nombre reservado con ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT

Puerto Montt, veintitrés de febrero de dos mil veintiséis.

VISTOS:

A folio 1 comparece el abogado César Aguilar Silva, en representación de doña nombre reservado, domiciliada en la ciudad de Puerto Montt, e interpone recurso de protección en contra de la Ilustre Municipalidad de Puerto Montt, Departamento Administrativo de Educación Municipal – DAEM, solicitando que esta Corte disponga el íntegro pago de las bonificaciones adeudadas a su representada con ocasión de su jubilación (post laboral) y retiro en base a la Ley N° 20.976, de modo tal que, pronunciándose conforme a derecho, ordene a la I. Municipalidad de Puerto Montt al pago de estos, conforme a lo que indica en su recurso.

Sostiene que, su representada ingresó como profesora de la Escuela Los Eucaliptus el año 1981, en ese entonces perteneciente al Ministerio de Educación; posteriormente el año 1982 continuó en tales funciones en la misma escuela, esta vez bajo dotación del DAEM de la I. Municipalidad de Puerto Montt. Sostiene que, luego de 20 años de desempeño ininterrumpido, el año 2002 su representada tras postular a un concurso de jefes técnicos, asumió funciones en la escuela Pablo Neruda, perteneciente a la I. Municipalidad de Puerto Montt, unidad educativa en la que se mantuvo durante 4 años.

Señala que, posteriormente, el 01 de marzo del año 2006, tras ganar un concurso público, asumió como Directora de la Escuela Diferencial Los Eucaliptus, siendo ratificada para tal función el año 2012 tras postular a un nuevo concurso público para tales fines. Posteriormente, el día 01 de marzo de 2021, fue nuevamente designada como Directora de la aludida escuela, esta vez tras resultar elegida para tales efectos por medio concurso público de alta Dirección Pública. Agrega que, su representada desempeñó sin mayor dificultad dicha función, siendo destacada en diversas oportunidades por parte de su Jefatura, y a fin de dar crédito de ello, inserta en el recurso extracto de evaluación de desempeño al año 2023, donde fue evaluada con un 96%.

Argumenta -entre otras cosas- que, por medio de la Ley N° 20.976, se dispuso la asignación de una bonificación por retiro voluntario para profesionales de la educación. Así las cosas, atendido a que su representada cumplía con los requisitos, de manera libre y voluntaria el día 28 de agosto de 2023 presentó su renuncia ante la autoridad edilicia de la Municipalidad de Puerto Montt. No obstante, lo anterior, entendiendo que la acción antes indicada sólo constituía una mera expectativa respecto a la eventual concesión de un beneficio (Bonificación en este caso), su representada continuó desempeñando sus funciones con total normalidad y por, sobre todo el profesionalismo que siempre la destacó; y fue así que posteriormente el día 23 de diciembre de 2024, se le comunicó por parte del Jefe (S) del DAEM de la Municipalidad de Puerto Montt que no obtendría el beneficio solicitado.

Indica que, efectivamente, tal como indica el extracto de la misiva que inserta, su representada mantuvo ininterrumpidamente su relación laboral hasta la fecha indicada en el documento previo, esto es hasta el 28 de febrero del año 2025, sosteniendo que mientras se mantuvo la relación laboral vigente (hasta la fecha antes indicada), no fue notificada de sanción ni reproche administrativo alguno, por lo tanto, durante la existencia de la misma no existió ningún antecedente que la “despojara” de este bono que -señala-alcanzó a ingresar a su patrimonio (que al día 23 de diciembre de 2024 equivalía a la suma de $30.851.937.- treinta millones ochocientos cincuenta y unos mil novecientos treinta y siete pesos), en razón de la notificación realizada en documento preinserto en su recurso.

