nombre reservado con AGRÍCOLA LA PLAZA SPA

Puerto Montt, catorce de agosto de dos mil veintitrés.

Vistos:

A folio 1, comparece Andrés Sebastián nombre reservado nombre reservado, en favor de nombre reservado, e interpone acción de protección en contra de nombre reservado y de la Sociedad Agrícola La Plaza SpA, representada legalmente por nombre reservado, en base a los hechos que expone en su presentación. Alega como garantías vulneradas las del artículo 19 N° 3, inciso quinto y la del artículo 19 N° 24 de la Constitución Política.

Refiere que el recurrente es dueño de las mejoras, caminos y otras construcciones efectuadas en un inmueble de aproximadamente 199 hectáreas de superficie, asociado al Rol del Servicio de Impuestos Internos Nº 2200-87 de la comuna de Puerto Montt, parte del llamado Fundo Bellavista, inmueble a mayor cabida inscrito a fojas 426, Nº 701 del registro de propiedad del año 1948 del Conservador de Bienes Raíces de Puerto Montt, cuyos deslindes especiales son: Norte, Río Chepa; Sur, Río Traiguén; Este, nombre reservado y Oeste, Sociedad Agrícola Calbuco. Los derechos adquiridos lo son por compra a su antecesor, nombre reservado celebrada por escritura pública con fecha 15 de septiembre de 2017, quien, en conjunto a su padre nombre reservado, ejercieron por más de 25 años actos positivos en dicho inmueble.

Señala que el ejercicio de dichos derechos fue reconocido por la sociedad antecesora a la recurrida Agrícola La Plaza SpA, esto es, la sociedad Agrícola, Ganadera y Forestal nombre reservado y Vives Ltda., la cual, en el año 1992, autorizó a nombre reservado para mejorar el camino de acceso a su propiedad por el interior del Fundo Polincay, autorización que fue firmada por su representante legal, don nombre reservado, hermano del representante legal de la sociedad recurrida y tío del recurrido nombre reservado.

Afirma que el actor ha ejercido derechos por más de cinco años en el inmueble señalado, manteniendo caminos, invernaderos, sistemas de luz eléctrica con panel fotovoltaico, agua potable y otras construcciones, y que éste se ubica a seis kilómetros de la ruta a Correntoso-Lago Chapo, manteniendo como único camino de acceso el trazado que pasa por el inmueble de nombre reservado y el inmueble de los recurridos.

Sostiene que, desde la compra de los derechos efectuada por la recurrente en el año 2017, el acceso hasta su inmueble se realizó de manera libre y sin problemas a través del camino histórico autorizado por nombre reservado en el año 1992, pues no existían cercos o portones que lo impidieron, dada la ubicación precordillerana que tiene. Luego, y por razones de seguridad, el recurrente, en conversación sostenida con los recurridos, decidió ejecutar la construcción e instalación de un portón de acceso con candado, el cual beneficia también a estos últimos.

Continúa su relato mencionando que luego, con fecha 21 de abril de 2021, toma contacto el recurrido nombre reservado, le indica que representaba a los dueños del predio de la Sociedad recurrida Agrícola La Plaza SpA, y solicita una reunión para ver los deslindes de los inmuebles, y se acuerda en dicha oportunidad la realización de un ordenamiento perimetral para modificar, reparar y concordar los cercos existentes y puntos de líneas divisorias. Señala que la recurrida informó el cambio del candado del portón, manteniendo la recurrente el tránsito por el camino de acceso indicado, y cumpliendo con las labores de mantención del mismo, por lo que se constituyó de ese modo en una servidumbre de tránsito convenida y autorizada por aquella.

Afirma que a partir del 12 de mayo de 2023, la recurrida comenzó a exigir la individualización completa de todos aquellos que transiten por el lugar, sin contar con autorización para ello, e impidió, además, el acceso por el camino por más de un día, autorizando a su criterio los días, horarios y número de personas que transiten por el mismo, lo que ha implicado que la recurrente ingrese con limitaciones, en días y horarios que la recurrida permite, restringiendo injustificadamente el derecho que le asiste, alterando el status quo existente entre las partes.

