OPTICAS GMO CHILE S.A. CONTRA INSPECCION PROVINCIAL DEL TRABAJO DE PUERTO MONTT REP. POR DON nombre reservado

Certifico: Que, se anunciaron, presenciaron la relación y alegaron los abogados Sr. Gonzalo Serra y Sra. Francisca Massri. El primero solicita se rechace el recurso de protección deducido y la segunda pide su rechazo. Puerto Montt, 27 de marzo de 2015.- Puerto Montt, veintisiete de marzo de dos mil quince VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

Que, a fojas 1, y con fecha 20 de febrero de 2015, comparece don YOUNG PARK ROJAS, abogado, en representación judicial de ÓPTICAS GMO CHILE S.A., nombre reservado tributario 96.891.370-0, ambos domiciliados en domicilio reservado, interponiendo recurso de protección contra la INSPECCIÓN PROVINCIAL DEL TRABAJO DE PUERTO MONTT, representada por el Inspector Provincial don nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado; solicitando que se deje sin efecto la Resolución Ordinaria N° 16, de 7 de enero de 2015, debiendo la recurrida admitir a tramitación la reconsideración administrativa planteada respecto de la Resolución Multa N° 4433/14/49-1.

Funda lo anterior en el hecho que, con fecha 15 de octubre de 2014, se solicitó la reconsideración administrativa de la multa cursada por el fiscalizador de la recurrida don nombre reservado, mediante la Resolución Multa N° 4433/14/49-1 notificada a su parte el 15 de septiembre del presente año; que el recurso fue interpuesto dentro de 30 días; que, con fecha 22 de enero de 2015, se recepciona el Ordinario N° 16, de 7 de enero del año en curso, en el cual se informó que no se dio curso a la solicitud por no haberse presentado dentro del plazo legal de 30 días corridos contados desde la fecha de la notificación; que por lo anterior se rechazó la solicitud de reconsideración; que el acto en cuestión es ilegal y arbitrario porque el plazo de 30 días del artículo 512 del Código del Trabajo para presentar la reconsideración ante el Director del Trabajo no es de días corridos sino de días hábiles; que se trata de un recurso presentado en etapa administrativa respecto del cual no por existir norma expresa que establezca lo contrario, debe aplicarse en forma supletoria el artículo 25 de la Ley 19.880, disposición que alude a los días hábiles, esto es, excluyendo los sábados, domingos, y festivos; que la norma citada prima sobre las del Código Civil; que es un hecho reconocido por el Ordinario N° 16 que la reconsideración fue presentada el 15 de octubre de 2014, es decir, dentro del plazo de los 30 días hábiles; y que es ilegal el actuar de la recurrida porque se negó a tramitar un recurso presentado dentro de plazo, afectando la garantía de la igualdad ante la ley del artículo 19 N° 2 de la Constitución.

Acompaña a fojas 8 y siguientes copia de la reconsideración de multa, acta de notificación, Ordinario N° 16, Resolución Multa N° 4433/14/19; y Estado de Envio de Carta del citado ordinario.

Que, a fojas 32, y siguientes, doña nombre reservado, en representación de la DIRECCIÓN DEL TRABAJO, informó el presente recurso; solicitando su rechazo por no existir actuación ilegal y arbitraria que importe privación, perturbación o amenaza del derecho constitucional alegado, por cuanto la recurrida actúo dentro del marco legal, y la órbita de sus competencias, en uso de sus atribuciones y prerrogativas que le son propias.

Argumenta que la improcedencia de la acción cautelar en atención que el asunto no origina una cuestión constitucional que deba ser tutelada por ella atendida su naturaleza excepcional y extraordinaria; que no está destinada a reemplazar procedimiento específicos contemplados en la ley para la defensa de los derechos de quien se siente perjudicado por la dictación de una resolución administrativa; que se trata de resolver un asunto de interpretación del artículo 512 del Código del Trabajo, no siendo la respuesta adecuada para ello el recurso de autos ni tampoco la vía idónea para ello; y que no se puede usar como un instrumento de control de legalidad de los actos de la administración, según lo resuelto en causa Rol N° 2132-2013 de la Corte de Apelaciones de Valdivia.

