nombre reservado con nombre reservado

Puerto Montt, dieciséis de septiembre de dos mil veinticuatro.

VISTOS:

A folio 1 comparece don nombre reservado, en representación de nombre reservado, e interponer recurso de protección, en contra de nombre reservado, Delegado Provincial de Chiloé, y en contra del Alcalde de Dalcahue, señor Alex Waldemar Gómez Aguilar, a fin de que se adopten las medidas tendientes para cautelar el legítimo ejercicio de los derechos constitucionales establecidos en el artículo 19 Nº 24 de la Constitución Política de la República, de cuyo legítimo ejercicio señala se ve amenazado poder disponer de su propiedad, a consecuencia del proceder arbitrario e ilegal de los recurridos, por los antecedentes de hecho y de derecho que expone. Señala que mediante diligencia efectuada por el suboficial de Carabineros don nombre reservado, el 4 de abril del presente, se le hizo entrega a su representado, de resolución exenta N°209, de 25 de marzo de 2024, dictada con ocasión del Ordinario 066 de 12 de febrero del presente año, por el cual el señor Alcalde de la Comuna de Dalcahue, Alex Gómez Aguilar, informa al Delegado Presidencial Provincial de Chiloé don nombre reservado sobre una situación irregular que esta afectando a un bien nacional de uso público consistente en el prolongación de calle denominada Fresia, en el sector urbano de la comuna de Dalcahue, y sobre el cual existe un proyecto para consolidar el cierre perimetral de esta calle y obras complementarias financiado con recursos de la Subsecretaria de Desarrollo Regional, recursos con los que se ha procedió a licitar el proyecto a través del mercado público, trabajos que se encuentran suspendidos respectos de su inicio, precisamente por el entorpecimiento del particular nombre reservado, quien durante muchos años ha estado ocupando ilegalmente la superficie de la denominada calle Fresia y“su prolongación”, originado en un loteo del año 1954, sancionado en conformidad a la legislación vigente de la época, y que a la fecha la persona que ocupa ilegalmente el inmueble bien nacional de uso público ya referido, no ha hecho abandono del mismo ni desarmado las construcciones, cierros, o intervenciones que puedan entorpecer el inicio de los trabajos ya mencionados, habiendo sido multado por estas omisiones.

Agrega que, en el numeral 1 de la Resolución Exenta N° 209 de 25 de marzo de 2024, el señor Delegado Presidencial hace suyo el contenido en el Ordinario N° 066, en el cual se reconoce expresamente que la denominada calle Fresia y su prolongación tiene su origen en el loteo realizado mediante escritura de partición de herencia que en un otrosí se acompaña, correspondiente al año 1954, que revisados los títulos aparece en forma clara que estos no han experimentado variación jurídica alguna desde esa data, es decir, todos los sitios que dio lugar la subdivisión del lote Los Robles forma parte de una copropiedad y, por ende, ninguna superficie tiene la calidad de calle o bien nacional de uso público, por lo que todas las construcciones se encuentran dentro de los límites del loteo Los Robles.

Sostiene que, el hecho de que la Municipalidad haya solicitado recursos a la Subsecretaria de Desarrollo Regional para ejecutar proyectos en bienes de privados, no le empece a su representado por cuanto se ha expresado, todos los trabajos que pretenden realizarse son en áreas de exclusivo dominio y propiedad de los copropietarios del Loteo Los Robles, conforme al plano elaborado en la escritura de partición de 30 de agosto de 1951, Repertorio 366-1951, Notario Público de Ancud, que en dicha escritura de partición se reconoce expresamente “los títulos de dominio de esta propiedad fueron reconocidos por parte del Fisco, de conformidad con lo que establece en la Ley Propiedad Austral, por decreto N° 2407 del Ministerio de Tierras y Colonización del año 1931”, indicando que en el interior del loteo denominado Los Robles de Dalcahue, se encuentra la calle Fresia o su prolongación y ninguna relación tiene con algún bien nacional de uso público, como lo son las calle o vías de circulación, determinadas en los planos reguladores respectivos que tienen la calidad de ley de la Republica en su aprobación.

Sostiene que, el artículo 589 del Código Civil dispone que: “Se llaman bienes nacionales aquellos cuyo dominio pertenece a la nación toda. Si además su uso pertenece a todos los habitantes de la nación, como el de calles, plazas, puentes y caminos, el mar adyacente y sus playas, se llaman bienes nacionales de uso público o bienes públicos. Los bienes nacionales cuyo uso no pertenece generalmente a los habitantes, se llaman bienes del Estado o bienes fiscales.”y que, por su parte, el artículo 1.1.2 de la Ordenanza General de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, define como calle:“vía vehicular de cualquier tipo que comunica con otras vías y que comprende tanto las calzadas como las aceras entre dos ropiedades privadas o dos espacios de uso público o entre una propiedad privada y un espacio de uso público.”

Asimismo, indica que la dirección de vialidad señala que para que una vía urbana sea declarada camino público debe cumplir con dos condiciones: la primera, es que esta vía o conjunto de vías al interior de áreas urbanas unan un camino público con otro, la segunda es que se promulgue un decreto supremo en que se señale la calle o avenida en cuestión, ninguno de los trazados que aparecen en el lote los Robles de Dalcahue excede de la cabida, metraje y deslinde de la propiedad de la familia Navarro, que fue quien transfirió posteriormente el dominio de estos lotes, por lo que no hay ningún antecedente que haga presumir que exista la calle Fresia, ni que cumpla con los estándares que establece la citada ordenanza, sumado a que se encuentra emplazado dentro de terrenos privados.

