Recurso de protección

Puerto Montt, séis de enero de dos mil veintiséis.

VISTOS:

A folio 1, comparece el Abogado CESAR GARNICA GONZALEZ, en representación de nombre reservado, quien interpone acción constitucional de protección en contra de la jueza del Juzgado de Familia de Puerto Montt Claudia Oyarzún Igor y nombre reservado, por los hechos que expone en su acción.

La parte recurrente interpone acción de protección en contra del Tribunal de Familia de Puerto Montt —en particular contra la magistrada Claudia Oyarzun Igor— y, asimismo, en contra de nombre reservado, padre del niño nombre reservado, sosteniendo que ambos habrían incurrido en actuaciones y omisiones que, en su concepto, importan una afectación actual y grave de garantías constitucionales vinculadas a la igualdad ante la ley y a la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos, en relación con la exigencia de un procedimiento racional y justo.

Refiere, como antecedente basal, que se encontraría pendiente litigio de familia relativo al cuidado personal y a la regulación del contacto regular y directo respecto del hijo menor de edad, régimen que —con carácter provisorio y en sentencia definitiva que señala actualmente apelada— habría sido establecido en la causa Rol C-117-2023 del Tribunal de Familia de Puerto Montt, otorgándose el cuidado personal al padre y fijándose, en favor de la madre, un contacto regular consistente en los tres primeros fines de semana de cada mes, desde el viernes al domingo, con entrega el día viernes a las 13:00 horas en el establecimiento educacional indicado y restitución el domingo en el domicilio del padre.

A partir de dicha regulación, afirma que durante el mes de junio de 2025, específicamente en los fines de semana correspondientes a los días 6 a 8, 13 a 15 y 20 a 22, el recurrido nombre reservado habría incumplido la obligación de entrega del niño para materializar el contacto regular, sin justificar ni explicar su conducta, configurándose —en la perspectiva de la recurrente— una privación fáctica del vínculo materno-filial y una forma de autotutela.

Sostiene, además, que el incumplimiento descrito se vería facilitado por una situación procesal que califica de “vacío” o de ausencia de tutela jurisdiccional eficaz, originada en declaraciones de incompetencia por territorio emanadas de tribunales de familia (Puerto Montt y Puerto Varas), lo que, según afirma, habría impedido que se tramitara y resolviera oportunamente lo pedido por la recurrente en sede de cumplimiento, incluyendo presentaciones destinadas a denunciar incumplimientos y solicitar apercibimientos en la causa que identifica como Rol Z-715- 2025. Bajo ese supuesto, argumenta que el recurrido nombre reservado aprovecharía la inexistencia de un órgano que lo conmine a obedecer el régimen fijado, prolongando el apartamiento del niño respecto de su madre.

En esa misma línea, atribuye a la judicatura recurrida una omisión constitucionalmente relevante: aun cuando pudiera estimar su incompetencia territorial para continuar con actuaciones de cumplimiento, afirma que, en atención a la naturaleza del conflicto y a la presencia de un niño involucrado, el tribunal habría debido actuar de oficio, adoptando medidas urgentes y necesarias para otorgar protección, conforme al principio de actuación oficiosa y celeridad que invoca desde la Ley N°19.968, especialmente respecto de medidas de protección de niños, niñas y adolescentes y de víctimas de violencia intrafamiliar.

Alega que la falta de un pronunciamiento efectivo sobre los requerimientos formulados, y la ausencia de medidas tendientes a reconducir el cumplimiento del régimen, importarían un trato desigual y una afectación de la tutela judicial efectiva, en cuanto priva a la recurrente de una decisión jurisdiccional frente a peticiones que califica como graves y urgentes.

Como elementos de contexto fáctico, la recurrente señala que el niño presentaría diagnóstico de Trastorno del Espectro Autista y contaría con acreditación de discapacidad, agregando que ella detentaría la condición de cuidadora.

Asimismo, expone un episodio de violencia intrafamiliar de alta complejidad ocurrido el 18 de mayo de 2025, que habría sido presenciado directamente por el niño, invocando antecedentes institucionales que lo reconocerían como víctima directa y que recomendarían intervención reparatoria, y afirma que, pese a ello, el niño habría sido retornado al cuidado del padre, permaneciendo separado de su madre y de su entorno materno, lo que, en su planteamiento, incrementaría el riesgo y la urgencia de adoptar medidas protectoras.

