Protección contra Ministerio Público por omisiones de protección

Puerto Montt, seis de enero de dos mil veintiséis.

VISTOS:

A folio 1, comparece nombre reservado, en favor de nombre reservado, quien interpone acción constitucional de protección en contra de: Ministerio Público –Fiscalía Local de Puerto Montt–, Policía de Investigaciones de Chile y Tribunal de Familia de Puerto Montt, por los hechos que expone en su acción.

La parte recurrente comparece en favor de su hijo menor de edad, nombre reservado, de cuatro años, invocando su calidad de madre cuidadora acreditada por el Estado y garante legal de sus derechos. Sostiene que deduce una acción constitucional de carácter urgente al estimar que la libertad personal y la seguridad individual del niño —así como su integridad psíquica, su salud mental y su derecho a vivir libre de violencia— han sido objeto de privación, perturbación o amenaza mediante actos u omisiones que califica de ilegales y arbitrarios, en un contexto de violencia grave y de insuficiente respuesta institucional.

Expone, como hechos principales, que el 18 de mayo de 2025 el niño habría sido víctima directa e indirecta de un episodio extremo de violencia intrafamiliar: la recurrente relata un intento de femicidio frustrado cometido por el progenitor del menor mientras ella lo cargaba, tras lo cual —según refiere— el padre se habría parapetado por horas con el niño, utilizándolo como “escudo humano” frente a un contingente policial, con exposición pública y un ambiente de alta tensión, lo que habría generado afectación emocional severa.

Señala que, a raíz de tales acontecimientos, el 19 de mayo el Juzgado de Familia de Puerto Varas habría dispuesto el cuidado en favor de la madre; no obstante, denuncia que posteriormente el Juzgado de Familia de Puerto Montt habría ordenado la restitución del niño al progenitor, en una decisión que la recurrente describe como adoptada sin audiencia, sin notificación y sin ponderación suficiente del riesgo, del diagnóstico TEA y de la discapacidad acreditada.

En lo relativo al impacto clínico, la recurrente afirma que, tras los hechos, el niño presentó síntomas de desregulación emocional y conductas regresivas (llanto nocturno, intensa ansiedad por separación, crisis ante la posibilidad de separación de la figura materna y conductas autoagresivas).

Añade que su pediatra tratante habría diagnosticado una afectación aguda de origen emocional y habría derivado a salud mental infantil, otorgando licencia médica para evitar nuevos episodios de estrés; y que, además, un psicólogo especialista en trauma infantil habría evaluado al niño, utilizando técnicas proyectivas (dibujo), concluyendo —según se expone— la existencia de indicadores de temor y amenaza asociados a la figura paterna, recomendándose la suspensión urgente de todo contacto con el progenitor y la permanencia del niño con su figura de apego primario.

A continuación, la acción describe un segundo episodio, fechado el 29 de mayo de 2025, en que el niño habría sido objeto de un procedimiento policial ejecutado por funcionarios de la Policía de Investigaciones, que la recurrente califica de irregular, violento y desproporcionado, alegando que no se habría exhibido orden judicial y que, en el cuartel, se habría anunciado al menor la presencia del padre, gatillándose una crisis severa; tras ello, se habría procedido a separar al niño por la fuerza de su madre, pese a su evidente descompensación. Refiere que, como consecuencia de lo ocurrido, la recurrente se habría desvanecido y sido trasladada a un centro asistencial.

Desde ese último evento, sostiene que no ha vuelto a tener contacto con su hijo ni acceso a información mínima sobre su estado, alegando que el niño se encontraría retenido, ocultado e incomunicado por el progenitor, sin respaldo médico ni judicial suficiente, y sin intervención efectiva de los órganos llamados a la protección. En este marco, denuncia una “cadena institucional” de omisiones y negligencias —incluida la tramitación lenta y errática de antecedentes previos de violencia en causas de familia— y solicita que se otorgue especial valor a un informe del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, en el cual, según la recurrente, se reconocería oficialmente la gravedad de los hechos, la afectación emocional del niño y la necesidad de intervención reparatoria y de separación del entorno paterno por riesgo.

Conforme a lo anterior, la recurrente afirma que la afectación denunciada no se agota en un conflicto parental, sino que configuraría violencia vicaria e institucional, con revictimización del niño. Sobre la base de normas constitucionales, legales y de tratados internacionales (en especial los estándares de protección reforzada para niñez y discapacidad), pide a la Corte que adopte medidas inmediatas para restablecer el imperio del derecho, consistentes —principalmente— en la restitución del niño al cuidado personal de su madre, la suspensión de toda forma de contacto o exposición del menor al progenitor mientras se esclarece y evalúa la situación penal, médica y judicial, y el despacho de oficios a órganos públicos competentes para asegurar protección efectiva y evitar nuevas vulneraciones.

Asimismo, en un escrito complementario, precisa que dirige su acción en contra del Ministerio Público por omisiones de protección, de la Policía de Investigaciones por la ejecución del procedimiento cuestionado, y del Tribunal de Familia de Puerto Montt por resoluciones que, a su juicio, habrían validado la revictimización del niño, sin resguardos especializados ni adecuada ponderación del interés superior y de la discapacidad, solicitando además se consideren eventuales responsabilidades funcionales de las magistraturas intervinientes.