Argumenta que, para los efectos de constituir calle, se requiere un estudio de planificación, proceso de urbanizaciones, construcción y estándares a que alude la Ordenanza General de la Ley General de Urbanismo y Construcciones y requiere, además la urbanización del trazado, es decir que en él exista luz, agua potable, alcantarillado, zarpas, soleras, vías peatonales y además cuenten estas obras con la recepción definitiva de la Dirección de Obras Municipales respectiva, cuestión que -según indica- en calle Fresia no existe, ya que el trazado es sobre terrenos de particulares que han aceptado el tránsito por estas vías, pero ello no les asigna el estatus de calle de acuerdo a la normativa vigente, y que la circunstancia que la Municipalidad de Dalcahue haya obtenido fondos fiscales para realizar obras, sin estudiar y constatar que estas se realizarían en terrenos de particulares, no es responsabilidad de su representado.

Complementes que, no existe un plano regulador de la comuna de dalcahue, y además ninguno de los trazados que aparecen en el loteo los Robles de Dalcahue excede de la cabida, metraje y deslindes de la propiedad de la familia Navarro, que fue quien transfirió el dominio de los lotes, cuya validez fue reconocida por el Fisco de Chile, de conformidad lo establece la Ley de Propiedad Austral, según Decreto 2407 del Ministerio de Tierras y Colonización del año 1931, y que el hecho de que en la representación gráfica aparezcan vías de circulación con la denominación calle doctor M. Gonzales, calle nombre reservado, no los convierte necesariamente en bienes nacionales de uso público, porque son vías de circulación de los copropietarios del loteo y no puede ni podrán tener jamás la calidad de bienes nacionales de uso público, porque no están emplazadas en terrenos fiscales, sino en terrenos particulares.

Entre otras cosas indica que, mediante los documentos que obran en el Conservador de Bienes Raíces de Castro, se advierte la ausencia de todo indicio o vestigio de acto administrativo que disponga la expropiación de estos trazados a los copropietarios del loteo Los Robles, tanto en el Serviu como el catastro del departamento de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas, ya que ninguna de estas calles se encuentran enroladas en ningún registro público y no pueden estarlo, porque están emplazadas en terrenos de dominio particular. Arguye que, los recurridos han actuado fuera de los límites de su competencia y eso no solo contraviene la Constitución sino también a la ley y determina la responsabilidad personal y funcionaria, en el evento de concretarse cualquier demolición, porque este no sería un acto de autoridad, se convertiría en un delito de daño fundado en actos administrativos nulo de nulidad absoluta.

Argumenta que ello afecta el derecho de propiedad de su representado consagrado en el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República de Chile, en los términos que indica en su libelo, por lo que la orden de auxilio de fuerza pública es ilegal, afecta derechos de privados y de los comuneros de la comunidad Los Robles de Dalcahue, ya que dicho lote no ha sido objeto de expropiación, y por su parte los lotes, camino o servidumbre de paso están definidos y trazados para el tránsito y circulación de los comuneros y no constituyen una vía de tránsito al público, por lo que la orden emanada de la resolución materia del presente recurso, es ilegal y contraria a los derechos de terceros privados, constituyendo una Cita el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política, y señala que el proceder de la recurrida, en orden a demoler con el auxilio de la fuerza pública sobre un terreno de propiedad de su representado, vulnera abiertamente ese derecho y constituye un abuso de autoridad. Solicita se acoja su recurso de protección, con costas. Acompaña al recurso: 1) Diligencia efectuada por el nombre reservado, suboficial de Carabineros el 04 de abril; 2) Resolución exenta N°209, de 25 de marzo de 202; 3) Título de dominio de fojas 4.063 N° 3.028 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Castro del año 2011 a nombre del recurrente. 4) Plano loteo Los Robles de Dalcahue; 5) Inscripción especial de herencia de fojas 3999 Vuelta número 2975 correspondiente al Registro de Propiedad del año 2011, del Conservador de Bienes Raíces de Castro; 6) Título de dominio de fojas 790 Vuelta número 837 correspondiente al Registro de Propiedad del año 1998, del Conservador de Bienes Raíces de Castro, a nombre de nombre reservado; 7) Título de dominio de fojas 236 vuelta N°329 del Registro de Propiedad de Ancud del año 1967; 8) Título de dominio de fojas 220 N°351 del año 1951 del Registro de Propiedad de Ancud; 9) Escritura Pública de partición de 30 de agosto de 1951, repertorio 366-1951, Notario Público de Ancud.

A folio 14 informa la recurrida Delegación Presidencial Chiloé, quien señala que a través de Oficio N° 066 de 07 de febrero de 2024, el Alcalde de la comuna de Dalcahue, don Alex Waldemar Gómez Aguilar, recurre a la Delegación Presidencial, a fin de recuperar bien nacional de uso público ocupado ilegalmente por don nombre reservado, recurrente de autos, que corresponde a una prolongación de una superficie denominada domicilio reservado, según establece entre otros antecedentes el referido oficio.

Que, en virtud de lo anterior, se solicitó al citado municipio aportar mayores antecedentes en torno a la desocupación del inmueble, y que respalden que dicho inmueble es un bien nacional de uso público, a raíz de lo cual a través de correo electrónico de fecha 05 de marzo de 2024, a través del Jefe del Departamento Jurídico de la Municipalidad de Dalcahue, se complementan antecedentes remitidos anteriormente por Oficio N° 066, de 07 de febrero de 2024. Sostiene que con fecha 25 de marzo de 2024, se dictó Resolución Exenta N° 209, de dicha Delegación Presidencial Provincial de Chiloé, que concede el auxilio de la fuerza pública y requiere a la Ilustre Municipalidad de Dalcahue, para que instruya a un funcionario o funcionaria del citado ente público y con el auxilio de la fuerza pública, proceda a notificar al recurrente de autos, don nombre reservado, o cualquiera que ocupe irregularmente el bien nacional de uso público ya descrito, que debe desocuparlo y desarmar las construcciones, cierros o intervenciones que se estén ejecutando en dicho terreno, ello en virtud de lo dispuesto en los artículos 4, letras d) y h), de la Ley N°19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, y artículo 26 letras e) y f) inciso 1°y el artículo 34 del D.F.L. N°22 de 1959, que fija la Ley Orgánica del Servicio de Gobierno Interior de la República.