Sobre la base de lo anterior, solicita que la Corte disponga medidas para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de las garantías invocadas: por una parte, ordenando el cese del incumplimiento del régimen de contacto regular por el padre, con la entrega del niño en los términos fijados en la causa de familia, y, por otra, ordenando al tribunal recurrido proveer y dar tramitación a las solicitudes relacionadas con los incumplimientos denunciados, dentro de un plazo perentorio.

A folio 4, se tiene por interpuesto el recurso de protección y se pide informe a las recurridas.

A folio 5, se decreta Orden de No Innovar en el siguiente sentido: “(…) las solicitudes e incidentes relativos al régimen de elación directa y regular entre el niño nombre reservado y su madre nombre reservado, fijado por la sentencia de la causa RIT C-117-2023 del Juzgado de Familia de Puerto Montt, deberán ser resueltas por dicho tribunal mientras no se dirima la contienda de competencia”.

A folio 8, consta informe evacuado por la parte recurrida —Juzgado de Familia de Puerto Montt— dando cuenta de las actuaciones procesales relevantes verificadas en la causa de familia RIT Z-715-2025 (procedimiento de cumplimiento), precisando que con fecha 11 de junio de 2025 dicho tribunal dictó resolución sobre una solicitud de remisión por incompetencia.

En particular, señala que la parte demandante, nombre reservado, por intermedio de su abogado, requirió el 2 de mayo de 2025 que los antecedentes fueran remitidos al Juzgado de Familia de Puerto Varas, sustentando su petición en que el domicilio del niño se encontraría en esa comuna.

A continuación, expone que el 6 de mayo de 2025 se confirió traslado de dicha solicitud a la parte demandada, don nombre reservado, a fin de que hiciera valer lo que estimare pertinente a sus derechos, el cual fue evacuado el 10 de junio de 2025 —aunque fuera del plazo otorgado— oponiéndose a la incompetencia y sosteniendo, en lo esencial, que el conocimiento del cumplimiento de la sentencia definitiva pronunciada en la causa C-117-2023 (que daría origen al procedimiento de cumplimiento) correspondería al Juzgado de Familia de Puerto Montt, invocando la noción de juez natural y añadiendo que el propio abogado de la demandante habría reconocido de manera expresa la competencia de dicho tribunal mediante una presentación extensa.

No obstante la oposición reseñada, la recurrida precisa que, revisados los antecedentes, se constató como hecho relevante para la determinación de competencia que el niño nombre reservadose encontraría domiciliado junto al demandado en DIRECCION000; y que, tratándose de materias vinculadas a la relación directa y regular, el criterio territorial a considerar sería el domicilio del demandado. Sobre esta base, refiere que el tribunal estimó procedente acceder a lo pedido por la parte demandante y, atendido el mérito de los antecedentes y lo dispuesto en el artículo 134 del Código Orgánico de Tribunales, se declaró incompetente para continuar conociendo del asunto, ordenando la remisión de los antecedentes al Juzgado de Familia de Puerto Varas.

Agrega que se dejó expresa constancia de que, si dicha remisión no fuese aceptada, se entendería trabada contienda de competencia, debiendo elevarse los antecedentes a la Ilustrísima Corte de Apelaciones respectiva para su decisión.

Finalmente, la parte recurrida informa que, efectivamente, el Juzgado de Familia de Puerto Varas rechazó la competencia, con lo cual se habría trabado la contienda ante la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, la que decretó orden de no innovar.

En razón de ello, indica que correspondería al Juzgado de Familia de Puerto Montt resolver las peticiones vinculadas al incumplimiento de la relación directa y regular referida al niño, acompañándose, además, el ebook de la causa, concluyendo que lo expuesto constituye cuanto puede informar.

