Protección contra HOSPITAL PUERTO MONTT DR. EDUARDO SCHÜTZ SCHROEDER

Puerto Montt, veintiséis de septiembre de dos mil veinticuatro.

Vistos.

A folio 1, el día 16 de mayo del año en curso, comparece el abogado Gonzalo Lepe Ruiz, en representación de la Asociación de Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud del Hospital Puerto Montt, quien a su vez actúa a favor de sus asociadas nombre reservado y nombre reservado, ambas enfermeras, en contra del HOSPITAL PUERTO MONTT DR. EDUARDO SCHÜTZ SCHROEDER, por los hechos que refiere en su libelo.

Sostiene que las recurrentes, ambas asociadas, han recurrido a la institución luego de una serie de reclamos, presentaciones y solicitud de reuniones, porque se ha constatado el actuar omisivo del recurrido, quien ha desestimado sus quejas relativas a afectaciones a su derecho a la integridad física y psíquica, no sólo de los asociados, sino que también de todos los miembros que se desempeñan en la unidad denominada “Servicio Médico Quirúrgico Infantil”. Agrega que la afectación que se denuncia acontece precisamente respecto del personal que pertenece a esa unidad, donde deben hospitalizarse infantes.

Refiere que, desde hace un tiempo, y se manifestó en forma grave el día 16 de abril, el equipo de profesionales ha referido la existencia de limitaciones para hacer frente a las hospitalizaciones en sus dependencias, respecto de pacientes judicializados y/o de salud mental infanto-juvenil. Lo anterior, porque dichos pacientes requerirían una infraestructura específica de una Unidad Hospitalaria de Cuidados Intensivos de Psiquiatría Infanto-Juvenil (UHCIP), de un equipo multidisciplinario, toda vez que ellos presentan conjuntamente con sus respectivas familias, episodios repentinos de violencia física y verbal hacia el personal que trabaja en la unidad (agitación psicomotora, descompensación severa de su trastorno mental, condiciones críticas, suicidalidad o conductas auto o hetero agresivas), señalando que carecen de las competencias para hacer frente a actos de violencia física y verbal a la que se ven expuestos con ocasión del ingreso de dichos pacientes.

Asimismo, señala que esta situación ha generado graves problemas de ocupación de las camas básicas y de mediana complejidad de la unidad, y si bien entiende que es resorte de la autoridad definir la utilización de los recursos, hace presente que es una consecuencia indeseada y afecta el funcionamiento del servicio, y en ningún caso justifica el actuar omisivo del Hospital respecto de la protección de los derechos de los funcionarios, en particular, la afectación de la integridad física y psíquica de los mismos. Agrega que el principal reclamo de las asociadas recurrentes, es la exposición constante a situaciones de violencia física y verbal hacia ellas, por el ingreso de pacientes de salud mental infanto-juvenil, desarrollando varios funcionarios episodios de ansiedad generalizada y profundos cuadros de estrés derivados de esta situación, que se ha incrementado en el tiempo por la nula actividad del recurrido para evitarlos, siendo el último episodio el día 16 de abril, en que ocurrieron hechos de violencia que afectaron no solo al personal sino también a pacientes menores de edad y sin patologías de salud mental, ni menores infractores, cuando se vieron obligados a recibir un paciente con orden judicial por temas conductuales, quien previamente ya había agredido de forma física a los funcionarios recurrentes.

En concreto, explica que el personal no está capacitado para recibir pacientes de salud mental e infractores de ley, quienes presentan agitación psicomotora, a lo que se suma que dicho personal resulta insuficiente para hacer frente a esta necesidad, en que hay conductas agresivas contra el personal y pacientes pediátricos que están hospitalizados, generando una escalada de conductas violentas con agresiones de usuarios, sin que la recurrida hubiere adoptado medida alguna, pese a haberse adoptado el protocolo respectivo. Agrega que la infraestructura no es adecuada, y no existen las condiciones para atender a pacientes que además agreden física y verbalmente a los funcionarios e incluso algunos padres de estos pacientes incurren en las mismas prácticas.