A folio 4, se tiene por interpuesto el recurso de protección y se pide informe a las recurridas.

A folio 6, consta informe evacuado por la parte recurrida —Policía de Investigaciones de Chile, Prefectura Llanquihue—, quien solicita el rechazo del recurso de protección, sosteniendo en lo sustancial que las actuaciones policiales cuestionadas por la recurrente se enmarcaron estrictamente en el cumplimiento de un mandato judicial dictado por el Juzgado de Familia de Puerto Montt, y no en el ejercicio discrecional de potestades autónomas; ello, por cuanto mediante decreto de fecha 28 de mayo de 2025 se ordenó la búsqueda del niño nombre reservado, otorgándose a la Policía de Investigaciones facultades amplias para investigar su paradero y ejecutar la orden con premura, incluyendo habilitación de día, hora y lugar; además, se contemplaron medidas para afrontar eventuales oposiciones de terceros y, en su caso, facultades para ingreso a recintos cerrados, conforme a la normativa procesal aplicable en sede de familia.

Según se detalla, el día 29 de mayo de 2025 la recurrida dio inicio al cumplimiento de la orden, procediendo primero a la individualización del niño requerido y de sus familiares y personas relevantes, utilizando sistemas institucionales de verificación e información; luego, desarrolló diligencias orientadas a ubicar el paradero del menor, incluyendo: (i) gestiones telefónicas con el establecimiento educacional, verificando la inasistencia del niño a clases desde el 19 de mayo, y la explicación entregada por su madre relativa a una licencia médica; (ii) concurrencia al domicilio de la abuela materna, el cual fue observado cerrado, levantándose empadronamientos vecinales; (iii) verificación de antecedentes en un centro asistencial, estableciéndose una atención ambulatoria pediátrica y registrándose el domicilio informado por la madre; (iv) diligencias paralelas en el domicilio del abuelo materno, quien manifestó no mantener al niño en su residencia; (v) patrullajes destinados a ubicar vehículos vinculados a la madre y a la abuela; y (vi) actuaciones en el condominio correspondiente al domicilio informado, recabándose información del conserje y de vecinos respecto de movimientos recientes.

Prosiguiendo con la cronología, la Policía de Investigaciones sostiene que, tras ubicar un vehículo asociado a la abuela materna en el sector DIRECCION000, se tomó contacto en la vía pública con la madre del niño, comunicándosele el motivo de la diligencia y exhibiéndose la orden judicial. En ese contexto, la recurrida afirma que la madre entregó una versión sobre el lugar en que se encontraría el niño que no se correspondía con verificaciones policiales previas, y que, pese a requerimientos expresos, se negó a indicar el lugar físico preciso donde se hallaba el menor, aportando únicamente un número telefónico; asimismo, se dejó constancia de intentos fallidos de contacto con la abuela por mantener su teléfono apagado.

Con posterioridad, y en atención a antecedentes recabados, se ubicó a la abuela junto al niño en el sector DIRECCION001, a quienes se informó y exhibió la orden de búsqueda, indicándose que la abuela acompañaría al menor al cuartel policial, con la finalidad de resguardar que el niño no permaneciera solo.

Ya en dependencias policiales, se describe que la Subprefecta a cargo reiteró a la madre y a la abuela la existencia y alcances de la orden de búsqueda, consignándose una reacción emocional de la madre ante la inminencia de la entrega del niño al padre, con manifestaciones y acusaciones relativas a supuestos hechos de violencia previa atribuibles a éste.

Con todo, se sostiene que, tras el diálogo con el personal policial, se concretó la entrega del niño para dar cumplimiento al mandato judicial, dejándose constancia de la negativa de la abuela a suscribir el acta pertinente; posteriormente, el niño fue trasladado para su entrega al padre, quien suscribió el acta de recepción, y se practicó una constatación de lesiones, cuyo resultado consignado indicó ausencia de evidencias de lesiones.

En lo concerniente a la imputación de vulneración de garantías constitucionales, la recurrida afirma que el personal actuó en todo momento con trato cordial, identificándose debidamente e informando el contexto general de las diligencias, negando categóricamente que existiera una intervención violenta o desproporcionada como la narrada por la recurrente.

Alega, además, que la actuación obedeció a un imperativo de cumplimiento de una orden emanada de tribunal competente, ejecutada dentro de las atribuciones conferidas y conforme a criterios de legalidad y reglamentación institucional, por lo que —según su planteamiento— no habría existido ni persistiría actuación ilegal o arbitraria atribuible a la Policía de Investigaciones, ni, en consecuencia, afectación de garantías constitucionales.

Finalmente, indica que acompaña la documentación justificante de las diligencias policiales desarrolladas, así como los antecedentes que respaldan el procedimiento informado al tribunal de familia correspondiente.