Alega como garantías vulneradas las del artículo 19 N° 3, inciso 5° de la Constitución Política, dado que en la práctica –afirma- la recurrida se ha arrogado verdaderas facultades de una comisión especial, al haber resuelto de manera arbitraria e ilegal, a sabiendas del derecho al acceso que mantenía la recurrente, restringirlo en días, horarios y personas. A su vez, alega la vulneración del derecho de propiedad del artículo 19 N° 24 de la Constitución, relativo al acceso convencionalmente constituido.

Solicita en definitiva que se acoja la acción de protección y se ordene a los recurridos el cese de los actos ilegales o arbitrarios indicados, manteniendo la situación preexistente a la denunciada, u ordenado no impedir la libre utilización del camino de servidumbre en los términos descritos.

Acompaña a su presentación los siguientes antecedentes: 1.- Copia de inscripción de dominio de fojas 426, Nº 701 del registro de propiedad del año 1948 de Conservador de Bienes Raíces de Puerto Montt; 2.- Copia de contrato de compraventa celebrada por el recurrente con don nombre reservado de 15 de septiembre de 2017; 3.- Copia de planos de plan de manejo a nombre del antecesor, don nombre reservado; 4.- Copia de autorización simple del año 1992 otorgada a favor del Sr. nombre reservado por la sociedad antecesora Agro nombre reservado y Vives Ltda; 5.- Copia de resolución Nº 886 de fecha 21 de marzo de 1997 de CONAF, que autoriza concesión de explotación de bosques a nombre de don nombre reservado; 6.- Copia de contrato cesión de derechos de fecha 22 de enero de 2013 celebrado entre don nombre reservado y don nombre reservado; 7.- Contrato de prestación de servicios de fecha 06 de noviembre de 2017 sobre trabajos de mejoramiento en el camino de acceso; y 8.- Set de 7 fotos de mejoras y camino de acceso.

A folio 2, se declaró admisible y se tuvo por interpuesto el presente recurso.

A folio 27, consta informe evacuado por Juan nombre reservado Chacón Figueroa, abogado, por la recurrida Agrícola La Plaza SpA y nombre reservado, solicitando el rechazo de la presente acción.

Señala que Agrícola La Plaza SpA es propietaria única y exclusiva de un predio denominado “Reserva Cora número dos, del proyecto de parcelación del Fundo Polincay” inscrito a su nombre a fojas 5804v Nº 7957 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Puerto Montt del año 2022, siendo sus deslindes: NORTE: con Río Chepa; SUR: con parcelas tres, cuatro y cinco del proyecto de parcelación Polincay; ORIENTE: con propiedad de nombre reservado; y PONIENTE: con propiedad de Germán Schlicht T. Que dicho inmueble es utilizado para el desarrollo del giro de la sociedad recurrida, efectuando además proyectos de conservación ecológica y patrocinio de proyectos de apicultura con mujeres del sector, y de educación ambiental, con positiva injerencia en la comunidad circundante.

Señala que para dichos fines la recurrida ha construido un camino para tránsito de vehículos 4x4 de aproximadamente 2,33 KM que va más o menos de sur a norte y una senda para tránsito peatonal que intersecta a éste y que va oeste a este, de más o menos 2,35 KM y que termina en su deslinde este.

Indica que para acceder al camino público, el predio indicado constituyó en su favor una servidumbre de tránsito a través del lote denominado “parcela Tres -E del proyecto de parcelación Polincay” (colindante hacia el sur con “Reserva Cora Dos”) de propiedad de don nombre reservado. Dicho gravamen es de aproximadamente 459 mts, y comunica a un camino innominado, que a su vez comunica al camino público “Ruta V-65, Camino de Puerto Montt a Correntoso".

Al final de la servidumbre aludida se encuentra la entrada a “Reserva Cora Dos”, la que se encuentra custodiada por un portón a cargo de un cuidador y que en lo cotidiano, la sociedad recurrida ha encomendado las tareas de administración, en general, sobre este predio al recurrido nombre reservado.