Cuando uno de estos pacientes se descompensa, precisa, todo el personal de turno se ve involucrado, debiendo incluso requerir presencia de guardias o de padres de otros pacientes, generando ambiente de nerviosismo, miedo, desorden y estrés, retrasando la atención del resto de pacientes pediátricos hospitalizados, reiterando que los funcionarios no pueden controlarlos ni pueden ingresar los guardias porque no tienen autorización para tocar a los pacientes, por lo que solicitan se ordene al Hospital de Puerto Montt que los pacientes de salud mental infanto-juvenil, ingresen a la Unidad respectiva, que cuenta con los funcionarios capacitados para hacerse cargo del tratamiento respectivo, de lo contrario, la integridad física y psíquica de los funcionarios señalados se verá afectada de forma irreparable.

Luego, alega que el recurrido no ha adoptado ninguna acción tendiente a proteger la integridad física y psíquica de los funcionarios objeto del recurso de protección, quienes revisten la calidad de funcionarios de planta y a contrata del Hospital Puerto Montt, pese a la existencia de constantes requerimientos por parte de los mismos, y también de la recurrente en su calidad de garante de los derechos de sus asociados, quienes en vista de las nulas respuestas del Hospital han decidido recurrir de protección.

Indica que la recurrida no ha velado para proteger eficazmente la vida y salud de sus trabajadores, conforme ordena el artículo 184 del Código del Trabajo, ni la Ley 21.643, que establece la obligación de la Administración de contar con un protocolo de prevención de la violencia en el trabajo.

De esta forma, reclama, el Hospital ha incurrido en una abierta ilegalidad al no haber efectuado las denuncias respectivas respecto de las agresiones de que han sido víctimas los recurrentes y tampoco ha adoptado medidas de seguridad tendientes a evitar que sucesos como los explicitados más arriba vuelvan a repetirse.

Asevera que además el recurrido incumple su obligación legal, al no otorgar una atención sanitaria integral a ese tipo de pacientes, al ingresarlos a una unidad que no cuenta con la capacitación para ello.

Solicita que se ordene a la recurrida que los pacientes de salud mental infanto-juvenil y/o judicializados ingresen a la Unidad respectiva que cuenta con los funcionarios y equipos capacitados para recibirlos, esto es, la Unidad Hospitalaria de Cuidados Intensivos de Psiquiatría (UHCIP) Infanto-Juvenil HPM, con costas.

Acompaña al recurso: 1.- Estatutos de Asociación de Profesionales de los Servicios de Salud del Hospital Puerto Montt. 2.- Certificado de vigencia de Directorio de Asociación de fecha 27 de marzo de 2024. 3.- Correo electrónico de fecha 16 de abril de 2024 enviado por la enfermera nombre reservado a la Dirección del Hospital y otros. 4.- Listado de asociados mes de abril de 2024 que acredita la calidad de socios. 5.- Denuncia Individual de Accidente del Trabajo de fecha 19 de marzo de 2024 de doña nombre reservado.

A folio 5 se declara admisible el recurso, y se pide informe al recurrido.

A folio 9, el abogado Gonzalo Lepe Ruiz, señala que veintinueve enfermeras (29) pertenecientes a la misma unidad en la que se desempeñan las recurrentes, han decidido hacerse parte en el presente recurso de protección, en calidad de recurrentes, aceptando todo lo obrado y en los mismos términos que las recurrentes, firmando al efecto un listado en el que consta su nombre y firma, solicitando que en definitiva se acoja el recurso de protección en los términos planteados.

A folio 11 se tuvo presente comparecencia a favor de quienes aparecen individualizados en la presentación.

