ARIDOS Y TRANSPORTE LA FISCA LTDA con TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Puerto Montt, veinticinco de julio de dos mil diecisiete.

Vistos:

Que, con fecha 7 de junio de 2017, comparece don Carlos Thieck León, abogado, en representación de Áridos y Transportes La Fisca Ltda., quien deduce acción de protección de garantías fundamentales en contra de la Tesorería General de la República representada por don nombre reservado y nombre reservado, ambos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, a fin se ordena la recurrida dejar sin efecto en forma transitoria, eliminar y/o suspender la comunicación de morosidad de la recurrente, extrayéndolo de su base de datos, o bien emitir la comunicación pertinente respecto a que dicha morosidad no se encuentra actualmente vigente, en relación a las obligaciones tributarias que derivan de la causa tributaria respectiva, u otra medida para restablecer el imperio del derecho, con costas.

Refiere al efecto que esta parte con fecha 19 de enero de 2017, interpuso en tiempo y forma, de conformidad al procedimiento establecido en los artículos 124 y siguientes del Código Tributario, ante el Tribunal Tributario y Aduanero de la Región de Los Lagos, reclamo en procedimiento general de reclamaciones en contra del Servicio de Impuestos Internos respecto de los 24 giros que individualiza, todos de fecha 26 y 27 de diciembre de 2016, emitidos por la Dirección Regional del Servicio de Impuesto Internos, dando origen a la causa Rit GR-12-0000-2017. Dicho proceso se encuentra en etapa probatoria, y pese a ello esta parte tomó conocimiento con fecha 25 de mayo de 2017, conforme a certificado de deuda emitido por Tesorería, que figura con una deuda morosa.

Se tomó conocimiento de esta situación, ya que a fin de postular a un llamado a licitación efectuado por el Ministerio de Obras Públicas, para la conservación de una serie de caminos en la provincia de Palena, venciendo el plazo para postular el 14 de junio del presente año, debía acompañar conforme lo exigen las Bases de Licitación en el punto 3.2 un certificado de deudas fiscales o certificado de duda morosa fiscal, emitidos por la Tesorería General de la República, debiendo encontrase exento de morosidad o bien, con ella, debe acreditar que la deuda se encuentra en proceso de pago. De esta forma, no es posible postular si una deuda se encuentra morosa, y su sola existencia implica que la oferta o propuesta será desechada.

Señala al efecto que la supuesta deuda consignada en el certificado, y que se encuentra en discusión ante el tribunal respectivo, no se ha pagado por cuanto se optó por discutir previamente su naturaleza, a través del procedimiento descrito en la ley, a fin de dar cumplimiento a un justo y debido proceso, por tanto no es correcto ni puede constituir una sanción, que se considere que esta parte esta morosa en dicha deuda, y por tanto no pueda participar en ninguna licitación mientras se encuentra pendiente dicho reclamo, siendo arbitrario e ilegal que la recurrida mantenga a esta parte en el registro de morosos, pese a los innumerables requerimientos y explicaciones respecto de la situación y sin que antes exista una sentencia firme y ejecutoriada respecto del correspondiente reclamo.

Siendo por lo demás, conforme a lo establecido en el artículo 2 Nº2 del DFL Nº1 del año 1994 facultad del recurrido efectuar la cobranza coactiva sea judicial, extrajudicial o administrativa de los impuestos fiscales en mora con sus intereses y reajustes, por tanto no teniendo la calidad de morosa la deuda por la que se le ha incluido en el registro de morosidad, Tesorería ha actuado fuera de sus facultades legales, conculcando en definitiva las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 Nº2 y 21 de la Carta Fundamental, pues el recurrente se encuentra en una situación de desigualdad frente a todos los posibles oferentes de licitaciones públicas, ya que no podrá cumplir los requisitos mínimos para postular y adjudicarse dichos trabajos, viéndose impedido en definitiva de desarrollar su actividad económica.

Se acompaña al recurso copia de certificado de deuda, Bases de Licitación, copia de reclamo de giros ante el Tribunal Tributario y Aduanero.

