nombre reservado con ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT

Puerto Montt, treinta y uno de diciembre de dos mil veinticinco.

Vistos:

A folio 1, el día 03 de julio en curso, compareció nombre reservado, quien interpuso recurso de protección en contra de la Ilustre Municipalidad de Puerto Montt, representada por su alcalde en ejercicio, don nombre reservado, por haber incurrido —a juicio del actor— en un acto ilegal y arbitrario que amenaza y perturba diversas garantías fundamentales consagradas en el artículo 19 números 2, 3 y 24 de la Constitución Política de la República.

Fundó su acción en la decisión de la Municipalidad recurrida de no renovar su contrata a contar del 30 de junio de 2025, el cual hizo referencia al Decreto Municipal N°7731/7853 de 30 de mayo de 2025.

Señaló que desempeñaba funciones como coordinador en la Dirección de Seguridad Pública desde el año 2018, a honorarios y posteriormente en calidad de contrata, con renovaciones sucesivas hasta la fecha, con calificaciones siempre en Lista 1.

Explicó que el día 30 de mayo de 2025, se dictó el Decreto Exento N°7731/7853, mediante el cual se dispuso el término anticipado de su contrata a contar del día 30 de junio, sin que conociera la causa justificada o evaluación previa que fundara tal medida, reclamando que nunca fue notificado de la medida dispuesta, infringiendo el artículo 163 del Estatuto Administrativo y diversos dictámenes de la Contraloría, que establecen que la notificación debe hacerse con al menos 30 días de anticipación, bajo sanción de nulidad del acto.

Arguyó que la decisión de la Municipalidad es arbitraria e ilegal, y vulnera el principio de legalidad, confianza legítima y debido proceso, y, además, afecta sus derechos fundamentales al privarlo de su fuente laboral de manera sorpresiva e injustificada. En particular, alega que se afecta las garantías constitucionales como la igualdad ante la ley (art. 19 N°2) al aplicarse en su contra esta medida sin fundamento y discriminatoria frente a otros funcionarios en condiciones similares; al debido proceso administrativo (art. 19 N°3) al no respetarse el procedimiento y no notificarse en el plazo legal; y el derecho de propiedad respecto de la estabilidad e ingresos laborales (N°24).

En razón de lo anterior, solicitó que se acoja el recurso de protección, y se ordene a la recurrida dejar sin efecto el acto reclamado, reintegrarlo a sus funciones, o en subsidio, el pago de las remuneraciones correspondientes al plazo omitido, y todas las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho y evitar nuevas vulneraciones.

Acompañó al recurso: 1. Copia del Decreto Exento 7731/7853 de 30 de mayo en curso; correos electrónicos de fechas 30 de junio y 1 de julio de 2025, y mensajes de Whatsapp de 30 de junio con Director de Seguridad Pública.

A folio 7 compareció María Verónica Martínez, abogada, en representación de la Ilustre Municipalidad de Puerto Montt, quien evacuó informe y solicitó el rechazo del recurso de protección interpuesto, por cuanto la actuación municipal se enmarca en sus facultades legales y no ha incurrido en ilegalidad ni arbitrariedad alguna.

Sostiene que el recurrente deja entrever la infracción del principio de confianza legítima, lo que obliga a efectuar una revisión de su desempeño laboral para determinar si queda comprendido dentro de dicha institución o no, y en este aspecto dice que el tema ha sido dilucidado por la Excma. Corte Suprema en causa Rol N°20.476-2024, que concluye que “…si una persona se encuentra vinculada con la Administración a través de contratas anuales y ha tenido un periodo desempeño por un tiempo inferior a cinco años, no le asiste el principio de confianza legítima y, en consecuencia, la Administración se encuentra facultada para no renovar el vínculo estatutario para el periodo siguiente, sin que requiera la dictación de un acto especial al efecto, dado que es el legislador quien dispone que al cumplirse el periodo de designación ésta concluye por el sólo ministerio de la ley, al ser inferior a cinco años su vinculación con la Administración y no estar amparado por el principio de confianza legítima. Todo lo cual no adquiere un carácter diverso por el hecho de comunicar expresamente esa determinación por razones de certeza jurídica y deferencia con el funcionario…”

Explicó que, en este caso, el recurrente ingresó a la contrata municipal el día 11 de abril de 2023 en virtud del decreto N°4220, y mantuvo una antigüedad inferior a 5 años en el Municipio sujeto a dicho vínculo estatutario, y no puede por tanto, ampararse en el principio de confianza legítima, sin que corresponda considerar para estos efectos contrataciones previas, que con o sin solución de continuidad, siempre estuvieron regidos por otro régimen legal a saber, contratos de honorarios o contratos de trabajo.