A folio 7, consta informe evacuado por la parte recurrida — Fiscalía Local de Puerto Montt, en representación del Ministerio Público—, quien solicita el rechazo del recurso de protección. Expone, en lo sustancial, una relación cronológica y funcional de las actuaciones desplegadas con ocasión de una investigación penal iniciada a partir de una denuncia por hechos de violencia, precisando su contexto, la justificación de las decisiones adoptadas y la derivación de materias de resguardo del interés superior de un niño a la judicatura especializada.

En particular, sostiene que con fecha 18 de mayo de 2025 se generó la causa RUC 2500682176-9 a raíz de denuncia formulada por doña nombre reservado por un presunto delito de femicidio frustrado, referido a hechos ocurridos en Puerto Varas, en las afueras del domicilio del conviviente de la denunciante, don nombre reservado, individualizando el lugar como DIRECCION002.

Asimismo, señala que los hechos denunciados se habrían producido en el contexto de la entrega, por parte de la denunciante, de su hijo menor de edad nombre reservado a su padre, quien mantenía el cuidado personal del niño por resolución judicial previa del Juzgado de Familia de Puerto Montt.

A partir de tal antecedente, la recurrida indica que, en mérito de diligencias investigativas iniciales, se solicitó al Juzgado de Garantía de Puerto Varas una orden de detención respecto de nombre reservado, la que fue cumplida el mismo día por la Policía de Investigaciones de Chile, aproximadamente a las 23:17 horas.

Enseguida, informa que, una vez controlada la detención y ponderados los antecedentes reunidos, el imputado fue formalizado ante el Juzgado de Garantía de Puerto Varas el día 19 de mayo de 2025, no ya por el delito inicialmente denunciado, sino por el ilícito de lesiones menos graves en contexto de violencia intrafamiliar, en perjuicio de la recurrente.

Luego, la recurrida enfatiza que, atendido el cumplimiento de la orden de detención y considerando que el imputado era cuidador del niño, el fiscal de turno de Puerto Varas, don Pablo Astete Fierro, dispuso el contacto con el Juzgado de Familia de Puerto Varas a fin de que fuera ese tribunal especializado el que adoptara las medidas de resguardo y protección pertinentes respecto del menor.

Añade que se realizó la coordinación con la jueza de turno de dicho tribunal, quien resolvió que el niño fuera entregado momentáneamente a su madre. Sobre esta base, el Ministerio Público afirma haber adoptado las decisiones que estimó conducentes para la protección y resguardo del menor, justificando como “más idóneo y pertinente” poner los hechos en conocimiento del Juzgado de Familia de Puerto Varas —competente en ese momento por el lugar de ocurrencia—, precisamente porque ya existía una resolución anterior del Juzgado de Familia de Puerto Montt que había regulado la protección y cuidado del niño, entregándolo al padre.

Finalmente, la recurrida hace presente que, con fecha 22 de mayo de 2025 y por razones de mejor servicio, la Fiscal Regional de Los Lagos, doña Carmen Gloria Wittwer Opitz, dispuso que la investigación de la causa RUC 2500682176-9 (RIT 1586-2025 del Juzgado de Garantía de Puerto Varas) quedara radicada en la Fiscalía Local de Puerto Montt, asignándose su tramitación al Fiscal Adjunto don Nider Orrego Dolmestch.

A folio 9, consta informe evacuado por la parte recurrida —Tribunal de Familia de Puerto Montt —, donde circunscribe su exposición a poner en conocimiento de la Corte los antecedentes procesales que han existido entre nombre reservado y nombre reservado, particularmente en materia de medidas de protección y procedimientos conexos, detallando los ingresos, estados procesales y resoluciones terminales recaídas en diversas causas tramitadas ante tribunales de familia (incluyendo, entre otras, causas RIT P-273-2023, P-934-2023, P-644-2024, P-2975-2024, P-1496-2024, P-1161-2025, P-1502-2025, y la causa principal RIT P-2689-2023, así como la acumulación en RIT P-2692-2023).

En dicho relato, se destaca que una parte significativa de los requerimientos fue declarada sin curso por no justificarse la adopción de nuevas medidas de protección, sea por no advertirse una grave vulneración actual de derechos en los niños involucrados, por existir tramitaciones paralelas o antecedentes ya abordados en otras sedes o procedimientos, o por estimarse que los hechos denunciados correspondían a materias susceptibles de canalización por vías diversas —tales como violencia intrafamiliar, investigación penal o protección administrativa —, según el marco competencial de la Ley N°19.968 y la Ley N°21.430.

Asimismo, el informe releva que, en la causa RIT P-2689-2023, con fecha 10 de junio de 2025 se dictó sentencia que recoge una solución colaborativa entre los intervinientes, estructurando medidas de protección orientadas a la reparación del daño detectado en ambos niños mediante derivación a programas especializados (tipo PRM), manteniendo la curaduría ad litem, y disponiendo la remisión de antecedentes al Juzgado de Familia de Puerto Varas para el control y seguimiento de la intervención, junto con acompañar las resoluciones de término pertinentes.

