Protección contra Universidad Austral de Chile

Puerto Montt, veintiséis de diciembre de dos mil veinticinco.

Vistos A folio 1, compareció don Daniel Alejandro Mancini Esquivel, abogado, en representación de don nombre reservado, chileno, cédula nacional de identidad N°NUM000, ambos domiciliados en domicilio reservado, quien interpuso acción constitucional de protección en contra de la Universidad Austral de Chile, en razón de la dictación de la Resolución N°NUM001 de 4 de junio de 2025 por la que se dispuso la suspensión total de las funciones académicas en aplicación de medida de protección establecida en el artículo 23 letra e) del reglamento de intervención en situaciones de acoso, violencia y discriminación en la comunidad arbitraria. A su juicio, dicho actuar vulnera la garantía constitucional a no ser juzgado por comisiones especiales y al debido proceso.

Expuso que es docente del Instituto de Acuicultura y Medio Ambiente y que en mayo de 2025 dos estudiantes de la carrera de ingeniería ambiental interpusieron denuncia por una supuesta conducta de acoso sexual, conforme al artículo 4 del Reglamento sobre Acoso, Violencia y Discriminación. Indicó que aquella denuncia fue admitida a tramitación mediante Resolución N°NUM002 de 13 de mayo de 2025 dictada por la Comisión para la Intervención en situaciones de Acoso, Violencia y Discriminación en la Comunidad Universitaria, de la Universidad Austral de Chile.

Agregó que esta última solicitó informes a diversas autoridades docentes de la Universidad y que le otorgó traslado por tres días, sin que se le diera copia de las denuncias ni antecedentes sobre el procedimiento. En ese contexto, señaló que el 16 de mayo de 2025 solicitó a la comisión acceso a las denuncias y a los antecedentes de la carpeta investigativa y un plazo de 5 días hábiles para hacer valer sus descargos. Agregó que ese mismo día recibió por correo electrónicos solo dos archivos Word sin fecha ni firma, aludiendo a que serían las denuncias.

Luego, destacó que en el punto 6 de la resolución impugnada por esta vía, se indicó que el 15 de mayo de 2025 el Director de la Escuela de Ingeniería Ambiental remitió a la comisión cuatro actas de reuniones de los años 2024 y 2025 con representantes estudiantiles en las que constan reiteradas reclamaciones de estudiantes de distintas generaciones respecto de conductas y comentarios considerados inapropiados por parte del Sr. nombre reservado. Al efecto, refirió que no tuvo acceso a esos supuestos reclamos y que, por el contrario, dichos años desarrolló sus funciones sin inconvenientes, de forma ininterrumpida y sin procedimientos disciplinarios.

Por otro lado, indicó que, sin perjuicio de lo infundado de la medida adoptada por la comisión, aquella situación fue remitida a la Unidad Jurídica de la Universidad, quien es la encargada de llevar adelante la investigación. De lo anterior, concluye que la comisión no posee facultades de investigación, sino que solo se reunió a efectos de aplicar una sanción ilegal y arbitraria en su contra, ya que quien llevará adelante la investigación es la unidad jurídica a través de su fiscal.

Finalmente, alegó que la resolución impugnada por esta vía es ilegal y arbitraria, la que no se funda en antecedente formal alguno y se omitieron los antecedentes solicitados, cuestión que afecta su derecho al debido proceso y su integridad psíquica. En consecuencia, solicitó que se acoja la acción y se deje sin efecto la resolución en cuestión.

Acompañó a su presentación: 1.- Resolución N°NUM002 de 13 de mayo de 2025 la Comisión para la Intervención en situaciones de Acoso, Violencia y Discriminación en la Comunidad Universitaria. 2.- Resolución N°NUM001 4 de junio de 2025 la Comisión para la Intervención en situaciones de Acoso, Violencia y Discriminación en la Comunidad Universitaria. 3.- Correo electrónico de 16 de mayo de 2025 enviado por la comisión.

A folio 6, se declaró admisible la acción y se solicitó informe a la recurrida.