A folio 10 evacua informe el abogado César González Castillo, por el Hospital de Puerto Montt, y refiere que de acuerdo a lo informado por la doctora nombre reservado en su memorándum 45, de fecha 31 de mayo de 2024, el Hospital de Puerto Montt fue diseñado con seis cupos de UHCIP, cuyo objetivo era para la atención en la X región de Los Lagos, lo cual ha demostrado ser claramente insuficiente, especialmente post pandemia. Agrega que se ha presentado en varias oportunidades al equipo directivo en distintos años la necesidad de más camas, ya que en promedio hay 10 pacientes de esa área entre el médico Quirúrgico Infantil y las camas de hospitalizados adultos (Psiquiatra Infantojuvenil va entre 12 a 18 años) debido a que tienen indicación de hospitalización (incluyendo pacientes con indicación judicial de ingreso a hospitalizar) y no hay camas disponibles en Unidad de Psiquiatría infanto-juvenil, siendo la más próxima en Temuco actualmente.

Explica que uno de los efectos importantes de la pandemia ha sido el aumento de patologías de salud mental, con incremento de requerimientos de manejo en pacientes hospitalizados y ambulatorios tanto en el área adulto como pediátrico, estando pendiente de ejecutar un proyecto de aumento de camas. Agrega que por este déficit de camas, entre los cuales por indicaciones de tribunales se tienen que ingresar para manejo hospitalizado, es que en ausencia de cupos de psiquiatría infanto-juvenil, se hospitalizan en los cupos disponibles de Médico Quirúrgico infantil o de sala de Adulto, para lo cual han trabajado en capacitaciones periódicas del personal, que los pacientes estén en cuartos con ventanas fijas, que tengan acompañamiento continuo de familiar o cuidador, y además el hospital contrata cuidadores 24/7 en sistema de turno por cada uno de los pacientes, y manejo multidisciplinario, con equipo con enlace con trabajadora social, terapeuta ocupacional y psicóloga para los pacientes que no estuvieran en la unidad de psiquiatría infanto-juvenil y que están dentro de los otros pisos.

Detalla que el proceso de ingreso al médico quirúrgico Infantil se da cuando un paciente que ingresa vía servicio Urgencia, menor de 15 años, que tiene indicación de hospitalización ya evaluado por Psiquiatra Infanto Juvenil, que está en condiciones estables de estar en sala, y no hay posibilidad de cupo en el servicio de Psiquiatría, se sube con cuidador 24/7 a una cama disponible, recibiendo tratamiento farmacológico y de este equipo multidisciplinario según indicación del Psiquiatra Infanto Juvenil.

Reconoce que no es lo ideal, pero sería mejor que estar en el servicio de urgencias donde no hay camas, y el espacio no está en condiciones de recibir el tratamiento adecuado, y el no aceptarlo teniendo camas disponibles, significaría atentar contra los derechos de niños, niñas y adolescentes, discriminación por ser un tipo de paciente distinto.

Luego, en cuanto a la situación planteada por las funcionarias, indica que el Hospital en su oportunidad hizo presente la situación del paciente nombre reservado solicitando su egreso ante el Juzgado de Familia de Puerto Varas, ya que constituía un peligro para el personal, pacientes, guardias y cuidadores de la residencia por el hecho sucedido el 19 de marzo de 2024. Agrega que el Hospital cuenta con un procedimiento frente a una agresión que puedan sufrir con motivo de la actividad laboral, y en ese caso, de acuerdo a lo informado por el Jefe (s) de la sección de prevención de riesgos, de fecha 24 de mayo de 2024, las funcionarias doña nombre reservado y doña nombre reservado, no presentaron ninguna denuncia individual de accidente del trabajo, según consta en sus registros de notificación de sistema Experto y derivación por accidente del trabajo, sólo se contaba con DIAT de doña nombre reservado, de fecha 19 de marzo 2024, la cual se adjunta con el correo correspondiente de derivación y formulario FAF MINSAL (formulario de notificación de agresiones hacia los funcionarios de salud pública) además se orienta para que realice la solicitud de defensa jurídica de parte del Hospital de Puerto Montt, según ley 21.188, para lo cual debía hacer llegar documentación, la que a la fecha no se ha recibido.