En tal sentido, la recurrida enfatiza, como eje del informe, la existencia de una tramitación previa y suficiente, con decisiones adoptadas conforme a las reglas legales de competencia, al mérito de los antecedentes y al interés superior de los niños, aportando al tribunal de alzada un cuadro consolidado de la actividad jurisdiccional desarrollada y de las resoluciones recaídas en las causas vinculadas entre las partes.

A folio 10, se traen los autos en relación.

Encontrándose en estado, se agregó extraordinariamente a la tabla el presente recurso.

CON LO RELACIONADO, OÍDO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: El recurso de protección de garantías constitucionales, previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye un mecanismo procesal constitucional de carácter excepcional y cautelar, diseñado para asegurar la protección eficaz y expedita de los derechos fundamentales allí consagrados. Su propósito es resguardar contra acciones u omisiones arbitrarias o ilegales que implican una privación, perturbación o amenaza de estos derechos y garantías. En este sentido, cuando esta Corte conozca de un recurso de protección, asumirá una responsabilidad constitucional de actuar con premura y decisión para instaurar las medidas que juzgue necesarias.

Así, la presente acción constitucional, al tener un carácter cautelar, urgente y no declarativo, no permite emitir un fallo que resuelva de manera integral todas las cuestiones relacionadas con la existencia y validez de los recursos derechos en juego, ni otras materias que requieran de un análisis más extenso y profundo. Para ello, el ordenamiento jurídico chileno contempla otras vías judiciales y administrativas específicamente destinadas a su análisis y resolución.

SEGUNDO: Que resulta crucial enfatizar la naturaleza cautelar, urgente y no declarativa de esta acción, lo que implica que el ámbito de competencia de esta Corte es excepcional y debe interpretarse de manera restrictiva. Así, la intervención de estos sentenciadores se justifica únicamente en casos que demanden imperativamente la adopción de protectoras respecto al derecho medidas cuya vulneración se alega. Es imprescindible que el derecho en cuestión sea indubitable y no se base en meras expectativas o autoatribuciones de prerrogativas no reconocidas legalmente. Además, los actos u omisiones impugnados deben ser claramente ilegales o arbitrarios.

En este contexto, se debe recordar que la naturaleza cautelar y de urgencia de este recurso justifica tanto su tramitación relativamente desformalizada como su carácter no declarativo de derechos. Estos aspectos son fundamentales para entender la celeridad en su interposición y la flexibilidad en sus formas de presentación, permitiendo incluso su promoción por terceros sin necesidad de acreditar un título habilitante.

TERCERO: Que la parte recurrente comparece en favor de su hijo menor de edad, nombre reservado (4 años). Sostiene que deduce acción de protección por estimar perturbadas o amenazadas la libertad personal y seguridad individual del niño, junto con su integridad psíquica y derecho a vivir libre de violencia, por actos u omisiones que califica de ilegales y arbitrarios.

Refiere, como núcleo fáctico, que el 18 de mayo de 2025 el menor habría quedado expuesto a un episodio de violencia intrafamiliar de extrema gravedad: denuncia un intento de femicidio frustrado en su contra por parte del progenitor mientras ella cargaba al niño, tras lo cual este se habría parapetado con el menor por horas, utilizándolo como “escudo humano” frente a personal policial, generando afectación emocional severa. Indica que el 19 de mayo el Juzgado de Familia de Puerto Varas habría dispuesto el cuidado a favor de la madre; sin embargo, acusa que el Juzgado de Familia de Puerto Montt habría ordenado posteriormente la restitución del niño al progenitor, sin audiencia ni notificación, y sin ponderar adecuadamente el riesgo, el TEA y la discapacidad.

Alega consecuencias clínicas posteriores (desregulación emocional, ansiedad por separación, crisis y conductas autoagresivas), señalando derivación a salud mental infantil y evaluación psicológica por trauma, con recomendación de suspender contacto con el padre y mantener al niño con su figura de apego primario. Añade un segundo episodio el 29 de mayo de 2025, consistente en un procedimiento de la Policía de Investigaciones que califica de irregular y desproporcionado, afirmando que no se exhibió orden judicial y que se separó al niño de su madre pese a su descompensación.

Desde entonces, sostiene no tener contacto ni información suficiente del menor, a quien considera retenido e incomunicado por el progenitor, denunciando omisiones institucionales y otorgando relevancia a un informe del Servicio Nacional de Protección Especializada que, según afirma, reconocería la gravedad y la necesidad de intervención reparatoria.

En escrito complementario, precisa que dirige su acción contra el Ministerio Público (omisiones), la Policía de Investigaciones (procedimiento) y el Tribunal de Familia de Puerto Montt (resoluciones cuestionadas).

CUARTO: Que la recurrida, Policía de Investigaciones de Chile —Prefectura Provincial Llanquihue—, sostiene que las actuaciones reprochadas se ejecutaron exclusivamente en cumplimiento de una orden emanada del Juzgado de Familia de Puerto Montt.