Señaló respecto a la legalidad del término de las contratas, que se trata de empleos transitorios cuyo vencimiento ocurre de pleno derecho el 31 de diciembre de cada año, sin perjuicio del derecho de la administración de disponer un término anticipado cuando las circunstancias lo hicieran necesario, tal como aconteció en este caso. Agrega que la Municipalidad dictó el Decreto Alcaldicio N°7331, de fecha 30 de mayo de 2025, en que se formalizó la decisión de extinción de su contrata, fundado en razones presupuestarias y de racionalización del gasto público, dadas las graves dificultades financieras que afectan al municipio, y que le fue debidamente notificado.

Expresó que la Municipalidad enfrenta un severo déficit financiero, que obligó a reducir personal no esencial, conforme a los principios de eficiencia y eficacia establecidos en la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado (Ley N°18.575).

Sostuvo que el acto administrativo impugnado no es arbitrario, puesto que fue adoptado considerando el interés general, los recursos disponibles y la necesidad de garantizar la continuidad de funciones esenciales, en cumplimiento del deber de servicialidad del Estado.

Respecto a la supuesta falta de motivación, argumentó que el decreto cuestionado y las comunicaciones enviadas a los funcionarios contienen fundamentos claros, objetivos y vinculados a la realidad financiera del municipio, siendo por tanto conforme a derecho.

Sobre las garantías constitucionales que el recurrente estima vulneradas, sostiene:

i) Sobre la igualdad ante la ley (art. 19 N°2): La medida fue general y aplicada a diversos funcionarios, descartándose trato discriminatorio.

ii) Sobre el derecho de propiedad (art. 19 N°24): La estabilidad en cargos a contrata no constituye un derecho adquirido ni otorga expectativa legítima de permanencia indefinida.

iii) Sobre el debido proceso administrativo (art. 19 N°3: no está amparado por el recurso de protección, sin perjuicio de reiterar que el acto impugnado emana de las potestades que la Ley concede a los alcaldes, cumpliendo además los requisitos y condiciones de la Ley 19.880 en materia de procedimiento administrativo al ser un acto, escrito, fechado, firmado y debidamente motivado, el que fue notificado al recurrente en forma oportuna, sin que pueda existir ningún reproche al respecto.

Se ordenó traer los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, para el análisis del presente arbitrio es necesario tener en cuenta, previamente, que el recurso de protección, contemplado en nuestra Constitución Política, se creó con el propósito de cautelar debidamente los derechos fundamentales de rango constitucional y cualquier persona – por sí o a favor de otra- puede recurrir ante el órgano jurisdiccional para el amparo necesario, cuando los derechos protegidos se sientan amagados por actos u omisiones arbitrarios o ilegales de terceros, siendo la Corte de Apelaciones correspondiente quien debe adoptar las medidas conducentes para restablecer el orden jurídico quebrantado.

Segundo: Que, como se desprende de lo expuesto, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1° del Código Civil - o arbitrario -producto del mero capricho de quién incurre en él - y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión de cualquier recurso como el que se ha planteado.

Tercero: Que el actor califica de arbitraria e ilegal la decisión de la recurrida en orden a poner término a su contrata a contar del 30 de junio de 2025, dispuesto mediante el Decreto Exento N°7331/7853, de fecha 30 de mayo de 2025, vulnerando garantías constitucionales, emitiéndose sin la dictación de un acto administrativo fundado, afectando la confianza legítima derivada de la reiteración de sus vínculos laborales y evaluaciones favorables, lo cual sostiene que ha vulnerado las garantías de igualdad ante la ley, debido proceso y de protección de la propiedad sobre toda clase de bienes.