Agrega que, llegó el mes de marzo de 2025, y su representada tomó conocimiento por otros colegas y conocidos de ella, que habían sido notificados e invitados a una actividad en la I. Municipalidad de Puerto Montt para el día 03 de marzo del 2025, donde además se les haría entrega del bono establecido en la Ley N° 20.976, sin embargo, no representada no recibió comunicación alguna en ese sentido, por lo que entendiendo que la demora en el pago de la aludida bonificación, así como el resto de bonos que le corresponden por su retiro (post laboral) y con la finalidad de obtener antecedentes para realizar el proceso que toda jubilación implica, el día 06 de marzo de esta anualidad se comunicó telefónicamente con personal del DAEM, llamada que posteriormente plasmó a través de un correo electrónico enviado a la casilla de correo correo reservado y llamó profundamente la atención el hecho de que doña nombre reservado, le indicara que “…por la causal de cese actual…” (SIC) no era posible realizar la tramitación del bono post laboral, como se indica en documento extractado que inserta en su libelo. Reitera que su representada mantuvo una relación laboral con la I. Municipalidad de Puerto Montt, específicamente con el DAEM, y hasta el día 28 de febrero de 2025 (último día de su relación laboral) no fue notificada de medida disciplinaria alguna ni menos de ningún tipo de acto administrativo, al contrario, no sólo se le aceptó su renuncia sin ningún tipo de retención, y aun así, si los hubiere, el plazo establecido en el inciso 3 del artículo 145 de la Ley N° 18.883 claramente se encuentra vencido, situación que se puede corroborar por medio de una simple operación aritmética.

Argumenta que, estima que la respuesta entregada por parte de personal Municipal es ilógica, toda vez que efectivamente la causal de término de la relación laboral con la Municipalidad de Puerto Montt fue tras aprobarse la renuncia voluntaria, presentada en el marco de la Ley N°20.976, por lo que, lo lógico, es que además, al ya contar con los fondos asignados por parte del Ministerio de Educación para dar entrega de la aludida bonificación a su representada, la I. Municipalidad de Puerto Montt (a través del DAEM) sólo se limitara a pagar la bonificación señalada, gestionar el bono post laboral y realizar la entrega de la documentación y otros antecedentes para que su representada pueda realizar los trámites para comenzar a percibir su jubilación, cosa que no ocurrió, sosteniendo que se trata de derechos indubitados ya ingresados al patrimonio de su representada, por lo que legítimamente y por sobre todo en base a la negativa injustificada a la entrega de los antecedentes y bonificaciónes que le corresponden, su parte de conformidad a lo establecido en el artículo 30 de la Ley N°19.880, ha realizado distintas peticiones que de manera extractada señala en su recurso, agregando que, pese a que la Ley N° 19.880 en su artículo 8 establece el principio conclusivo, e incluso pese a que su parte estableció un medio de notificación electrónica, lo que le permite agilizar la respuesta a la solicitud realizada, la entidad edilicia no brindó respuesta alguna, y sin embargo, su parte en virtud del principio de buena fe, asumió la omisión en brindar una adecuada respuesta ejercida en virtud del derecho a petición consagrado en el artículo 19 N°14 de la Constitución Política de la República, motivo por el cual reiteró dichas peticiones, como se advierte de los antecedentes que incorpora, sosteniendo que, pese a las múltiples peticiones, tanto DAEM y la I. Municipalidad de Puerto Montt ha persistido en mantener una conducta omisiva de respuesta, situación que deja a entrever un abuso arbitrario e injustificado por parte de personal de la recurrida, en contra de una persona que dedicó su vida profesional al buen desempeño de labores en pro de la Educación de Puerto Montt, y ella debería encontrarse precisamente en una situación de júbilo que, lamentablemente al día de hoy no ha podido vivir, sino por el contrario, se ha convertido en un hecho tortuoso, que se ha visto completamente entorpecido por el mero arbitrio de la Municipalidad de Puerto Montt (tanto DAEM y Alcalde).

Explica las garantías constitucionales que estima vulneradas, y en definitiva denuncia como arbitrario e ilegal los hechos que plantea en detalle en su libelo. Solicita se acoja el recurso de protección intentado, y en lo pertinente, se ordene a la recurrida a dar estricto pago a bonificaciones que le asisten a su representada, esto es, el Bono Ley N° 20.976 (que al día 23 de diciembre de 2024 equivalía a la suma de $30.851.937.- treinta millones ochocientos cincuenta y unos mil novecientos treinta y siete pesos) (retiro voluntario), gestionar el Bono Post Laboral (suma que se aumenta el pago mensual de jubilación), entregar de documentación para hacer trámites propios de la jubilación y Ordenar se inicie un Sumario Administrativo, a fin de determinar la responsabilidad administrativa que le pueda asistir a personal Municipal que arbitrariamente ha entrabado la entrega de la bonificación y antecedentes que le corresponden a su representada. Además, atendido a que el bono por retiro voluntario se paga con fondos del Ministerio de Educación (que ya puso a disposición del DAEM de la I. Municipalidad de Puerto Montt), en razón del retardo injustificado y arbitrario de su pago deba ser pagado con fondos municipales, y solicita se oficie a la Contraloría General de la República a fin de que en uso de sus prerrogativas, inicie el juicio de cuentas correspondiente contra los funcionarios involucrados.