Indica que, por decreto de 28 de mayo de 2025, se dispuso la búsqueda del niño nombre reservado, confiriéndose a la PDI facultades amplias para investigar su paradero y ejecutar la medida con habilitación de día, hora y lugar, contemplándose, además, medidas para enfrentar oposiciones de terceros y, de ser necesario, ingreso a recintos cerrados.

Precisa que el 29 de mayo de 2025 inició diligencias de individualización y ubicación del menor mediante sistemas institucionales, verificaciones con el establecimiento educacional y centros asistenciales, concurrencia a domicilios de familiares, empadronamientos vecinales, patrullajes y recabación de información en el condominio asociado al domicilio informado.

Añade que, tras ubicar un vehículo vinculado a la abuela materna, se tomó contacto con la madre en la vía pública, informándole el motivo de la diligencia y exhibiendo la orden; afirma que ésta no precisó el lugar físico donde se encontraba el niño, aportando sólo un número telefónico, y que se registraron intentos fallidos de comunicación con la abuela.

Posteriormente, indica que se ubicó a la abuela junto al niño en el sector DIRECCION001 y se les informó de la orden, disponiéndose su concurrencia al cuartel para resguardar al menor.

En dependencias policiales, se reiteraron los alcances de la medida; se concretó la entrega del niño para dar cumplimiento al mandato judicial, dejando constancia de la negativa de la abuela a suscribir el acta; el padre suscribió el acta de recepción y la constatación de lesiones consignó ausencia de evidencias de lesiones.

Finalmente, la recurrida niega trato violento o desproporcionado y afirma que no existió actuación ilegal o arbitraria.

QUINTO: Que la parte recurrida, —Fiscalía Local de Puerto Montt en representación del Ministerio Público— expone una síntesis cronológica de las actuaciones realizadas con ocasión de una investigación penal originada en una denuncia por hechos de violencia, precisando el contexto y las decisiones adoptadas, especialmente en lo relativo a la derivación de materias vinculadas al resguardo del interés superior de un niño a la judicatura especializada.

En ese sentido, sostiene que el 18 de mayo de 2025 se generó la causa RUC 2500682176- 9 a partir de denuncia de doña nombre reservado por un presunto femicidio frustrado, relativo a hechos ocurridos en Puerto Varas, en las afueras del domicilio de su conviviente, don nombre reservado, en DIRECCION002.

Añade que el episodio se habría producido en el contexto de la entrega del hijo menor nombre reservado a su padre, quien detentaba el cuidado personal del niño por resolución previa del Juzgado de Familia de Puerto Montt.

Con base en diligencias iniciales, indica que se solicitó al Juzgado de Garantía de Puerto Varas una orden de detención respecto de nombre reservado, la que fue cumplida el mismo día por la Policía de Investigaciones cerca de las 23:17 horas.

Señala, asimismo, que el 19 de mayo de 2025 el imputado fue formalizado ante el mismo tribunal por lesiones menos graves en contexto de violencia intrafamiliar, en perjuicio de la recurrente.

Luego, destaca que, atendida la detención y la condición del imputado como cuidador del niño, el fiscal de turno de Puerto Varas, don Pablo Astete Fierro, dispuso contactar al Juzgado de Familia de Puerto Varas para que adoptara las medidas de resguardo y protección pertinentes, coordinándose con la jueza de turno, quien resolvió la entrega momentánea del niño a su madre.

En esa línea, el Ministerio Público afirma haber procedido del modo más idóneo al poner los antecedentes en conocimiento del tribunal de familia competente por el lugar de ocurrencia, considerando, además, la existencia de una resolución previa del Juzgado de Familia de Puerto Montt que había radicado el cuidado del niño en el padre.

Finalmente, informa que el 22 de mayo de 2025, por razones de mejor servicio, la Fiscal Regional de Los Lagos, doña Carmen Gloria Wittwer Opitz, dispuso radicar la investigación de la causa RUC 2500682176-9 (RIT 1586-2025 del Juzgado de Garantía de Puerto Varas) en la Fiscalía Local de Puerto Montt, asignándola al Fiscal Adjunto don Nider Orrego Dolmestch.

SEXTO: Que la parte recurrida —Tribunal de Familia de Puerto Montt—circunscribe su exposición a poner en conocimiento de la Corte los antecedentes procesales que han existido entre nombre reservado y nombre reservado, particularmente en materia de medidas de protección y procedimientos conexos, detallando los ingresos, estados procesales y resoluciones terminales recaídas en diversas causas tramitadas ante tribunales de familia (incluyendo, entre otras, causas RIT P-273- 2023, P-934-2023, P-644-2024, P-2975-2024, P-1496-2024, P-1161-2025, P-1502-2025, y la causa principal RIT P-2689-2023, así como la acumulación en RIT P-2692-2023).

En dicho relato, se destaca que una parte significativa de los requerimientos fue declarada sin curso por no justificarse la adopción de nuevas medidas de protección, sea por no advertirse una grave vulneración actual de derechos en los niños involucrados, por existir tramitaciones paralelas o antecedentes ya abordados en otras sedes o procedimientos, o por estimarse que los hechos denunciados correspondían a materias susceptibles de canalización por vías diversas —tales como violencia intrafamiliar, investigación penal o protección administrativa —, según el marco competencial de la Ley N°19.968 y la Ley N°21.430.

