nombre reservado con COLEGIO DOMINGO SANTA MARÍA DE PUERTO MONTT

Puerto Montt, veintisiete de julio de dos mil veintitrés.

VISTOS:

A folio 1, comparece Luis Alberto Ramírez Rodríguez, abogado, en representación judicial de nombre reservado y de su hijo menor de edad nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, quién deduce acción de protección en contra del Colegio Domingo Santa Maria de Puerto Montt, representado legalmente por su director, nombre reservado por los hechos que indica en su acción.

Refiere que el adolescente indicado, de catorce años de edad, ingresó a estudiar al colegio recurrido en Pre Kinder en el año 2013, debiendo repetir aquel durante el año 2014 por problemas de aprendizaje, falta de madurez y dificultades de relación con sus pares.

Indica que, con el transcurso del tiempo, al adolescente se le ha hecho difícil los estudios, presentando un bajo rendimiento académico y reiteradas suspensiones por diversos motivos, ante lo cual sus padres solicitaron ayuda al establecimiento educacional para realizar intervenciones a través del grupo psicosocial del mismo, quienes no realizaron nada al respecto, incurriendo solamente en castigos y suspensiones de clases.

De manera particular, el adolescente es diagnosticado en su oportunidad con déficit atencional, prescribiendo el uso de medicación, lo cual duró aproximadamente tres años. Sin embargo, los problemas conductuales de aquel no cesaron, incurriendo en diversos castigos, anotaciones y suspensiones de clases, debiendo repetir el 7 básico y cursar durante el 2023, sin recibir ayuda del colegio.

Así las cosas, con fecha 18 de abril de 2023, ante consulta efectuada a un psiquiatra, se otorga un prediagnóstico de Déficit Atencional y sospecha de TEA al adolescente, prescribiendo medicación y otras prestaciones médicas, solicitándose la elaboración de un plan educativo al citado profesional, antecedentes que fueron entregados al colegio con fecha 19 de abril de 2023 para coordinar un plan en favor de aquel, cuestión que no fue efectuada por la recurrida.

En ese contexto, en reunión efectuada con fecha 16 de mayo de 2023 entre la recurrente y la inspectora del establecimiento educacional, se informa la existencia de una acusación de abuso sexual en la que habría incurrido el adolescente individualizado, en contra de una compañera de su mismo curso, el que consistió en el intento de dar un beso y efectuar actos de significación sexual en su contra, informándose que el colegio realizaría la denuncia ante el Juzgado de Garantía y suspendiendo al recurrente mientras dure el proceso, sin poder asistir a clases, sin que mediara resolución alguna ni claridad respecto al período completo de lo anterior, solicitándose la firma de un acta de conocimiento y de asistencia a citación, lo que contraviene abiertamente el manual de convivencia escolar del colegio. Frente a ello, el colegio tampoco aceptó la realización de clases de manera telemática, indicando que debía esperar el resultado de la tramitación judicial para ello, ratificándose lo anterior con fecha 26 de mayo del presente al comunicarse la suspensión indefinida del adolescente.

Refiere que al adolescente le informaron de lo anterior de manera abrupta, señalando este último que la compañera incurría en diversos actos de connotación sexual en horario de clases, a modo de juego, señalando que el supuesto evento develado habría sido ocasionado por aquella Indican que con fecha 15 de mayo del presente, se efectúa un diagnóstico respecto del adolescente del trastorno del espectro autista, siendo evaluado el 26 de mayo del 2023 por profesional psiquiatra, quién diagnostica Trastorno del Control de Impulsos”, TDHA, Trastorno del Espectro Autista” y recomienda tener en cuenta para Matías un Plan Estudiantil con el fin de alcanzar sus objetivos académicos”, lo cual no tuvo en cuenta el colegio.

Refiere como garantías vulneradas las del artículo 19 N°1 sobre el derecho a la vida e integridad física y psíquica, N°3 en cuanto a la igual protección de la ley y N°10 sobre el derecho a la educación, todos de la Constitución Política, al aplicarse la ley 21.228 en circunstancias que aquella resultaba improcedente.

Solicita en definitiva que se acoja la presente acción, dejando sin efecto la medida adoptada de manera verbal de suspensión indefinida, con fecha 16 de mayo de 2023, ordenándose la reincorporación del adolescente a clases presenciales en el colegio, con costas.