Señala que ambos recurridos reconocen una vecindad “de hecho” con el recurrente, o más bien que éste mantiene construcciones en el predio colindante hacia el este de “Reserva Cora Dos”, por lo que se ha permitido al recurrente, en algunas circunstancias, el paso a través tanto de la servidumbre mencionada, como a través de “Reserva Cora Dos” por el camino vehicular y peatonal que en él existen, el cual se encuentra condicionado a un aviso previo y con la debida identificación de quién fuera a transitar, incluido el propio recurrente.

Refiere que el recurrente no es dueño del predio colindante al este de “Reserva Cora Dos”, inmueble que a la fecha pertenece a nombre reservado, toda vez que el recurrente, en conjunto con un tercero, es cesionario de su porcentaje de derechos en las mejoras ejecutadas en un predio agrícola y forestal ubicado en el sector denominado Fundo Bellavista, Sector Polincay de la comuna de Puerto Montt, hoy colindante hacia el oeste con el inmueble de Agrícola La Plaza SpA.

Sin perjuicio de ello, el dueño actual de “Reserva Cora Dos” y quien actúa como su administrador, han permitido que, en determinadas circunstancias, esto es, dando previo aviso e identificándose, quienes usan las “mejoras” del inmueble vecino, puedan transitar por el predio para llegar a ellas, lo cual no constituye un derecho real de servidumbre. Así las cosas, al recurrente se le ha permitido el paso por el citado camino vehicular y peatonal construido por la informante, quién siempre estuvo de acuerdo con las condiciones antedichas.

Aduce que existieron conversaciones vía whatsapp el 11 de mayo de 2023, entre el recurrente con el recurrido nombre reservado, solicitando el primero el uso del domicilio reservado y 13 de mayo del presente, ante lo cual solo se autorizó el primer día dado que el segundo no existía personal que pudiera abrir el portón y verificar los datos de quién haría uso de los caminos.

Refiere que jamás la recurrida Agrícola La Plaza Spa, ni sus antecesores en el dominio han autorizado que el recurrente efectúe en “Reserva Cora Dos” ningún trabajo, ni emplazar construcción alguna, ni plantar o sembrar, y las labores a las que hace mención el recurso son aquellas que se han efectuado para la conservación o mejoras de las construcciones de las que el recurrente ostenta un porcentaje de derechos.

Que el portón indicado en el recurso es uno que divide el inmueble de las partes y cuyo cierre empece exclusivamente al recurrente, sin que los recurridos hayan tenido injerencia alguna en su gestión. Luego, indica que un antecesor en el dominio de Reserva Cora Dos (Agro nombre reservado y Vives Ltda) autorizó por escrito el año 1992, al primer usuario de las “mejoras” de las que se trata (don nombre reservado) para “mejorar el acceso” del trazado desde el “Fundo Polincay” al predio en el que dichas “mejoras” se sitúan, el cual se otorgó bajo ciertas condiciones pero que en caso alguno aquello se traduce en un derecho de paso a todo evento, siendo inoponible a la recurrida dicha autorización dado que a lo más, aquello se constituiría como un derecho personal entre el autorizante y el autorizado, los que no son parte de la acción constitucional.

Sostiene que el predio donde se emplazan las mejoras de la recurrente no está del todo destituido de acceso a caminos públicos, ubicándose su deslinde nor-oeste a solo 900 metros del camino que atraviesa la población “Colonia Río Sur”, y su deslinde noreste está a 1,19 Km de dicho camino.

Alega la falta de idoneidad en la acción interpuesta, dado que no existe la constitución de servidumbre en los términos señalados por la recurrente. A su vez, el recurrente indica que se encuentra gestionando el reconocimiento de la pequeña propiedad raíz del predio en el que se encuentran las mejoras ante el Ministerio de Bienes Nacionales, pero no es propietario a la fecha al no existir resolución de término de dicho procedimiento.

Sostiene además la inexistencia de un actuar ilegal o arbitrario de su parte, y con ello, de vulneración alguna sobre las garantías constitucionales invocadas, solicitando en definitiva el rechazo de la acción, con costas.