Acompaña: 1) Documento de fecha 23 de diciembre de 2024, por medio del cual el Director del DAEM Puerto Montt, Sr. nombre reservado le comunica a su representada que su relación laboral con la Municipalidad se extenderá hasta el día 28 de febrero de 2025; 2) Documento presentado ante la I. Municipalidad de Puerto Montt, por medio del cual se solicita el pago del bono establecido en la Ley 20.976; 3) Decreto Afecto N°0281, del 31 de enero de 2006, de la I. Municipalidad de Puerto Montt; 4) Decreto Afecto N°2324, del 02 de marzo de 2011, de la I. Municipalidad de Puerto Montt; 5) Decreto Afecto N°3298 del 02 de marzo de 2021, de la I. Municipalidad de Puerto Montt; 6) Renuncia voluntaria en el marco de la Ley N° 20.976, presentada por su representada ante Secretario Municipal el día 23 de agosto de 2023; 7) Peticiones de pago de la Bonificación Ley N° 20.976, bono post laboral y sus respectivas reiteraciones.

A folio 4 se tiene por interpuesto recurso de protección, solicitando el informe respectivo.

A folio 8 informa la parte recurrida, Ilustre Municipalidad de Puerto Montt, solicitando el rechazo del recurso, relatando la carrera de la recurrente en los distintos establecimientos educacionales que menciona en su informe, para luego indicar que, en su momento se instruyó por el Sr. Alcalde un proceso disciplinario, a través del Decreto Exento N°542 de fecha 9 de enero de 2019, dirigido a un funcionario de la Escuela Los Eucaliptus, designando fiscal administrativo al efecto, proceso que fue ampliado en los hechos objeto de investigación, y elevado a Sumario Administrativo, en razón de nuevos y determinados hechos denunciados, que esta vez, fueron imputados a la docente recurrente doña nombre reservado, esto por medio de Decreto Afecto N°7.434 de fecha 9 de agosto de 2019, sosteniendo que, este último acto administrativo referido, fue dirigido a esclarecer hechos que eventualmente podrían comprometer la responsabilidad administrativa de la actora.

Señala que, en el mismo proceso en comento, una vez cerrada la investigación, con fecha 23 de enero de 2023, se procedió por parte de la fiscal administrativa, a formular cargos a la actora, en el siguiente tenor: “PRIMERO.- Haber permitido y sostenido una relación de familiaridad con el Sr. nombre reservado y su familia, en base a lazos de parentesco (compadres) que no corresponde al norma en ejercicio y funcionamiento del internado y de la misma Unidad Educativa Escuela Diferencial Los Eucaliptus, en la medida que permite que constantemente se ocupen espacio del establecimiento por parte de la familia del Sr. nombre reservado, traspasando todos los límites que corresponden a una buena gestión y administración del recinto que dirige. SEGUNDO.- Haber participado y permitido que otros miembros del equipo educativo de la Escuela Diferencial Los Eucaliptus procedan a la venta de productos provenientes, especialmente, de Multiexport (cajas de salmón), que en principio son donadas por dicha empresa a los estudiantes y comunidad educativa, y que el destino de los recursos provenientes de su comercialización, no ha quedado acreditado que se invierta en el bienestar de los alumnos. TERCERO.- Que, doña nombre reservado, en su calidad de Directora, ha recepcionado o ha consentido en que se recepcione aportes de parte de la empresa Multiexport Foods y de la empresa Pharmaq por suma en total $16.627.320.-, entre los años 2014 y 2019, sin ingresar dichos recursos a la contabilidad del DAEM, no obstante, tener autorizadas facultades delegadas, e incluso usando su propia cuenta personal como receptora de fondos. CUARTO.- Que, doña nombre reservado, en su calidad de Directora, ha recepcionado aportes de las empresas ya señaladas y ha permitido la creación de una organización creada al alero del establecimiento educacional, denominada CLUB DEPORTIVO ESCOLAR RECREATIVO Y CULTURAL LOS EUCALIPTUS sólo con el objeto de que recepcione los aportes de Multiexport y Pharmaq, sin control ni rendición de los recursos a la Unidad de Finanzas del DAEM, al menos desde el año que se inician los aportes analizados, esto es, el año 2015, configurándose con lo anterior, la causal del artículo 72 letra b) del Estatuto Docente, esto es: “falta a la probidad, conducta inmoral, establecidas fehacientemente en un sumario, de acuerdo al procedimiento establecido en los artículos 127 al 143 de la ley N°18.883 en lo que fuere pertinente, considerándose las adecuaciones reglamentarias que correspondan”.