Con fecha 27 de junio de 2017; informa el recurrido solicitando el rechazo del presente recurso, señalando al efecto que en primer término cabe preguntarse desde cuando el recurrente tomó conocimiento de la supuesta acción ilegal y arbitraria, ya que si bien señala que lo hizo el 25 de mayo de 2017, ello no consta fehacientemente ya que perfectamente pudo haber tomado conocimiento con anterioridad.

En segundo término refiere que el recurso se interpuso en contra de la Tesorería General de la República, no obstante que quien establece las bases de licitación aludidas es el Ministerio de Obras Públicas. Por lo demás el artículo 92 Nº2 del Decreto Nº250 del Ministerio de Hacienda que aprueba el Reglamento de la Ley 19.886 de Bases de Contratos Administrativos de Suministro y Prestaciones de Servicios, establece que estarán inhabilitados para inscribirse en el Registro de Proveedores aquellos que registran una o más deudas tributarias por un monto total o superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución. Por tanto, el mantener una deuda con el Estado es una inhabilidad para ser parte del Registro de Proveedores, pero no directamente inhabilita para contratar con el Estado, y el registro en Chileproveedores no es obligatorio para participar en licitaciones Refiere además, que el 23 de enero de 2017, el Servicio de Tesorería, generó el expediente Administrativo Rol Nº10465-2017 de la comuna de Puerto Montt, en el cual se demandaron 25 folios números que indica, tal como consta en la nómina de deudores morosos agregada a fojas 1 de dicho expediente, cuya tramitación se efectúa en conformidad al Título V del libro III del Código Tributario, y en el cual se notificó, requirió de pago y trabó embargo al recurrente el 25 de enero del presente año; y donde por resolución de fecha 15 de febrero de 2017 se ordenó la suspensión del procedimiento por 180 días en cumplimiento a lo ordenado por el Juez Tributario y Aduanero de Los Lagos, encontrándose a la fecha suspendido hasta el 17 de agosto, susceptible de renovación si así lo estima el juez tributario.

En definitiva actualmente existen dos procesos en curso, uno dice relación con la determinación de la obligación tributaria seguido ante el Tribunal Tributario y Aduanero, y el otro es el procedimiento de cobro ante el Director Regional Tesorero en su carácter de juez sustanciador de la Tesorería Regional de Los Lagos. De ello se concluye que no nos encontramos ante una petición de protección de un derecho indubitado no siendo por lo demás ésta la vía idónea para resolver al respecto, más aún cuando existen en tramitación los procedimientos judiciales y administrativos respectivos, no habiendo el recurrente en esta última sede utilizado las instancias jurisdiccionales destinadas a solucionar la cuestión de autos, prevista en el artículo 193 inciso 2º del Código Tributario relativa a reclamar ante el Abogado Provincial que corresponda de las faltas o abusos cometidos durante el juicio por el Juez Sustanciador o sus auxiliares.

Se debe considerar que las actuaciones efectuadas por el Servicio de Tesorerías sobre esta materia, son aplicaciones de normas de derecho público y conforme lo dispuesto en los artículos 3 y 51 de la ley 19.880 dichas actuaciones gozan de presunción de legalidad, imperio, exigibilidad y ejecutoriedad, como efectos propios e inherentes del acto administrativo, por lo demás conforme a lo dispuesto en el Código Tributario, en el artículo 35 del DL Nº1263 de 1975 y DFL Nº1 de 1994 del Ministerio de Hacienda esta parte ha actuado dentro de sus facultades, disponiendo expresamente el artículo 147 del referido Código, que salvo disposición en contrario del mismo, no será necesario el pago previo de impuestos, intereses y sanciones para interponer una reclamación en conformidad a este Libro, pero la interposición de ésta no obsta al ejercicio por parte del Fisco de las acciones de cobro que procedan.

Conforme a lo expuesto, es claro que esta parte no ha incurrido en actuar ilegal o arbitrario, ya que se trata de una actuación en el marco de un procedimiento de cobro especial, regulado en el Título V del Libro II del Código Tributario, pues ha sido el Servicio de Impuestos Internos quien ha girado los folios ya indicados ante el no pago oportuno de los impuestos, por lo tanto, Tesorería procede a utilizar los medios legales a su cargo, a fin de obtener el cumplimiento de las obligaciones tributarias impagas, por ello en cumplimento a lo dispuesto en el artículo 171 del Código Tributario notificó al contribuyente deudor del hecho de encontrase en mora.