Aduce que ante el desconocimiento de los hechos descritos, no ha sido posible la primera intervención, que es acoger a las funcionarias lesionadas, orientarlas y derivar a un centro clínico en convenio con el Instituto de Seguridad Laboral, y menos ha sido posible dejar registro en plataforma digital de agresiones del MINSAL (formulario FAF, documento que rellenado y firmado por jefatura directa), y en consecuencia, no se tiene conocimiento de los hechos a que se alude de fecha 16 de abril de 2024 y que incluso no tendrían ninguna relación con los hechos de fecha 19 de marzo de 2024.

Concluye indicando que no se ha vulnerado la garantía constitucional alegada por las funcionarias recurrentes, pues frente a la situación del paciente nombre reservado el Hospital solicitó al Tribunal de Familia de Puerto Varas el egreso inmediato del adolescente, lo cual se produjo con fecha 23 de marzo de 2024 al Espacio Terapéutico Tobalaba de Concepción.

Agrega que tampoco se ha infringido al artículo 184 del estatuto administrativo en relación a la ley 21.331 ya que existe un procedimiento para que los funcionarios que sufren agresiones por motivo de su actividad laboral puedan solicitar la respectiva defensa jurídica, lo que en este caso y de acuerdo a lo informado por el Jefe de Prevención y Riesgo no ha sucedido, ya que no existe una declaración de enfermedad profesional y menos se ha llenado el formulario de notificación de agresiones hacia los funcionarios de la salud pública, sin perjuicio que tiene tomadas medidas de resguardo de sus funcionarios, que incluye un procedimiento para ejercer las respectivas acciones judiciales cuando procedan.

Acompaña al informe: 1.- Informe emitido por la Jefa del CR Materno Infantil Dra. nombre reservado, mediante Memorándum 45 de fecha 31 de mayo de 2024. 2.- Se adjunta copia con el detalle de camas Psiquiatría infanto juvenil en el país, la más próxima es en Temuco actualmente. 3.- Ordinario Nº 442 de fecha 19 de marzo de 2019 y Epicrisis Hospital Puerto Montt de fecha 23 de marzo de 2024. 4.- Memo Nº 85 de fecha 24 de mayo de 2024 del Jefe de Prevención de Riesgos (s) don nombre reservado y sus antecedentes. 5.- Instructivo del Hospital Puerto Montt sobre pasos a seguir en caso de agresiones que sufre un funcionario en su actividad laboral. 6.- Listado de datos de pacientes infanto juveniles hospitalizados el presente año por orden Judicial en el Hospital de Puerto Montt hasta el 31 de mayo de 2024 informados por el Dr. nombre reservado mediante el memo Nº 089.

A folio 16 se trajeron los autos en relación.

A folio 17 se dispuso la agregación extraordinaria de la causa en tabla, en lugar preferente.

A folios 29 y 30, la recurrida acompaña los siguientes documentos: 1.- Copia de resolución Nº 4544 de fecha 12 de mayo de 2023 mediante la cual se aprueba el contrato de servicios de cuidadora para materno infantil por 12 meses. 2.- Copia de resolución Nº 8596 de fecha 24 de julio de 2024 mediante la cual se aprueba trato directo de servicios de cuidadora para materno infantil por 6 meses. 3.- Oficio Nº 1159 de fecha 31 de julio de 2024 mediante el cual se adjunta proyecto de mejoramiento de Hospital de día Servicio Salud Mental Hospital Puerto Montt a la Dirección del Servicio de Salud del Reloncaví para gestionar recursos ante el Ministerio de Salud. 4.- Protocolo Medidas de prevención de eventos adversos en pacientes con agitación Psicomotora y Contención Física y a raíz del cual se realizó trabajo entre equipo de Salud mental y los distintos pisos (Médico - Quirúrgico / Adulto - infantil) 5.- Programa de Pasantías en Unidad de Hospitalización de Cuidados Intensivos en Psiquiatría que se realiza en UHCIP con la finalidad de que los funcionarios de distintos pisos de hospitalizados puedan adquirir conocimiento sobre la gestión del paciente de salud mental hospitalizado, a través de observación directa y la experiencia en terreno. 6.- Acta de reunión Ampliada sobre diversos temas de fecha 06 de junio de 2024 con Supervisoras. 7.- Acta de reunión Ampliada sobre diversos temas de fecha 06 de junio de 2024 con Supervisoras. 8.- Ordinario 2366 del 06 de agosto de 2024 de la Directora del Servicio de Salud del Reloncaví en que remite oficio Nº 1159 del Hospital de Puerto Montt al Subsecretaria de Redes Asistenciales del Ministerio de Salud.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción que está destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, amenace o perturbe dicha garantía constitucional.

