nombre reservado con CORPORACION NACIONAL FORESTAL REGION DE LOS nombre reservado

nombre reservado, dieciséis de diciembre de dos mil veinticinco.

Vistos:

A folio 1 compareció nombre reservado, chileno, soltero, licenciado en derecho, cédula nacional de identidad N°RUT reservado, en representación de nombre reservado, chileno, soltero, pensionado, cédula nacional de identidad N°RUT reservado, con domicilio en domicilio reservado, Región de Los nombre reservado; quien presentó acción constitucional de protección en contra de nombre reservado, chileno, se ignora profesión u oficio, cédula nacional de identidad N°RUT reservado, con domicilio en domicilio reservado; nombre reservado, chilena, se ignora profesión u oficio, cédula nacional de identidad N°RUT reservado, con domicilio en domicilio reservado, Maullín. nombre reservado, chileno, se ignora profesión u oficio, cédula nacional de identidad N°RUT reservado, con domicilio en domicilio reservado; nombre reservado, chileno, se ignora profesión u oficio, cédula nacional de identidad N°RUT reservado, con domicilio en Carelmapu, Maullín; Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la Región de Los nombre reservado (SEREMI de Bienes Nacionales), RUT RUT reservado, representada por doña nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado, nombre reservado; Corporación Nacional Forestal de la Región de Los Lagos (CONAF), RUT RUT reservado, representada por don nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado, nombre reservado; debido a diversas acciones y omisiones, que calificó que ilegales y arbitrarias, lo cual vulneró las garantías de los numerales 1°, 2°, 3°, 23° y 24° del artículo 19 de la Carta Fundamental.

Expuso que el recurrente ha ocupado legítimamente por más de 30 años a la fecha, un predio ubicado en el Fundo Astillero, comuna de Maullín, Provincia de Llanquihue, Región de Los nombre reservado, singularizado como Hijuela Nº45 según el Plano Nº X-3-5269 C.R. Lámina ½, comprendiendo los lotes "A" y "B", con una superficie total de 70,20 hectáreas y en el respectivo inmueble, durante todos estos años, ha realizado hechos positivos, como cierres perimetrales del predio, cercos, limpias, siembras de pasto, construcciones, crianza de vacunos, entre otros, actividades con las que lograba generar algunos ingresos económicos, que le hacían posible una subsistencia en condiciones básicas.

Refirió que el 26 de febrero de 1993, hace más de 30 años, nombre reservado solicitó al Ministerio de Bienes Nacionales de la Región de Los nombre reservado, la concesión del título gratuito del predio, expediente registrado bajo el N°103TG00000395, en virtud del Decreto Ley N°1.939 de 1977 y en dicho proceso, el 16 de septiembre de 1996, se le otorgó un Acta de Radicación, autorizando el uso del predio con el objeto de “mantenimiento y mejoramiento de la propiedad”. A continuación, en el proceso administrativo ante la SEREMI de Bienes Nacionales, expuso que existe un “informe de terreno” de 29 de julio de 2009 que da cuenta que efectivamente mi representado es ocupante del inmueble y tiene una serie de mejoras efectuadas en él, haciendo presente que su principal actividad es el pastoreo de animales vacunos. Luego, dijo que consta en el expediente un instrumento titulado como “cumplimiento de obligaciones del beneficiario”, en el cual, concretamente se observa que dice “la recurrente ocupa el mismo terreno mensurado, por lo que debiese seguir la tramitación”.

Expresó que luego de las diligencias expuestas, la Seremi recurrida no continuó con el proceso administrativo, actuando de manera arbitraria y ocasionando un claro perjuicio a los derechos del recurrente. Sumó que se ha intentado impulsar progresivamente el proceso administrativo, pero este permanece inconcluso.

En ese contexto, teniendo el recurrente 81 años, señaló que desde noviembre de 2021 han ocurrido los siguientes hechos:

nombre reservado, supuesto “sobrino” de don nombre reservado, un día le ofreció colaborar en labores de mantenimiento del predio, como cercar y limpiar, pero sus acciones no eran desinteresadas, ya que comenzó a insistir reiteradamente en la necesidad de regularizar el terreno y, paralelamente, a exigir supuestos “derechos hereditarios” sobre el inmueble. Tal pretensión carece de fundamento jurídico, dado que el legítimo ocupante del predio sigue siendo don nombre reservado, y la propiedad, al no haber sido transferida aun, pertenece al Fisco.