Acompaña a su presentación los siguientes antecedentes: 1. Copia de la inscripción el dominio de Agrícola La Plaza Spa respecto del predio “Reserva Cora Dos” que consta a fojas 5804 Nº7957 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Puerto Montt, correspondiente al año 2022; 2. Copia del Certificado de Hipotecas y Gravámenes, Interdicciones, Prohibiciones de Enajenar y Litigios del predio “Reserva Cora Dos”; 3. Copia de Escritura Pública de Mandato de Agrícola La Plaza a don nombre reservado, otorgada en la Notaría Pública de Santiago de don nombre reservado, de fecha 14 de diciembre de 2022 y anotada en el repertorio Nº19.396-2022, en la que constan las facultades de don nombre reservado, para representar a Agrícola La Plaza SpA; 4.Copia de inscripción de servidumbre predial de tránsito en favor el inmueble “Reserva Cora Dos” constituida sobre el terreno de don nombre reservado, efectuada a fojas 3248 Nº2459, del Registro de Hipotecas correspondiente al año 2022 del Conservador de Bienes Raíces de Puerto Montt; 4. Plano predial levantado por el topógrafo nombre reservado, en el que consta, la situación del predio “Reserva Cora Dos” respecto al predio en el que se emplazan las “mejoras” sobre las que el recurrente tiene derechos; los caminos construidos en él (y que se permite usar al recurrente) y la situación de ambos predios en relación con los caminos públicos más cercanos a cada uno de ellos. 5. Conjunto de copias simples de pantallazos de la conversación por la aplicación WhatsApp entre el recurrente y nombre reservado, los días 11 y 12 de mayo del presente año.

Encontrándose en estado de ver, se agregó extraordinariamente a la tabla el presente recurso.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO Primero: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, o amenace ese atributo.

Se trata, por consiguiente, de una acción de cautela de derechos garantizados a nivel constitucional cuya existencia sea indubitada y que se encuentren conculcados de manera suficiente para provocar la actividad jurisdiccional traducida en la adopción de medidas destinadas a restablecer el imperio de esos derechos amagados o perturbados en su legítimo ejercicio Segundo: Que, de lo anterior se desprende que es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión arbitraria o ilegal, producto del mero capricho de quien incurre en él y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías preexistentes protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

Tercero: Que, el acto que se denuncia como ilegal y arbitrario en esta causa consiste, de acuerdo a las afirmaciones efectuadas en el libelo, en la denegación por parte de las recurridas, del uso del camino que atraviesa la propiedad de aquella y que permite conectar el inmueble en el cual se encuentran las construcciones –que el recurrente denomina “mejoras”- de su propiedad con la ruta pública Correntoso-Lago Chapo, en circunstancias que ello había sido tolerado y aceptado desde larga data por aquella, constituyéndose -en los hechos- en una servidumbre de tránsito, actuación que según su apreciación importa una alteración del status quo existente entre las partes.

Cuarto: Que, por su parte, las recurridas sostienen que no existe ningún tipo de gravamen que deban soportar el inmueble de propiedad de la sociedad recurrida, existiendo en los hechos un acto de mera tolerancia de su parte al permitir el paso al recurrente a través de un camino construido por ellos, bajo sus condiciones, y que ello se realiza con el sólo objeto de mantener relaciones de buena vecindad, pues existen otras vías por las que el recurrente podría acceder a los caminos públicos.

Quinto: Que, de los antecedentes aportados, es posible apreciar que la recurrente es dueña de casa habitación, galpón, portón, invernadero, cercos y otras construcciones, que denomina “mejoras”, que se sitúan en un inmueble respecto el cual no es propietario, y que resulta colindante con el predio de dominio de la recurrida Sociedad Agrícola La Plaza SpA, quien a su vez ha realizado obras en su terreno consistente en la construcción de un camino privado para automóviles y una senda peatonal que llega desde el camino público hasta el deslinde de la propiedad donde se encuentran las citadas mejoras del recurrente.