Asimismo, el informe releva que, en la causa RIT P-2689-2023, con fecha 10 de junio de 2025 se dictó sentencia que recoge una solución colaborativa entre los intervinientes, estructurando medidas de protección orientadas a la reparación del daño detectado en ambos niños mediante derivación a programas especializados (tipo PRM), manteniendo la curaduría ad litem, y disponiendo la remisión de antecedentes al Juzgado de Familia de Puerto Varas para el control y seguimiento de la intervención, junto con acompañar las resoluciones de término pertinentes.

En tal sentido, la recurrida enfatiza, como eje del informe, la existencia de una tramitación previa y suficiente, con decisiones adoptadas conforme a las reglas legales de competencia, al mérito de los antecedentes y al interés superior de los niños, aportando al tribunal de alzada un cuadro consolidado de la actividad jurisdiccional desarrollada y de las resoluciones recaídas en las causas vinculadas entre las partes.

SÉPTIMO: Que la recurrente reprocha, en términos generales, el procedimiento policial que culmina con la separación del niño de su madre el veintinueve de mayo de dos mil veinticinco, atribuyéndole un carácter traumático, desproporcionado e institucionalmente violento, y vinculándolo a la posterior incomunicación del niño. No obstante, el examen del informe policial y de las resoluciones judiciales acompañadas conduce a una conclusión diversa respecto del presupuesto habilitante del recurso: la existencia de un acto ilegal o arbitrario.

La Policía de Investigaciones de Chile comparece a estos autos como órgano ejecutor de una orden judicial de búsqueda y de entrega, dictada por tribunal competente y en el marco de una causa de entrega inmediata del niño. Dicha orden detalla el mandato de búsqueda, las facultades conferidas para investigar paradero, la habilitación de día y hora para su cumplimiento, y los deberes de información al tribunal.

Asimismo, se prevé expresamente que, en caso de oposición de terceros, la policía se encuentra facultada para proceder a detenciones por desacato y debe dar cuenta a la fiscalía local correspondiente; incluso se consignan facultades de allanamiento y descerrajamiento conforme a reglas procesales expresamente indicadas. En otras palabras, se trata de una actuación ordenada y reglada por un órgano jurisdiccional, cuyo cumplimiento es exigible a la policía, sin que quepa calificar como ilegal el acatamiento de un mandato judicial formalmente vigente.

Desde la perspectiva del control constitucional, no corresponde a esta Corte, por la vía expedita del recurso, sustituir el juicio del tribunal especializado ni revisar, en abstracto, la conveniencia o corrección de la decisión de despachar una orden de búsqueda, salvo que se acredite una infracción manifiesta a la juridicidad.

A mayor razón, en lo que concierne a la actuación del personal policial, el procedimiento cautelar no dispone de instancia probatoria idónea para reconstruir con precisión la dinámica del operativo, el grado de fuerza empleado, o eventuales excesos; tales extremos, por definición, requieren investigación y prueba, y cuentan con vías específicas de control administrativo, disciplinario y penal, en caso de existir hechos constitutivos de infracción.

Por ende, al verificarse que la actuación policial tuvo por causa inmediata una orden judicial vigente dictada por el tribunal competente en familia, y que el informe policial afirma haber documentado y comunicado al propio tribunal las diligencias desarrolladas, no se configura, respecto de la Policía de Investigaciones de Chile, el elemento de ilegalidad o arbitrariedad que exige la acción constitucional.

OCTAVO: Que la recurrente dirige parte significativa de su libelo a cuestionar el actuar del Tribunal de Familia de Puerto Montt y de magistradas que individualiza, atribuyéndoles negligencia y omisión en la protección del niño, así como decisiones que, a su juicio, habrían permitido que permanezca bajo el cuidado del padre. Sin embargo, lo que en rigor solicita es que esta Corte, por la vía cautelar, sustituya o deje sin efecto decisiones jurisdiccionales dictadas en sede especializada y determine, en forma inmediata, el cuidado personal del niño y su restitución a la madre.

Dicha pretensión se enfrenta con límites estructurales del recurso de protección: dicha acción constitucional no fue diseñada como una instancia recursiva universal para corregir, en forma directa, el mérito de las resoluciones dictadas por tribunales competentes, ni para reabrir un debate que la ley ha confiado a procedimientos contradictorios, con reglas de prueba y recursos propios.

En el ámbito del derecho de familia, la Ley número 19.968 crea tribunales especializados, procedimientos específicos y mecanismos recursivos destinados precisamente a resolver conflictos relativos al cuidado personal, a las medidas de protección y a la ejecución de sus resoluciones.

Admitir que, por vía de protección, se puede revertir una decisión de restitución del cuidado personal dictada por el tribunal especializado importaría desnaturalizar el diseño institucional, vulnerar la regla de competencia y convertir el mecanismo cautelar en un juicio paralelo sin garantías de debate y prueba.