Luego, éste, con la colaboración de su familia y otras personas que se desconocen, ingresó al predio, contrató maquinaria pesada, y comenzó a realizar actividades sin autorización de don nombre reservado. Además, presentó ante don nombre reservado y doña nombre reservado (conviviente del recurrente), a una persona de nombre nombre reservado, quien se comprometería a realizar las gestiones para lograr aclarar y que se le otorgue el título de dominio al recurrente. Luego, la supuesta profesional nombre reservado y nombre reservado, le habrían mencionado que era imposible regularizar el terreno, por su gran extensión, y bajo este pretexto, le propusieron a don nombre reservado, que nombre reservado regularizara una mitad del predio, mientras que la otra mitad quedaría solicitada a nombre de don nombre reservado.

Que, con el pasar del tiempo, señaló que, fraudulentamente, se firmaron instrumentos privados que carecen de valor jurídico, con fechas inconsistentes, denominados compra de mejoras y recibos de dinero, que se presume tenían el objeto de respaldar una posesión ilegítima sobre el predio. Luego, don nombre reservado comenzó a explotar el predio con actividades como tala de árboles para la producción de leña, limpieza del terreno y otros trabajos, todo ello sin permiso alguno.

Agregó que existe una solicitud de otorgamiento de título gratuito, hecha por don nombre reservado, ante la SEREMI de Bienes Nacionales respectiva, cuyo número de expediente es el 10RD754, ingresado con fecha diciembre de 2022. Por lo demás, se hace presente que actualmente prosiguen los trabajos ilegales en el lugar.

Por otra parte, explicó que en el mes de abril del año 2024 aproximadamente, otros familiares, identificándose como supuestos sobrinos de don nombre reservado, comenzaron a acercarse a él exigiendo su "herencia", jactándose de derechos sobre el predio, conducta completamente infundada y contraria a derecho. Entre ellos, don nombre reservado, insistiendo en reclamar una supuesta "porción que le correspondía" del inmueble. Posteriormente, nombre reservado, ingresó sin autorización al lote "A" de la Hijuela 45, donde inició actividades ilícitas, cortando alambrado y destruyendo los cercos, asimismo, la contratación de maquinaria pesada para realizar limpiezas, la destrucción de bosque nativo y la contratación de trabajadores para la producción de leña, e incluso realizó una construcción, sin autorización alguna. Se desconoce si existe una solicitud de otorgamiento de título gratuito, hecha por don nombre reservado ante la SEREMI de Bienes Nacionales respectiva.

Además, dijo que, en el mes de diciembre de 2024 unas personas identificadas como nombre reservado y nombre reservado, se presentaron en el domicilio de don nombre reservado y su conviviente, doña nombre reservado. Durante esta visita, don nombre reservado manifestó que nombre reservado le había indicado que debía conversar con doña nombre reservado, hecho del cual tanto ella como don nombre reservado estaban completamente ajenos. Acto seguido, de manera prepotente, don nombre reservado exigió a doña nombre reservado que demarcara el terreno que, según él, “le correspondía”, pretensión que carece de cualquier fundamento legal, a lo cual se negaron.

Sin embargo, expuso que el 9 de enero de 2025, y haciendo caso omiso a dicha negativa, don nombre reservado y doña nombre reservado, ingresaron al predio sin autorización, acompañado de una máquina excavadora, con la cual comenzaron a ejecutar trabajos ilegales en el terreno, rompiendo cercos y alambres que había instalado don nombre reservado, para la protección del predio y sus animales, todo esto para emplazar un camino ripiado que cruce el predio, en una extensión de 800 metros aproximadamente sobre el bosque nativo existente, asimismo, proceden a instalar un contenedor, el cual habilitaron actualmente como una vivienda, como también la instalación de portones de acceso, entre otros. Además, se evidenció que existe una solicitud de otorgamiento de título gratuito, hecha por don nombre reservado y doña nombre reservado, ante la SEREMI de Bienes Nacionales respectiva, cuyos números de expedientes son 10RD592 y 10RD591.

Explicó que el 23 de enero de 2025, al constatar que los recurridos, en particular don nombre reservado, junto a otras personas, continuaban explotando el predio con maquinaria pesada, doña nombre reservado procedió a contactar a Carabineros. Al lugar concurrieron el Suboficial Campos y el Suboficial Catalán, ambos pertenecientes a la Tenencia de Carelmapu. En el sitio, los Carabineros realizaron los controles correspondientes y verificaron que efectivamente se estaba llevando a cabo la explotación del predio.

