nombre reservado con CAR S.A.

Puerto Montt, quince de septiembre de dos mil diecisiete.

Vistos:

Con fecha 21 de junio del año en curso comparece doña nombre reservado, chilena, administrativa, domiciliada en domicilio reservado, población valle volcanes de la comuna y ciudad de Puerto Montt, deduce recurso de protección en contra del Servicio CAR.S.A (Cobranza Ripley), para que esta cese con los acosos de cobranza que de modo ilegal y arbitrario afectan su derecho a la integridad síquica, lo que constituiría un acto arbitrario e ilegal que atenta contra la garantía del numeral 1º del artículo 19 de la Constitución Política de la República y que se encuentra amparada en la acción que deduce.

Agrega que hace un par de meses por problemas económicos, dejó de pagar las cuotas de su tarjeta Ripley, por lo que a los cinco días de retraso comenzaron los llamados, por personas que se identificaban como parte del servicio de cobranza de la tarjeta Ripley, llamadas que serían de dos a cinco diarias, tanto a su teléfono móvil (986179589) y al teléfono de la empresa en la cual trabaja (65-2-260033), lo que señala que es una situación bastante incomoda y bochornosa, ya que el teléfono usualmente es atendido por su jefe o algún compañero de trabajo.

Señala que en dichas ocasiones ha señalado que está consciente de la deuda y que por favor no la sigan llamando y que en cuanto pueda se pondría al día, además que si eso no les satisface, que accionen por la vía judicial.

No obstante lo anterior, sostiene que es cierto que a la fecha de interposición del presente recurso debe un par de mensualidades, ello no obsta a que la empresa vulnere sus derechos, en específico el derecho a la vida e integridad física y psíquica de la persona, puesto que estos llamados telefónicos constantes en todo horario y lugar, le han hecho entrar en un estado de ansiedad y ha optado por mantener apagado su teléfono móvil.

Solicita en definitiva que acogiendo el recurso se ordene a la recurrida que cesen los llamados mencionados, tanto a su teléfono particular y al de la empresa donde trabaja y en general a cualquier otro teléfono con el objeto de efectuar la cobranza.

Por resolución de fecha 07 de junio pasado, se declara admisible el recurso Con fecha 6 de septiembre del año en curso, informa el recurso el abogado Jaime Barría Gallegos, en representación de CAR S.A., exponiendo que la recurrente Doña nombre reservado fue incluida en la nómina de deudores de su representada, razón por la cual ha sido contactada telefónicamente por parte del departamento de cobranza con el objetivo de verificar si pagaría la deuda vigente que mantiene. Es por lo anterior que se ha llamado a la recurrente en cuatro oportunidades al teléfono teléfono reservado, en las siguientes fechas y horarios: a) 30 de mayo de 2017 a las 15:13 horas, sin lograr comunicación; b) 31 de mayo de 2017 a las 08:52 horas, logrando comunicación; c) 31 de mayo de 2017 a las 14:52 horas, sin lograr comunicación; d) 1 de junio de 2017 a las 8:31 horas, sin lograr comunicación. Asimismo, se contactó a la recurrente al teléfono móvil número 9622653956 el día 30 de mayo del año 2017 a las 16:19 horas logrando comunicación.

Señala que ambos números telefónicos fueron aportados por doña nombre reservado, siendo contactada para comunicarle de forma cordial y formal que existe una deuda pendiente, consultando la forma en que se pagaría lo adeudado y ofreciendo alternativas, mismas que la recurrente estudiaría y ofrecería a su parte.

Agrega la recurrida que los llamados telefónicos no fueron reiterados y en ningún caso afectando la convivencia familiar ni la situación laboral de la recurrente, de contrario, solo se le ha contactado a ella en dos oportunidades y no ha solicitado en ningún momento que no se le llame, de contrario, manifiesta seguir en contacto para ofrecer una fórmula de solución a su deuda.

Señala que el registro de llamadas emitido por su representada es acompañado al recurso, con lo que se acredita que la conducta de la recurrida se apega a lo dispuesto en el artículo 37 letra f) inciso sexto de la Ley del Consumidor ya que los llamados fueron realizados en su totalidad en días hábiles y horarios hábiles, la norma en comento establece: “Las actuaciones de cobranza extrajudicial no podrán considerar el envío al consumidor de documentos que aparenten ser escritos judiciales; comunicaciones a terceros ajenos a la obligación en las que se dé cuenta de la morosidad; visitas o llamados telefónicos a la morada del deudor durante días y horas que no sean los que declara hábiles el artículo 59 del Código de Procedimiento Civil, y, en general, conductas que afecten la privacidad del hogar, la convivencia normal de sus miembros ni la situación laboral del deudor”. Por lo expuesto, concluye que la recurrente no tienen entidad suficiente para impetrar el amparo de garantías constitucionales, máxime cuando no constan los hechos declarados.