A su turno, también se desprende de los antecedentes que la recurrida ha autorizado el uso de dichos caminos en favor del recurrente supeditado al cumplimiento de ciertas condiciones, tales como aviso previo, individualización de las personas y vehículos que ingresan, indicación de días y horarios en que se realizará el tránsito por el camino, entre otros, y que constan en las conversaciones sostenidas por aquellos a través de la aplicación de mensajería WhatsApp. En dichos mensajes, se advierte que la recurrente solicita la autorización de uso de dichos caminos a la recurrida, indicando para ello, entre otros datos, el día y hora que se solicita, registrándose a continuación la anuencia de la recurrida para dichas solicitudes en caso de cumplir con los requisitos exigidos por esta última, estableciendo algunos requerimientos tales como no desviarse del camino hacia otras vías del predio o no botar basuras o residuos en el lugar.

Sexto: Que, en este sentido, del examen de la situación fáctica invocada por la recurrente a través del ejercicio de la acción constitucional, no es posible advertir la existencia de un derecho con carácter de indubitado que permita acceder a la pretensión sostenida, toda vez que, en primer término, el actor no tiene la calidad de propietario del inmueble en el cual se encuentran situados los bienes o mejoras de su propiedad, en segundo término, no es un hecho pacifico, sino controvertido, el que pudieran existir otras vías que comuniquen dicha propiedad con los caminos público, y que no impliquen necesariamente el paso por el predio de las recurridas; y finalmente, el uso del camino objeto de la acción, construido por la recurrida, se encuentra condicionado al cumplimiento de requisitos y exigencias que esta última ha impuesto a la actora, quién por su parte ha aceptado dicha dinámica, según se advierte del mérito de los propios mensajes de la aplicación WhatsApp, acompañados por ambas partes.

Séptimo: Que, luego, estando asentado que el uso de la vía que cruza parte del inmueble de la recurrida se encuentra supeditado al cumplimiento de las exigencias establecidas por la propietaria del mismo, en los términos indicados por ambas partes, resulta lógico concluir que frente a un incumplimiento a las condiciones impuestas por parte de la recurrente, o ante una contingencia que no permita acceder la autorización referida, dicha decisión debe ser aceptada por el recurrente, desde que, en los hechos, la autorización de uso de los mentados caminos privados no constituye necesariamente la existencia de un gravamen sobre el inmueble de propiedad de la recurrida, Sociedad Agrícola La Plaza SpA, y en particular, de una servidumbre de tránsito, con lo que consecuencialmente, no resulta posible divisar que se haya alterado el status quo existente entre los litigantes.

Octavo: Que, asimismo, no es posible apreciar algún indicio de arbitrariedad en las decisiones adoptadas por la recurrida respecto de las solicitudes de autorización para el uso del camino, ya que de los antecedentes fluye que en diversas ocasiones en que se ha requerido, éstas han sido debidamente concedidas.

Además, según el registro de conversaciones de mensajería digital referido previamente, el examen de arbitrariedad se ha efectuado en base al comportamiento asentados que las partes han tenido hasta la actualidad, estimándose su inexistencia en base a la debida fundamentación que ha proporcionado la recurrida en cada ocasión que ha sido solicitado el uso de los caminos, y entendiendo que las negativas o reparos al ingreso han tenido sólo un carácter transitorio, de manera que cualquier impedimento de utilización del camino de carácter permanente o definitivo deberá ser objeto de una nueva acción.

Noveno: Que, así las cosas, no concurriendo los presupuestos exigidos por el artículo 20 de la Constitución Política para acceder a la acción cautelar de urgencia de garantías constitucionales ejercida, por no existir un derecho con carácter de indubitado del recurrente que haya sido vulnerado por un actuar ilegal o arbitrario de las recurridas, se rechazará el presente recurso de protección en los términos a indicarse en lo resolutivo de este fallo.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República, y Acta N°94-2015 sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, la acción interpuesta por Andrés Sebastián nombre reservado nombre reservado en favor de nombre reservado en contra de nombre reservado y de la sociedad Agrícola La Plaza SpA., sin perjuicio de la prevención efectuada en el considerando octavo de la presente resolución.

Redacción a cargo del Fiscal Judicial (s) Rodolfo Maldonado Mansilla.

No firma el Fiscal Judicial (s) Rodolfo Maldonado Mansilla. No obstante haber concurrido a la vista y acuerdo de la presente causa, por haber cesado en sus funciones.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Rol Protección N°793-2023.