Agregó que se recopiló estos antecedentes expuestos, y los remitió al Ministerio Público, a la Corporación Nacional Forestal y a la SEREMI de Bienes Nacionales Los nombre reservado. Al respecto la denuncia fue archivada provisionalmente en el persecutor penal, de la CONAF, solo se recibió el correo electrónico automático con el comprobante de recibo de la denuncia y de la SEREMI no se ha recibido respuesta alguna. En el mismo sentido, se ha pedido la realización de fiscalizaciones, sin respuestas efectivas, afectando garantías constitucionales y favoreciendo con estas omisiones el daño irreparable al bosque nativo del sector.

Por último, expuso un nuevo hecho ocurrido el 12 de junio del año en curso, en donde un grupo de personas, posiblemente liderado por el recurrido nombre reservado, cerraron una “tranca” que era utilizada por el recurrente y su pareja para ingresar a su predio, instalando alambres y otros elementos.

Luego, en lo relativo a las instituciones públicas recurridas, mencionó en relación a la SEREMI de Bienes Nacionales que no se está aplicando los principios que rigen la administración, como celeridad, conclusivo, de economía procedimental e inexcusabilidad, ya que ha retrasado su decisión respecto de la solicitud de otorgamiento del título gratuito, excediendo los plazos que usualmente lleva tramitar dichos procedimientos administrativos.

Expuso la omisión de la SEREMI en cumplir con un rol activo de la protección de los bienes raíces fiscales y que no se ha materializado, incluso habiéndose puesto en su conocimiento la serie de incidentes descritos, y, si bien, la propiedad aun no pertenece al recurrente, ésta forma parte de uno de mayor cabida, el cual se encuentra inscrito a nombre del FISCO a fojas 278 vuelta, número 223 en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Maullín, año 1970.

Sobre la CONAF, dijo alegó la vulneración al 19 N°2 por cuanto no ha realizado fiscalización alguna, a pesar de las denuncias realizadas, incumpliendo los mismos principios invocados en relación con la SEREMI contenidos en la Ley 19.880 Alegó la afectación del 19 N°1 en consideración de las graves afectaciones de carácter emocional y psicológico en don nombre reservado, así como en su conviviente, doña nombre reservado, ambos adultos mayores de 81 y 79 años, respectivamente, generadas por los hechos descritos de carácter emocional y psicológico.

Expuso la afectación del 19 N°3 inciso 5° en tanto “nadie puede ser juzgado por comisiones especiales, sino por el tribunal que señalare la ley y que se hallare establecido por ésta con anterioridad a la perpetración del hecho”. Esto porque los recurridos han actuado como si fuesen una suerte de comisión especial o tribunal de facto, atribuyéndose facultades que solo competen a los órganos jurisdiccionales del Estado.

Por último, indicó la vulenración del 19 N°24, derivado de los ingresos ilegítimos al predio, de la destrucción de cercos y la ocupación ilegal de los recurrentes, perturbando a sus animales vacunos que mantiene en el predio, además de la obstrucción de la tranca que le da acceso al predio.

Previas citas legales, solicitó que se acoja el recurso, se declare la ilegalidad y arbitrariedad del actuar de las recurridas, y se les ordene:

Respecto de las personas naturales recurridas:

1.- Abstenerse de realizar cualquier acto de ocupación, intervención, construcción o explotación dentro del predio identificado como Hijuela N°45 del Fundo Astillero, comuna de Maullín, Región de Los nombre reservado, en los lotes A y B, mientras no exista resolución administrativa o judicial que los habilite, 2.- Suspender las actividades de intervención con maquinaria pesada, tala de bosque nativo, movimiento de tierra, cercado, construcción de caminos, instalación de viviendas o cualquier otra obra, que afecte la integridad del predio y el medio ambiente del lugar.

3.- Restituir y/o permitir el libre acceso a don nombre reservado y doña nombre reservado, o quien ellos autoricen, a la totalidad del predio, y en especial, al sector conocido denominado como “la tranca”, acceso que históricamente han utilizado para ingresar al predio, retirando cualquier impedimento que actualmente obstaculice su tránsito, en particular alambres u otros elementos instalados recientemente.

4.- Abstenerse de realizar cualquier acto de hostigamiento, intimidación o contacto directo o indirecto con don nombre reservado o doña nombre reservado, ya sea en el predio o en su domicilio.

Respecto de la SEREMI de Bienes Nacionales:

1.- Instruya la prosecución rápida del procedimiento administrativo, registrado como expediente N°103TG00000395, a nombre de don nombre reservado, en virtud del Decreto Ley N° 1.939 de 1977.

