nombre reservado con CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LA ARAUCANA

Puerto Montt, veintiséis de junio de dos mil veinte.

VISTO:

Comparece en estos autos el abogado Camilo Jara Pacheco presidente de la Defensoría Civil – Asociación de Consumidores, en representación de don nombre reservado, todos con domicilio en domicilio reservado; e interpone recurso de protección en contra de CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LA ARAUCANA, representada por don nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado; por estimar que existió una afectación de la garantía contemplada en el artículo 19 N°24 de la Constitución, a través del acto ilegal y arbitrario de no haber entregado el beneficio de asignación de educación superior a sus hijas ni la asignación por carga familiar.

Refiere que se encuentra afiliado a la Caja de Compensación de la recurrida desde el 1 de agosto de 1998 y que tiene como cargas familiares a sus hijas nombre reservado y nombre reservado. Señala que la primera es alumna de la carrera de Asistente de Párvulos en el Instituto Profesional AIEP y la segunda es alumna regular de la carrera de Derecho de la Universidad Austral de Chile, sin que ninguna de ellas realice actividades remuneradas.

Agrega que por sentencia de 14 de junio de 2011 en causa Rol C-642-2011 del Juzgado de Familia de Puerto Montt, se estableció la obligación del recurrente de pagar alimentos a sus hijas.

Refiere que desde el reconocimiento de las hijas como cargas del recurrente, ha recibido por parte de la Caja de Compensación los pagos de beneficios por cargas familiares, a saber la suma de $20.000 por cada hija que cobraban presentando su carnet de identidad y comprobante de matrícula, además de la suma de $72.468 entre los meses de abril y mayo de cada año; sin perjuicio de lo anterior, este año, ambos pagos habrían sido negados.

Señala que con fecha 20 de mayo de 2020, frente a la consulta del recurrente, la recurrida informó que el afiliado ya no tendría derecho a recibir ningún beneficio por sus hijas, ya que no vivirían a sus expensas, en los términos requeridos por el artículo 5 del DFL N°150 de 1981 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social.

Señala que la interpretación del recurrido es errónea, ya que el sentido de la frase “a expensas” utilizado por la norma en comento se refiere claramente a la obligación de alimentos que tiene el padre o la madre respecto de sus hijos de acuerdo se establece en el artículo 321 y siguientes del Código Civil. Así, teniendo la obligación de pagar alimentos, el recurrente cumpliría con todos los requisitos establecidos en los artículos 3 y 5 del DFL N°150 ya citado para recibir los beneficios por carga familiar, a saber 1) Que los hijos no tengan más de 18 años de edad, o que no tengan más de 24 en caso de que estén solteros y cursen estudios de enseñanza media, técnica o superior; 2) Que los hijos del beneficiario no disfruten de una renta, igual o superior al cincuenta por ciento del ingreso mínimo mensual; 3) En consonancia con el requisito anterior, que los hijos vivan a expensas del beneficiario.

Por tanto, al negársele el beneficio en comento, se estaría afectando el derecho de propiedad del recurrente, pues deja de percibir una cantidad de dinero a la que tiene derecho en virtud de la normativa recién citada.

Por lo anterior, solicita que se acoja el presente recurso y adopte las medidas necesarias para el restablecimiento del derecho, ordenando a la recurrida pagarle al señor nombre reservado sus beneficios por carga familiar, con costas del recurso.

Informó la abogada Yasna Vucik en representación de la recurrida Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana, solicitando que la acción sea rechazada en todas sus partes.

Señala que el recurrente efectivamente se encuentra afiliado desde el 1 de agosto de 1998, registrando a sus hijas nombre reservado y nombre reservado como causantes de asignación familiar.

Señala que conforme a la Circular N°2511 de fecha 26 de febrero de 2009 emanada de la Superintendencia de Seguridad Social por la que imparte instrucciones a las Cajas de Compensación en lo relativo al Sistema Único de Prestaciones Familiares establecido en el DFL N°150, para reconocer a los causantes de asignación familiar, entre otros requisitos, éstos deben vivir a expensas del beneficiario que los invoca como carga, lo que en el caso en comento no se produce toda vez que las hijas del recurrente aparecen bajo el cuidado personal y patria potestad de la madre, es decir, viven a expensas de ella.

Señala que la sentencia de fecha 14 de junio de 2011 acompañada por el recurrente no estuvo en su conocimiento sino hasta el presente año.

Agrega que el hecho de recibir una pensión de alimentos no implica vivir a expensas del alimentante, sino que ello significa tener el cuidado personal de las mismas. Refiere que la Real Academia Española define la palabra “expensas” como “costa, por cuenta, a cargo de alguien” lo que en este caso se cumpliría respecto de la madre de las hijas del recurrente.

Así las cosas, sostiene que han actuado de acuerdo a derecho, sin vulnerar la garantía constitucional consagrada en el artículo 19 N°24 de la Constitución.

Sin perjuicio de lo anterior, indica que en consideración de que la madre de las causantes no ha solicitado que las asignaciones familiares se paguen directamente a ella y que las hijas son mayores de edad, ha dispuesto la activación de las cargas familiares con vigencia hasta el 30 de septiembre de 2020.

Concluye indicando que en concordancia a lo establecido en la Circular N°3503 de fecha 19 de marzo de 2020 emanada de la Superintendencia de Seguridad Social, donde se establece que el pago por asignación familiar dependerá del ingresó del recurrente, quien conforme a la tabla que consta en la circular precitada, tiene una asignación de cargas familiares por el valor de $0, por lo que no existirían a la fecha, valores que devolver.