A folio 19, consta informe evacuado por la parte recurrida —nombre reservado—, quien solicita el rechazo del recurso de protección, alegando, en primer término, vicios de carácter procesal y de congruencia constitucional. Señala que, si bien la recurrente identifica como garantías supuestamente vulneradas la igualdad ante la ley y la igual protección de la ley en el marco de un procedimiento racional y justo, no explicita de qué manera el recurrido —un particular— habría atentado contra tales derechos, ni establece un nexo claro entre los hechos descritos y la lesión constitucional invocada.

Añade que la propia recurrente, en el procedimiento de cumplimiento tramitado ante el Juzgado de Familia de Puerto Montt (RIT Z-715-2025), fue quien promovió el incidente de incompetencia, circunstancia que, a juicio de la informante, torna contradictorio que luego se reproche como vulneración una resolución que accede precisamente a lo pedido por aquella; en contraste, sostiene que el recurrido se opuso al incidente, solicitando mantener la competencia para evitar dilaciones y dar curso expedito a la discusión.

En cuanto al fondo, la recurrida controvierte los supuestos incumplimientos arbitrarios del régimen comunicacional atribuidos al recurrido durante los primeros fines de semana de junio de 2025, indicando que la narración de la recurrente sería parcial y omitiría el contexto fáctico y terapéutico relevante.

Expone que el cuidado personal del niño se encuentra radicado en el padre por sentencia de 1 de abril de 2025, y de modo provisorio desde el 3 de junio de 2024 (causa RIT C-117-2023), y que, a lo largo del conflicto, la madre y la abuela materna habrían desplegado conductas destinadas a entorpecer el contacto paterno-filial, incluyendo incumplimientos reiterados y estrategias que habrían afectado rutinas y escolaridad del niño.

Refiere, además, un aumento de denuncias y acciones diversas tras la sentencia, incluyendo una denuncia penal asociada a hechos ocurridos el 18 de mayo, y sostiene que, en ese marco, la madre habría incumplido órdenes judiciales de entrega inmediata, manteniendo al niño oculto por varios días, lo que habría requerido diligencias policiales para su restitución, describiendo un episodio de entrega con elevado estrés para el menor.

Añade que, atendidas dichas circunstancias, existiría recomendación profesional de la psicóloga tratante para postergar temporalmente ciertas visitas a fin de resguardar la estabilidad emocional del niño, indicando asimismo que el régimen se habría reanudado y que el padre habría procurado su cumplimiento, incluso promoviendo acciones de entrega inmediata por incumplimientos posteriores de la progenitora.

Concluye solicitando se rechace el recurso por improcedente, con condena en costas, y, atendida la naturaleza sensible de los antecedentes vinculados a un niño, pide que la causa se mantenga reservada, además de hacerse parte y acompañar personería.

A folio 22, se traen los autos en relación.

Encontrándose en estado, se agregó extraordinariamente a la tabla el presente recurso.

CON LO RELACIONADO, OÍDO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: El recurso de protección de garantías constitucionales, previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye un mecanismo procesal constitucional de carácter excepcional y cautelar, diseñado para asegurar la protección eficaz y expedita de los derechos fundamentales allí consagrados. Su propósito es resguardar contra acciones u omisiones arbitrarias o ilegales que implican una privación, perturbación o amenaza de estos derechos y garantías. En este sentido, cuando esta Corte conozca de un recurso de protección, asumirá una responsabilidad constitucional de actuar con premura y decisión para instaurar las medidas que juzgue necesarias.

Así, la presente acción constitucional, al tener un carácter cautelar, urgente y no declarativo, no permite emitir un fallo que resuelva de manera integral todas las cuestiones relacionadas con la existencia y validez de los recursos derechos en juego, ni otras materias que requieran de un análisis más extenso y profundo. Para ello, el ordenamiento jurídico chileno contempla otras vías judiciales y administrativas específicamente destinadas a su análisis y resolución.

SEGUNDO: Que resulta crucial enfatizar la naturaleza cautelar, urgente y no declarativa de esta acción, lo que implica que el ámbito de competencia de esta Corte es excepcional y debe interpretarse de manera restrictiva. Así, la intervención de estos sentenciadores se justifica únicamente en casos que demanden imperativamente la adopción de protectoras respecto al derecho medidas cuya vulneración se alega. Es imprescindible que el derecho en cuestión sea indubitable y no se base en meras expectativas o autoatribuciones de prerrogativas no reconocidas legalmente. Además, los actos u omisiones impugnados deben ser claramente ilegales o arbitrarios.