Agrega que, la formulación de cargos antes referida, se notificó personalmente a la recurrente el 2 de febrero de 2023, según consta en el expediente sumarial, con fecha 27 de febrero de 2023, se emite informe final, proponiendo al Sr. Alcalde de esta comuna, la aplicación de la medida de destitución contenida en la norma antes transcrita, al haberse acreditado fehacientemente los cargos formulados, al no haberse desvirtuado los mismos a través de los respectivos descargos evacuados oportunamente por la actora, quien ejerció de esta forma su derecho a defensa, asegurando por cierto, un debido proceso. Indica que, en dicho informe también se propone medida de multa del 20% de una remuneración diaria, al funcionario nombre reservado, dependiente de la Escuela Los Eucaliptus, por lo que, por medio de Decreto Afecto N°14.163 de 12 de diciembre de 2024, el Sr. Alcalde de esta comuna, aplica la medida sancionatoria antes indicada a la actora, por la causal establecida en el artículo 72 letra b) del Estatuto Docente ley N°19.070, agregando que, dicho acto administrativo fue notificado mediante el envío de carta certificada en fecha 26 de febrero de 2025, en virtud de lo dispuesto en el artículo 124 inciso segundo de la Ley N°18.883 sobre Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, atendido que no fue habida en su domicilio laboral informado a su representada por dos días consecutivos, según consta en búsquedas certificadas en el Oficio Ordinario N°122 emitido por Secretaría Municipal. Hace además presente que la recurrente no impugnó la sanción de destitución aplicada a causa del proceso disciplinario incoado en su contra, encontrándose firme la medida aplicada, no habiendo agotado de esta forma, la vía administrativa al efecto, respecto al recurso de reposición establecido en el artículo 139 de la Ley N°18.883, y a los remedios procesales dispuestos en los artículos 59, y 60 de la ley N°19.880.

Por otra parte, señala que, con fecha 30 de mayo de 2022, la actora presenta en dependencias de la recurrida, el formulario de postulación al beneficio establecido en la Ley N°20.976 sobre bonificación por retiro voluntario de docentes, y con fecha 28 de agosto de 2023, doña nombre reservado presenta su renuncia voluntaria e irrevocable ante Secretaria Municipal, en el marco del cumplimiento de los requisitos para optar al beneficio establecido en la Ley N°20.976, no obstante, estar en conocimiento de las actuaciones de carácter disciplinarias dirigidas a la misma postulante. Es por lo anterior que, atendida estas circunstancias, la recurrida dictó el Decreto Exento N°5.357 de fecha 21 de abril de 2025, en virtud de la medida expulsiva anteriormente señalada, la cual declara la vacancia del cargo de Directora Titular de la Escuela Diferencial Los Eucaliptus, a contar del 4 de marzo de 2025; por ello no se puso a disposición de la recurrente, la suma de dinero que constituía el pago de la bonificación por retiro voluntario, según la Ley N° 20.976, según lo dispuesto en el artículo 35 del Decreto N°35 de 2017 del Ministerio de Educación que aprueba el reglamento de la Ley N°20.976, Hace presente además que, los fondos por los cuales el Ministerio de Educación dispone para los beneficiarios del retiro voluntario docente, en particular, en el caso de la actora, se reintegraron a dicho ente ejecutivo, como se acreditará, lo cual fue incluso aprobado por el concejo municipal, órgano colegiado dependiente de su representada.