Acompaña a su presentación 1.- Informe Psiquiatra DR. nombre reservado de fecha 18 de abril de 2023; 2.- Informe Terapeuta Ocupacional don nombre reservado, de fecha 05 de mayo 2023; 3.- Informe Psiquiatra DR. nombre reservado de fecha 26 de mayo de 2023; 4.- Correo electrónico de doña nombre reservado de fecha 15 de mayo de 2023; 5- Cadena de Correos electrónicos entre doña nombre reservado y mi representada, de fecha 26 de mayo de 2023; 6.- Reglamento de Convivencia Escolar Colegio Domingo Santa María de Puerto Montt; 7.- Copia Proyecto Educativo colegio Domingo Santa María de Puerto Montt; 8.- Mandato Judicial Repertorio N° 4824 de fecha 24 de mayo del año 2023.

A folio 2, se declaró admisible y se tuvo por interpuesto el presente recurso. A su vez, se concedió orden de no innovar debiendo la recurrida Colegio Domingo Santa María de Puerto Montt reincorporar al adolescente a clases presenciales, tomando las medidas pertinentes del caso.

A folio 13, consta informe evacuado por Mauricio Antonio Cárdenas García, abogado, en representación de Corporación Educacional Ralún sostenedora del Colegio Domingo Santa María, solicitando el rechazo de la presente acción.

Refiere que, en base a lo informado por la psicóloga encargada de Convivencia Escolar del colegio, el recurrente es un estudiante inquieto e impulsivo a quién se le ha observado dificultades para seguir normas y reglas, no presentando materiales para realizar sus actividades académicas y que durante el año académico 2022, estuvo condicional por sus reiteradas faltas a la buena convivencia escolar, sumado a las dificultades en su proceso de aprendizaje que culminan en su no promoción a octavo básico.

Sostiene que hace cinco años, el colegio efectuó una denuncia por vulneración de derechos, con indicadores de maltrato físico o graves respecto del recurrente por parte de su madre, por castigos físicos que aquella le había infringido.

Así las cosas, refiere que es falsa la imputación acerca de que el colegio nada habría hecho en relación con el recurrente, toda vez que si ha existido intervención del equipo de convivencia escolar, siendo la familia el actor principal para reforzar dicha integración, quién debe entregar información para las diversas intervenciones que se puedan dictar, cuestión que no ha ocurrido en los hechos y que deriva en la imposibilidad de implementar un programa de integración escolar, máxime si aquello es meramente voluntario de acuerdo a las directrices del Ministerio de Educación.

Sostiene la extemporaneidad de las alegaciones respecto de hechos ocurridos durante el año académico 2022.

Además, refiere que recién con fecha 18 de abril de 2023, se efectuó un prediagnóstico de déficit atencional y sospecha de TEA respecto del recurrente, siendo la familia quién deberá continuar con dicha evaluación médica, señalando que la recurrida ha brindado todas las posibilidades para mejorar la situación académica, entre ellas, flexibilidades en evaluaciones, medidas a las que siempre el establecimiento educacional está dispuesto a adoptar.

En cuanto a la tramitación de medida de protección ante el Juzgado de Familia de esta ciudad, sostiene que con fecha 16 de mayo de 2023, se produjo la activación de protocolo de abuso sexual de parte del recurrente hacia su compañera de iniciales A.O., ambos del mismo curso, informándose internamente vía correo electrónico al equipo de convivencia escolar y coordinadora de ciclo. Que ese mismo día se cita al apoderado, quién toma conocimiento de los hechos con fecha 17 de mayo de 2023, en entrevista sostenida con aquella donde se le informa de medidas extraordinarias de resguardo adoptadas para el estudiante, las que involucran la suspensión temporal del mismo y ofreciendo un acompañamiento psicológico para ambos estudiantes.

Que con fecha 19 y 26 de mayo, ambos del 2023, la apoderada solicita información vía correo electrónico respecto de la reincorporación del recurrente a clases, indicándose que la suspensión es indefinida, en mérito de los protocolos vigentes, y mientras se encuentre pendiente la investigación respectiva.

Que con fecha 18 de mayo de 2023, el abogado Jaime Barría Gallegos presentó una solicitud de medida de protección ante el Juzgado de Familia de Puerto Montt en relación con el recurrente, en base a que durante el año académico 2023, fue sorprendido viendo pornografía en sala de informática del colegio sumado a constantes faltas disciplinarias. Ante ello, los padres se comprometieron a iniciar un proceso psicológico y/o psiquiátrico para evaluar descontrol de impulsos, emitiendo el certificado con sospechas de diagnóstico de trastorno de control de impulsos, de trastorno de espectro autista y trastorno por déficit atencional e hiperactividad.

