nombre reservado con COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO COOPEUCH,

Puerto Montt, quince de octubre de dos mil veinticuatro.

VISTOS:

A folio 1, comparece nombre reservado, Trabajadora Social, cédula de identidad NºRUT reservado, domiciliada en domicilio reservado, quien interpone recurso de protección en contra de COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO COOPEUCH (en adelante “COOPEUCH”), por los hechos que expone en su presentación.

Los hechos relatados por la parte recurrente dan cuenta de una presunta conducta ilegal y arbitraria por parte de la recurrida, al haber modificado unilateralmente las condiciones originalmente pactadas del crédito de consumo. En particular, la parte recurrente sostiene que los términos del crédito acordado, por un monto de $7.800.000, fueron alterados de manera injustificada, resultando en una deuda final de $11.122.830, a la cual se adicionaron costos no consensuados, tales como seguros y un interés excesivo, incrementando así el total a $21.950.361.

La parte recurrente también señala que la modalidad de pago mediante descuento por planilla, la cual está siendo aplicada, no fue acordada previamente, afectando gravemente su capacidad económica. Esta situación, según la parte recurrente, vulnera garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 Nº24 y Nº2 de la Constitución Política de la República, relativas al derecho de propiedad y al principio de igualdad ante la ley. El descuento mensual de $261.830 reduce significativamente el salario líquido de la recurrente, colocándola en una situación de vulnerabilidad económica que le impide subsistir de manera digna, considerando además que es madre de tres hijos y única proveedora del hogar. La reducción de ingresos afecta tanto su bienestar personal como el de su familia, dificultando la satisfacción de sus necesidades básicas, tales como alimentación, educación y transporte, generando además un estado de estrés constante que tiene repercusiones negativas en su calidad de vida.

En este contexto, la parte recurrente denuncia la falta de transparencia en la información proporcionada por la recurrida, la cual se ha negado a entregar pruebas que acrediten la existencia de los términos que, según la institución, habrían sido acordados telefónicamente. La falta de documentación respaldatoria y la negativa a proporcionar los registros de las comunicaciones telefónicas constituye una vulneración del deber de información y del principio de buena fe contractual, elementos esenciales en cualquier relación jurídica de carácter financiero. Este comportamiento coloca a la parte recurrente en una situación de indefensión frente a la institución financiera, la cual posee una ventaja evidente en términos de acceso a información y recursos. La ausencia de claridad y la modificación unilateral de las condiciones pactadas refuerzan la percepción de que la actuación de la recurrida ha sido abusiva e injusta.

En consecuencia, la parte recurrente solicita que se restablezca el monto del crédito a la cifra originalmente acordada, que se eliminen los costos por seguros no contratados y que se suspenda el cobro automático mediante descuento por planilla.

A folio 5, se declaró admisible el recurso de protección y se pidió informe a la recurrida.

A folio 16, consta informe evacuado por la recurrida, quien sostiene que el recurso de protección interpuesto por la recurrente carece de fundamento, en virtud de que no se ha constatado la vulneración de ninguna garantía constitucional.

En primer lugar, la recurrida plantea que el recurso es manifiestamente extemporáneo, dado que, conforme al Auto Acordado sobre la tramitación del recurso de protección, este debe ser interpuesto dentro del plazo perentorio de 30 días desde que la parte recurrente tomó conocimiento de los hechos denunciados. En el caso que nos ocupa, la recurrida argumenta que la acción de protección fue presentada fuera del plazo legalmente establecido, considerando que los hechos denunciados ocurrieron en marzo de 2024 y el recurso fue interpuesto recién en mayo del mismo año. Por tanto, se argumenta que la presentación tardía de la acción afecta su admisibilidad, ya que el plazo establecido es un requisito esencial para garantizar la seguridad jurídica y la estabilidad de las relaciones contractuales.

En segundo lugar, la parte recurrida sostiene que no ha existido acción u omisión ilegal o arbitraria por su parte. La recurrida explica que el crédito otorgado a la recurrente fue debidamente pactado y que todos los términos y condiciones, incluyendo el monto total de $11.122.830, así como los seguros asociados y la modalidad de descuento por planilla, fueron expresamente aceptados por la recurrente mediante su firma en los documentos correspondientes.