Agrega que, la actora indica que desempeñó sus funciones sin mayor dificultad, lo que no es efectivo, ya que como se expuso anteriormente, incurrió en hechos que comprometieron su responsabilidad administrativa, al contravenir de manera grave el principio de la probidad administrativa, lo que derivó incluso, en que se le aplicara la medida de destitución, sosteniendo además que, pese a haber postulado de forma oportuna al beneficio, cumplir los requisitos legales, haber presentado su renuncia voluntaria a las horas que servía a su representada, y a haber sido informada de la existencia de los recursos destinados al pago de dicho beneficio, el mismo no se ha materializado, traduciéndose esta situación en un acto ilegal y/o arbitrario a su respecto, invocando las garantías y derechos fundamentales que supuestamente se han transgredido a través de estas actuaciones que imputa a la recurrida, y que esta última desconoce como tales.

Argumenta que, la recurrente transcribe una serie de solicitudes realizadas a su representada, sin respuesta, presumiendo un supuesto dolo en las actuaciones dirigidas a la actora, con el afán de producirle daño, lo que no es efectivo, exponiendo situaciones totalmente artificiosas que no se condicen con la realidad, omitiendo la recurrente de forma manifiesta, los antecedentes disciplinarios que motivaron la negativa al pago de la bonificación recurrida. Desconoce la existencia de un acto u omisión arbitrario y/o ilegal, ya que el recurso de protección de garantías constitucionales constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal, que impida, amague o moleste ese ejercicio, por lo que constituye requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto ilegal, esto es contrario a la ley, o arbitrario, esto es, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones denunciadas y que afecten una o más de las garantías constitucionales protegidas, indicando que la Ilustre Municipalidad de Puerto Montt no ha incurrido en acto arbitrario o ilegal alguno, ya que la recurrente efectúa su relato, con total omisión de los graves antecedentes expuestos, y en absoluto conocimiento de las actuaciones desplegadas por su representada, en ejercicio de su potestad disciplinaria, decide de forma paralela al desarrollo del proceso disciplinario, postular al beneficio por retiro voluntario, el cual se encuentra normado en la Ley N° 20.976 y su reglamento contenido en el Decreto N°35 de 2017 del Ministerio de Educación, para lo cual cabe hacer presente lo indicado en el artículo 1 de la Ley N° 20.976 sobre bonificación por retiro voluntario de los profesionales de la educación, que dispone: “Los profesionales de la educación que pertenezcan a una dotación docente del sector municipal, administrada directamente por las municipalidades o por corporaciones municipales, ya sea en calidad de titulares o contratados, o estén contratados en los establecimientos regidos por el decreto Ley Nº 3.166, del Ministerio de Educación Pública, promulgado y publicado el año 1980, y que tengan 60 años de edad si son mujeres, o 65 años de edad si son hombres, podrán acceder a la bonificación por retiro voluntario establecida en la Ley Nº 20.822 (en adelante "la bonificación"), siempre que comuniquen su decisión de renunciar voluntariamente y hagan efectiva dicha renuncia respecto del total de horas que sirven en los organismos antes señalados, en los plazos que fijan esta ley y el reglamento. La bonificación establecida en esta ley regirá para todos los profesionales de la educación señalados en los incisos anteriores, hayan o no hecho uso de la opción establecida en el artículo quinto transitorio de la Ley N° 20.903”, indicando que, hasta este punto no hay controversia, toda vez que la recurrente, efectivamente puede postular al bono señalado, y así ocurrió.

Agrega que, por su parte, el artículo 5 del mismo cuerpo legal señala: “Los profesionales de la educación que se acojan a los beneficios de la presente ley deberán renunciar voluntariamente a todos los cargos y al total de horas que sirvan, en los plazos señalados en el artículo anterior. Asimismo, aquellos que se desempeñen en más de un establecimiento educacional de los señalados en el artículo 1°, deberán renunciar a la totalidad de horas y nombramientos o contratos que tengan en los distintos establecimientos. Se entenderá que renuncian irrevocablemente a los beneficios de la presente ley los profesionales de la educación que no postulen a la bonificación o, siendo beneficiados con un cupo, no renuncien voluntariamente al total de horas que sirvan, en los plazos fijados en la ley y el reglamento”. En este caso, indica que, se contempla la renuncia voluntaria e irrevocable, como requisito esencial para que opere la postulación al beneficio en cuestión, no configurándose a si misma como término de relación laboral, como pretende la recurrente, al tenor de lo dispuesto en la norma legal transcrita.