Indica que, con fecha 04 de abril de 2024 se recepciona en oficina de partes de dicha repartición pública, Acta de Notificación y Entrega de Carabineros de Chile Prefectura Llanquihue N° 25, 7ma. Comisaria Mirasol, mediante la cual se le hace entrega a don nombre reservado, de la Resolución Exenta N° 209, acta que firma la persona antes individualizada en señal de conformidad, y con fecha 10 de abril de 2024, a través de oficina de partes se recepcionó recurso de reposición interpuesto por don nombre reservado, en los términos del artículo 59 de la Ley N°19.880.

Argumenta que, en el referido recurso de reposición, el afectado solicita se deje sin efecto la Resolución Ministerial Exenta N°209 de 25 de marzo de 2024 de la Delegación Presidencial Provincial de Chiloé, que concede el auxilio de la fuerza pública, manifestando que según título de dominio de fojas 4.063 N° 3.028 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Castro, es dueño del sitio número dos (2), ubicado en calle nombre reservado, comuna de Dalcahue, indicando los deslindes del inmueble y la forma de adquirir el dominio de dicha propiedad; y que mediante diversos decretos alcaldicios se ha alterado la superficie original de los inmuebles, en circunstancias que las construcciones allí emplazadas se encuentran dentro de la superficie de su dominio, agregando que la calle Fresia o su prolongación se encuentra inserto en una superficie de dominio y propiedad de privados, y ninguna relación tiene con algún bien nacional de uso público, como lo son las calle o vías de circulación, determinadas en los planos reguladores respectivos que tienen la calidad de Ley en su aprobación, y esto tiene como origen la obtención de fondos para efectuar mejoras, sin percatarse que los trabajos a ejecutar eran en inmuebles privados. Señala además que, para los efectos de constituir calle, se requiere un estudio de planificación, proceso de urbanizaciones, construcción y estándares a que alude la Ordenanza General de la Ley General de Urbanismo y Construcciones y requiere, además la urbanización del trazado, es decir, que exista luz, agua potable, alcantarillado, zarpas, soleras, vías peatonales y además cuenten estas obras con la recepción definitiva de la Dirección de Obras Municipales respectiva.

Agrega la recurrida que, el recurrente, por los motivos que expresa en su reposición, señala que la orden de auxilio de fuerza pública es ilegal y afecta derechos de privados y de los comuneros de la comunidad Los Robles de Dalcahue, constituyendo una confiscación de terrenos privados, ya que dichos terrenos no han sido objeto de expropiación. Indica que, la Delegación Presidencial Provincial en su oportunidad, y previo a resolver sobre el fondo del asunto materia del recurso de reposición interpuesto, procedió a determinar si, en la especie, se habían dado cumplimiento a los requisitos formales para su interposición, y luego proceder a revisar el fondo, En que la recurrida señala que revisada la documentación aportada por la Municipalidad de Dalcahue, se explica que a la fecha del Loteo "Los Robles" en el año 1954, ya estaba publicado el DFL N°224 del año 1953 del Ministerio de Obras Públicas (MOP), que modificó a su vez el DFL N°345 del año 1931, también del M.O.P., que estableció la Ley General de Urbanismo y construcciones, el cual también tuvo modificaciones a través del DFL 357 del año 1961, pero que ya contenía algunas normas sobre apertura de calles y creación de barrios. Agrega la recurrida que dicho Loteo del año 1954 fue posteriormente aprobado por el Ministerio de Tierras y Colonización (hoy Bienes Nacionales) a través del Decreto 388 del 7 de abril de 1964m en el que se valida el Plano N°67.562 confeccionado por el departamento de mensura de dicho Ministerio, y que se refería a la "domicilio reservado se tuvo a la vista lo informado por la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas de la época, y también lo informado por la Municipalidad de Dalcahue en su Oficio N°16 del 1 de abril de 1963, por lo que el loteo se incorporó administrativamente a la propiedad fiscal, a través de su anotación marginal en la inscripción de dominio a favor del Fisco de Chile a fs. 141 vuelta, número 198 del Registro de Propiedad del año 1912, del Conservador de Bienes Raíces de Ancud, al cual a esa fecha administrativamente pertenecía la comuna de Dalcahue. Entre otras cosas, sostiene también que queda demostrado con la documentación aportada por la Municipalidad, que en todo ese proceso y consolidación de trazados de calles (calle nombre reservado, hoy calle Concejal Carlos Cárcamo; calle nombre reservado, hoy calle Fresia; calle Eulogia Navarro, hoy calle Lautaro; calle Ana Wemer, después Presidente Balmaceda, hoy Pedro Montt conocida también como Costanera; el camino a Castro, hoy calle Ramón Freire) y lotes (33) se aplicaron las normas urbanísticas de esos períodos.

Arguye que, de los artículos establecidos en dicho DFL 224 y que fundamentan a juicio de la Municipalidad de Dalcahue, la eficacia jurídica del Loteo "Los Robles", se encuentran los números 28°, 30° y 31°, incluidas sus modificaciones del año 1961, y en lo pertinente el inciso segundo del artículo 28, señalaba: "Para el objeto indicado en el inciso anterior se entiende por urbanización todo proceso de subdivisión predial que aumente la densidad de población" y el Loteo "Los Robles" encaja en esta efinición. Por su parte, indica que el artículo 31 rezaba: "La apertura de una calle, o la formación de un nuevo barrio o de una población, sólo podrá realizarse previo permiso otorgado por la Municipalidad. El permiso se tramitará en la forma que determine la ordenanza general del presente decreto con fuerza de Ley. Todo plano de Loteo aprobado por la Municipalidad pasará automáticamente a ser parte del Plan Regulador de la comuna".