2.- Se abstengan de emitir actos administrativos o pronunciamientos que reconozcan derechos o validen la ocupación ilegal del inmueble por parte de: nombre reservado, en especial en el expediente N°10RD754; nombre reservado, en el caso de existir algún expediente a su nombre; nombre reservado y nombre reservado, en especial en los expedientes Nros. 10RD592 y 10RD591; y todos aquellos expedientes ingresados por terceros y que se sitúen en el respectivo predio.

Respecto de CONAF:

1.- Ejecute una fiscalización urgente respecto de la intervención forestal que ha tenido lugar en el predio, Hijuela N°45 del Fundo Astillero, comuna de Maullín, Región de Los nombre reservado, en los lotes A y B, en especial la tala no autorizada de bosque nativo y la afectación al entorno natural mediante maquinaria pesada.

2.- Informe si existen planes de manejo autorizados, y en caso de no existir, inicie los procedimientos sancionatorios correspondientes por infracción a la Ley N° 20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal.

3.- Adopte las medidas administrativas necesarias para impedir la continuación del daño ambiental, y resguarde los ecosistemas protegidos del predio afectado.

Y, además:

1.- Que se oficie a Carabineros de Chile, en particular a la Tenencia de Carelmapu, de la comuna de Maullín, para que fiscalice el cumplimiento de las medidas ordenadas y realice rondas periódicas en el predio, a fin de asegurar el respeto de los derechos de don nombre reservado y doña nombre reservado.

2.- Condena en costas.

A folio 4 se declaró admisible el recurso y se pidió informe a las recurridas.

A folio 13 se evacuó informe por Corporación Nacional Forestal de la Región de Los Lagos. Expuso que, en lo que el recurso se refiera a dicha institución, el 27 de junio se realizó una fiscalización en la propiedad donde habita el recurrente, en donde se constató tala no autorizada de bosque nativo, de 0,98 Ha, sin plan de manejo, en donde se identificó a nombre reservado como uno de los responsables. Esto, dijo, será denunciado al Juzgado de Policía Local de Maullín, pidiendo en dicho tribunal la paralización de las faenas.

Argumentó que no ha existido actuar ilegal o arbitrario del recurrido, al haber un gran número de denuncias producto de la fragmentación de los terrenos para la realización de parcelas de agrado, solicitando el Director de CONAF mayores recursos para poder cubrir la demanda de fiscalización regional.

Pidió el rechazo del recurso en lo concerniente a CONAF.

A folio 23 evacuó informe el abogado Mauricio Oliva Alarcón, en representación de nombre reservado. Puso en duda el mandato conferido a nombre reservado, por cuanto, de los antecedentes aparejados al recurso consta un trastorno neurocognitivo mayor y una situación de delirio y falta de focalidad neurológica que aqueja a don nombre reservado, epicrisis que es previa al mandato, con fecha 15 de octubre de 2024. Agregó que nombre reservado es el hijo de nombre reservado, quien es vecino del recurrente, y que la interposición de este recurso respondería a intereses diversos a los de don nombre reservado.

Luego, alegó la extemporaneidad del recurso de protección, ya que, varios de los hechos enunciados ocurrieron de forma previa al plazo de 30 días corridos del auto acordado respectivo, agregando que el único hecho que estaría dentro de plazo sería el bloqueo de la tranca ocurrida supuestamente el 12 de junio de 2025, por lo que pidió el rechazo del recurso por extemporáneo.

Sobre el fondo, indicó que nombre reservado ha realizado mejoras en el terreno, con el fin de poder realizar una regularización de 3 hectáreas, de las más de 40 hectáreas que posee don nombre reservado. Además, agregó que el recurrente hizo una declaración jurada en donde en su punto séptimo expresa que, como único ocupante, autorizó a mis familiares pertenecientes a las familias nombre reservado-nombre reservado y nombre reservado-Serón, para que también ocuparan parte del terreno en cuestión.

Concluyó que existe autorización expresa del recurrente, de lo cual da cuenta la documentación firmada por el recurrente, para que pueda hacer uso, y con ello, solicitar regularización conforme el DL 2695 de una superficie de 3 hectáreas dentro del terreno a mayor cabida sobre el cual mantiene posesión don nombre reservado.

Solicitó el rechazo del recurso de protección, con costas.