Sostiene que, a su turno, el artículo 25 del Decreto N°35 de 2017 del Ministerio de Educación, que aprueba reglamento de la Ley N°20.976, señala: “No obstante lo señalado en los artículos precedentes, el término de la relación laboral sólo se producirá cuando el empleador ponga la totalidad de la bonificación que corresponda a disposición del profesional de la educación que haya renunciado al total de horas que sirva en la entidad empleadora y que cumpla con los demás requisitos previstos en las leyes. Con todo, el término de la relación laboral deberá materializarse a más tardar en el plazo de 6 meses contados del traspaso de los recursos que correspondan según el Título III de este reglamento, por parte del Ministerio de Educación, para el pago de la bonificación respectiva. Desde la asignación del cupo y durante el tiempo que media hasta el pago total de la bonificación de habérsele asignado un cupo, el empleador no podrá poner término a la relación laboral por una causa diferente al retiro voluntario, salvo que concurra alguna de las causales establecidas en los literales a); b); c); i); g); k) y m) del artículo 72 del decreto con fuerza de ley N° 1, de 1996, del Ministerio de Educación, o aquellas del artículo 160 del Código del Trabajo según corresponda, la que deberá ser debidamente acreditada. Respecto de la causal del literal f) del artículo 72 referido, se estará a lo dispuesto en el Título IV de este reglamento”. En este caso, sostiene que, la recurrida se ajustó a lo indicado anteriormente, considerando que no se puso a disposición de la recurrente la totalidad de la bonificación que contempla la Ley N°20.976 sobre retiro voluntario para docentes.

Agrega que, si bien es cierto que, su representada por medio de documento de fecha 23 de diciembre de 2024, a través del Sr. Jefe (S) DAEM de Puerto Montt, le informó a la actora haber recibido los recursos provenientes del Ministerio de Educación, señalando de manera expresa que se informaría el lugar y horario en que se pondría a disposición de la recurrente el bono en comento, dicha circunstancia no se materializó, toda vez que, de forma paralela, se aplicó la medida de destitución expuesta y precisada en lo principal del informe, ya que fue notificada válidamente el 26 de febrero de 2025, por medio de carta certificada, según lo preceptuado en el inciso segundo del artículo 124 de la Ley N°18.883, por lo que, de esta forma, dicho documento enunciado anteriormente, constituye un acto jurídico preparatorio, que al no celebrarse el acto jurídico principal, no es posible que haya creado, ni modificado derechos u obligaciones, bajo ningún respecto, máxime, si de su contenido se desprende claramente que no se puso a disposición de la recurrente, el pago del bono en cuestión. Por otra parte, señala que su representada nuevamente se ajustó al cumplimiento de la norma legal antes mencionada, considerando que aquella prohíbe dar término a la relación laboral por una causal distinta a la contemplada en la Ley N°20.976, no obstante, establece una excepción a dicha regla general, ya que de forma excepcional, permite dar término a la relación laboral siempre y cuando se trate de la aplicación de causales contempladas en el artículo 72 del Estatuto Docente Ley N°19.070, entre ellas, la contemplada en el literal b) de dicho artículo, esto es, “Por falta a la probidad, conducta inmoral, establecidas fehacientemente en un sumario, de acuerdo al procedimiento establecido en los artículos 127 al 143 de la ley N°18.883, en lo que fuere pertinente, considerándose las adecuaciones reglamentarias que correspondan”, agregando que, dicha hipótesis establecida en la norma referida, es la que su representada ejecutó, aplicando la medida disciplinaria de destitución, por causa legal contemplada en el reglamento de la ley N° 20.976 (artículo 72 letra b) Ley N° 19.070), en el tiempo intermedio entre la renuncia a las horas que la actora servía, y la puesta a disposición de la totalidad de los recursos que eventualmente se le otorgarían a la recurrente. De esta forma, sostiene que, el término de relación laboral se produjo por aplicación de causal disciplinaria de destitución, por afectación grave a la probidad administrativa, y no por el retiro voluntario para profesionales de la educación establecida en la Ley N° 20.976, primando la razón y en consecuencia, evidenciándose la inexistencia de cualquier indicio de capricho o arbitrariedad. Asimismo, se acredita que su representada no ha incurrido en acto ilegal alguno, y mucho menos arbitrario, toda vez que, claramente los hechos que afectan de manera grave al principio de probidad administrativa, principio rector de la Administración Pública, reconocido desde rango constitucional, legal y hasta reglamentario, por ello, hechos que afecten dicho principio no pueden omitirse ni soslayarse, primando la razonabilidad y objetividad al sancionar dichos hechos denunciados, mediante un procedimiento reglado por la Ley N°18.883 y destinados para tales efectos, en sus artículos 119 al 143, habiendo asegurado un debido proceso al respecto, depurando cualquier tipo de vicio o arbitrariedad que pudiese alegar la recurrente al respecto, máxime, si no presentó algún tipo de recurso procesal en contra de dicha medida, en particular, los regulados en las leyes N°18.883 y N°19.880. De esta forma, agrega que, su representada ha cumplido a cabalidad el principio de legalidad que le es exigible, toda vez que ha ajustado su actuar a la normativa legal vigente, como también a la coherencia de las decisiones de la orgánica que rige dentro de la estructura imperante de mi representada, en este caso, el ejercicio de su potestad disciplinaria.

