evidente falta de intencionalidad, la colaboración del alumno, su irreprochable conducta anterior de 9 años en la institución y, fundamentalmente, su diagnóstico de Trastorno por Déficit Atencional (TDAH) que afecta su capacidad organizativa.

Alega que estos actos vulneran sus garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 N°2 (igualdad ante la ley), N°3 inciso quinto (debido proceso) y N°10 (derecho a la educación) de la Constitución Política de la República, solicitando dejar sin efecto la expulsión y ordenar su reincorporación, con costas.

Se acompañaron los siguientes documentos: 1.- Reglamento interno de Convivencia. 2.- Resolución que aplica la expulsión. 3.- Resolución que rechaza recurso de reconsideración. 4.- Informe psicológico emitido por doña nombre reservado. 5.- Informe emitido por el Profesor de Educación Diferencial don nombre reservado. 6.- Contrato de trabajo de don nombre reservado.

A folio 3, con fecha 28 de abril de 2026, se declaró admisible el recurso y se solicitó informe a la recurrida.

A folios 6 y 8, la parte recurrida solicitó ampliación de plazo para evacuar su informe, accediendo esta Corte a otorgar 5 días hábiles adicionales. Asimismo, a folio 7 acompañó copia de escritura pública de mandato judicial.

A folio 10, informa el recurrido a través de su abogado don Daniel Alejandro Loncón Barría, solicitando el rechazo de la acción con costas. Expone que la expulsión se ajustó íntegramente a derecho bajo el amparo de la Ley N°21.128 sobre “Aula Segura” y el artículo 33 N°11 del Reglamento Interno, toda vez que se acreditó que el estudiante ingresó un arma blanca al colegio y la depositó en su casillero en un contexto de inminente riesgo debido a la activación simultánea de gas pimienta en el aula.

Argumenta que el procedimiento respetó el debido proceso, con formulación de cargos, descargos y recurso de reconsideración, añadiendo que la medida de expulsión fue confirmada de manera unánime por el Consejo Extraordinario de Profesores con fecha 24 de marzo.

Señala que la presunta falta de correspondencia entre el arma incautada y la ingresada resulta irrelevante frente al hecho indubitado - reconocido en los descargos de los propios padres- del ingreso y porte del elemento prohibido. Asimismo, recalca que el diagnóstico médico fue debidamente ponderado, pero desestimado como eximente atendida la edad y el desarrollo del estudiante.

Finalmente, indica que no hay privación al derecho a la educación del artículo 19 N°10, dado que, al 10 de abril de 2026 - fecha anterior a la presentación de este recurso-, el menor ya se encontraba matriculado en otro establecimiento educacional.

El informe acompañó los siguientes documentos: 1.- Resolución de inicio del procedimiento disciplinario de 4 de marzo de 2026 y acta de entrevista. 2.- Descargos de la apoderada. 3.- Descargos del padre. 4.- Informe del Profesor don nombre reservado. 5.- Resolución de 17 de marzo de 2026 que aplica la expulsión. 6.- Recurso de reconsideración. 7.- Acta de Consejo Extraordinario de Profesores de 24 de marzo de 2026. 8.- Resolución de 25 de marzo de 2026 que confirma la expulsión. 9.- Oficio de la Superintendencia de Educación de fecha 10 de abril de 2026, que valida y declara ajustado a normativa el procedimiento disciplinario.

A folio 12 se ordenó traer los autos en relación, agregándose extraordinariamente a la tabla.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: El recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, o amenace ese atributo.

Segundo: De lo anteriormente reflexionado, se desprende que es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión arbitraria o ilegal, producto del mero capricho de quién incurre en él y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías preexistentes protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

Tercero: Que, en la especie, el acto que se denuncia como ilegal y arbitrario consiste en la resolución dictada por la dirección del establecimiento nombre reservado que aplicó la medida disciplinaria de expulsión al alumno nombre reservado, ratificada mediante resolución que rechaza su recurso de reconsideración con fecha 25 de marzo de 2026.

Cuarto: Que, en cuanto al marco normativo que rige la legalidad de la medida, resulta imperioso tener presente lo dispuesto en la Ley N°21.128 -conocida como Ley “Aula Segura”- que modifica el DFL N°2 de 1998, la cual establece expresamente que siempre se entenderá que afectan gravemente la convivencia escolar los actos que causen daño o atenten contra la comunidad, tales como el “uso, porte, posesión y tenencia de armas”. En estricta concordancia con dicho mandato legal, el Reglamento Interno del establecimiento recurrido tipifica en su artículo 33 N°11 como falta de carácter “Gravísimo” el hecho de “Introducir, portar o distribuir armas, drogas, alcohol o elementos incendiarios al interior del establecimiento”, sancionando dicha conducta con una eventual expulsión.