Complementa que la Municipalidad de Dalcahue aportó a dicha Delegación Presidencial el documento que da cuenta de ese permiso administrativo, el que reza como Decreto Alcaldicio N°17 de fecha 19 de junio de 1954 y que autorizó a los propietarios a efectuar el Loteo Los Robles, y para entregar y recibir como bienes nacionales de uso público, las calles y veredas contemplada en el plano de loteo propuesto, por lo que, a la luz de la legislación urbanística vigente a la época, dicha Delegación Presidencial Provincial se ha formado una convicción para afirmar que la franja de terreno donde se encuentran o se encontraban tres construcciones o sus partes pertenecientes al recurrente don nombre reservado, es un bien nacional de uso público, específicamente "calle", que se denominó en su momento nombre reservado y hoy Fresia, lo que además se corrobora de los deslindes descritos en los sitios o lotes de su propiedad, el Lote 2 del Loteo Los Robles, que deslinda al Norte: en 30 metros con "calle" nombre reservado, inscrito a fojas 4063, número 3028, del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Castro, correspondiente al año 2011, y otra prueba que demuestra que se está ante una calle, es el título de dominio inscrito a fojas 1727 vuelta, número 1734, del año 2005, también del Conservador de Bienes Raíces de Castro, y que amparan la propiedad de los Lotes 3 y 5 del reclamante, y en donde se señala que el deslinde sur es la calle nombre reservado.

Concluye indicando que fueron estos antecedentes y otros más, como los respectivos estudios de títulos, documentación administrativa de distintos órganos de la administración del Estado, planos, certificaciones y otros, los que tuvo presente el Alcalde Dalcahue de la época y la Directora de Obras Municipales, para proceder a dictar el Decreto Alcaldicio N°1.782 del 29 de Agosto de 2019, que ordenó la demolición de construcciones emplazadas en bien nacional de uso Público, y que fue notificada a la persona del recurrente, don nombre reservado, presunto propietario o en su caso, poseedor de tres construcciones emplazadas ilegalmente, sea total o parcialmente en la prolongación de calle Fresia, entre los Lotes 5 y 6 del Loteo Los Robles, que corresponden a los Lotes 3 y 11 del Plano elaborado por el Ministerio de Tierras y Colonización, hoy Ministerio de Bienes Nacionales, inscrito al margen del título del Fisco a fojas 141 vuelta, número 198 del Registro de Propiedad del año 1912, del Conservador de Bienes Raíces de Ancud.

Que, luego de la notificación del acto administrativo respectivo por parte de la Municipalidad de Dalcahue, el recurrente no procedió a demoler en tiempo y forma según lo ordenado por la autoridad local en su decreto alcaldicio N°1782, lo que gatilló se procediera a denunciar ante el Juzgado de Policía Local por la infracción a las normas de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, en especial, a su artículo 148. Dicho procedimiento judicial terminó con la aplicación de una multa al recurrente, precisamente por no haber cumplido con la demolición de las 3 construcciones antes mencionadas y emplazadas en lo que se proyectó como domicilio reservado.

Indica además que, seguidamente, y ante la no aportación de documentos por parte del recurrente que avalen sus dichos ante la autoridad provincial y habiendo considerado que la Municipalidad de Dalcahue no ha actuado ni ilegal ni arbitrariamente; se llega a concluir que se está ante una calle ocupada ilegalmente por el recurrente y que el procedimiento administrativo de la demolición de las 3 construcciones se ha ajustado a derecho, sumado a la circunstancia de que se hace indispensable proceder a los trabajos licitados por la misma entidad municipal para la apertura de la calle mencionada (Licitación Pública N°3520-26-LP23), los que son financiados por la Subsecretaría de Desarrollo Regional a través de su línea Programa de Mejoramiento Urbano y equipamiento comunal línea de emergencia.

Que, a raíz de todo lo anteriormente expuesto, y con fecha 08 de mayo de 2024 a través de Resolución Exenta N° 323 se resuelve rechazar el recurso de reposición interpuesto por don nombre reservado, en contra de la decisión contenida en la Resolución Exenta N° 209 de fecha 25 de marzo de 2024 de esta entidad pública. Destaca que el actual recurrente de autos, y en su minuto recurrente de reposición, sólo interpuso el citado recurso sin haber hecho suya la facultad de interponer recurso jerárquico en subsidio para ante la Delegación Presidencial Regional de Los lagos, como lo establece la Ley N° 19.880 en su artículo 59; agotándose con ello las instancias administrativas de las que podía hacer uso ante dicha repartición pública, así como a su superior jerárquico, esto es, la Delegación Presidencial Regional de los Lagos. Solicita el rechazo del recurso de protección interpuesto. Acompaña: 1) Ord. N° 066, de fecha 07 de febrero de 2024, del Alcalde de la comuna de Dalcahue; 2) Correo electrónico de fecha 05 de marzo de 2024 del Jefe del Departamento Jurídico de la Municipalidad de Dalcahue; 3) Decreto Alcaldicio N° 1.266, de la ilustre Municipalidad de Dalcahue, de fecha 31 de mayo de 2019, inicio proceso de restitución Bienes Nacionales de Uso Público Loteo Los Robles; 4) Decreto Alcaldicio N°1.782, de la Ilustre Municipalidad de Dalcahue, de fecha 29 de agosto de 2019, que ordena demolición de construcciones emplazadas en Bien Nacional de Uso Público; 5) Escrito denuncia por infracción a la Ley General de Urbanismo y Construcciones de Alcalde de la Municipalidad de Dalcahue en contra de don nombre reservado, ante la señora Jueza de Policía Local de Dalcahue; 6) Estudio de títulos de fecha 20 de abril de 2018 del denominado Loteo Los Robles de la comuna de Dalcahue; 7) Planos proyecto recuperación espacio público y habilitación área de servicio embarcadero, ciudad de Dalcahue, de la ilustre Municipalidad de Dalcahue. Resolución Exenta N°209 de fecha 25 de marzo de 2024 de la Delegación Presidencial Provincial de Chiloé concede el auxilio de la fuerza pública; 8) Acta de Notificación y Entrega de Carabineros de Chile, Prefectura Llanquihue N°25, 7ma. Comisaria Mirasol, de fecha 04 de abril de 2024; 9) Recurso de Reposición interpuesto por don nombre reservado, en los términos del artículo 59 de la Ley N°19.880, de fecha 10 de abril de 2024; 10) Resolución Exenta N°323 de fecha 08 de mayo de 2024 de la Delegación Presidencial Provincial de Chiloé que resuelve recurso de reposición.