A folio 28 evacuó informe el abogado Marcos Velásquez Macias en representación del recurrido nombre reservado. Explicó que en el recurso de protección no se invoca un derecho indubitado, ya que se trata de un bien raíz inscrito a nombre del Fisco de Chile en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Maullín, de manera que el titular de la acción es el Ministerio de Bienes Nacionales o el Consejo de Defensa del Estado en su caso, y no un particular en favor de un tercero. Argumentó que nombre reservado tiene iguales derechos en el predio que el recurrente, en cuanto es hijo de nombre reservado (quien desapareció en el año 1993, muerto presunto por sentencia de 2017), hermano de don nombre reservado, quienes obtuvieron en su momento del Ministerio de Bienes Nacionales, un Acta de Radicación. A esto se suma que en el certificado de avalúo aparece nombre reservado, al igual que en la “Consulta de Antecedentes de un Bien Raíz” del Servicio de Impuestos Internos.

A continuación, alegó la falta de personería o representación de nombre reservado, quien comparece en virtud de un mandato judicial cuestionable otorgado por un adulto mayor con antecedentes médicos previos y posteriores que dan cuenta de su estado de deterioro de la salud mental, demencia. Agregó que nombre reservado, pese a padecer deterioro cognitivo mayor, demencia con cuerpos de Lewy, habría tenido el especial cuidado de otorgar en favor del recurrente, corredor de propiedades, nombre reservado un mandato póstumo de conformidad al artículo 2169 del Código Civil, el mandato no se extinguirá por la muerte del mandante pues está destinado a ejecutarse después de ella.

Sumó que nombre reservado se desempeña como dependiente en la misma notaría en que se suscribió el mandato judicial redactado por el mismo y con el que comparece, por lo que concurre a su respecto la inhabilidad dispuesta en el artículo 6 de la Ley 18.120, por lo que carece de capacidad legal para comparecer en esta causa en representación de los intereses de otro y, para peor, con un mandato redactado por él y suscrito por un tercero supuestamente a ruego del mandante en la misma notaría en que trabaja.

Por lo que pidió se acoja la falta de personería y representación legal del recurrente para comparecer en nombre y representación del supuesto mandante, quien al momento del otorgamiento del mandato con el cual recurre se encontraba en estado de demencia.

Alegó la extemporaneidad en términos similares al recurrido nombre reservado y agregó que el recurso de protección, por su naturaleza como acción cautelar y de tutela de urgencia, no es la vía no idónea para discutir posesión regular, propiedad ni el mejor derecho de las partes sobre el bien raíz de autos, no estando habilitada la Corte de Apelaciones para realizar declaraciones como las que pretende el recurrente, en el contexto de la acción constitucional.

Alegó, además, la falta de legitimación activa de nombre reservado, por cuanto no existe antecedente alguno que permita tenerlos como dueños del predio que mencionan, tampoco existen antecedentes de posesión, mera tenencia u otro antecedente que permita tenerlos como parte interesada y afectada. Por lo que pidió el rechazo del recurso por esta alegación.

Por último, agregó que no existe acción u omisión ilegal o arbitraria, por cuanto, de lo expuesto, se observa que existe documentación que respalda el actuar del recurrido, por lo que pidió el rechazo del recurso de protección, con costas.

A folio 32 evacuó informe la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la Región de Los nombre reservado. Dijo que el Fisco de Chile es dueño del inmueble ubicado en el sector de Astillero de la comuna de Maullín, provincia de Llanquihue, Región de Los nombre reservado, singularizado en el Plano N° 5-5269-CR como Hijuela No 45, de una superficie de 70,20 hectáreas, compuesto por el Lote "a" de una superficie de 18,10 hectáreas y Lote "b" de una superficie de 45,50 hectáreas de las cuales 6,50 hectáreas se encuentran afectas a la Ley No 18.255. Dicho inmueble se encuentra inscrito a mayor cabida a nombre del Fisco a fojas 278 vuelta número 223 del Registro de Propiedad del año 1970 del Conservador de Bienes Raíces de Maullín.

Explicó el procedimiento administrativo relativo a la solicitud de título gratuito respecto del bien inmueble, solicitado por don nombre reservado y nombre reservado ambos nombre reservado, en donde se les dio el acta de radicación el 4 de octubre de 1996, pero posteriormente, el expediente fue observado por la Armada de Chile.