En el caso concreto, consta una decisión jurisdiccional de veinte de mayo de dos mil veinticinco que ordenó restituir el cuidado personal del niño a su padre, tomando en cuenta la existencia de sentencia definitiva previa sobre cuidado personal dictada en causa de lato conocimiento, y estimando que los hechos invocados no tenían entidad suficiente para alterar de inmediato lo ya resuelto.

Además, se dispuso una modalidad de entrega a través de un tercero, precisamente para compatibilizar la entrega con una medida cautelar penal que impedía acercamiento entre progenitores. Tales elementos evidencian que el tribunal especializado actuó dentro de su competencia y con una motivación jurisdiccional reconocible.

Si la recurrente estima que la resolución de restitución o las medidas adoptadas en familia vulneran derechos del niño o se basan en una apreciación errónea de los antecedentes, el ordenamiento provee vías idóneas: recursos en sede de familia, incidentes de ejecución, solicitudes de modificación de medidas cautelares y medidas de protección, entre otras. En cambio, la vía intentada exigiría a esta Corte pronunciarse sobre el fondo del cuidado personal y sobre la suficiencia de los antecedentes para mutar lo resuelto, lo que excede la naturaleza cautelar y sumaria del recurso y conduce, por sí solo, al rechazo.

NOVENO: Que la recurrente sitúa los hechos en un contexto de violencia intrafamiliar, destacando episodios graves y la existencia de investigaciones penales, y sugiere que existiría una insuficiente respuesta institucional. Sobre este punto, el informe del Ministerio Público aporta elementos decisivos para apreciar la juridicidad del actuar reprochado.

Se informa que, con fecha dieciocho de mayo de dos mil veinticinco, se generó una investigación penal a raíz de una denuncia por hechos graves; que, en mérito de diligencias, se solicitó una orden de detención respecto del imputado; que ésta fue diligenciada el mismo día; que la detención fue controlada; y que el imputado fue formalizado al día siguiente por lesiones menos graves en contexto de violencia intrafamiliar. Todo ello revela una actuación activa y dentro de la competencia legal de persecución penal, dirigida a cautelar bienes jurídicos y someter al imputado a control jurisdiccional.

Además, el Ministerio Público expone que, atendida la circunstancia de que el imputado era cuidador del niño por resolución judicial de familia, se dispuso el contacto con el Tribunal de Familia de Puerto Varas para que fuese ese tribunal especializado el que adoptara medidas de resguardo y protección respecto del niño, decisión que se ajusta a la distribución de competencias: la determinación del cuidado personal y las medidas relativas al niño corresponden al tribunal de familia, no al órgano persecutor. En ese contacto, se habría determinado que el niño fuese entregado momentáneamente a su madre, lo que demuestra coordinación institucional con el órgano competente y un criterio de protección inmediata.

Asimismo, se consigna que la investigación penal fue derivada, por razones de buen servicio, a la Fiscalía Local de Puerto Montt, asignándose fiscal a cargo. Estos antecedentes confirman que el Ministerio Público no ejecutó actos propios de la judicatura de familia ni dictó decisiones sobre cuidado personal; por el contrario, se limitó a cumplir su rol constitucional y legal, coordinando con el tribunal especializado las medidas necesarias para el resguardo del niño.

En este escenario, pretender que esta Corte, por vía cautelar, ordene al Ministerio Público conductas que excedan su competencia o que implique revisar decisiones ya adoptadas por tribunales de familia importaría desconocer la estructura de atribuciones del sistema de justicia.

Si la recurrente estima insuficientes las diligencias investigativas, el ordenamiento contempla mecanismos de control y participación de intervinientes en sede penal, sin que el recurso de protección sea el medio idóneo para dirigir la investigación o para sustituir decisiones jurisdiccionales adoptadas por los jueces competentes. Por ende, no se advierte un acto ilegal o arbitrario atribuible al Ministerio Público que habilite la tutela solicitada.

DÉCIMO: Que la recurrente sostiene que, desde el veintinueve de mayo de dos mil veinticinco, no ha tenido contacto alguno con su hijo, que desconoce su estado físico y emocional y que el niño se encontraría oculto e incomunicado por decisión del padre, sin orden médica o judicial que avale tal proceder. Esta alegación —en cuanto describe una eventual perturbación del vínculo y del acceso a información relevante respecto del niño— es de la mayor seriedad, pero debe examinarse con rigor desde el punto de vista del objeto del recurso y de la imputación concreta.

Ante todo, la incomunicación denunciada se atribuye principalmente al padre del niño, a quien la recurrente califica como “progenitor agresor” y como autor de una decisión arbitraria de ocultamiento. Sin embargo, en el presente proceso la imputación de ilegalidad o arbitrariedad debe recaer sobre las recurridas, esto es, sobre las autoridades u órganos respecto de los cuales se pide el restablecimiento del imperio del derecho.

En este punto, los antecedentes institucionales muestran que las recurridas actuaron en cumplimiento o coordinación de resoluciones judiciales de familia, particularmente en lo relativo a la entrega inmediata y restitución del cuidado personal. No se desprende de tales informes que dichas instituciones hayan dictado una orden autónoma de incomunicación o de prohibición de contacto, ni que se haya establecido, por ellas, una regla permanente de aislamiento del niño.