Segundo: Que, en su recurso las actoras precisan que lo reprochado al Hospital recae en el actuar omisivo que éste ha presentado al haber desestimado sus quejas y no haber adoptado medidas frente a las afectaciones al derecho a la integridad física y psíquica de quienes se desempeñan en la unidad “Servicio Médico Quirúrgico Infantil”, producto de los episodios de violencia física y verbal de que han sido víctimas por parte de algunos pacientes allí ingresados.

Añaden que estos pacientes requieren de una infraestructura específica, de la Unidad Hospitalaria de Cuidados Intensivos de Psiquiatría Infanto-Juvenil (UHCIP), y de un equipo multidisciplinario, toda vez que -además- al ser ingresados a una unidad que no cuenta con la capacitación para ello, se generan problemas de ocupación de las camas básicas y de mediana complejidad.

En concreto, piden que se ordene a la recurrida que los pacientes de salud mental infanto-juvenil y/o judicializados ingresen a la Unidad Hospitalaria de Cuidados Intensivos de Psiquiatría (UHCIP) Infanto-Juvenil, que corresponde a la que cuenta con funcionarios y equipos capacitados para recibirlos.

Tercero: Que, por su parte, el Hospital recurrido pidió el rechazo de la acción cautelar interpuesta en su contra, informó, en síntesis, que ha adoptado medidas de resguardo de sus funcionarios, y que se encuentra pendiente de ejecutar un proyecto de aumento de camas, ya que por el déficit de las mismas, en ausencia de cupos de psiquiatría infanto-juvenil, se hospitalizan en los cupos disponibles de Médico Quirúrgico infantil o de sala de Adulto, para lo cual se han adoptado diversas medidas que al efecto detalló.

Cuarto: Cabe considerar que de acuerdo a los antecedentes que obran en autos el Hospital recurrido ha desplegado diversas acciones destinadas a la protección de sus funcionarios, en las oportunidades en que ha sido requerida por éstos, como al efecto aconteció frente a la situación acaecida con el adolescente de iniciales C.E.A.M. el 19 de marzo de 2024, respecto del cual el Hospital solicitó al Juzgado de Familia de Puerto Varas el egreso del establecimiento, dado que su situación de salud mental representaba un riesgo para los funcionarios, pacientes, guardias y cuidadores de la residencia.

Quinto: En idéntico sentido, de los mismos antecedentes se consigue apreciar que la recurrida ha desarrollado capacitaciones al personal para la atención de los pacientes de salud mental infanto-juvenil y/o judicializados, y ha adoptado, en general, acciones destinadas a resguardar mayormente a dichos pacientes, y a quienes se encuentren en contacto con éstos, tales como su ubicación en cuartos con ventanas fijas, procurar que posean un acompañamiento continuo, la contratación de un equipo de enlace con trabajadora social, terapeuta ocupacional y psicóloga para determinados pacientes y el establecimiento de un procedimiento frente a una agresión sufrida en razón de la actividad laboral, entre otras medidas.

Sexto: Por otra parte, según se desprendió del informe evacuado internamente por el Jefe de Prevención de Riesgos del recinto, las recurrentes y funcionarias, doña nombre reservado y doña nombre reservado, no presentaron ninguna denuncia individual de accidente del trabajo, por lo que, consecuentemente, la recurrida estuvo imposibilitada de intervenir oportunamente con el fin de otorgar una mayor protección a las funcionarias que habrían sido objeto de lesiones.