A folio 13, evacuó informe la recurrida, solicitando el rechazo de la acción. En primer lugar, se refirió a la creación de la comisión para la intervención en situación de acoso, violencia y discriminación en la comunidad universitaria, a través del reglamento de intervención en situaciones de acoso, violencia y discriminación promulgado el 18 de febrero de 2018 en razón de la política de prevención y sanción del acoso, violencia y discriminación aprobada el 17 de diciembre de 2015. En ese contexto, destacó que la resolución que se impugna por esta vía fue dictada por la comisión dentro de un procedimiento del Reglamento AVD, cuyo proceso de dictación y elaboración se enmarca dentro de los estándares legales exigidos por la Ley 21.369. De lo anterior, concluye que dicho organismo no es una comisión especial ni un tribunal, sino un órgano reglado y permanente, cuyas decisiones preliminares no constituyen juicio.

Respecto a la supuesta vulneración al debido proceso, indicó que mediante la Resolución NUM002 se le otorgó traslado al denunciado a fin de que formulara observaciones en relación con la entonces eventual adopción de medidas de protección.

Por otro lado, destacó que el recurrente solicitó copia de las denuncias y aumento de plazo para evacuar traslado, la comisión accedió a ambas solicitudes.

Asimismo, refirió que la Resolución NUM001 que determinó las medidas de protección señaladas, pueden ser reevaluadas en cualquier momento del procedimiento, a solicitud de alguna de las partes o de oficio, en caso de que surjan nuevos antecedentes que lo ameriten. Sin embargo, destacó que el actor a la fecha no ha solicitado la reconsideración de las medidas.

En cuanto a la vulneración del derecho a la integridad psíquica, señaló que el actor no entrega antecede alguno que la sustente y que permita acreditar la relación de causalidad entre el actuar de la Universidad y la garantía constitucional en cuestión.

Luego, respecto de las medidas de protección aplicadas, señaló que aquellas se encuentran contempladas en los artículos 20 y 21 del reglamento, en relación a lo dispuesto en el artículo 6 letra a) de la Ley N°21.369. Por otro lado, sostuvo que no es efectivo que el actor no recibió copia de las denuncias, en tanto en la Resolución NUM002 de 13 de mayo de 2025, en los considerandos 3 y 4, se describen los hechos denunciados, por lo que tuvo conocimiento inmediato de aquellos. Destacó que, a propósito de la solicitud hecha por el recurrente, se le enviaron por correo electrónico archivos PDF que contenían las fichas de tramitación interna de las denuncias y que contenían el texto íntegro de los dos relatos de denuncia, tras lo cual evacuó traslado el 22 de mayo de 2025.

Asimismo, refirió que las cuatro actas de reuniones aludidas por el actor corresponden al acta de Claustro del Instituto de Acuicultura de 1 de octubre de 2024, Acta de Reunión de Delegados de la carrera de Ingeniería Ambiental de 4 de octubre de 2024, Acta de Reunión de Director de Escuela con delegados de la carrera de Ingeniería Ambiental de 29 de abril de 2024 y Acta de Consejo de Escuela Ampliado de 8 de mayo de 2025, las cuales fueron enviadas por el director de carrera en respuesta de una solicitud formulada por el comité, en el marco de las gestiones administrativas del proceso, sin que tuviesen finalidades de investigación. Destacó al respecto, que dichos documentos forman parte de la carpeta investigativa y que, en consecuencia, fueron enviados el 4 de julio de 2025 al actor por la abogada instructora.

Acompañó a su presentación: 1. Resolución NUM002 de la Comisión para la Intervención en situaciones de Acoso, Violencia y Discriminación en la Comunidad Universitaria de 13 de mayo de 2025. 2. Acta de Claustro del Instituto de Acuicultura de 1 de octubre de 2024. 3. Acta de Reunión de delegados de la carrera de Ingeniería Ambiental de 4 de octubre de 2024. 4. Acta de Reunión de director de Escuela con delegados de la carrera de Ingeniería Ambiental de 29 de abril de 2024. 5. Acta de Consejo de Escuela Ampliado de 8 de mayo de 2025. 6. Escrito enviado por el Sr. nombre reservado a la Comisión AVD de 16 de mayo de 2025. 7. Correo electrónico de 16 de mayo de 2025 enviado por la Secretaria Ejecutiva de la Comisión para la Intervención en situaciones de Acoso, Violencia y Discriminación en la Comunidad Universitaria al Sr. nombre reservado en el que se concede aumento de plazo y se entrega copia de las denuncias. 8.