Asimismo, la recurrida argumenta que dichos descuentos se ajustan a los límites establecidos por la Ley General de Cooperativas y el Código del Trabajo, y que la recurrente autorizó de manera explícita el descuento por planilla, siendo este un elemento esencial para la aprobación del crédito. En este sentido, la recurrida destaca que la transparencia y claridad en la información proporcionada a la recurrente fueron garantizadas en todas las etapas del proceso, lo cual demuestra la inexistencia de cualquier irregularidad o arbitrariedad en la actuación de la institución financiera.

Además, la recurrida enfatiza que el principio de autonomía de la voluntad es fundamental en las relaciones contractuales y que la recurrente, al suscribir los documentos pertinentes, ejerció plenamente su libertad para aceptar las condiciones del crédito. En consecuencia, cualquier intento posterior de desconocer dichas condiciones constituye un acto contrario al principio de buena fe que rige los contratos. La recurrida sostiene que ha actuado en estricto cumplimiento de lo pactado y de las normativas vigentes, y que cualquier modificación unilateral de las condiciones acordadas por parte de la recurrente carece de fundamento jurídico y resulta improcedente.

En tercer lugar, la recurrida aduce que la recurrente carece de un derecho indubitado que justifique la acción de protección. Conforme a la jurisprudencia de la Corte Suprema, el recurso de protección constituye una acción cautelar destinada a resguardar derechos que sean indubitados y no discutidos, lo cual no ocurre en el presente caso, ya que la recurrente pretende desconocer los términos contractuales previamente aceptados y modificar el mandato de descuento por planilla. La recurrida señala que el derecho invocado por la recurrente no es claro ni indubitado, sino que se encuentra en discusión, lo cual desvirtúa la naturaleza del recurso de protección como mecanismo expedito y cautelar. Además, la recurrida sostiene que el recurso de protección no es la vía adecuada para resolver controversias de naturaleza contractual, las cuales deben ser tramitadas mediante un juicio ordinario o arbitral, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Cooperativas. Dicho procedimiento es el foro adecuado para analizar en profundidad las pretensiones de las partes y garantizar el debido proceso, permitiendo la presentación de pruebas y el debate contradictorio.

Finalmente, la parte recurrida argumenta que no existe afectación de garantías constitucionales, puesto que todas las actuaciones realizadas por Coopeuch se encuentran plenamente amparadas por la legislación vigente y han sido ejecutadas conforme a los términos pactados con la recurrente. En particular, la recurrida señala que el derecho de propiedad invocado por la recurrente no ha sido vulnerado, ya que el descuento por planilla fue autorizado expresamente por la propia recurrente, y dicho descuento se realizó conforme a los límites legales aplicables. De igual forma, la alegación de una supuesta vulneración al derecho de igualdad carece de sustento, toda vez que la actuación de la recurrida se enmarca en el cumplimiento estricto de las normas que regulan el otorgamiento de créditos y los descuentos asociados a estos, aplicándose las mismas condiciones a todos los socios de la cooperativa sin distinciones arbitrarias.

A folio 32, encontrándose la causa en estado de ser vista, se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO, OÍDO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: El recurso de protección de garantías constitucionales, previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye un mecanismo procesal constitucional de carácter excepcional y cautelar, diseñado para asegurar la protección eficaz y expedita de los derechos fundamentales allí consagrados. Su propósito es resguardar contra acciones u omisiones arbitrarias o ilegales que implican una privación, perturbación o amenaza de estos derechos y garantías. En este sentido, cuando esta Corte conozca de un recurso de protección, asumirá una responsabilidad constitucional de actuar con premura y decisión para instaurar las medidas que juzgue necesarias.

Así, la presente acción constitucional, al tener un carácter cautelar, urgente y no declarativo, no permite emitir un fallo que resuelva de manera integral todas las cuestiones relacionadas con la existencia y validez de los recursos derechos en juego, ni otras materias que requieran de un análisis más extenso y profundo. Para ello, el ordenamiento jurídico chileno contempla otras vías judiciales y administrativas específicamente destinadas a su análisis y resolución.