Cuarto: Que, para resolver la controversia puesta en conocimiento de esta judicatura, conviene tener presente que el inciso 3º del artículo 2 de la Ley N°18.883 prevé que los empleos a contrata durarán, como máximo, sólo hasta el 31 de diciembre de cada año y “los empleados que los sirvan cesarán en sus funciones en esa fecha, por el solo ministerio de la ley, salvo que hubiere sido dispuesta la prórroga con treinta días de anticipación”. Por tanto, la decisión de no renovación del vínculo a contrata, por regla general, no puede constituir una ilegalidad o arbitrariedad, salvo que se hubiera previamente dispuesto su prórroga con 30 días de anticipación, cuyo no es el caso. A lo anterior, se adiciona la excepción que ha desarrollado la doctrina y la jurisprudencia respecto de la confianza legítima, para lo cual se requiere el cumplimiento de determinados requisitos que tampoco concurren a la situación fáctica puesta en conocimiento de esta Corte.

Quinto: Que, tal como lo ha sostenido en forma reiterada la jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema en causas roles 26.112-2022, 26.131-2022, 26.196-2022, 26.279-2022 y 26.301-2022, el referido principio de la confianza legítima, aplicado en materia administrativa, busca proteger a los funcionarios de los cambios intempestivos en las decisiones de la Administración, entregando estabilidad a los servidores públicos, impidiendo que a través de aquellos se lesionen derechos. Así, se ha resuelto que la no renovación de la contrata, respecto de personas que se han vinculados con la Administración por un determinado número de años, violenta el principio de la confianza legítima del funcionario que alberga la justa expectativa de terminar el periodo cubierto por su designación y, a ser recontratado para el año siguiente, la que, en todo caso, se configura cuando concurre, un elemento temporal estabilizador, esto es, que se hubieran producido renovaciones sucesivas.

De este modo, es la determinación del elemento temporal el que cobra relevancia, en tanto es aquel el que determinará las exigencias que puedan imponerse para terminar el vínculo, pues si la persona que se desempeña en la Administración está protegida por el principio de confianza legítima, aquella solo puede poner término a esa relación estatutaria por sumario administrativo derivado de una falta que motive su destitución, o por una calificación anual que así lo permita.

En busca de un criterio unificador la Excma. Corte Suprema ha concluido que el principio de confianza legítima se configura cuando el funcionario ha prestado servicios a contrata de manera ininterrumpida por cinco años o más en funciones equivalentes, con evaluaciones positivas. En tal sentido, ha razonado que “(...) el plazo de cinco años, que se estima es un periodo prudente para que la Administración evalúe íntegramente no solo el desempeño del funcionario sino que, además, estudie la necesidad de seguir contando con el cargo que sirve la persona, por cuanto existe una real necesidad del servicio de contar con una persona que desempeñe las funciones específicas que motivaron la dictación del acto administrativo que determino el inicio del vínculo ́ con la Administración.” (Excma. Corte Suprema Rol N°26.131-2023, Rol N°20.476-2024).

Por el contrario, se ha determinado que, si una persona se encuentra vinculada con la Administración a través de contratas anuales y ha tenido un período de desempeño por un tiempo inferior a cinco años, no le asiste el principio de confianza legítima y, en consecuencia, la Administración se encuentra facultada para no renovar el vínculo estatutario para el periodo siguiente. A este respecto ha señalado que, “la Administración se encuentra facultada para no renovar el vínculo estatutario para el periodo siguiente, sin que requiera la dictación de un acto especial al efecto, dado que es el legislador quien dispone que al cumplirse el periodo de designación ésta concluye por el sólo ministerio de la ley, al ser inferior a cinco años su vinculación con la Administración y no estar amparado por el principio de confianza legítima. Todo lo cual no adquiere un carácter diverso por el hecho de comunicar expresamente esa determinación por razones de certeza jurídica y deferencia con el funcionario” (Rol N°20.476-2024).