Una vez comunicada la decisión al recurrente, éste reacciona con una desregulación emocional, señalando que ambos padres le pegan físicamente, donde el padre también maltrataba a su madre y que esta última se transforma una vez llegado a casa, indicando que ambos se desquitan con él cuando les va mal en el trabajo.

Finalmente, indica que con fecha 07 de junio de 2023, la apoderada del recurrente solicita la reincorporación del mismo, entregando dos documentos a la encargada de convivencia escolar, a saber, oficio de Tribunal de Familia y certificado psiquiátrico con el diagnóstico de Trastorno del control de impulsos, TDHA, Trastorno del espectro autista, efectuándose entrevista con aquel para adoptar medidas de resguardos para su reincorporación, entre ellas, la de mantener distancia con la compañera denunciante, informar cualquier situación que genere malestar en contexto escolar y la confidencialidad del caso. Se indica que con fecha 09 de junio de 2023, se cita a apoderada, en conjunto con coordinadora académica para informar medidas de resguardo académico, psicológico y seguimiento de parte del equipo de convivencia escolar.

Sostiene que el colegio se ajustó a su reglamento interno vigente al año 2023, el cual es de público conocimiento, y que frente a cualquier medida que se adopte, se encuentra regulado un régimen recursivo en el artículo 52 del citado reglamento. Con todo, indica que el presente recurso de protección ha perdido oportunidad en mérito de lo informado con fecha 07 de junio de 2023, de reincorporar al recurrente a clases, en los términos indicados.

De este de modo, alega la inexistencia de actos ilegales y arbitrarios, en razón de haber cumplido con las exigencias del manual de convivencia escolar y la obligación legal del artículo 175 del Código Procesal Penal, alegando la inexistencia de las vulneraciones a las garantías invocadas, no siendo la presente acción la vía adecuada para el conocimiento de estos hechos.

Solicita en definitiva que se rechace la presente acción, con costas.

Acompaña a su presentación 1. Informe Activación Protocolo, emanado de nombre reservado, Psicóloga Encargada del Comité de Convivencia Escolar; 2. Correo electrónico de fecha 7 de junio de 2023, remitido por nombre reservado a los profesores, orientador y Director del Colegio Domingo Santa María; 3. Ebook de la medida de protección de la causa de familia RIT P-1061-2023, del Juzgado de Familia de Puerto Montt, caratulada “CORPORACIÓN EDUCACIONAL RALÚN / nombre reservado”; 4. Informe encargada Convivencia Escolar, de fecha 17 de mayo de 2023, suscrito por Psicóloga Encargada del Comité de Convivencia Escolar; 5. Manual de Convivencia Escolar del Colegio Domingo Santa María actualizado, correspondiente al año 2023.

Encontrándose en estado de ver, se agregó extraordinariamente a la tabla el presente recurso.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO Primero: El recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, o amenace ese atributo.

Se trata, por consiguiente, de una acción de cautela de derechos garantizados a nivel constitucional cuya existencia sea indubitada y que se encuentren conculcados de manera suficiente para provocar la actividad jurisdiccional traducida en la adopción de medidas destinadas a restablecer el imperio de esos derechos amagados o perturbados en su legítimo ejercicio Segundo: De lo anteriormente reflexionado, se desprende que es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión arbitraria o ilegal, producto del mero capricho de quién incurre en él y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías preexistentes protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

Tercero: Que el acto que se denuncia como ilegal y arbitrario en esta causa consta en la decisión de suspensión, con carácter de indefinida, adoptada por la recurrida en contra del adolescente individualizado con ocasión de una denuncia efectuada en su contra por la posible comisión de actos de significación sexual en contra de una compañera de nivel, argumentando que aquello no se encuentra debidamente acreditado para la adopción de dicha medida, máxime si se considera los diversos trastornos que padecería aquél, los que han sido informados al colegio sin que éste adopte las medidas de integración que corresponden.

Cuarto: A su turno, la recurrida sostiene que no ha incurrido en actuar ilegal o arbitrario alguno, toda vez que la adopción de la medida de suspensión del adolescente lo ha sido en cumplimiento del manual de convivencia interna vigente a la fecha y en respuesta a la denuncia que ha sido formulada en contra de aquel, cuestión que ha sido puesta en conocimiento del Juzgado de Garantía pertinente, rechazando las argumentaciones vertidas en cuanto a una eventual inactividad acerca de los trastornos que padecería, señalando que el equipo de convivencia escolar ha hecho los esfuerzos para la integración de aquel, alegando en definitiva la improcedencia de la presente acción.