A folio 17 informa la recurrida Municipalidad de Dalcahue, que en primer término solicita el rechazo del recurso por aspectos de forma, indicando que no existe claridad en el recurso respecto de cuál sería el supuesto acto arbitrario e ilegal en que habría incurrido la recurrida, pues de la lectura del recurso aparece que se está recurriendo específicamente en contra de la resolución exenta N°209, de fecha 25 de marzo de 2024 dictada Delegado Provincial de Chiloé, Sr. nombre reservado, y no propiamente por acto emanado de su parte como persona natural. Señala que, lo alegado por el recurrente no guarda ni dice relación con un recurso de protección, sino con una acción de lato conocimiento, desde que se está controvirtiendo la existencia de un camino público que estaría emplazado en un terreno privado, lo que escapa al objeto de esta acción cautelar, según describe en su presentación.

Alega además la falta de legitimación pasiva, la extemporaneidad, falta de oportunidad y la falta de idoneidad del recurso, al haberse interpuesto fuera del plazo establecido y porque no apunta a los fines y objeto de un recurso cautelar de protección; todo esto sin perjuicio de la inexistencia de acciones o conductas ilegales y/o arbitrarias de esta parte. En cuanto a la falta de legitimación pasiva, señala que el recurrente, ha dirigido esta acción cautelar en su contra, como persona natural, respecto de la Resolución exenta N° 209, de fecha 25 de marzo de 2024 dictada Delegado Provincial de Chiloé, que concedió el auxilio de la fuerza pública solicitada por la Ilustre Municipalidad de Dalcahue, siendo en definitiva dicha entidad una de las supuestas legitimadas pasivas, y no el alcalde como persona natural, ello, porque todo acto de autoridad que ha emitido y que diga relación con la materia del presente recurso, corresponden a decisiones que se han tomado en conjunto con el equipo de trabajo del municipio y con aprobación del Concejo Municipal de Dalcahue, todo lo que se ha realizado en nombre de la I. Municipalidad de Dalcahue, entidad edilicia a la cual representa, por lo que la solicitud de auxilio de la fuerza pública no emanó de como persona natural, si no que en nombre y representación del municipio. Agrega que la Resolución Exenta recurrida, N°209 de fecha 25 de marzo de 2024, ordena requerir a la Municipalidad, y no al recurrido, para que instruya a un funcionario de su dependencia y con el auxilio de la fuerza pública, proceda a notificar a don nombre reservado, o a cualquiera que ocupe irregularmente el bien nacional de uso público descrito en el libelo. Alega además que el recurso sería extemporáneo, por cuanto la acción debía ser interpuesta dentro del plazo de 30 días corridos, contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión según la naturaleza de éste, desde que se haya tenido noticia o conocimiento cierto de los mismos, señalando que el recurrente expone que con fecha 04 de abril de 2024, habría tomado conocimiento de la Resolución Exenta N°209, de 25 de marzo de 2024, que ordenó el auxilio de la fuerza pública, a requerimiento de la I. Municipalidad de Dalcahue, por la afectación de un bien nacional de uso público, consistente en la prolongación de calle Fresia en el sector urbano de la comuna de Dalcahue y sobre el cual existe un proyecto cierre perimetral y obras complementarias financiado con recursos de la subsecretaria de desarrollo regional, cuyos trabajos estarían suspendidos por el entorpecimiento del Sr. nombre reservado, quien estaría ocupando ilegalmente la superficie de dicha calle y que a la fecha no ha hecho abandono del mismo ni desarmado las construcciones, cierros u otros, siendo multado por dicha omisión, controvirtiendo en el presente recurso la existencia del indicado camino público, señalando que estaría emplazado en un terreno privado, que sería de su propiedad y que no se cumplirían los requisitos para constituir la señalada calle, siendo éste el principal fundamento de la acción interpuesta, cuyo acto vulneratorio sería, en consecuencia, la determinación que hizo la autoridad, acerca de la existencia de calle Fresia en un sitio que sería de su dominio, y sin embargo, el recurrente, a conveniencia, ha creado dicho plazo para poner en conocimiento de esta Corte la situación que le aqueja y que supuestamente sería de reciente data, pero que sin embargo se remonta al año 2019, específicamente con el Decreto Alcaldicio N°1782 de fecha 29 de agosto de 2019 de la I. Municipalidad de Dalcahue, notificado al Sr. nombre reservado, con fecha 30 de agosto de 2019, en que, teniendo a la vista todos los antecedentes documentales que en dicho decreto se individualizan, la entidad municipal concluyó que el Sr. nombre reservado nombre reservado nombre reservado caso, es poseedor de tres construcciones emplazadas ilegalmente, total o parcialmente (siendo estas un galpón con estructura de madera donde funcionaba irregularmente un taller mecánico, una estructura de madera y una mampara o chifonera que es parte de una edificación que era utilizada como restaurante), dentro del bien nacional de uso público que el Loteo Los Robles denominó calle nombre reservado, hoy calle Fresia, llegando al acceso del transbordo canal Dalcahue, motivo por el cual se le ordenó demoler a su costa las tres construcciones descritas, sea total o parcialmente, en el plazo prudencial de 60 días corridos a contar desde la notificación de este Decreto, bajo apercibimiento de que si no se cumpliere, se llevará a cabo por la Municipalidad de Dalcahue, con auxilio de la fuerza pública si ere necesario, y cuyos costos deberán ser asumidos por el infractor respectivo. Además, indica que se le informó que, en contra