Además, el propio tribunal de familia, al ordenar la restitución del cuidado personal al padre, dispuso un mecanismo de entrega a través de un tercero precisamente para evitar contacto directo entre progenitores en atención a una medida cautelar penal vigente.

Ello sugiere que, en el corto plazo, cualquier régimen de comunicación y relación materno-filial debe articularse de modo compatible con tales cautelares y con las decisiones de familia. Si la recurrente estima que la modalidad de entrega, la inexistencia o limitación de comunicación, o la falta de información del establecimiento educacional, vulnera derechos del niño o de la madre, el procedimiento idóneo es el de familia, en el cual pueden decretarse medidas específicas, establecerse un régimen de relación directa y regular, y adoptarse resguardos adecuados en función del interés superior y del diagnóstico del niño.

Por otra parte, para que proceda una acción cautelar como la presente, la afectación debe aparecer razonablemente acreditada de modo tal que habilite un mandato urgente. Sin embargo, el recurso está construido, en gran medida, sobre afirmaciones de hecho cuya verificación exige debate y prueba: el lugar donde se encuentra el niño, las razones de la falta de comunicación, las condiciones de su cuidado actual y la eventual existencia de riesgo vital inminente.

DÉCIMO PRIMERO: Que la recurrente describe un conflicto multidimensional que involucra: determinación y ejecución del cuidado personal; medidas de protección respecto del niño; cautelares penales que regulan el contacto entre progenitores; investigaciones por violencia intrafamiliar; y eventuales responsabilidades derivadas de procedimientos policiales. Cada uno de estos aspectos cuenta, en el diseño del ordenamiento, con procedimientos y órganos especializados para su conocimiento, lo que torna improcedente desplazar tales vías mediante una acción constitucional de urgencia.

En sede de familia, la Ley número 19.968 contempla procedimientos contradictorios destinados a resolver y modificar el cuidado personal, a ejecutar sus resoluciones y a dictar medidas de protección en favor de niños. Además, la Ley número 21.430 reconoce el sistema de garantías y protección integral de derechos de la niñez y adolescencia, articulando mecanismos judiciales y administrativos, incluyendo la intervención de oficinas locales de la niñez y la protección administrativa cuando corresponda.

De hecho, en los antecedentes acompañados consta que tribunales de familia han adoptado decisiones sobre competencia y derivación a instancias administrativas cuando los hechos no encuadran en las hipótesis judiciales, lo cual evidencia que el sistema dispone de rutas institucionales específicas para asegurar el goce efectivo de derechos del niño.

En sede penal, el Código Procesal Penal y las leyes especiales prevén mecanismos para la investigación, formalización y cautelares, así como derechos de la víctima y controles jurisdiccionales sobre el proceder del Ministerio Público y de la policía. En ese marco, eventuales excesos en el operativo policial o conductas constitutivas de delito cuentan con vías de denuncia, investigación y sanción, siendo improcedente pretender que la Corte, en un procedimiento cautelar y breve, establezca responsabilidades o determine irregularidades fácticas controvertidas.

Asimismo, si la recurrente estima que existen faltas administrativas o disciplinarias de funcionarios o jueces, el ordenamiento contempla mecanismos institucionales específicos, incluyendo recursos administrativos, quejas disciplinarias conforme a las reglas respectivas y controles internos, sin que el recurso de protección se configure como un mecanismo disciplinario general ni como una vía para sancionar conductas que requieren investigación y procedimiento.

La existencia de estas vías idóneas no implica denegación de justicia. Por el contrario, la tutela judicial efectiva exige que cada conflicto sea conocido por el órgano competente y por el procedimiento que asegura debate, prueba y debido proceso.

Utilizar el recurso de protección para modificar el cuidado personal, para revisar resoluciones jurisdiccionales de familia o para dirigir actuaciones penales desnaturaliza la función del recurso, afecta la competencia de tribunales especializados y priva a las partes de las garantías propias del contradictorio.

En consecuencia, la subsidiariedad práctica del recurso, unida a la disponibilidad de mecanismos específicos, refuerza la improcedencia y el rechazo de la acción.

Por estas consideraciones y atendido lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y artículo 1º y siguientes del Acta Nº94-2015, de la Excelentísima Corte Suprema, sobre tramitación y fallo del recurso de protección y sus modificaciones posteriores, se resuelve:

I.- Que SE RECHAZA, con costas de la instancia, la acción constitucional de protección interpuesta a folio 1 por nombre reservado, en favor de nombre reservado, en contra de: Ministerio Público –Fiscalía Local de Puerto Montt–, Policía de Investigaciones de Chile y Tribunal de Familia de Puerto Montt.

Redacción a cargo del Abogado Integrante don Darío Parra Sepúlveda.

No firma el Ministro don Patricio Rondini Fernández-Dávila, quien concurrió a la vista y acuerdo por encontrarse con permiso.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Rol Protección N°761-2025.