En razón de lo anterior, solicita rechazar la acción de protección incoada.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye jurídicamente una acción de carácter cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en tal disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

SEGUNDO:

Que, en el caso en comento, la controversia se centra en determinar si el requisito de vivir “a expensas” del beneficiario, según lo establece el artículo 5 del DFL N°150 de 1981 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, se cumple con el hecho de pagar de alimentos, como pretende el recurrente; o si, requiere que estén bajo el cuidado personal del beneficiario, para los efectos de hacer procedente la entrega del beneficio de asignación familiar. Así las cosas, dependiendo el sentido y alcance que se dé a la expresión ya citada, se determinará si estamos ante un acto ilegal y arbitrario de la recurrida, que justifique el presente arbitrio constitucional.

TERCERO: Que, el artículo 3 del Decreto Ley N°150 de 1981 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social establece que “Serán causantes de asignación familiar: b) Los hijos y los adoptados hasta los 18 años, y los mayores de esta edad y hasta los 24 años, solteros, que sigan cursos regulares en el enseñanza media, normal, técnica, especializada o superior, e instituciones del Estado o reconocidos por éste, en las condiciones que determine el reglamento;...”

Por su parte, el artículo 5 del mismo cuerpo normativo establece que “En el caso de las personas mencionadas en el artículo 3°, serán requisitos comunes para causar los beneficios de asignación familiar y maternal, que éstas vivan a expensas del beneficiario que las invoque y que no disfruten de una renta, cualquiera que sea su origen o procedencia, igual o superior al cincuenta por ciento del ingreso mínimo mensual a que se refiere el inciso primero del artículo 4° de la ley N° 18.806.”

CUARTO: Que, la frase “a expensas de” según el diccionario de la Real Academia Española es una locución prepositiva que significa “A costa, por cuenta, a cargo de alguien”.

Teniendo lo anterior en consideración, es dable interpretar que el artículo 5 del DFL N°150 ya citado, presenta dos opciones en las cuales se puede entender satisfecho el requisito en comento. Primero, que los hijos vivan “a costa o por cuenta” del beneficiario, entendiendo por aquello que exista una dependencia meramente económica de las cargas respecto del beneficiario. O, en segundo lugar, que los hijos vivan “a cargo” del beneficiario, entendiendo por aquello que se encuentren bajo su cuidado.

QUINTO: Que, lo que podría parecer prima facie una equivocidad de la norma, no es tal, si se considera que el beneficio en comento se entrega tanto para hijos menores de 18 años, y por tanto, que se encuentran bajo el cuidado personal -o a cargo- de determinada persona, como para mayores de 18 y menores de 24 años, que siendo adultos, no se encuentran bajo un régimen de cuidado personal, sin perjuicio de que dependan económicamente de determinada persona.

SEXTO: Que, en el caso que nos convoca, las hijas del beneficiario son nombre reservado de actuales 19 años de edad y nombre reservado de 22 años de edad, según se extrae de sendos certificados de nacimiento acompañados en la presente causa.

Así las cosas, en el caso en comento nos encontramos en la segunda hipótesis de la norma analizada, donde se requiere, para otorgar el beneficio, que las cargas del beneficiario sólo dependan económicamente de él, lo que se verifica, por cuanto se acreditó -con sentencia de 14 de junio de 2011 dictada en causa Rit N° C-642-2011 del Juzgado de Familia de Puerto Montt- que el recurrente paga alimentos mayores a sus hijas.

SÉPTIMO: Que, en definitiva, el recurrente efectivamente cumple cada uno de los requisitos establecidos en el artículo 5 del DFL N°150 precitado, por lo que corresponde que reciba los beneficios allí indicados, por lo que el actuar del recurrido devendría en ilegal.

OCTAVO: Que, en el mismo sentido, debe considerarse que según lo han señalado ambas partes, el recurrente ha recibido los beneficios que le han sido negados en el acto recurrido, desde el 1 de julio de 1998.

Para lo anterior, se incorporó por la recurrida una interpretación novedosa de la norma - que no justifica la denegación del beneficio como ya se analizó- y no un cambio en la situación de hecho que justificó la entrega del beneficio hasta el año en curso.

Así las cosas, frente a los propios actos desplegados por la recurrida, la negación del beneficio en comento requería un plus de argumentación que no se satisface con la interpretación novedosa de la norma exhibida en autos, sino con la incorporación de antecedentes que entreguen gravedad y verosimilitud al cambio de criterio. Así, al carecer de aquello, el actuar de la recurrida deviene en arbitrario, en tanto, carece de argumentos razonables para la denegación del beneficio de marras.

NOVENO: Que, verificándose en la especie un acto ilegal y arbitrario de la recurrida, que afecta un beneficio al que tiene derecho el recurrente, según se ha expuesto, se cumplen los requisitos establecidos en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, por lo que la presente acción debe acogerse.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE ACOGE sin costas, el recurso de protección presentado por el abogado Camilo Jara Pacheco en representación de don nombre reservado en contra de CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LA ARAUCANA, y en consecuencia, se ordena a la recurrida pagar al recurrente sus beneficios por carga familiar, en la forma y montos establecidos en las normas que regulan la materia.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Redacción a cargo de Ministro don Juan Patricio Rondini Fernández-Dávila.

Rol Protección 805-2020