Posteriormente, dijo que en 2009 se realizó un informe de terreno en el que constaba que el solicitante ocupaba el inmueble, por lo que se procedió a levantar el Acta de Cumplimiento de Obligaciones y efectuar la Tasación Comercial del Inmueble, etapa a partir de la cual el expediente no tuvo movimiento, así como tampoco existió por parte del solicitante gestión alguna para la obtención del título de dominio. Recién en el mes de enero del presente año, nombre reservado, en representación de nombre reservado, Ley de Transparencia solicitó copia del expediente Administrativo N° 103TG00000395, a lo que se accedió remitiéndose. Luego, el mismo abogado solicitó dar curso progresivo a los autos y en consecuencia, fue rechazada la solicitud de don nombre reservado, Expte. 103TG00000395, mediante Resolución Exenta N° 860, de 24 de julio de 2025, teniendo en consideración a Informe de Terreno de fecha 7 de noviembre de 2022 e informe de terreno de 9 de julio de 2025, pues en ambos se consigna que el solicitante no vive en el inmueble solicitado, encontrándose archivado dicho expediente, sin que se haya deducido recurso administrativo en su contra.

Sobre las situaciones de hecho que afectan a la Hijuela N°45 del Fundo Astilleros, señaló que la secretaría realizó una fiscalización, que dio origen al Informe de Terreno Hijuela N°45 del Fundo Astilleros que dio cuenta, en síntesis, que el recurrente vive domicilio reservado metros del inmueble en cuestión y que es utilizado por él para el pastoreo de animales. Además, dio cuenta de que el resto de los recurridos ocupan otras partes del mismo predio.

Por último, indicó que las solicitudes de regularización de nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado fueron rechazadas, al igual que la realizada por nombre reservado, quien es la pareja de nombre reservado.

Concluyó que no existen acciones u omisiones ilegales o arbitrarias que afecten garantías constitucionales, por lo que pidió el rechazo del recurso de protección.

A folio 46, constando en autos la notificación del recurso respecto de los recurridos nombre reservado y nombre reservado; y no habiendo evacuado el informe solicitado se les declara incurso y por consiguiente se prescinde sus informes.

Se ordenó traer los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: El recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, o amenace ese atributo.

Se trata, por consiguiente, de una acción de cautela de derechos garantizados a nivel constitucional cuya existencia sea indubitada y que se encuentren conculcados de manera suficiente para provocar la actividad jurisdiccional traducida en la adopción de medidas destinadas a restablecer el imperio de esos derechos amagados o perturbados en su legítimo ejercicio Segundo: De lo anteriormente reflexionado, se desprende que es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión arbitraria o ilegal, producto del mero capricho de quien incurre en él y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías preexistentes protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

Tercero: Sobre el punto la jurisprudencia de nuestros tribunales ha dicho que la arbitrariedad implica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, falta de proporción entre los motivos y el fin a alcanzar; ausencia de ajuste entre los medios empleados y el objetivo a tener o aún inexistencia de los hechos que fundamentan un actuar; un proceder contrario a la justicia y dictado solo por la voluntad o el capricho. A su vez, es ilegal una acción u omisión cuando no se atiene a la normativa por la que debe regirse o cuando un órgano ejerce atribuciones exclusivas en forma indebida, contrariando la ley.

Cuatro: Que, en cuanto a la falta de legitimidad activa de nombre reservado para presentar el recurso de protección, esta se fundamentó en que no existe antecedente alguno que permita tenerlo como dueño del predio signado como Hijuela N°45, ubicado en el Sector Astilleros de la comuna de Maullín, y tampoco existirían antecedentes de posesión, mera tenencia u otros que permita tenerlos como parte interesada y afectada.

Quinto: Esta alegación será desestimada, por cuanto, de la documental acompañada al recurso, se observa que existen antecedentes de la ocupación del inmueble objeto de la litis, constatándose además en el informe emitido por la SEREMI de Bienes Nacionales que el predio es utilizado por el recurrente para la crianza de vacuno, a pesar de no vivir en él, por lo que existe un interés que podría haber sido afectado, el cual es además actual y patrimonial.

Sexto: Que, respecto a la alegación de falta de personería o representación de nombre reservado, para representar judicialmente a nombre reservado, esta se fundamentó en que nombre reservado comparece en virtud de un mandato judicial cuestionable, otorgado por un adulto mayor con antecedentes médicos previos y posteriores que dan cuenta de su estado de su deterioro de la salud mental por diversas enfermedades. Por tanto, el recurso de protección apuntaría a interés particulares del representante y no a alegaciones relativas a la vulneración de los derechos del representado.