En este contexto, se debe recordar que la naturaleza cautelar y de urgencia de este recurso justifica tanto su tramitación relativamente desformalizada como su carácter no declarativo de derechos. Estos aspectos son fundamentales para entender la celeridad en su interposición y la flexibilidad en sus formas de presentación, permitiendo incluso su promoción por terceros sin necesidad de acreditar un título habilitante.

TERCERO: Que la parte recurrente sostiene la existencia de actuaciones y omisiones que, a su juicio, vulnerarían garantías asociadas a la igualdad ante la ley y a la igual protección en el ejercicio de los derechos, en relación con la exigencia de un procedimiento racional y justo. Refiere que, en el marco de la causa Rol C-117-2023 del Tribunal de Familia de Puerto Montt, se habría otorgado el cuidado personal al padre y regulado, a favor de la madre, un contacto regular consistente en los tres primeros fines de semana de cada mes (viernes a domingo), con entrega el viernes a las 13:00 horas en el establecimiento educacional indicado y restitución el domingo en el domicilio del padre. Afirma que en junio de 2025 (fines de semana 6 a 8, 13 a 15 y 20 a 22) el recurrido habría incumplido la entrega del niño, privando materialmente el vínculo materno-filial.

Sostiene que lo anterior se vería facilitado por un déficit de tutela jurisdiccional, derivado de declaraciones de incompetencia territorial entre tribunales de familia (Puerto Montt y Puerto Varas), lo que habría impedido proveer y resolver oportunamente presentaciones de cumplimiento y apercibimientos en la causa Rol Z-715-2025. En ese contexto, atribuye a la judicatura recurrida una omisión constitucionalmente relevante, al no adoptar medidas urgentes ni actuar de oficio, pese a tratarse de un conflicto que involucra a un niño. Como antecedentes de contexto, señala que el niño tendría diagnóstico de Trastorno del Espectro Autista, acreditación de discapacidad y que la actora sería cuidadora; además, invoca un episodio de violencia intrafamiliar ocurrido el 18 de mayo de 2025, presenciado por el niño, y la necesidad de medidas protectoras.

CUARTO: Que la Jueza recurrida, da cuenta de las actuaciones relevantes verificadas en la causa de familia RIT Z-715-2025 (cumplimiento).

Expone que, mediante resolución de 11 de junio de 2025, el tribunal se pronunció sobre la solicitud de remisión por incompetencia promovida por la demandante, doña nombre reservado, quien el 2 de mayo de 2025 pidió remitir los antecedentes al Juzgado de Familia de Puerto Varas, fundándolo en que el domicilio del niño se situaría en dicha comuna. Indica que el 6 de mayo de 2025 se confirió traslado a la parte demandada, don nombre reservado, para que ejerciera sus defensas, el que fue evacuado el 10 de junio de 2025, oponiéndose a la incompetencia y sosteniendo, en síntesis, que el conocimiento del cumplimiento de la sentencia dictada en la causa C-117-2023 correspondería al Juzgado de Familia de Puerto Montt, invocando la idea de juez natural y alegando que la contraparte habría reconocido la competencia de ese tribunal.

La recurrida añade que, revisados los antecedentes, se tuvo por relevante para la determinación de la competencia territorial que el niño nombre reservado se encontraría domiciliado junto al demandado en DIRECCION000; y que, en materias vinculadas a relación directa y regular, se consideró como criterio el domicilio del demandado.

En tal contexto, señala que el tribunal accedió a la remisión solicitada y, conforme al mérito del proceso y a lo dispuesto en el artículo 134 del Código Orgánico de Tribunales, se declaró incompetente y ordenó remitir los antecedentes al Juzgado de Familia de Puerto Varas, dejando constancia de que, si dicha remisión no era aceptada, se entendería trabada contienda de competencia y se elevarían los antecedentes a la Ilustrísima Corte competente.