Acompaña al recurso documentos que indica.

Con fecha 29 de junio de 2017 se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

PRIMERO: Que, el recurso de protección tiene por objeto restablecer el imperio del derecho cuando se han visto conculcadas, aun en grado de amenaza, las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 de la Constitución Política de la República, según lo dispone el artículo 20 de la Carta Fundamental. En tales casos, la Corte de Apelaciones respectiva puede adoptar todas las medidas conducentes a lograr que cese la perturbación de tales garantías. Para tales efectos, deben concurrir los siguientes requisitos que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada; que se establezca la ilegalidad o arbitrariedad de esa acción u omisión; que de la misma se siga directo e inmediato atentado contra una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía; y que la Corte esté en situación material y jurídica de brindar la protección.

SEGUNDO: Que, en primer término en cuanto a la extemporaneidad alegada, que ésta no se funda en ninguna circunstancia específica y determinante que pueda dar certeza respecto de la fecha en que efectivamente a juicio del recurrido, se habría tomado por el recurrente conocimiento de los hechos en que funda su acción, sólo se pone en el supuesto que podría haber tomado conocimiento de ellos en otra fecha, sin señalar ninguna en particular, y sin acreditar que así hubiese efectivamente ocurrido, por lo que dicha alegación será rechazada.

TERCERO: En cuanto al fondo, el acto materia de este recurso dice relación con el hecho de que la Tesorería General de la República incluyó una deuda con carácter de morosa en su Cuenta única Tributaria, lo que le impide acceder a las licitaciones que convoca el Estado, y no obstante encontrarse pendiente un reclamo tributario, conforme al artículo 124 y siguientes del Código del ramo, respecto a la naturaleza y cuantía de dicha deuda, por lo que en definitiva figura en los registros de la recurrida como moroso, sin haber caído en mora..

CUARTO: Que, para resolver respecto de la ilegalidad y arbitrariedad que se atribuye al actuar de la recurrida, es necesario tener presente lo dispuesto en el artículo 31 del Decreto Ley Nº1.263 de 1975, Ley Orgánica Constitucional de Administración Financiera del Estado, que establece “El Servicio de Tesorerías mediante el sistema de cuenta única tributaria, registrará todos los movimientos que por cargos o descargos afecten a los contribuyentes y demás deudores del sector Público por concepto de pagos, abonos, devoluciones, cobranzas compulsivas, eliminación y prescripción de deudas.” A su vez el Estatuto Orgánico del Servicio de tesorerías, dispone en su artículo 2 Nº1 que corresponde a dicha Institución recaudar los tributos y demás entradas fiscales, y las de otros servicios públicos, como asimismo, conservar y custodiar los fondos recaudados, para luego agregar en su artículo 9 como una de las funciones del Departamento o División de Operaciones del Servicio de Tesorerías, la de administrar la cuenta única tributaria y la responsabilidad de mantener la calidad de la información incorporada al sistema.

QUINTO: Que, de lo expuesto en el considerando precedente se colige que el recurrido, ha actuado dentro de sus facultades, en cumplimiento de las obligaciones que la Ley le impone, en base a antecedentes objetivos, lo que desecha toda hipótesis de un actuar ilegal o arbitrario por parte del Servicio de Tesorerías.

SEXTO: Que, atendidos los racionamientos precedentes, es de parecer de estos sentenciadores, que en el caso de autos no aparece acreditada la existencia de un acto u omisión que revista aquella cualidad necesaria de arbitrariedad o ilegalidad que produce amenaza cierta de vulneración de alguna garantía constitucional, ni menos aún los hechos que motivan la presente acción constitucional, referidos en los considerandos anteriores, por lo que la presente acción deberá ser rechazada.

Por las consideraciones expuestas, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara:

I.- Que, se rechaza el recurso de protección deducido Carlos Thieck León, abogado, en representación de Áridos y Transportes La Fisca Ltda., quien deduce acción de protección de garantías fundamentales en contra de la Tesorería General de la República representada por don nombre reservado y nombre reservado, II.- Que no se condena en costas al recurrente, por estimarse que ha tenido motivo plausible para litigar.

Regístrese, comuníquese, y archívese, en su oportunidad.

Rol Nº 819-2017