Añade que el recurso es improcedente por la inexistencia del acto arbitrario e ilegal; que lo recurrido es el Ordinario N° 16 dictado en conformidad a lo dispuesto en el artículo 511 y 512 del Código del Trabajo; que esta última norma no indica si el plazo para presentar la reconsideración debe ser de 30 días corridos o no, debiendo recurrirse al Código del Trabajo para ver el tratamiento que le ha dado a la materia; que en su contenido se encuentra el artículo 312 referido a la negociación colectiva y a los plazos establecidos en el Libro IV Título I del Código del Trabajo, distinto del contenido en el Título Final del mismo cuerpo legal donde está la reconsideración; que el artículo 435 se refiere a los plazos del Título I del Libro V; que el artículo 9 no distingue si los plazos son de días hábiles o no; que el artículo 162 dispone un plazo de 30 días corridas para enviar la carta de despido; que los artículos 168, 171, 223, 282, 360, y 412 201 inciso final establecen días hábiles; que el artículo 503 que se ubica dentro del capítulo de la reconsideración habla de días hábiles; que lo anterior permite advertir que la regla general es que cuando el legislador ha querido imponer plazos de días hábiles lo ha consignado expresamente siguiendo la norma del artículo del artículo 50 del Código Civil; y que en consecuencia como el precepto del artículo 512 no hace tal mención corresponde entender que el plazo es de días corridos, corroborando ,lo anterior el artículo 435 inciso tercero conforme la cual se establece que los términos de días se entenderán suspendidos durante los feriados, quedando fuera el artículo 512 por pertenecer a otro título y libro.

Señala que por la naturaleza del artículo 512 del Código del Trabajo no le es aplicable la disposición del artículo 25 de la Ley 19.880, estableciéndose así por la jurisprudencia administrativa como el Dictamen N° 21025, de la Contraloría; que además existe una interpretación histórica de la Ley 20.087 donde en la Segunda Comisión del Trabajo de la Cámara de Diputados se estableció como título diverso a la reclamación de multa administrativa, sacándola del Título I del Código del Trabajo, y expresamente haciendo inaplicable el artículo 435; que lo anterior fue recogido por la Circular N° 73, de fecha 8 de junio de 2010, que entró en vigencia el 14 de junio de 2010, indicando que el plazo de reconsideración administrativa se extiende por 30 días corridos, lo que seguido por el Dictamen N° 64.985, de 2009 de la Contraloría; que por tales pronunciamientos se decidió declarar inadmisible por extemporánea la solicitud de reconsideración, no siendo posible establecer la existencia de un acto ilegal al haberse actuado conforme a derecho, y razonablemente; y que así se ha resuelto por la Corte de Apelaciones de Antofagasta Rol N° 162-2012, y 58-2011 sobre autos laborales, y por la Corte de Apelaciones de Puerto Montt en la causa proteccional Rol N° 173-2011.

Finalmente, alega la improcedencia del recurso por la inexistencia de la conculcación de las garantías constitucionales, al no quedar claro de qué manera el Ordinario N° 16, está dictado contra la legalidad vigente, de manera tal que pudiera afectar al derecho a la igualdad ante la ley.

Adjunta a fojas 22 bis y siguientes, copia del Ordinario N° 16, de fecha 7 de enero de 2015, la solicitud de reconsideración administrativa, la Circular N° 73, de fecha 8 de junio de 2010 junto con el Anexo N° 1, y copia del Dictamen N° 64.985 y 17.344 de la Contraloría.

Que, a fojas 40, se ordenó traer los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección tiene por objeto restablecer el imperio del derecho cuando se han visto conculcadas, aun en grado de amenaza, las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 de la Constitución Política de la República, según lo dispone el artículo 20 de la Carta Fundamental. En tales casos, la Corte de Apelaciones respectiva puede adoptar todas las medidas conducentes a lograr que cese la perturbación de tales garantías. Para tales efectos, deben concurrir los siguientes requisitos que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada; que se establezca la ilegalidad o arbitrariedad de esa acción u omisión; que de la misma se siga directo e inmediato atentado contra una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía; y que la Corte esté en situación material y jurídica de brindar la protección.

SEGUNDO: Que, en la especie, el acto materia de este recurso dice relación, con que se deje sin efecto la Resolución Ordinaria N° 16, de fecha 7 de enero de 2015, que no dio curso a la reconsideración presentada contra la Resolución Multa N° 4433/14/49-1, por no haberse presentado dentro del plazo de 30 días corridos desde la fecha de la notificación; vulnerándose con ello el derecho consagrado en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República de Chile.

TERCERO: Que, de los antecedentes aportados por ambas partes, y lo señalado en cada una de las presentaciones, se constata que la recurrida dictó la Resolución Multa N°4433/14/49-1 aplicando una multa por la cantidad de 30,00 UTM a Ópticas GMO, la que fue notificada, con fecha 15 de septiembre de 2014; que la recurrente solicitó su reconsideración, con fecha 14 de octubre de 2014, siendo rechazada por extemporánea. Lo anterior, por cuanto la Inspección del Trabajo considera que el cómputo del plazo para ejercer la reconsideración contemplada en el artículo 512 del Código del Trabajo es de día corridos, interpretación contraria a la sostenida por la actora quien sostiene que es de días hábiles.