Finalmente, informa que el Juzgado de Familia de Puerto Varas rechazó la competencia, con lo cual se trabó contienda ante la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, decretándose orden de no innovar; y que, en razón de ello, correspondería al Juzgado de Familia de Puerto Montt resolver las peticiones vinculadas al incumplimiento de la relación directa y regular.

QUINTO: Que la parte recurrida —nombre reservado— solicita el rechazo del recurso de protección, invocando, en lo formal, reparos de procedencia y congruencia constitucional.

Afirma que, aunque la recurrente alude a la igualdad ante la ley y a la igual protección en un procedimiento racional y justo, no precisa de qué modo el recurrido —particular— habría vulnerado tales garantías, ni construye un nexo suficiente entre los hechos relatados y la lesión constitucional denunciada.

Añade que la propia recurrente, en el procedimiento de cumplimiento seguido ante el Juzgado de Familia de Puerto Montt (RIT Z-715-2025), promovió el incidente de incompetencia, por lo que resultaría contradictorio reprochar luego la decisión que acoge aquello mismo; destaca, además, que el recurrido se opuso al incidente, solicitando mantener la competencia para evitar dilaciones.

En cuanto al fondo, controvierte que existan incumplimientos arbitrarios del régimen comunicacional durante los primeros fines de semana de junio de 2025, sosteniendo que la exposición de la recurrente sería parcial y omitiría antecedentes relevantes. Indica que el cuidado personal del niño fue atribuido al padre por sentencia de 1 de abril de 2025 y, provisoriamente, desde el 3 de junio de 2024 (RIT C-117-2023), y refiere que la madre y la abuela materna habrían obstaculizado el vínculo paterno-filial.

Señala, asimismo, la existencia de denuncias posteriores a la sentencia, y sostiene que la madre habría incumplido órdenes de entrega inmediata, manteniendo al niño oculto por días, lo que requirió diligencias para su restitución.

Agrega que existiría recomendación profesional de postergar temporalmente visitas para resguardar la estabilidad emocional del niño, y concluye pidiendo el rechazo del recurso, con costas.

SEXTO: Que, de la lectura del libelo recursivo y de los antecedentes acompañados, aparece que la parte recurrente pretende obtener, por esta vía constitucional, un conjunto de pronunciamientos y órdenes que, en lo medular, se conectan con (i) el cumplimiento y ejecución del régimen de relación directa y regular fijado en una sentencia dictada por el tribunal de familia competente en la causa identificada como C-117-2023 del Juzgado de Familia de Puerto Montt; (ii) la corrección de supuestas omisiones o decisiones adoptadas en sede de familia en el marco de incidentes y solicitudes posteriores relativos a ese régimen; (iii) la definición práctica de cuál órgano jurisdiccional debe conocer y resolver tales solicitudes mientras se ventila una contienda de competencia; y (iv) la adopción de medidas inmediatas respecto de conductas atribuidas a una de las recurridas, vinculadas al modo en que se habría materializado la entrega o el contacto del niño.

Lo anterior revela que la controversia no se reduce a la constatación simple e indubitada de un acto ilegal o arbitrario, sino que se inserta en una dinámica propia de litigación de familia, donde confluyen: el estatuto del cumplimiento de sentencias y acuerdos; la ponderación del interés superior del niño; la eventual existencia de circunstancias sobrevinientes que harían aconsejable modular o supervisar el régimen; y, especialmente, la tramitación de una contienda de competencia que ha sido formalmente promovida y cuya resolución corresponde a los órganos llamados por la ley.

En ese contexto, el recurso pretende desplazar hacia la sede de protección una discusión que exige determinaciones de mérito, valoración de antecedentes técnicos y probatorios, y el uso de potestades específicas de la judicatura de familia. Tal desplazamiento resulta incompatible con la estructura y finalidad del artículo 20 constitucional.

Por otra parte, y en lo estrictamente procesal, el propio expediente da cuenta de que esta Corte ya ha dictado una orden de no innovar, disponiendo que, mientras no se dirima la contienda de competencia, las solicitudes e incidentes relativos al régimen de relación directa y regular del niño con su madre, fijado por la sentencia recaída en la causa C-117-2023 del Juzgado de Familia de Puerto Montt, deben ser resueltos por dicho tribunal.