Sexto: Que, por otra parte, cabe consignar que la jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema, especialmente en fallos recaídos en causas roles N°26.112-2023 y N°26.131-2023, ha establecido que la no renovación de una contrata no requiere acto fundado cuando se trata de funcionarios que no se encuentran amparados por el principio de confianza legítima. En tal sentido ha expresado que “(...) en una primera aproximación se puede concluir que en el ejercicio de la facultad que implica la decisión de no renovar el viń culo estatutario, la Administración no tiene el deber de invocar fundamentos para no perseverar en el vínculo para el periodo siguiente, prescindiendo de los servicios para los cuales la persona fue contratada, por, en definitiva, no ser necesarios sus servicios, dado que estos concluyen de pleno derecho al 31 de diciembre de cada anõ (...)”

Séptimo: Que, revisados los antecedentes de la causa, se constata que el recurrente no cumple con el requisito temporal mínimo de cinco años de servicios contínuos bajo la modalidad de contrata. Esto porque del análisis de los decretos alcaldicios de nombramiento que acompañó la recurrida, se puede observar que aquellos decretos dictados entre el 11 de abril de 2023 hasta el 09 de abril de 2025, en que fue contratado en calidad “a contrata”, no alcanzaron a transcurrir los cinco años exigidos por la jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema para que el recurrente se vea amparado por la confianza legítima.

Octavo: Que, de lo razonado, se concluye que no ha existido de parte de la autoridad administrativa denunciada ilegalidad alguna, desde que una vez expirado el plazo de vigencia del empleo a contrata, quien lo sirve cesa en sus funciones en esa fecha por el sólo ministerio de la ley, encontrándose la autoridad recurrida legalmente facultada para cesar los servicios a contrata, servicios cuya principal característica es la precariedad en su duración, supeditada a las necesidades de la entidad administrativa, de manera que al decidir la no renovación de la contrata sólo ha hecho uso de la facultad antes descrita, considerando que la última de aquellas regía desde el 01 de abril al 30 de junio de 2025, según Decreto Afecto N°5119, acompañado por la recurrida.

Cabe tener presente, además, que el recurrente no ha explicado en su recurso de qué manera la de no renovación de su contrata ha vulnerado el derecho a la igualdad ante la ley o al debido proceso, considerando que el derecho de propiedad que invoca no ampara meras expectativas sobre remuneraciones futuras, pues los emolumentos se devengan por servicios efectivamente prestados o por períodos contractualmente debidos, circunstancia que en régimen de contrata anual admite extinción anticipada fundada, por lo que las supuestas afectaciones no se advierten como efectivas e indubitadas para efectos de tutela cautelar.

Noveno: Que, a mayor abundamiento, el Decreto Alcaldicio N°7331/7853, de fecha 30 de mayo de 2025 (que resolvió no renovar las contratas del recurrente, así como de otros funcionarios), explicita los fundamentos de dicha determinación, haciendo referencia a la existencia de un déficit presupuestario severo, especialmente en pagos de personal a contrata, lo que ha obligado a dicho organismo a una política de racionalización del gasto, por lo cual tal decisión tampoco resulta arbitraria. En consecuencia, dicho acto cumple con el deber de fundamentación establecido en los artículos 11 y 41 de la Ley N°19.880, en tanto expresa fundamentos objetivos, verificables y acordes con el interés público.

Décimo: Que, en consecuencia, no advirtiendo ilegalidad ni arbitrariedad en el Decreto Alcaldicio que puso término a la contrata del recurrente, no se verifica el presupuesto básico para hacer lugar a esta acción constitucional, de modo que corresponde su rechazo, tal como se indicará en lo resolutivo.

Por estas consideraciones y atendido lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y artículo 1° y siguientes del Acta N°94-2015, de la Excelentísima Corte Suprema, sobre tramitación y fallo del recurso de protección y sus modificaciones posteriores, se rechaza, sin costas, la acción interpuesta por nombre reservado, en contra de la Ilustre Municipalidad de Puerto Montt.

Redacción a cargo del Ministro Moisés Montiel Torres.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol Protección N°833-2025.-