Protección contra fiscalizador de la Inspección del Trabajo

Puerto Montt, nueve de octubre de dos mil quince.

VISTOS:

A fojas 6, comparece don nombre reservado, contador auditor, Rut N° RUT reservado, en representación de Inmobiliaria Power Center Ltda., ambos domiciliados en domicilio reservado e interpone recurso de protección, en contra del fiscalizador de la Inspección del Trabajo, don nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado, en contra de la resolución n° 1190.15.28-1, 2, 3 y 4.

Funda su recurso en el hecho que, su representada es una empresa dedicada al giro de la administración de centros comerciales. Con fecha 7 de julio de 2015, fue objeto de una visita inspectiva por parte del fiscalizador recurrido, quién con fecha 14 de julio cursó 4 multas administrativas, a saber: por no tomar medidas efectivas para evitar la entrada o eliminar presencia de plagas de interés sanitario en los lugares de trabajo; no contar con servicios higiénicos en buenas condiciones de funcionamiento; no contar el comedor habilitado en el sitio del trabajo, con una cocina u horno, un lavaplatos y un refrigerador y no suprimir en los lugares de trabajo, factores de peligro, tales como, instalaciones eléctricas en malas condiciones de protección.

Señala que, tales multas son ilegales, arbitrarias y fuera de toda proporcionalidad, ya que en todas ellas está en juego el deber de protección del trabajador, derivado de la obligación legal del artículo 184 del Código del Trabajo. De esta forma, la Dirección del Trabajo ha vulnerado la Constitución, al multar, por el mismo hecho, 4 veces a la empresa. Agrega que, ésta sanción arbitraria, es contraria al principio del non bis in idem, que prohíbe el ser sancionado en forma múltiple por un mismo hecho o violación de una misma norma.

Indica que, las garantías constitucionales conculcadas son: el artículo 19 n° 3 de la Constitución, al vulnerar el principio del non bis in idem. Cita doctrina extranjera y jurisprudencia de la Excelentísima Corte Suprema, para sostener que, tal principio, debe sustentarse en la igual protección de los derechos y en el debido proceso legal, obligación que se impone a los órganos de la jurisdicción y a los órganos administrativos. Asimismo, indica que, al imponerle a su representada 4 multas, sin existir antecedentes para ello, se ha amenazado y conculcado el derecho de propiedad del artículo 19 n° 24 de la Constitución Política, al privarlo de parte de su patrimonio.

Solicita se acoja este recurso y se declare que, la recurrida ha privado y perturbado las garantías contempladas en el artículo 19 n° 3 y 24, ambos de la Constitución Política y en consecuencia, se deje sin efecto la resolución de multa n° 1190.15.28-1, 2, 3 y 4, declarando que, sólo se ha cometido una infracción, por vulnerar la misma norma legal.

Acompaña copia de la referida resolución administrativa.

A fojas 42, informa Yoselin Guelet Calisto, abogada de la Dirección del Trabajo por la recurrida, solicitando el rechazo de éste recurso. Señala que, éste recurso es improcedente, por no tratarse de una cuestión constitucional que debiera ser tutelada por éste recurso, dado que, existen procedimientos específicos, para la defensa de derechos, de quién se siente perjudicado, por la dictación de resoluciones administrativas. En la especie, se estaría utilizando el recurso de protección, como un recurso jurisdiccional y no como un medio de tutela de derechos fundamentales. Afirma que, el recurso de protección, no es el camino idóneo para reclamar contra multas impuestas por la autoridad administrativa, ya que para ello, existen acciones de índole administrativo o la acción ordinaria de reclamación ante el Juzgado Laboral. Cita abundante jurisprudencia para sostener dicha afirmación.

Agrega que, el recurrente ha presentado, con igual fecha que el presente recurso, una solicitud de reconsideración administrativa, lo que no es permitido por el artículo 54 de la ley 19.880 sobre bases de los procedimientos administrativos y que el efecto que se producirá es, que la administración deberá inhibirse de conocer cualquier reclamación, que se presente respecto de la misma pretensión.

Señala que, la acción deducida, no cumple con los requisitos que establece el artículo 20 de la Constitución Política, dado que, la resolución administrativa, no es un acto ilegal, desde que se enmarca en el ejercicio de facultades propias y en el cumplimiento de una serie de normas legales que indica. Agrega que, tampoco es un acto arbitrario, dado que la finalidad del acto recurrido, es fiscalizar y aplicar una sanción que desincentive la conducta infraccional multada. Indica que, no se ha vulnerado el principio del non bis in idem, ya que las multas se fundaron en diversas materias (hechos constatados), que afectan a normas jurídicas distintas de un mismo cuerpo legal (el DS n° 594 del Minsal), sin que pueda considerarse una misma materia, por su relación con el deber de protección del empleador.