Esta decisión cautelar, que delimita provisoriamente el cauce jurisdiccional para la tramitación de los incidentes, evidencia que existe una vía institucional vigente para encauzar la pretensión, y que el objeto del recurso se encuentra, en lo sustancial, sometido al imperio del derecho ante el juez natural mientras se resuelve la contienda.

SÉPTIMO: Que, en cuanto se dirige el recurso contra una jueza de familia, imputándole ilegalidad o arbitrariedad por resoluciones y omisiones vinculadas a incidentes posteriores, debe recordarse que los actos jurisdiccionales dictados dentro de un proceso y en el ejercicio de facultades legales se presumen legítimos, se encuentran sujetos a control por los recursos procesales previstos por el legislador y, por regla general, no son revisables por la acción de protección.

En este sentido cabe sostener que cuando la materia debatida se encuentra planteada en el marco de un proceso judicial, queda bajo el imperio del derecho, pues la jurisdicción entrega, en el mismo procedimiento, las herramientas legales y recursos ordinarios o extraordinarios para controvertir lo resuelto, lo que torna improcedente pretender su modificación por la vía excepcional del artículo 20 constitucional.

En el caso examinado, el informe evacuado por la magistratura recurrida expone, con apoyo en el expediente de familia, que las decisiones cuestionadas se adoptaron en el marco de una discusión de competencia promovida por la propia parte recurrente y tramitada conforme a las reglas del Código Orgánico de Tribunales relativas a incompetencia y contiendas.

En particular, la declaración de incompetencia y la remisión de antecedentes para la tramitación de la contienda no constituyen, por sí, un actuar caprichoso, sino el ejercicio de un deber procesal que deriva del principio de juez natural y de la necesidad de prevenir decisiones contradictorias entre tribunales. En consecuencia, no se divisa cómo podría imputarse ilegalidad a una decisión que, lejos de ser anómala, obedece a un cauce procesal previsto por el ordenamiento.

Si lo que se reprocha es una supuesta falta de decisión de fondo sobre incidentes de cumplimiento del régimen mientras se debatía la competencia, ello tampoco configura, en estos antecedentes, una omisión arbitraria. Antes bien, la paralización o suspensión de actuaciones sustantivas es inherente al tratamiento de la competencia cuando existe un conflicto pendiente de ser dirimido.

Y, además, la orden de no innovar dictada por esta Corte fijó expresamente el tribunal que debe conocer y resolver los incidentes relativos al régimen mientras subsista la contienda. Por lo mismo, no hay lesión constitucional imputable a la jueza recurrida, sino el funcionamiento ordinario de mecanismos procesales que buscan resguardar la regularidad del procedimiento y el debido proceso.

OCTAVO: Que, en cuanto el recurso se orienta a censurar conductas atribuidas a la otra parte recurrida, vinculadas a la forma en que se habría materializado o frustrado el régimen de relación directa y regular, el examen de los antecedentes demuestra que no existe un cuadro fáctico pacífico, indubitado y susceptible de ser resuelto en una sede cautelar sumarísima.

La propia presentación recursiva describe episodios de entrega, horarios, comunicaciones, razones de suspensión y tensiones entre los progenitores, lo que de suyo plantea una controversia de hechos que exige esclarecimiento probatorio. A ello se suma lo informado por la parte recurrida, quien controvierte la versión de la recurrente, invoca antecedentes relativos al bienestar del niño, menciona dificultades prácticas en la ejecución del régimen y atribuye a la contraparte comportamientos previos que habrían afectado la estabilidad del vínculo.

En este tipo de conflictos, donde se entrecruzan afirmaciones contrapuestas y donde, además, el interés superior del niño debe ser evaluado con soporte técnico, resulta impropio que la judicatura constitucional adopte medidas que equivalgan, en los hechos, a ejecutar coactivamente un régimen de familia o a reconfigurarlo, sin las garantías propias de un procedimiento de conocimiento y sin la intervención de los equipos especializados que la ley contempla.

En otras palabras, la decisión que aquí se pretende no es meramente cautelar, sino que incide en el mérito mismo del modo de cumplimiento, en la apreciación de eventuales riesgos y en la determinación de ajustes razonables que pudieran requerirse por circunstancias particulares del niño.