Séptimo: Esta alegación también será desestimada por cuanto, dada la naturaleza cautelar y de urgencia del recurso de protección, este es un recurso esencialmente desformalizado, el que en su numeral segundo del Auto Acordado sobre tramitación y fallo del recurso de protección de las garantías constitucionales, se permite que esta acción sea interpuesta por el afectado o por cualquiera otra persona en su nombre, capaz de parecer en juicio, aunque no tenga para ello mandato especial, por escrito en papel simple o por cualquier medio electrónico. Por lo que no se hace necesario contar con un mandato para poder presentar el recurso en favor de otra persona.

Octavo: Que en cuanto a la extemporaneidad de los hechos denunciados como ilegales y arbitrarios por el recurrente, esta defensa se esgrimió por los recurridos en base a que los hechos denunciados en el libelo habrían ocurrido entre 2021 y 2024, quedando todos fuera del plazo de treinta días corridos establecidos en el Auto Acordado ya mencionado. Así, arguyeron que sólo el último hecho denunciado, ocurrido el 12 de junio del año en curso, relativo al bloqueo de una tranca utilizada como puerta de ingreso al predio por parte del recurrente y su pareja, estaría dentro del plazo.

Noveno: Que, esta alegación también será desestimada, ya que por una parte, el recurso de protección alega la realización de acciones ilegales y arbitrarias cometidos por diversos recurridos, quienes se habrían apropiado de partes diferentes de la Hijuela N°45 del inmueble ubicado en domicilio reservado, acciones que continuarían en el tiempo, al mantenerse las apropiaciones de terrenos hasta el día de hoy, lo cual es confirmado por el informe de terreno realizado por la SEREMI de Bienes Nacionales en el año 2025.

Décimo: Además, respecto de las instituciones públicas recurridas, a saber, la SEREMI de Bienes Nacionales de la Región de Los nombre reservado y la CONAF, se alegó que estas incurrieron en omisiones ilegales y arbitrarias tanto en la demora en la tramitación del procedimiento administrativo para sanear la Hijuela N°45 del Fundo Astilleros, como en la realización de fiscalizaciones solicitadas ante las denuncias presentadas por el representante del recurrente. En consecuencia, al ser omisiones, tampoco puede considerarse que el plazo establecido en el Auto Acordado haya transcurrido, al mantenerse el hecho que motiva la presentación del recurso, en tanto no se resolviera el procedimiento administrativo o no se realizaran las fiscalizaciones.

Undécimo: Que, respecto del fondo, el asunto controvertido sometido a conocimiento de esta Corte, como se mencionó someramente a propósito de las alegaciones de forma realizadas por los recurridos, consiste en que nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, desde 2021 y hasta la fecha habrían realizado diversas acciones, consistentes en ingresar al predio signado como Hijuela N°45 del Fundo Astilleros, contratar maquinaria pesada, derribar cercos y estacones, talar bosque nativo, realizar construcciones y caminos y apropiarse de diversos sectores de la propiedad, además de amenazar a nombre reservado, todo lo cual vulneraría el derecho de propiedad del recurrente.

Por su parte, respecto de la SEREMI de Bienes Nacionales y la CONAF, la vulneración se generaría por su inactividad tanto en la prosecución del procedimiento administrativo que buscaba obtener a título gratuito el saneamiento de la propiedad ya individualizada, como el omitir realizar las fiscalizaciones solicitadas, a propósito de las denuncias presentadas por el representante del recurrente.

Duodécimo: Que, en primer lugar, respecto al primer grupo de acciones descritas en el motivo anterior, relativas a las acciones denunciadas realizadas por los cuatro primeros recurridos, es importante señalar que la acción de protección es una acción de tutela de garantías fundamentales, la cual tiene como requisito indispensable para que pueda prosperar, que exista un derecho indubitado que requiere ser protegido, dada su naturaleza cautelar y de urgencia que caracteriza a esta acción.

Décimo tercero: Que, en este sentido, es un hecho pacífico que el recurrente no detenta el dominio de la Hijuela N°45 del Fundo Astilleros, reconociendo en el texto de la acción, que trató de sanear el terreno pero que el procedimiento administrativo quedó inconcluso. Además, de los antecedentes aparejados al proceso, consta que finalmente la solicitud de saneamiento fue rechazada en el Expediente. 103TG00000395, mediante Resolución Exenta N°860, de 24 de julio de 2025, el cual tuvo en cuenta el Informe de Terreno de 7 de noviembre de 2022 e informe de terreno de 9 de julio de 2025, en donde se consignó que el solicitante no vive en el inmueble solicitado, encontrándose archivado dicho expediente, sin que se haya deducido recurso administrativo en su contra.