Concluye indicando que, no existe acto administrativo alguno, que haya dictado su representada, en orden a poner a disposición de la recurrente los fondos que por esta acción constitucional impugna, sino que por el contrario, si existe manifestación de voluntad escrita, mediante acto administrativo o decreto, notificado válidamente a la actora, en orden a aplicarle la sanción disciplinaria de destitución.

Acompaña a su informe: 1) Historial de actos administrativos registrados en plataforma en SIAPER, dependiente de Contraloría General de la República; 2) Decretos de designación de la actora, en su carrera docente; 3) Decreto Exento N°542 de 9 de enero de 2019, que instruye un proceso disciplinario a don nombre reservado, dependiente de la Escuela Los Eucaliptus, dictado por el Sr. Alcalde de esta comuna; 4) Decreto Exento N°8.739 de 26 de junio de 2019, que deja sin efecto la designación de fiscal administrativo, designando una nueva, dictado por el Sr. Alcalde de esta comuna; 5) Decreto Afecto N°7.434 de 9 de agosto de 2019, que rectifica el decreto que se indica, eleva el proceso disciplinario a sumario administrativo, y amplía los hechos de investigación relacionados con la venta de donaciones efectuadas por parte de organismos privados al establecimiento educacional y por parte de otros funcionarios del mismo, dictado por el Sr. Alcalde de esta comuna; 6) Formulación de cargos emitido por Fiscal Administrativa, de fecha 24 de enero de 2023, y notificado a doña nombre reservado en fecha 2 de febrero de 2023; 7) Informe final emitido por Fiscal Administrativa, de fecha 27 de febrero de 2023; 8) ORD. N°122/68 de 26 de febrero de 2025, emitido por Sr. Secretario Municipal, dirigido a Jefe (S) DAEM Puerto Montt; 9) Certificación emitida por Sr. Secretario Municipal, de fecha 26 de febrero de 2025; 10) Comprobante de envío de carta certificada de Correos Chile, de fecha 26 de febrero de 2025, dirigido a Leucoton N°317 comuna de Puerto Montt; 11) Formulario de postulación Ley N°20.976 sobre retiro voluntario docentes, de doña nombre reservado, de fecha 30 de mayo de 2022; 12) Renuncia voluntaria e irrevocable Ley N° 20.976, profesionales de la educación beneficiarios de cupos 2021, de doña nombre reservado, de fecha 28 de agosto de 2023;13) Carta emitida por Jefe (S) DAEM Puerto Montt, dirigido a doña nombre reservado, de fecha 23 de diciembre de 2024; 14) Decreto Exento N°14.163 de 12 de diciembre de 2024, dictado por el Sr. Alcalde de esta comuna, resolviendo aplicar la medida de destitución a doña nombre reservado; 15) Decreto Exento N°5357 de fecha 21 de abril de 2025, que declara vacancia del cargo de doña nombre reservado, como Directora Titular de Escuela Los Eucaliptus; 16) Acta Concejo Municipal, de Ilustre Municipalidad de Puerto Montt de fecha 3 de junio de 2025.