Por lo demás, incluso si se aceptara que existe un incumplimiento, el ordenamiento jurídico ha previsto un estatuto específico para su conocimiento, discusión y corrección ante el tribunal de familia competente, mediante los incidentes y apremios que la ley regula, los que permiten oír a las partes, requerir informes técnicos, escuchar al niño conforme a su edad y madurez, y adoptar decisiones graduadas y proporcionales.

Por consiguiente, no se configura aquí el presupuesto de subsidiariedad que permitiría habilitar, de modo excepcional, el recurso de protección frente a una controversia típicamente familiar.

NOVENO: Que, una razón decisiva para el rechazo del recurso radica en que la pretensión de la recurrente cuenta con mecanismos jurisdiccionales específicos, idóneos y actualmente disponibles, en el procedimiento de familia, tanto para exigir el cumplimiento del régimen de relación directa y regular como para obtener medidas urgentes en resguardo del niño.

En efecto, la Ley número 19.968, que crea los Tribunales de Familia, establece un procedimiento flexible y concentrado, con facultades amplias del juez para decretar medidas cautelares, adoptar providencias de urgencia, requerir la intervención del consejo técnico, y disponer apremios u órdenes directas para asegurar el cumplimiento de lo resuelto.

Asimismo, el Código Civil reconoce el derecho y deber de los progenitores y del niño a mantener una relación directa y regular, y la legislación especial contempla instrumentos para perseguir el cumplimiento y sancionar incumplimientos, sin perjuicio de la eventual adecuación del régimen si el interés superior del niño así lo aconseja.

La existencia de esa arquitectura normativa no es meramente formal: está diseñada para resolver, precisamente, conflictos como el que aquí se plantea. Permite realizar audiencias, recibir prueba, ponderar informes psicosociales, escuchar al niño, y adoptar medidas específicas que no sólo restablecen el imperio del derecho, sino que lo hacen de un modo compatible con la complejidad de las relaciones familiares y con la protección integral de la niñez.

Por lo mismo, el uso del recurso de protección para forzar una decisión o ejecución inmediata implica desconocer el principio de especialidad y el mandato de juez natural, sustituyendo indebidamente al tribunal competente.

En este sentido cabe recordar que el recurso de protección no es la vía idónea para sustituir procedimientos de conocimiento ya previstos, ni para declarar derechos controvertidos, ni para resolver contiendas fácticas; y que, cuando el asunto se encuentra sometido al imperio del derecho ante el juez competente, la acción constitucional deviene improcedente o inoficiosa.

Tales criterios son especialmente exigibles en materia de familia, donde la tutela judicial efectiva se satisface, en primer término, a través de los procedimientos especializados y sus remedios propios. En consecuencia, la recurrente no queda desprovista de tutela: por el contrario, el ordenamiento le ofrece un cauce idóneo, que debe ser utilizado y agotado.

DÉCIMO: Que, sin perjuicio de lo ya razonado, resulta indispensable enfatizar que la materia subyacente al recurso concierne a un niño, por lo que rige con especial intensidad el principio del interés superior del niño, la autonomía progresiva y el derecho a ser oído, conforme a la Convención sobre los Derechos del Niño y a la Ley número 21.430 sobre Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia.

Dicho marco impone que toda decisión que afecte el régimen de relación directa y regular, su forma de cumplimiento o la adopción de medidas urgentes, se funde en antecedentes suficientes, técnicos y actualizados, que permitan evaluar riesgos, necesidades y condiciones de desarrollo del niño, evitando soluciones meramente formales que, por su velocidad, puedan comprometer su bienestar.

La recurrente invoca elementos de especial sensibilidad, como eventuales necesidades particulares del niño asociadas a condiciones del neurodesarrollo y la importancia de rutinas y contextos adecuados. Tales aspectos, por su naturaleza, no pueden ser apreciados adecuadamente en el estrecho marco del recurso de protección, que carece de fase probatoria robusta y cuya estructura se orienta a la urgencia, no al diseño de planes de relacionamiento, supervisión o acompañamiento.