Quinto: Que, respecto a la primera alegación de la recurrente, consistente en que el ingreso del arma obedeció a un accidente o descuido de los padres al no revisar la mochila -donde se encontraba un cuchillo salmonero del padre- y que la navaja encontrada por el colegio no correspondería a dicha herramienta; esta Corte concuerda con el razonamiento del establecimiento recurrido en su resolución de 25 de marzo de 2026. En efecto, las alegaciones relativas a la naturaleza específica del objeto o a su eventual diferencia con el elemento encontrado carecen de relevancia decisoria, toda vez que en los propios descargos se reconoce de manera indubitada el hecho base del reproche, esto es, el ingreso y porte de un arma blanca al interior del recinto educacional.

El bien jurídico protegido por la normativa educacional es la integridad y seguridad de toda la comunidad escolar, por lo que el mero porte del elemento prohibido en un entorno de menores de edad -sin que resulte necesario dilucidar la eventual participación del estudiante en otros incidentes ocurridos ese día- configura, por sí mismo, una afectación grave a la convivencia escolar en los términos previstos por la Ley N°21.128, que justifica el actuar de la institución descartando la ilegalidad denunciada.

Sexto: Que, en relación con la supuesta vulneración al debido proceso y al principio de proporcionalidad, revisados los antecedentes, dan cuenta de que el colegio dio estricto cumplimiento a las etapas procedimentales exigidas por la ley. Se constata la existencia de un acto de inicio, formulación de cargos, otorgamiento de plazo para descargos -los cuales fueron presentados por ambos padres-, y la dictación de una resolución fundada sujeta a reconsideración, todo lo cual se ha acompañado en esta instancia tanto por la recurrente como recurrido.

Asimismo, dando cumplimiento al artículo 6 letra d) del DFL 2 de 1998, la decisión fue sometida a un Consejo Extraordinario de Profesores celebrado el 24 de marzo de 2026, instancia en la que los docentes del alumno, de manera unánime, respaldaron la medida de expulsión argumentando la necesidad imperiosa de resguardar la seguridad y el bien mayor de los 38 estudiantes restantes de la clase.

Adicionalmente, consta que la Superintendencia de Educación, mediante oficio de 10 de abril de 2026, informó que el procedimiento disciplinario se ajustó a la normativa educacional aplicable, antecedente que, si bien no resulta vinculante para esta Corte, constituye un elemento adicional que corrobora la regularidad formal del procedimiento seguido por el establecimiento.

Séptimo: Que, en cuanto a la alegación relativa a que se habría omitido ponderar la condición neurodivergente del alumno, de los antecedentes e informes incorporados al procedimiento consta que el establecimiento educacional sí consideró lo expuesto por el Profesor de Educación Diferencial, don nombre reservado, quien dio cuenta del diagnóstico de Trastorno por Déficit Atencional (TDA) que presenta el estudiante.

Sin embargo, los informes vinculados a dicha condición -incluido el acompañado por los recurrentes, elaborado por la psicóloga forense doña nombre reservado- descartan la existencia de una “agresividad estructural elevada”, de modo que tales circunstancias clínicas y psicológicas, según concluyó el establecimiento, no enervan ni excluyen la responsabilidad derivada de un hecho objetivo de extrema gravedad, subsumible en las hipótesis contempladas por la Ley Aula Segura, ni obligan a la autoridad educativa a abstenerse de aplicar su reglamento interno cuando se encuentra en riesgo inminente la integridad física de los demás integrantes de la comunidad escolar.

A mayor abundamiento, la propia autoridad fiscalizadora señaló que el nivel de desarrollo del estudiante le permitía comprender la ilicitud de sus actos, no resultando plausible excluir toda consecuencia disciplinaria sobre la sola base de una eventual ausencia de intencionalidad en el ingreso del objeto.

En consecuencia, esta Corte concluye que la condición neurodivergente del adolescente fue debidamente ponderada al momento de adoptar la medida disciplinaria impugnada.

Octavo: Que, finalmente, en lo que atañe a la supuesta vulneración al derecho a la educación (artículo 19 N°10 de la Carta Fundamental), el establecimiento recurrido cumplió con remitir los antecedentes al Ministerio de Educación para la reubicación del estudiante conforme a la ley. Consta que a la fecha de presentación de este recurso, el menor ya se encontraba debidamente matriculado en otro establecimiento educacional, circunstancia que permite concluir que el acceso y continuidad del estudiante en el sistema educativo no se encuentran actualmente privados o amenazados de manera ilegítima.

Noveno: Que, en mérito de lo razonado, habiéndose ajustado el establecimiento recurrido a las facultades que expresamente le confieren la ley y su reglamento interno frente a una conducta calificada como gravísima, habiéndose respetado las exigencias de un procedimiento racional y justo, y no advirtiéndose una vulneración actual o inminente de las garantías constitucionales invocadas, la acción cautelar deducida no puede prosperar.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República, y Acta N°94-2015 de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por doña nombre reservado en favor de su hijo nombre reservado, en contra de nombre reservado.