Séptimo: Que, todo lo anterior conlleva necesariamente a concluir que no ha existido un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, amenace o perturbe las garantías constitucionales de las recurrentes, sino que lo cuestionado estriba en la adopción de medidas que han sido consideradas insuficientes o inadecuadas por sus destinatarios, al punto que se han calificado como una omisión.

En este escenario, se advierte que la problemática de fondo que se describe en el recurso, obedece más bien a los efectos que se han producido como consecuencia del paulatino aumento de ingresos de pacientes por patologías de salud mental con requerimientos de hospitalización, lo que ha generado un consecuente déficit en las camas disponibles, y al mismo tiempo, ha impulsado a la recurrida a adoptar directrices de administración interna de su personal y de sus instalaciones, adecuándolas a las mencionadas contingencias, mismas que han sido consideradas insuficientes por el personal de salud que ha optado por esta vía cautelar, razones todas que abonan a desestimar el recurso de protección impetrado.

Octavo: Sin perjuicio de lo dicho, de lo expuesto se puede inferir que lo solicitado en el libelo -el ingreso de pacientes a la Unidad Hospitalaria de Cuidados Intensivos de Psiquiatría (UHCIP) Infanto-Juvenil- si bien pudiere constituir una medida adecuada frente a la problemática planteada, aparece como una decisión que rebasa los objetivos de esta acción de protección, y resulta más propia de una decisión de administración de recursos internos del establecimiento de salud, y que en consecuencia debe sopesarse en ese contexto, de manera que -al menos por esta vía cautelar- no resulta prudente ser ordenada, sin perjuicio de la recomendación que se indicará en lo resolutivo.

Por las consideraciones expuestas y visto, además, lo dispuesto en el artículo 19 N° 1 y en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, así como en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se resuelve:

I.- Que se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto por el abogado Gonzalo Andrés Lepe Ruiz, en contra del HOSPITAL PUERTO MONTT DR. EDUARDO SCHÜTZ SCHROEDER.

II.- Sin perjuicio, se sugiere a la recurrida adoptar las medidas de administración tendientes a que el personal de mayor idoneidad proceda al tratamiento de aquellos pacientes de salud mental infanto-juvenil y/o judicializados, realizando las capacitaciones que sean necesarias en su caso, además de aumentar las medidas de seguridad que tiendan a proteger eficazmente la integridad del personal de salud de su dependencia.

Acordada con el voto en contra del del Fiscal Judicial (S) Rodolfo Maldonado Mansilla, quien fue del parecer de acoger el recurso de protección, conforme a las siguientes consideraciones:

1°.- Que ha sido un hecho pacífico en la causa la necesidad del Hospital recurrido de aumentar los cupos de la Unidad psiquiatría infanto-juvenil producto del déficit de camas existentes, que ha debido hospitalizarse a los pacientes de dicha área en cupos disponibles correspondiente a otras unidades del establecimiento, y además, que se han generado situaciones de exposición de funcionarios de salud a agresiones físicas y verbales por parte de algunos pacientes de salud mental.

2°.- Que las situaciones anteriores han gatillado la adopción de una serie de decisiones por parte de la administración interna del recinto, que a la luz de los antecedentes, han resultado insuficientes para los fines que buscan resguardar los recurrentes, entre las cuales se advierte la atención directa de estos pacientes por parte de personal que, sin la suficiente capacitación o bien, la adecuada protección a su integridad, han debido exponerse a eventuales agresiones.

3°.- Luego, con el mérito de la denuncia individual de accidente del trabajo de parte de doña nombre reservado, de fecha 19 de marzo de 2024, y los antecedentes relativos al adolescente de iniciales C.A.M., se aprecia una amenaza latente a la integridad física y psíquica del personal de la respectiva unidad, ante lo cual, resulta necesario se acceda a la acción cautelar, con el fin de ordenar a la recurrida a adoptar medidas eficaces que protejan suficientemente la integridad física y psíquica de los funcionarios recurrentes, entre otras, aquella requerida en el libelo.

Redacción a cargo del Fiscal Judicial (S) Rodolfo Maldonado Mansilla.

Regístrese, comuníquese, y archívese, en su oportunidad.

Rol Protección N° 808-2024.