Afirma, no haber conculcado las garantías constitucionales del recurrente, ya que no hay violación al debido proceso, no se ha vulnerado el principio del non bis in idem, debido a que sólo se han limitado a aplicar la ley vigente, con apego a ellas y a los procedimientos administrativos que rigen la materia. Solicita el rechazo del presente recurso por improcedente, al no ser la vía idónea y no existir actuación arbitraria o ilegal que prive, perturbe o amenace derecho constitucional alguno del recurrente, con costas.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

Primero: Que, la Acción Constitucional de Protección ha sido concebida en nuestro derecho como un remedio procesal de carácter extraordinario para la mantención regular del orden jurídico, de modo que cualquiera persona que se vea privada, perturbada o amenazada en el legítimo ejercicio de alguno de los derechos que esta acción cautela, pueda reclamar del Tribunal a quien el propio Constituyente ha encargado su conocimiento, la adopción inmediata de las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho.

Segundo: Que se ha recurrido de protección por la conculcación en el ejercicio legítimo de los derechos que le asiste a la recurrente garantizados en el artículo 19 N° 3 y N° 24 de la Carta Fundamental con ocasión del acto ilegal y arbitrario contenido en la Resolución Multa N° 1190.15.28-1, 2, 3 y 4 de 14 de julio de 2015.

Tercero: Que, de acuerdo a los antecedentes allegados al recurso, no existe discusión en orden a que con fecha 7 de julio de 2015 se llevó a cabo por el fiscalizador de la Inspección del Trabajo de Puerto Montt don nombre reservado una visita inspectiva a la empresa Inmobiliaria Power Center Ltda., que presta servicios de administración de centros comerciales, ubicadas en Illapel 10, piso 5, de la ciudad de Puerto Montt. Se indica en la copia de la resolución de multa de fojas 18, la descripción general de los hechos fiscalizados, a saber: no tomar medidas efectivas para evitar la entrada o eliminar presencia de plagas de interés sanitario en los lugares de trabajo; no contar con servicios higiénicos en buenas condiciones de funcionamiento; no contar el comedor habilitado en el sitio del trabajo, con una cocina u horno, un lavaplatos y un refrigerador y no suprimir en los lugares de trabajo, factores de peligro, tales como, instalaciones eléctricas en malas condiciones de protección. Tales hechos, además, fueron objeto de reconsideración administrativa, aún pendiente de resolución, presentada con fecha de 4 de septiembre de 2015, misma fecha de presentación del presente recurso de protección.

Cuarto: Que, de lo anterior se desprende que, el fiscalizador de la Inspección del Trabajo de Puerto Montt, actuó en el ámbito de las materias de su competencia, en uso de las facultades que le confiere la ley, de manera que los hechos constatados en el ejercicio de dicha actividad, no aparecen contrarios a la ley, ni producto de una apreciación antojadiza o desmotivada, que permita por esta vía, obtener un pronunciamiento favorable a la pretensión del recurrente, la misma que paralelamente ha deducido en sede administrativa, aduciendo error de hecho en la aplicación de las multas, no siendo esta sede idónea para desvirtuar la procedencia de multas cursadas.

El ejercicio de la actividad de fiscalización, no se agota en la mera observación de las condiciones de trabajo, sino en un juicio de valor, que permite concluir al fiscalizador, si aquellos hechos por él constatados, se ajustan a la normativa laboral y de concluir, en caso contrario, el incumplimiento de la misma, ha de cursar las multas correspondientes; no advirtiéndose de los antecedentes allegados al recurso, una extralimitación por parte del recurrido en el ejercicio sus funciones que le son propias; lo que conlleva al rechazo del presente recurso.

Por estas consideraciones y vistos además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación de Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso interpuesto a fojas 6 por don nombre reservado en representación de la empresa Inmobiliaria Power Center Ltda, en contra del fiscalizador de la Inspección Provincial del Trabajo de Puerto Montt, don nombre reservado y que incide en la Resolución N° 1190.15.28-1, 2, 3 y 4 de fecha 14 de julio de 2015.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del Ministro Titular don Jorge Ebensperger Brito.

Rol N° 740 - 2015.- Dictada por la Segunda Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones, presidida por doña nombre reservado, e integrada por el Ministro don Jorge Ebensperger Brito y el Abogado Integrante don Rafael Gallardo Durán. Autoriza nombre reservado, Secretario Subrogante.

En Puerto Montt, a nueve de octubre de dos mil quince, notifiqué por el estado diario la resolución que precede.