Acordada con el voto en contra del Ministro Jaime Vicente Meza Sáez, quien estuvo por acoger el recurso de protección, dejar sin efecto la medida de expulsión impuesta al estudiante, teniendo presente para ello las siguientes consideraciones: 1° Que, la potestad disciplinaria de los establecimientos educacionales debe ejercerse proscribiendo la responsabilidad objetiva y respetando el principio de proporcionalidad como límite a la discrecionalidad. 2° Que, la medida de expulsión resulta desproporcionada y arbitraria al no ponderar adecuadamente el contexto puramente accidental del hallazgo -corroborado por la discordancia entre el cuchillo que portaba el menor y el arma exhibida por el colegio-, la intachable conducta anterior del alumno, y sus necesidades específicas de apoyo asociadas a su diagnóstico de TDAH, incurriendo la recurrida en un castigo desproporcionado de última ratio que desconoce el interés superior del adolescente, vulnerando así la garantía de igualdad ante la ley (artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República). 3° Que, sin desconocer que el Reglamento Interno del establecimiento contempla como falta gravísima la conducta consistente en introducir, portar o distribuir armas al interior del recinto educacional, ni que la normativa de Aula Segura habilita la instrucción del respectivo procedimiento disciplinario respecto del uso, porte, posesión o tenencia de armas o artefactos incendiarios, incluso bastando un hecho único de entidad suficiente, lo cierto es que dicha habilitación normativa no exime a la autoridad educacional del deber de ponderar, en el caso concreto, la entidad real de la conducta, la participación efectivamente acreditada del alumno, su intencionalidad, sus circunstancias personales y la proporcionalidad de la sanción finalmente aplicada. 4° Que, en la especie, si bien aparece reconocido que el adolescente ingresó al establecimiento con un cuchillo en su mochila, los antecedentes acompañados no permiten tener por suficientemente esclarecido que aquel haya hecho uso del arma blanca, la haya empleado con finalidad intimidatoria o agresiva, o que hubiere ejecutado una maniobra concreta destinada a afectar la integridad física o psíquica de algún miembro de la comunidad escolar. Antes bien, la recurrente sostuvo que el objeto correspondía a una herramienta de trabajo de su padre, que su porte habría sido inadvertido y que el propio estudiante concurrió voluntariamente a inspectoría al advertir la situación, al enterarse de la conmoción que habría generado el hallazgo de otra arma blanca, y acompañó a los docentes para que constaten sus dichos. 5° Que, en tal contexto, la medida de expulsión aparece como desproporcionada, pues aun cuando el porte de un arma blanca en un establecimiento educacional constituye un hecho objetivamente grave y justifica la activación del procedimiento disciplinario especial, la sanción máxima exige una ponderación reforzada de los antecedentes, especialmente tratándose de un estudiante adolescente, respecto de quien se invocaron necesidades específicas de apoyo, antecedentes de déficit atencional y elementos psicológicos que daban cuenta de fragilidad bajo estrés, sin que tales circunstancias puedan ser simplemente desplazadas por una aplicación automática o puramente objetiva del reglamento. 6° Que la proporcionalidad de la sanción resulta especialmente exigible cuando el propio Reglamento Interno, junto con calificar la conducta como gravísima, contempla diversas medidas disciplinarias y formativas, tales como protocolo de armas, anotación en hoja de vida, citación de apoderado, suspensión, carta de compromiso, trabajo formativo y, en caso de reincidencia, condicionalidad, cambio de curso o cancelación de matrícula, además de la evaluación de proceder conforme a Aula Segura. De ello se desprende que la expulsión no opera como consecuencia automática e inexorable de todo porte de arma, sino que debe ser el resultado de una ponderación concreta, fundada y proporcional. 7° Que, por estas razones, este disidente es del parecer de acoger el recurso de protección, sólo en cuanto a dejar sin efecto la medida de expulsión aplicada al estudiante, debiendo el establecimiento recurrido dictar una nueva resolución disciplinaria que, manteniendo la calificación de gravedad que pudiere corresponder al porte del arma blanca, pondere adecuadamente la ausencia de antecedentes claros sobre su uso o manipulación agresiva, la intencionalidad atribuible al alumno, sus circunstancias personales y las medidas disciplinarias o formativas menos gravosas previstas en el Reglamento Interno.

Redacción a cargo de la Abogada Integrante doña Sofia Bohle Pérez y de la disidencia, su autor.

No firma la Ministra doña Ivonne Avendaño Gómez, no obstante haber concurrido a la vista y acuerdo de la presente causa, por encontrarse con permiso.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Rol Protección N°846-2026.