A folio 9 se trajeron los autos en relación.

A folio 12 se dispone se agregue extraordinariamente la causa en tabla, en lugar preferente.

A folio 25 se decreta medida para mejor resolver, solicitando a la recurrida que, para una adecuada resolución del asunto, dentro de un plazo de 24 horas, informe el estado de tramitación del recurso de reposición presentado por la actora en contra de la medida disciplinaria de destitución aplicada.

A folio 27 la recurrida la cumple lo ordenado.

A folio 28 la causa vuelve al estado de acuerdo.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio. Supone, como elemento esencial, la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitrario que provoque a la parte recurrente la vulneración de las garantías constitucionales que han señalado como atropelladas o amenazadas.

Segundo: Que, en tal sentido, constituye un requisito indispensable en esta materia, la existencia de un derecho indubitado por parte de quien recurre, de modo de poder propiciar la protección que esta acción cautelar otorga a través de las resoluciones de las Cortes de Apelaciones, exigiéndose para acoger la acción de protección, dentro de otros requisitos, que se constate este carácter preexistente e indubitado del derecho supuestamente afectado, es decir, que el mismo no se encuentre discutido, lo que de los antecedentes que obran en autos, se estima concurrir en la especie.

Tercero: Que, en cuanto al fondo del asunto, los antecedentes que obran en el recurso permiten sostener que el actuar de la recurrida de autos, Ilustre Municipalidad de Puerto Montt, se ajustó a derecho, por cuanto se advierte que el procedimiento administrativo interno, por el cual se adopta la medida disciplinaria de destitución, respecto de la materia que había sido sometida a su conocimiento por la actora, se realizó conforme a la normativa aplicable al caso, y que rige a la recurrida.

Cuarto: No obstante lo anterior, se advierte que, en la especie, a la fecha de decretarse la medida para mejor resolver y cumpliéndose lo ordenado en este sentido por la recurrida, esta última reconoce que se encuentra aún en tramitación el pronunciamiento del recurso de reposición interpuesto por la recurrente en el procedimiento administrativo respectivo, en contra de la medida disciplinaria de destitución que le fue aplicada, reposición que fue presentada con fecha 10 de marzo de 2025, sin que a la fecha de cumplirse lo ordenado a folio 25, haya sido resuelta por parte de la recurrida, excediendo con creces los plazos que establece la Ley N° 19.880 sobre Procedimientos Administrativos, única razón por la cual la presente acción se acogerá, en los términos que se indicará expresamente en la parte resolutiva de la presente sentencia.

Quinto: Que, por los motivos expuestos, se desestimarán todas las otras peticiones efectuadas por la parte recurrente, por estimarse que el actuar de la recurrida se ajusta a derecho, y por ende, en estos otros aspectos no se advierte acción u omisión ilegal o arbitraria que implique alguna privación, perturbación o amenaza de algunas de las garantías constitucionales que son invocadas por el recurrente en su acción, supuestos esenciales para que prospere el presente recurso de protección, en relación a los restantes puntos planteados en la acción de protección; salvo en el retardo y falta de pronunciamiento sobre el recurso de reposición administrativo formulado por la recurrente en contra del decreto que declaró la medida disciplinaria de destitución, dictado por la recurrida Ilustre Municipalidad de Puerto Montt.

Por estas consideraciones y vistos, además, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República, y en el Acta sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales se declara:

Que, se acoge, sin costas, el recurso de protección interpuesto por nombre reservado, en contra de la Ilustre Municipalidad de Puerto Montt, solo en cuanto se ordena a la recurrida, dentro de un plazo de 30 días, emitir pronunciamiento sobre el recurso de reposición administrativo formulado con fecha 10 de marzo de 2025 por la parte recurrente, en contra del decreto que aplicó la medida disciplinaria de destitución, desestimándose en todo lo demás el recurso de protección interpuesto.

Redacción de la Abogada Integrante María Paz Olavarría Pérez.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol Protección N° 773-2025.