Dos fichas de tramitación interna en las que constan denuncias de las dos estudiantes, que fueron adjuntas al correo de 16 de mayo de 2025. 9. Escrito que evacua traslado enviado por nombre reservado a la Comisión de 22 de mayo de 2025. 10. Resolución NUM001 de la Comisión para la Intervención en situaciones de Acoso, Violencia y Discriminación en la Comunidad Universitaria de 4 de junio de 2025. 11. Correo electrónico de 04 de junio de 2025 en el que la abogada instructora de la investigación envía Actas de los numerales 2, 3, 4, y 5 al Sr. nombre reservado.12. Reglamento de Intervención en situaciones de acoso, violencia y discriminación en la Comunidad Universitaria de la Universidad Austral de Chile.

A folio 15, el recurrente acompañó documentos consistentes en correos electrónicos sostenidos con la Universidad y solicitó que se tuviera presente que en ellos no se detallan los hechos de la denuncia ni los antecedentes aportados por las denunciantes.

Encontrándose en estado de ver, se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, o amenace ese atributo.

Se trata, por consiguiente, de una acción de cautela de derechos garantizados a nivel constitucional cuya existencia sea indubitada y que se encuentren conculcados de manera suficiente para provocar la actividad jurisdiccional traducida en la adopción de medidas destinadas a restablecer el imperio de esos derechos amagados o perturbados en su legítimo ejercicio.

Segundo: Que, de lo anteriormente reflexionado, se desprende que es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión arbitraria o ilegal, producto del mero capricho de quien incurre en él y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías preexistentes protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

Tercero: Que, la recurrente denuncia actuaciones ilegales y arbitrarias de la recurrida a propósito de la decisión adoptada mediante la Resolución N°NUM001 de 4 de junio de 2025, en orden a la suspensión total de las funciones académicas en aplicación de medida de protección establecida en el artículo 23 letra e) del reglamento de intervención en situaciones de acoso, violencia y discriminación en la comunidad de la Universidad Austral de Chile.

Por su parte, la recurrida sostuvo que la comisión actuó en el marco del reglamento que la crea y lo dispuesto en la Ley N°21.369. En concreto, afirmó que el actor tuvo conocimiento de la denuncia y los antecedentes de la carpeta investigativa y que pudo hacer ejercicio del derecho a efectuar descargos antes de que se aplicara la medida de protección en cuestión.

Cuarto: Que, conforme al mérito de la Resolución N°NUM001 de 4 de junio de 2025, es posible observar que el actuar de la Comisión para la Intervención en situaciones de Acoso, Violencia y Discriminación en la Comunidad Universitaria, se enmarca en dentro del Reglamento de intervención en situaciones de acoso, violencia y discriminación promulgado el 18 de febrero de 2018 por la Universidad Austral de Chile.

Conforme al artículo 6 de este último instrumento, “la Comisión para la Intervención en situaciones de Acoso, Violencia y Discriminación, en el ámbito laboral y académico es un órgano colegiado, de carácter técnico y especializado en prevención, investigación, asesoramiento, propuestas de solución, sanción y de seguimiento de las reclamaciones por cualquiera de las conductas descritas en el artículo cuarto, que afecten a integrantes de la Comunidad Universitaria de acuerdo con el ámbito de aplicación de este Reglamento dispuesto en el artículo segundo. En el evento de que esta Comisión reciba alguna denuncia que diga relación con una situación de acoso, violencia o discriminación entre estudiantes, deberá derivar de inmediato los antecedentes al órgano competente de acuerdo a la normativa universitaria vigente”.