CUARTO: Que, previo al examen de los requisitos del recurso de protección, y considerando la alegación formulada por la contraria respecto de la falta idoneidad de esta vía recursiva para resolver un problema de interpretación de norma, cabe hacer presente que si bien el recurso de protección es una acción de urgencia y excepcional que pretende entregar tutela judicial a derechos fundamentales contenidos en el artículo 20 de la Constitución y descritos en el catálogo del artículo 19; su aplicación se ha extendido por la vía de una amplia interpretación de derechos protegidos a otros no consagrados en el citado artículo 20, lo mismo ha sucedido con el hecho de que ha abarcado áreas que -en su génesis- no se consideraban, a saber, lo contencioso administrativo, o también denominada justicia administrativa. Supuestamente esta materia, según la Constitución de 1925, debía ser conocida por los tribunales administrativos cuya organización y atribuciones debían ser determinadas por ley, la cual nunca se llegó a dictar; lo anterior significó que el Poder Judicial carecía de competencia para conocer dichas materias, salvo cuando una ley especial específicamente le confiriera la posibilidad de juzgar y resolver sobre aquello. La Constitución del 1980 vino a solucionar el problema una vez modificado el inciso segundo del artículo 38 (tras la modificación de 1989), al dejar entrever que frente a la falta de creación de los tribunales contenciosos administrativos, la justicia ordinaria podía conocer de las acciones administrativas, dentro de los cuales los administrados buscan la nulidad del acto, a través de los juicios de nulidad de derecho público, y las indemnizaciones frente la responsabilidad del Estado en sus actuaciones; pero en también hay casos en los que el resguardo se intenta, a través del recurso de protección, lo cual ha sido aceptado jurisprudencialmente por los Tribunales Superiores de Justicia.

QUINTO: Que, en consideración a lo expuesto, es pertinente analizar el primer requisito de la acción, en este caso, si el Ordinario N° 16 reviste de la ilegalidad o arbitrariedad de la cual se le acusa; para tales efectos, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 512 del Código del Trabajo, se desprende que se trata de un acto dictado en una etapa administrativa, y no judicial; la calidad de administrativo del plazo señalado significa que no le son aplicables las normas que respecto de los plazos judiciales se establecen en el Código del Trabajo, debiendo recurrirse a la supletoriedad de la Ley N° 19.880, consignada en su artículo 1°, y en consecuencia a las disposiciones de su artículo 25, texto sobre cómputo de los plazos del procedimiento administrativo, que dispone que los plazos de días establecidos por esta ley son de días hábiles, entendiéndose que son inhábiles los días sábados, los domingos y los festivos. (Corte Suprema, Rol N° 2418-2012). En consecuencia, y ante la falta de precisión de la naturaleza del plazo del artículo 512, existe un plazo especial del citado artículo 25, el cual prima por sobre la normas de carácter general comprendidas en el Código Civil.

SEXTO: Que, siguiendo con lo razonado, el plazo para solicitar la reconsideración de multa del artículo 511 y 512 del Código del Trabajo es de días hábiles, el cual -en el caso sublite- no había transcurrido al haber sido notificado de la Resolución Multa el recurrente el 15 de septiembre de 2014, y presentar la reconsideración el día 15 de octubre del mismo año; por consiguiente, la declaración de extemporaneidad del recurso constituye una ilegalidad, desde que por ella se negó a tramitar un recurso contemplado en la ley presentado dentro del plazo legal, afectando con ello la garantía de igualdad ante la ley contemplada en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, porque al desconocer la autoridad recurrida el plazo legal en toda su extensión ha dado un trato arbitrario que no puede ser aceptado.

Por estas consideraciones, de conformidad con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, y demás normas pertinentes a aplicar, se declara:

I.- Que, se acoge el recurso de protección deducido en lo principal de la presentación de fojas 1, y se deja sin efecto el Ordinario N° 16, de 7 de enero de 2015, debiendo la recurrida admitir a tramitación el recurso de reconsideración planteado por el actor respecto de la Resolución de Multas N° 4433/14/49.

II.- Que, no se condena en costas por haber tenido motivo plausible para litigar.

Comuníquese, regístrese, y archívese en su oportunidad.

Redacción de la Ministra Titular doña Teresa Mora Torres Rol N°75-2015.

Pronunciada por la Segunda Sala integrada por la Ministra Titular doña Teresa Mora Torres, el Ministro Titular don Jorge Ebensperger Brito, y el Abogado Integrante don Pedro Campos Latorre. Autoriza la Secretaria Titular doña Lorena Fresard Briones.

En Puerto Montt, veintisiete de marzo de dos mil quince notifique por el estado diario la resolución precedente. Lorena Fresard Briones, Secretaria Titular.