Adicionalmente señala que no hay ilegalidad ni arbitrariedad en los hechos descritos y de existir discrepancia en los relatos, el presente no es el medio idóneo para dirimirlo, existiendo además un procedimiento establecido por la propia Ley del Consumidor ante los Juzgados de Policía Local, para obtener el resguardo de los derechos consagrados en dicha ley, de tal modo que habiendo establecido y regulado el legislador la materia y el mecanismo de solución del conflicto, por los mecanismos de la ley de Protección al Consumidor, por lo que solicita sea rechazado el recurso.

Acompaña al recurso Registro de las llamadas emitidas por su parte a la recurrente.

Con fecha 8 de septiembre de 2017 se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

Primero: Que el recurso de protección de garantías establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, corresponde una acción de naturaleza cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de aquellos derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, a través de la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Segundo: Que, como surge de lo expuesto, es requisito indispensable de la acción de protección la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, que ha de ser contrario a la ley o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, y que provoque alguna de las situaciones que se han indicado, afectando una o más de las garantías constitucionales protegidas.

Tercero: Que, en el caso que nos ocupa, la recurrente señala vulnerada su integridad psíquica, alterada mediante llamados telefónicos constantes hechos por la empresa recurrida “CAR S. A.”, por medio de las cuales se le cobraba una deuda por su tarjeta Ripley, deuda que reconoce, pero que según su criterio no justificaría los insistentes llamados.

Cuarto: Que, a efecto de probar tales hechos, la recurrente no aportó más antecedentes que la descripción realizada en el recurso, no obstante ello la recurrida en su informe acompaña copia de un listado de llamados telefónicos que se habrían realizado a la recurrente, ello para solicitar el rechazo del recurso teniendo como principal argumento que dichas llamadas se efectuaron dentro del marco normativo contenido en el artículo 37 letra f) de la Ley Nº19.496.

Quinto: Que en el referido listado, aparecen efectuados seis llamados entre los días al 30 de mayo y 5 de junio de 2017, todos relativos al cobro de la deuda pendiente y según señala la recurrida para ver formas de pago y ofrecer alternativas al respecto, de cuya lectura se aprecia que en solamente dos de ellas logró ser contactada, los días 1 y 5 de junio.

Sexto: Que si bien en lo relativo a la morosidad y cobro de la deuda, son materias que deben ser planteadas en sede judicial respectiva y bajo el procedimiento que la ley prevé para dichos casos y las llamadas o cobro vía telefónica, en el caso de ser excesivas, constituirían el ejercicio abusivo de una facultad, estos sentenciadores estiman que para el caso en análisis, teniendo presente que el artículo 37 de la Ley N°19.496 en relación al artículo 59 del Código de Procedimiento Civil, establecen que los llamados telefónicos a través de los cuales se realiza el cobro extrajudicial de deudas impagas, no se pueden realizar “durante días y horas que no sean los que declara hábiles el artículo 59 del Código de Procedimiento Civil”; es decir, los no feriados y las que median entre las ocho y las veinte horas, surge que la conducta de la recurrida se adecuó al marco normativo recién expuesto, al realizar las cobranzas telefónicas en períodos autorizados expresamente por la ley, a lo que se agrega que, según se lee del documento acompañado por la recurrida, de las llamadas efectuadas, solamente en dos de ellas lograron contactar a la actora, con lo que se puede concluir que el actuar de la recurrida no presenta una desproporción que pudiera llevar a estimar que se está frente a un hostigamiento al cliente deudor que afecte la garantía de la indemnidad psíquica mencionada, razón por la cual el recurso será rechazado por no reunir, el hecho que funda su interposición, las exigencias copulativas del artículo 20 de la Constitución Política de la República, para que esta acción cautelar pueda ser acogida.

Y visto lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara:

Que se rechaza, sin costas el recurso de protección interpuesto por doña nombre reservado en contra del CAR.S.A Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del Ministro Titular don Jorge Pizarro Astudillo.

Rol N° 808-2017