Respecto a las funciones dicho órgano, el artículo 8 del Reglamento señala que aquellas corresponden: “a) Tramitar las denuncias que se presenten por acoso, violencia o discriminación, de acuerdo con el procedimiento establecido en este Reglamento. b)

Adoptar las medidas de protección y acompañamiento que se estimen pertinentes. c)

Realizar entrevistas personales si lo considerase necesario para adoptar medidas de acompañamiento. d) Ordenar la Investigación de los hechos que han dado lugar a la denuncia por acoso, violencia o discriminación y decretar que se realice cualquier diligencia investigativa que se considere pertinente. e) Arbitrar las medidas necesarias para resolver el conflicto mediante conciliación o mediación, en aquellos casos en que sea posible y siempre que estén de acuerdo las partes implicadas. Para ello, la Comisión podrá designar una o varias personas que actúen como mediadores. f) Iniciar procedimientos disciplinarios de acuerdo a lo establecido en este Reglamento. g)

Resolver los procedimientos disciplinarios iniciados, aplicando las sanciones correspondientes. h) Supervisar el efectivo cumplimiento de las medidas adoptadas. i)

Elaborar una memoria anual de las acciones realizadas respetando el principio de la confidencialidad y proponiendo medidas de prevención en esta materia. Esta memoria deberá enviarse al Comité Paritario de Género y Diversidad y a la Secretaria General de la Universidad”.

Quinto: Que, en ese contexto, no se observa en la especie una vulneración a la garantía constitucional de no ser juzgado por comisiones especiales, en tanto el órgano que dictó la resolución que por esta vía se impugna, es de carácter técnico y ha actuado dentro de las facultades que el reglamento sobre la materia contempla. Asimismo, cabe resaltar que la decisión impugnada se encuentra debidamente fundada y no tiene la característica de ser un acto terminal, en tanto, el procedimiento aún se encuentra en curso e incluso el actor se encuentra facultado de solicitar la reevaluación de la medida de protección adoptada.

Sexto: Que, por otro lado, el actor alegó la vulneración al derecho al debido proceso por no haber tenido acceso a los antecedentes de la investigación. Sin embargo, dicha afirmación contrasta con lo consignado en el correo electrónico de 16 de mayo de 2025 enviado por la “secretaría ejecutiva para casos de AVD de la sede Puerto Montt UACh” al recurrente, en el que se adjuntan las fichas de ambas denunciantes – también acompañadas en el informe evacuado por la Universidad en este proceso - y se le otorga una ampliación de plazo para realizar el traslado respecto de la medida de protección adoptada, hasta el 22 de mayo de 2025 a las 23:59 horas. Asimismo, de los documentos acompañados por la recurrida, consta que efectivamente el actor el 22 de mayo de 2025 evacuó sus descargos.

Luego, respecto a las actas de reuniones sostenidas por la Dirección de la Escuela con los estudiantes, se advierte a partir del correo electrónico de 4 de junio de 2025 que la Fiscal del proceso hizo envío al recurrente de las mismas.

Séptimo: Que, por otro lado, del análisis de la Resolución N°NUM002 de 13 de mayo de 2025, acompañada al proceso, también es posible advertir que existe una relación de los hechos denunciados. Al efecto, si bien en los considerandos 3 y 4 al momento de iniciarse aquel relato se utiliza la frase “a grandes rasgos”, lo cierto es que se detallan espacios temporales, lugares y actos que habría realizado el actor y que constituyen el marco fáctico de las denuncias, por lo que cabe concluir que desde un comienzo el actor conoció los hechos por los cuáles se seguía la investigación.

Octavo: Que, así las cosas, no se verifica en la especie una vulneración al debido proceso, en tanto el actor tuvo acceso oportuno e íntegro a los antecedentes de la investigación y pudo evacuar sus descargos dentro de un plazo razonable.

Noveno: Que, así las cosas, cabe concluir que el actuar de la Universidad Austral de Chile no ha sido ilegal ni arbitrario, sino que, ha actuado dentro de sus facultades y la normativa orgánica que le rige, razón por la cual la presente acción constitucional será rechazada.

Por estas motivaciones y teniendo, además, presente lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma.

Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, se rechaza, sin costas, la acción cautelar de protección deducida por don Daniel Alejandro Mancini Esquivel, abogado, en representación de don nombre reservado, en contra de la Universidad Austral de Chile.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción a cargo de la Ministra Ivonne Avendaño Gómez.

Rol Protección Rol N°836-2025.