de dicho decreto podría interponer los siguientes recursos: 1) De Reposición, establecido en el artículo 152 del D.F.L N°458 de 1976 del Minvu, el que se interpone ante el Alcalde; 2) De Reclamación, establecido en el artículo 154 del D.F.L. N°458 de 1976, el que se debe interponer ante el Juez de Letras en lo Civil de Castro, dentro del plazo de 10 días hábiles contados desde la fecha de notificación de este Decreto; 3) De Ilegalidad, establecido en el artículo 151 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades N°18.695, el que se interpone ante el Alcalde dentro del plazo de 30 días contados desde la fecha de notificación de este Decreto; 4) De Revisión, establecido en el artículo 60°de la Ley N°19.880, el que se interpone ante el Alcalde dentro del plazo de 1 año contado desde el día siguiente a aquel en que se dictó este Decreto; agregando que dentro de los plazos concedidos el recurrente solo interpuso recurso de reposición, no haciendo uso de las restantes herramientas de las que disponía para impugnar el señalados decreto alcaldicio, y que hoy recurre de protección utilizando idénticos argumentos a lo reclamado en la instancia administrativa correspondiente. Indica que la reposición fue resuelta por resolución N°770/2019 de fecha 03 de diciembre de 2019, y notificada al actor el día 04 de diciembre de 2019, indicando que no era posible acceder al recurso, por haberse presentado fuera de plazo, y que, al no haber cumplido la demolición ordenada, se le informó que se recurrió a la facultad establecida en los incisos 1°y 2°del artículo 20 del Decreto 458 del año 1976, que contiene la Ley General de Urbanismo y Construcciones, para que sea el Juzgado de Policía Local de Dalcahue el que aplique la multa correspondiente, que cuenta con competencias para conocer de las infracciones a dicho Decreto, iniciándose la causa Rol N°11.514-2019 caratulada “MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE con nombre reservado”, quedando a salvo su facultad de proceder a demoler, incluso con el auxilio de la fuerza pública, y es así, como, con fecha 26 de noviembre de 2019, en los autos Rol N°11.514-2019, seguida ante el Juzgado de Policía Local de Dalcahue, la I. Municipalidad de Dalcahue, interpuso una denuncia en contra del recurrente por infracción a la Ley General de Urbanismo y Construcciones, a fin de condenarlo al pago de una multa, por no haber cumplido con la orden de demolición dentro del plazo concedido, procedimiento en que el infractor tuvo en todo momento el derecho a defensa y a tutela judicial efectiva, y en dichos autos, con fecha 16 de mayo de 2022, las partes, esto es, tanto la I. Municipalidad de Dalcahue, como el recurrente, presentaron un avenimiento, por el cual, el Sr. nombre reservado se comprometió a efectuar la demolición de las tres construcciones o parte de ellas antes indicadas, bajo su exclusiva responsabilidad, a fin de poner término a dichos autos, estando llano a realizar la apertura de la proyección de calle Fresia sin mayores contratiempos; sin embargo, la Juez de Policía Local, por resolución de fecha 17 de ese mismo mes y año, no dio lugar al avenimiento, citando a las partes al respectivo comparendo que se llevo a cabo el día 11 de agosto de 2022, oportunidad en que el recurrente no rindió prueba, sin embargo, en la contestación reconoció voluntariamente el acatamiento tardío del Decreto Alcaldicio N°1782 de fecha 29 de agosto de 2019, dando cumplimiento a la demolición, y solicitando moderación en la aplicación de multa.

Argumenta que, posteriormente, y en cumplimiento de lo ordenado por dicho tribunal, con fecha 24 de agosto de 2022, ingresó el Certificado N°752 emanado de la Directora de Obras de la I. Municipalidad de Dalcahue, quien informó que a esa fecha se había dado cumplimiento, indicando que el recurrente dio cumplimiento a la orden de demolición, reconociendo con dicho actuar la existencia de la prolongación de calle Fresia, y con ello el bien Nacional de uso público, y que de otro modo, hubiera permanecido en incumplimiento de estimar que el camino se encontraba en su propiedad. Señala que no obstante, y en contra de sus propios actos, el recurrente cambió su actitud y estrategia, desconociendo todo lo anterior, e interponiendo una acción de protección, a fin de evitar la apertura de la calle, que a la fecha permanece cerrada, y ello obedeció a que pese a haber realizado la demolición de las construcciones y estar llano a apertura la calle, la Juez de Policía Local de Dalcahue de todos modos lo condenó al pago de una multa de 100 UTM, por incumplir el Decreto Alcaldicio N°1782, al llevar a cabo las obras de demolición 3 años después, lo que reconoció voluntariamente, según se lee de los considerandos de la sentencia firme y ejecutoriada dictada con fecha 29 de diciembre de 2022, Indica que por todos los motivos que indica en su libelo, se advierte que el Sr. nombre reservado, reconoce la existencia de calle Fresia en el plano y su calidad de bien de uso público, sin embargo, ante su falta de materialización, el dominio se habría consolidado en manos de privados, y no obstante ello, ahora en su recurso su argumento varía, ya que ahora señala que en el interior del Loteo Los Robles de Dalcahue, se encuentra la calle Fresia o su prolongación, inserta en una superficie de minio y propiedad de privados y ninguna relación tiene con algún bien nacional de uso público, reconociendo la existencia de la calle, negando su calidad de bien de uso público, por estimar que se encuentra en terrenos de privados, por lo que las contradicciones son evidentes, reiterando que lo alegado en esta acción va en contra de sus propios actos anteriores, como se indicó.