Quinto: De los antecedentes acompañados por las partes a la presente causa, se desprende que en contra del adolescente por quién se recurre se ha efectuado una denuncia por posibles actos de connotación sexual en los que habría incurrido contra una compañera de nivel, en virtud de la cual se comunicó, en su oportunidad, la decisión de suspenderlo de clases mientras se mantuviera vigente la investigación penal en su contra, conjuntamente con el hecho de efectuarse un requerimiento de medida de protección en su favor ante el Juzgado de Familia.

A su vez, se han acompañado antecedentes que darían cuenta de la corroboración de diagnósticos en la esfera de salud mental del adolescente, señalando que aquel padecería trastorno de control de impulsos y del espectro autista, los que han sido debidamente informados al colegio por parte de los apoderados de aquel.

Sexto: En este sentido, cabe señalar que el Manual de Convivencia Escolar del Colegio, que data del año 2018, regula los procedimientos disciplinarios en su punto VIII, estableciendo definiciones y gravedad de conductas, conjuntamente con los protocolos a adoptar en caso de corroboración de alguna de ellas. Que, dentro de dicho catálogo, y descrito como faltas muy graves, se encuentran la comisión de “delitos sexuales, acoso sexual o cualquier otro comportamiento reñido con la ley y las buenas costumbres”, las que traen aparejadas la sanción de suspensión de clases en la forma establecida por el citado manual.

Séptimo: Así las cosas, estos sentenciadores estiman que la decisión adoptada por el colegio recurrido carece de ilegalidad o arbitrariedad alguna, toda vez que la misma se ha fundado en la denuncia efectuada en contra del adolescente indicado respecto de una conducta que se encuentra tipificada en el manual de convivencia escolar, la cual trae aparejada la sanción impuesta en su contra y respecto de la cual se recurre en su respecto.

En este sentido, es dable sostener que el colegio puede imponer las medidas disciplinarias que se encuentren debidamente consagradas en su manual de convivencia escolar, siempre y cuando se sigan los protocolos de actuación contemplados en el mismo, no pudiendo imputarse ilegalidad o arbitrariedad alguna al momento de adoptarse una decisión que vaya en esa línea y que cumpla con todas las formalidades pertinentes.

Octavo: Abunda a lo anterior el hecho de que la recurrida ha informado que con fecha 07 de junio de 2023, ha dejado sin efecto la sanción indicada, ordenándose la reincorporación del adolescente a clases presenciales en el establecimiento, con todas las medidas de resguardo en favor de su compañera denunciante, no existiendo hoy en día las circunstancias de hecho que han motivado la presentación de esta acción de protección, y sin perjuicio de lo que se resuelva en las causas judiciales vinculadas con el recurrente de autos.

Noveno: Sin perjuicio de lo anterior, y en cumplimiento a lo dispuesto en la ley N°21.545, que establece la promoción de la inclusión, la atención integral, y la protección de los derechos de las personas con trastorno del espectro autista en el ámbito social, de salud y educación, y habiéndose diagnosticado al adolescente con el citado trastorno, cuestión comunicada al colegio por los apoderados del mismo, la recurrida deberá dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 18 de la ley en comento, en el sentido de velar “por el desarrollo de comunidades educativas inclusivas. Asimismo, efectuarán los ajustes necesarios en sus reglamentos y procedimientos internos, que consideren la diversidad de sus estudiantes y permitan el abordaje de desregulaciones emocionales y conductuales.”

Lo anterior deberá ser considerado al momento de aplicar el manual de convivencia escolar respecto de hechos en los que incurra el adolescente de autos, poniendo especial atención el colegio recurrido en cuanto al trastorno que padece aquel, de modo tal de dar plena aplicación a los derechos y deberes establecidos en la citada norma.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República, y Acta N°94-2015 sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, la acción interpuesta por Luis Alberto Ramírez Rodríguez en representación de nombre reservado y de su hijo nombre reservado en contra de Colegio Domingo Santa Maria de Puerto Montt, sin perjuicio de lo ordenado en el considerando noveno de la presente resolución.

De acuerdo con lo resuelto precedentemente, se deja sin efecto la orden de no innovar decretada en esta causa, en mérito de lo resuelto de manera previa.

Redacción a cargo del Ministro Jaime Vicente Meza Sáez.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Rol Protección N°789-2022.