En este sentido, no existe un derecho indubitado y preexistente que sea objeto de protección a través de esta acción constitucional, por cuanto sólo existe una mera expectativa del recurrente en relación con su pretensión de saneamiento del terreno que actualmente ocupa.

Que, además, la afectación a la actividad ganadera realizada por el recurrente, producto de la supuesta destrucción de cercos y estancos, no ha sido acreditada, al no acompañarse ningún medio probatorio que dé cuenta de la destrucción, ni la afectación de la actividad económica.

Décimo cuarto: Que en lo relativo, al bloqueo de la tranca por la cual circula el recurrente para ingresar a su predio, no se ha rendido prueba alguna, salvo ciertas fotografías acompañadas al recurso, sin individualizar con certeza quién habría realizado el bloqueo señalado. Dada esta falta de información, no es posible para estos sentenciadores dirimir este conflicto, ya que la protección del statu quo sólo opera cuando existe certeza respecto de la afectación que produce el bloqueo de un camino a través de un cerco o portón, cuando se conoce con precisión dónde se encuentra emplazado el camino que se alega interrumpido y cuando conste fehacientemente que ésta es la única vía para acceder a un predio.

Décimo quinto: Por tanto, al no existir un derecho indubitado y preexistente, la acción de protección, en lo que respecta a los cuatro primeros recurridos, no podrá prosperar.

Décimo sexto: Que, en segundo lugar, el recurrente denunció la inactividad en la prosecución del procedimiento administrativo iniciado en el año 1993 por nombre reservado, que buscaba obtener a título gratuito el saneamiento de la propiedad objeto de la litis, además de reclamar la inactividad de las instituciones públicas, al no realizar las fiscalizaciones solicitadas, a propósito de las denuncias presentadas tanto ante la SEREMI de Bienes Nacionales y ante la CONAF.

Décimo séptimo: Que, de acuerdo con el informe evacuado por la CONAF, esta dio cuenta de que, si bien se demoró en la realización de la fiscalización solicitada, esto se debió a problemas del servicio relacionadas con el aumento de denuncias producto del aumento de la subdivisión de terrenos a nivel regional para la venta de parcelas de agrado, cuestión de la que son conscientes. Sin perjuicio de ello, manifestaron que ya realizaron la fiscalización solicitada el 27 de junio del año en curso en la propiedad donde habita el recurrente, en donde se constató tala no autorizada de bosque nativo sin plan de manejo, lo cual expresó que será denunciado al Juzgado de Policía Local de Maullín, pidiendo en dicho tribunal la paralización de las faenas.

Luego, respecto de la solicitud de fiscalización de la SEREMI de Bienes Nacionales, de acuerdo a lo informado por la recurrida, esta también se realizó, de lo cual da cuenta el informe de terreno de 9 de julio de 2025 acompañado a su informe. Por otra parte, en lo referido a la solicitud de saneamiento del inmueble, del mérito de la Resolución Exenta N°861, de 24 de julio de 2025 acompañada al recurso, se puede concluir que se dictó el acto administrativo terminal, en el cual se rechazó la solicitud de saneamiento realizada por el recurrente de protección, poniendo término al procedimiento administrativo, por lo que tampoco perdura la inacción alegada en esta acción constitucional.

Décimo octavo: Que, en consecuencia, acreditando la realización de las fiscalizaciones y del término del procedimiento administrativo pendiente, no existen omisiones ilegales o arbitrarias que permitan que esta acción constitucional prospere.

Por estos fundamentos, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara que:

I.- Se rechaza la alegación de falta de legitimidad activa del recurrente nombre reservado esgrimida por el abogado del recurrido nombre reservado.

II.- Se rechaza la alegación de falta de personería o representación de nombre reservado, para representar judicialmente a nombre reservado, interpuesta por el abogado del recurrido nombre reservado.

III.- Se rechaza la alegación de extemporaneidad presentada por los abogados de los recurridos nombre reservado y nombre reservado.

IV.- Se rechaza, sin costas la acción constitucional deducida por nombre reservado, en representación de nombre reservado, en contra de nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la Región de Los nombre reservado y la Corporación Nacional Forestal de la Región de Los Lagos, todos ya individualizados.

Redacción a cargo del Ministro Titular Jaime Vicente Meza Sáez.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol Protección N°758-2025.-