SEGUNDO: Que resulta crucial enfatizar la naturaleza cautelar, urgente y no declarativa de esta acción, lo que implica que el ámbito de competencia de esta Corte es excepcional y debe interpretarse de manera restrictiva. Así, la intervención de estos sentenciadores se justifica únicamente en casos que demanden imperativamente la adopción de protectoras respecto al derecho medidas cuya vulneración se alega. Es imprescindible que el derecho en cuestión sea indubitable y no se base en meras expectativas o autoatribuciones de prerrogativas no reconocidas legalmente. Además, los actos u omisiones impugnados deben ser claramente ilegales o arbitrarios.

En este contexto, se debe recordar que la naturaleza cautelar y de urgencia de este recurso justifica tanto su tramitación relativamente desformalizada como su carácter no declarativo de derechos. Estos aspectos son fundamentales para entender la celeridad en su interposición y la flexibilidad en sus formas de presentación, permitiendo incluso su promoción por terceros sin necesidad de acreditar un título habilitante.

TERCERO: Que la parte recurrente, nombre reservado, alega que el crédito pactado era de $7.800.000, pero se le impuso una deuda de $11.122.830, incluyendo seguros no contratados. Además, la modalidad de pago mediante descuento por planilla no fue acordada, afectando su patrimonio y limitando sus ingresos.

La recurrente sostiene que estas modificaciones vulneran sus derechos fundamentales, específicamente el derecho de propiedad del artículo 19 Nº24 y el derecho a la igualdad del artículo 19 Nº2 de la Constitución. El descuento por planilla disminuye su salario líquido, impidiéndole cubrir sus necesidades básicas. Además, la falta de transparencia en la actuación de la recurrida se evidencia en la omisión de información clara sobre los términos modificados del crédito.

Por lo anterior, solicita restablecer el monto del crédito al valor pactado, eliminar los seguros no contratados y suspender el cobro por planilla, con el fin de resguardar sus derechos constitucionales y prevenir un daño patrimonial irreparable.

CUARTO: En su informe, la parte recurrida, COOPEUCH, sostiene que el recurso de protección interpuesto por la recurrente carece de fundamento jurídico sólido, en virtud de que no se ha acreditado la vulneración de ninguna garantía constitucional.

En primer lugar, la recurrida plantea que el recurso ha sido presentado fuera del plazo fatal de 30 días previsto en el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, contado desde el momento en que la recurrente tuvo conocimiento de los hechos denunciados. Esta circunstancia torna extemporánea la acción interpuesta, vulnerando así un requisito esencial de admisibilidad.

En segundo lugar, la parte recurrida argumenta que no se configura acción u omisión alguna que pueda ser calificada de ilegal o arbitraria. El crédito otorgado ascendió a $11.122.830, monto que fue expresamente pactado y debidamente firmado por la recurrente, quien además autorizó de manera explícita el descuento por planilla como modalidad de pago. La recurrida subraya que dicho acuerdo constituye una condición esencial para la concesión del crédito, y que, por ende, no puede ser desconocido sin incurrir en una contravención a la buena fe contractual.

Adicionalmente, la recurrida sostiene que el recurso de protección no constituye el mecanismo procesal adecuado para resolver controversias de índole contractual, como la que se plantea en el presente caso. Conforme a la normativa aplicable, particularmente la Ley General de Cooperativas, estas disputas deben ser dirimidas mediante un procedimiento judicial ordinario o, alternativamente, a través de un arbitraje, según lo determine el demandante. En este contexto, la acción de protección se muestra inadecuada, pues carece de la amplitud probatoria y las garantías procedimentales necesarias para resolver disputas complejas sobre derechos y obligaciones contractuales.

Por último, la parte recurrida asevera que no existe afectación de garantías constitucionales que amerite la intervención de esta Corte. Todas las actuaciones llevadas a cabo por Coopeuch se ajustaron rigurosamente a la normativa vigente y a los términos contractuales acordados con la recurrente.

QUINTO: Que, en lo que respecta a la supuesta ilegalidad o arbitrariedad de la actuación de la Institución Financiera Cooperativa Coopeuch, esta Corte estima que no se verifica tal condición. La parte recurrida ha acreditado que el crédito por $11.122.830, otorgado el 25 de marzo de 2024, fue pactado con pleno consentimiento de la recurrente, quien firmó los documentos correspondientes, incluyendo la autorización para efectuar el descuento por planilla.