Arguye que durante el año 2023, el Municipio intentó sostener conversaciones con el recurrente, tendientes a una solución amistosa y no dilatoria, pensando además en los reclamos de la Junta de Vecinos N°1 Pedro Montt y la comunidad en general, que desde el año 2015 iniciaron las presentaciones ante la autoridad municipal para recuperar ese bien nacional de uso público, las que no prosperaron, ante la aplicación de la multa aludida. Paralelamente, la Municipalidad de Dalcahue había iniciado el proceso de Licitación Pública N°3520-26-LP23, que tiene por objeto realizar las obras necesarias para el cierre y consolidación de la proyección de calle Fresia, financiado por la Subsecretaría de Desarrollo Regional a través de su línea Programa de Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal Línea de Emergencia, obras que se encuentran detenidas a la espera del otorgamiento del acta de entrega de terreno por parte de la Dirección de Obras Municipales, lo no se ha podido ejecutar debido a que el infractor mantiene cerrado con materiales ligeros los accesos a dicha calle.

Señala que, es precisamente por ello, y previo a la dictación de la Resolución Exenta N°209 que se recurre, que con fecha 13 de noviembre de 2023, mediante Ord. 642, la I. Municipalidad de Dalcahue, le comunica al Sr. nombre reservado, considerando lo resuelto por el Juzgado de Policía Local de Dalcahue en la causa antedicha y la adjudicación de contrato en licitación pública, que se iniciarán las obras y entrega de terreno al contratista a partir del día 20 de noviembre de 2023, a fin de que pueda despejar o levantar todo tipo de intervención, cierro o protección en los respectivos accesos, y en respuesta de dicho oficio el Sr. nombre reservado, con fecha 23 de noviembre de 2023, ingresó una presentación, a través de la Oficina de Partes de la I. Municipalidad de Dalcahue, en el cual expone idénticos fundamentos a los anunciados en la acción de protección interpuesta, sin realizar peticiones concretas más que exponer que la calle en cuestión se encuentra inserta en propiedad privada, solicitando además, oficios a la Dirección de Vialidad y al Conservador de Bienes Raíces de Castro, por lo que consta que antes de que la I. Municipalidad solicitara el auxilio de la fuerza pública, se informó al Sr. nombre reservado en el mes de noviembre de 2023 que se iniciarían los trabajos de apertura de la calle, estando en conocimiento de los hechos de la causa desde esa fecha, y que ante la negativa, la I. Municipalidad, finalmente mediante Ord. 066 de fecha 07 de febrero de 2024, requirió del Delegado Presidencial Provincial de Chiloé, el auxilio de la fuerza pública, al amparo de la Ley N° 19.175 de Gobierno y Administración Regional, a fin de recuperar el bien nacional de uso público, tantas veces mencionado.

Señala que por todas las situaciones y actuaciones latamente expuestas, que existe una serie de actos administrativos y resoluciones anteriores firmes y ejecutoriadas, que sirvieron de base y que motivaron la concesión de la fuerza pública, y sobre los cuales el recurrente no se alzó en la oportunidad correspondiente como en derecho correspondía, manteniendo una conducta pasiva, habiendo perdido la oportunidad de impugnarlos. Lo anterior, sumado a que la acción arbitraria e ilegal que alega no dice relación con que se concediera el auxilio de la fuerza pública, tratándose de una controversia sobre la titularidad del dominio, discusión que debió plantear en la oportunidad respectiva y que no ejerció, pretendiendo hacer revivir los plazos por intermedio de esta acción.

Concluye indicando que no existe actualmente una situación de urgencia y de afectación a los derechos del recurrente, existiendo actuaciones administrativas y judiciales firmes previo a la interposición de esta acción, amparadas en el imperio del derecho, razón por la que debe ser rechazada ante la pérdida de oportunidad, considerando la naturaleza eminentemente cautelar de la presente acción.

Además, señala que debe tenerse en consideración lo antes expuesto, en orden a que el actor disponía de un plazo de 5 días para impugnar, contados desde su notificación, la Resolución Exenta N°209, sea por vía del recurso de reposición o jerárquico como se lee de dicha resolución, que no ejerció en tiempo y forma, haciendo un abuso del derecho e instrumentalizando el recurso de protección para su propios fines y conveniencia, no siendo ésta la vía idónea para revisar la legalidad y/o arbitrariedad de un acto administrativo, si antes no se alzó en contra de éste, utilizando los medios que expresamente le franque la ley, ya que el recurso de protección constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar y de urgencia, protegiendo los derechos fundamentales de posibles privaciones, perturbaciones o amenazas mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal, lo que no ocurre en la especie. Finalmente, en cuanto al fondo de la discusión, esto es, si se trata o no de un bien nacional de uso público, indica que existen serios antecedentes de que dispone el municipio, para fundamentar y concluir que no estamos dentro de una propiedad privada, sino que ha sido el infractor y recurrente de autos, el que durante muchos años sustrajo al uso común un tramo de terreno que se destinó a vía pública, como latamente explica en su informe.