Por el contrario, el tribunal de familia dispone de consejo técnico, puede decretar peritajes, pedir informes a programas especializados, ordenar intervenciones de apoyo, y establecer modalidades progresivas o supervisadas cuando ello sea necesario. Esa es la sede llamada por la ley para armonizar, en concreto, el derecho a mantener vínculos familiares con la protección integral del niño.

Por tanto, incluso desde una perspectiva sustantiva de protección de derechos fundamentales, lo prudente y jurídicamente correcto no es ampliar el radio del artículo 20 constitucional para resolver lo que corresponde a la justicia de familia, sino asegurar que el conflicto se tramite y resuelva allí con prontitud y eficacia. En consecuencia, lejos de existir una vulneración de garantías que justifique la intervención constitucional, lo que corresponde es mantener la competencia funcional provisional ya fijada y preservar la integridad del procedimiento especializado hasta que se dirima la contienda de competencia.

DÉCIMO PRIMERO: Que, en el contexto de esta causa, la existencia de una contienda de competencia no constituye un elemento accesorio, sino el presupuesto que determina el estado actual de las actuaciones e incidentes vinculados al cumplimiento del régimen de relación directa y regular ya fijado por sentencia. En efecto, los antecedentes dan cuenta de decisiones jurisdiccionales adoptadas en sede de familia que, al plantearse y tramitarse la incompetencia conforme a las reglas pertinentes del Código Orgánico de Tribunales, han conducido a la elevación de antecedentes para que la autoridad jurisdiccional llamada por la ley, esta Corte, dirima el conflicto.

En tal escenario, debe distinguirse entre: por una parte, el derecho sustantivo del niño y de su madre a mantener una relación directa y regular, que emana de una sentencia vigente; y, por otra, el órgano jurisdiccional habilitado para conocer, mientras la contienda no se resuelva, de las incidencias de ejecución, cumplimiento, apremios y demás solicitudes accesorias que se promuevan en torno a dicho régimen.

Precisamente para evitar vacíos de tutela, duplicidad de decisiones o interferencias institucionales, esta Corte decretó una orden de no innovar, disponiendo un encauzamiento provisorio y obligatorio de la competencia funcional: mientras no se dirima la contienda de competencia, las solicitudes e incidentes relativos al régimen de relación directa y regular entre el niño nombre reservado y su madre nombre reservado, fijado por la sentencia dictada en la causa Rit C-117-2023 del Juzgado de Familia de Puerto Montt, deberán ser conocidos y resueltos por dicho tribunal.

Por consiguiente, sin perjuicio del rechazo del recurso de protección, resulta necesario advertir expresamente que la vía institucional idónea para plantear y resolver las alegaciones de incumplimiento, las solicitudes de cumplimiento forzado, los apremios y, en general, todo incidente relativo al modo de ejecución del régimen de relación directa y regular, es la sede del Juzgado de Familia de Puerto Montt, en tanto no se encuentre dirimida la contienda de competencia.

De este modo, el arbitrio constitucional no puede utilizarse para anticipar la decisión de la contienda ni para sustituir, por esta vía excepcional, las potestades correctivas y de supervisión propias del juez especializado, a quien corresponde ponderar los antecedentes del caso, adoptar medidas proporcionales y resguardar el interés superior del niño conforme al marco legal aplicable.

Por estas consideraciones y atendido lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y artículo 1º y siguientes del Acta Nº94-2015, de la Excelentísima Corte Suprema, sobre tramitación y fallo del recurso de protección y sus modificaciones posteriores, se resuelve:

I.- Que SE RECHAZA, sin costas de la instancia, la acción constitucional de protección interpuesta a folio 1 por el Abogado CESAR GARNICA GONZALEZ, en favor de nombre reservado, en contra de: la jueza del Juzgado de Familia de Puerto Montt Claudia Oyarzún Igor y nombre reservado.

II.- Que se deja sin efecto la Orden de No Innovar decretada a folio 5.

Redacción a cargo del Abogado Integrante don Darío Parra Sepúlveda.

No firma el Ministro don Juan Patricio Rondini Fernández-Dávila, quien concurrió a la vista y acuerdo por encontrarse con feriado legal.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Rol Protección N°802-2025.