Tal como consta en los informes presentados, la recurrente suscribió la hoja resumen del crédito, que incluía todos los términos y condiciones, así como los costos adicionales asociados, tales como los seguros. En este sentido, no se observa que la actuación de Coopeuch se aparte de la normativa vigente o de las condiciones expresamente acordadas por las partes, conforme al principio de autonomía de la voluntad y al deber de buena fe contractual. La buena fe contractual, reconocida en el artículo 1546 del Código Civil, impone a las partes la obligación de actuar con lealtad y de respetar los acuerdos alcanzados. En este caso, la actuación de la recurrida se ajusta a dichos principios, sin que se aprecie una transgresión a los derechos fundamentales de la recurrente.

SEXTO: Que, respecto a la idoneidad del recurso de protección como vía procesal para resolver la controversia planteada, es menester señalar que la acción de protección tiene un carácter cautelar y no constituye un medio para discutir la validez de contratos ni para determinar la existencia de derechos discutidos. De acuerdo con la Ley General de Cooperativas, las controversias entre socios y la cooperativa deben resolverse mediante la justicia ordinaria, con procedimiento sumario o arbitral, según corresponda. En este caso, la recurrente pretende modificar los términos de un contrato de crédito debidamente pactado, lo cual requiere un pronunciamiento declarativo que excede el ámbito de competencia de esta acción cautelar.

Así las cosas, cabe señalar que el recurso de protección no puede ser utilizado como un sustituto de las acciones ordinarias previstas en la ley para resolver disputas contractuales. La acción de protección está destinada a proteger derechos indubitados y no aquellos cuya existencia o alcance se encuentra en discusión, lo cual hace inapropiada su utilización en el presente caso.

SÉPTIMO: Que la doctrina de los actos propios resulta plenamente aplicable al presente caso. La recurrente, habiendo firmado voluntariamente los documentos que contenían las condiciones del crédito, incluyendo la autorización para el descuento por planilla, no puede ahora desconocer dichas condiciones sin incurrir en una contradicción con su conducta previa, lo cual sería contrario al principio de buena fe.

En este sentido cabe subrayar que la doctrina de los actos propios impide a una parte contradecir sus actuaciones previas cuando estas han generado expectativas legítimas en la contraparte. Este principio, que se deriva del aforismo “venire contra factum proprium non valet”, implica que una parte no puede adoptar una conducta que sea incompatible con una actitud anterior si dicha actitud generó una expectativa razonable en la otra parte. La aplicación de esta doctrina es esencial para preservar la estabilidad de las relaciones contractuales y evitar conductas contradictorias que puedan perjudicar a la otra parte contratante, máxime cuando dichas condiciones fueron aceptadas expresamente por la recurrente.

OCTAVO: Que, finalmente, se concluye que no existe una afectación de garantías constitucionales que amerite la intervención de esta Corte. Los actos de la parte recurrida se ajustaron a la normativa vigente, incluyendo la Ley General de Cooperativas y el Código del Trabajo, que establecen los límites y condiciones para los descuentos por planilla, los cuales no fueron excedidos en este caso. La recurrente autorizó expresamente dichos descuentos, y el monto descontado no supera los porcentajes permitidos por la ley.

Asimismo, la normativa aplicable exige que tales descuentos cuenten con la autorización expresa del trabajador, lo cual se verificó en este caso. En consecuencia, no se ha producido una privación, perturbación o amenaza a los derechos fundamentales invocados por la recurrente, especialmente el derecho de propiedad y el derecho a la igualdad, ambos consagrados en el artículo 19 de la Constitución.

NOVENO: Que, de tal manera, no advirtiéndose por esta Corte alguna afectación a las garantías invocadas por el recurrente como consecuencia del actuar de las recurridas a través de un actuar ilegal o arbitrario, la presente acción será desestimada tal como se indicará en lo resolutivo de este fallo.

Por estas consideraciones y atendido lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y artículo 1º y siguientes del Acta Nº94-2015, de la Excelentísima Corte Suprema, sobre tramitación y fallo del recurso de protección y sus modificaciones posteriores, se declara:

I.- Que se rechaza, la acción de protección deducida por nombre reservado, en contra de COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO COOPEUCH.

II.- Que no se condena en costas a la parte recurrente atendida la naturaleza de la acción cautelar deducida.

Redacción a cargo del Abogado Integrante don Darío Parra Sepúlveda.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Rol Protección N° 742-2024.