Entre otras cosas, expone que la Municipalidad de Dalcahue mantiene documentación que da cuenta de ese permiso administrativo, individualizado como Decreto Alcaldicio N°17 de fecha 19 de junio de 1954, por el cual se autorizó a los respectivos propietarios a efectuar el Loteo Los Robles, y para entregar y recibir como bienes nacionales de uso público, las calles y veredas contempladas en el plano de loteo propuesto. Sostiene además que, con todos los antecedentes a la vista el Delegado Presidencial Provincial de Chiloé concedió el auxilio de la fuerza pública solicitada, emitiendo la Resolución Exenta N°209 de fecha 25 de marzo de 2024, que le fue notificada al reclamante el día 04 de abril de 2024, y en el cual se le informó que disponía de 5 días de notificado, para impugnar esta resolución, por vía del recurso de reposición o jerárquico, ninguno de los cuales fue ejercido por éste, quedando firme el acto de autoridad, pretendiendo por vía del presente recurso de protección, impedir sus efectos, ante su pasividad, por lo que de este modo, durante todo el procedimiento administrativo llevado a cabo por el Municipio para lograr la apertura de la prolongación de calle Fresia, el recurrente no ejerció ninguno de los recursos de que disponía para impugnar dichos actos administrativos, sin aportar ningún antecedente y/o documento que avalen sus dichos, lo que tampoco hizo en la instancia judicial llevada a cabo ante el Juzgado de Policía Local de Dalcahue, en que, pudiendo haber ejercido su legítimo derecho a defensa, reconoció y demolió voluntariamente las construcciones existentes que entorpecían el paso en la referida calle, y se conformó con la multa de 100 UTM a la que fue condenado, al no recurrir en contra de la sentencia definitiva, realizando el pago voluntariamente, una vez notificada la sanción. Misma conducta se observó por el recurrente, al emitirse la orden del auxilio de la fuerza pública, oportunidad en que tampoco interpuso los recursos a que tenía derecho, sin aportar documentación que respalde lo que hoy alega en el recurso.

Solicita el rechazo del recurso de protección, con expresa condena en costas.

Encontrándose en estado de ver, se agregó extraordinariamente a la tabla el presente recurso.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, el recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, o amenace ese atributo.

Se trata, por consiguiente, de una acción de cautela de derechos garantizados a nivel constitucional cuya existencia sea indubitada y que se encuentren conculcados de manera suficiente para provocar la actividad jurisdiccional traducida en la adopción de medidas destinadas a restablecer el imperio de esos derechos amagados o perturbados en su legítimo ejercicio.

Segundo: Que, de lo anteriormente reflexionado, se desprende como requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión arbitraria o ilegal, producto del mero capricho de quién incurre en él y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías preexistentes protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

Tercero: Que la ilegalidad y/o arbitrariedad denunciada por el recurrente, se ha hecho consistir en la decisión de las recurrida manifestadas en la Resolución Exenta N°209 de fecha 25 de marzo de 2024, por el cual se concede el auxilio de la fuerza pública por parte de la Delegación Presidencial Provincial de Chiloé, conforme a sus facultades legales, para la apertura de la calle que impide acceso y uso de bien nacional de uso público, conforme se ha descrito latamente por las partes en el presente recurso.

Cuarto: Que, según se advierte de todos los antecedentes acompañados en autos, que el recurrente no acompañó en las instancias administrativas correspondientes, ni en el presente recurso, documentación alguna que de cuenta de la forma en que podría estar siendo alterado su derecho de propiedad, y que dé cuenta de las afirmaciones señaladas en su acción de protección, y que fundamentarían una supuesta acción u omisión arbitraria o ilegal por parte de las recurridas, no existiendo antecedente alguno que sirva de respaldo a sus alegaciones, y por el contrario, acompañando las recurridas todos los antecedentes necesarios que permiten a este tribunal de alzada estimar que, en la especie, no se ha incurrido en acción u omisión arbitraria e ilegal.

Quinto: Que, conforme a todo lo anterior, y habiéndose dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley N° 19.880 sobre Procedimientos Administrativos, que en la parte pertinente establece: “Los hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio, así como aquellos que resuelvan recursos administrativos”, dictándose, en este caso en particular, un acto fundado y motivado por el ente administrativo correspondiente y dentro de las atribuciones conferidas por la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades N°18.695 y también por la Ley N°19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, artículo 26 letras e) y f) inciso 1, y el artículo 34 del D.F.L. N°22 de 1959, que fija la Ley Orgánica del Servicio de Gobierno Interior de la República, por los motivos expresados en los considerandos precedentes; no se estima la concurrencia de una acción arbitraria e ilegal por parte de ninguna de las recurridas, que de alguna forma vulnere las garantías constitucionales reclamadas por la parte recurrente, razón por la cual la presente acción será desestimada.

Sexto: Que, en dicho orden de cosas, la acción cautelar será rechazada, por cuanto en el presente caso se estima cumplido el deber de motivación y justificación del acto administrativo contemplado en el artículo 11 de la Ley N°19.880 por parte de las recurridas, quienes actúan en uso de sus facultades conforme a atribuciones conferidas por la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades N°18.695, y también por la Ley N°19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, artículo 26 letras e) y f) inciso 1, y el artículo 34 del D.F.L. N°22 de 1959, que fija la Ley Orgánica del Servicio de Gobierno Interior de la República.

Por estas consideraciones y atendido lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y artículo 1º y siguientes del Acta Nº 94-2015, de la Excelentísima Corte Suprema, sobre tramitación y fallo del recurso de protección y sus modificaciones posteriores; se rechaza, sin costas, la acción cautelar interpuesta por don nombre reservado, en contra de nombre reservado, Delegado Provincial de Chiloé, y en contra del Alcalde de Dalcahue, señor Alex Waldemar Gómez Aguilar.

Redacción de la Abogada Integrante doña María Paz Olavarría Pérez.

Regístrese y comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Rol Protección Nº 744-2024.