nombre reservado con nombre reservado

Puerto Montt, veintiséis de septiembre de dos mil veinticuatro.

A la presentación folio N° 58: Estese al mérito de autos.

Vistos:

A folio 1, con fecha 2 de mayo de 2024, comparece el abogado Alberto Ebensperger Fernández Cabo, en representación convencional de nombre reservado, y de nombre reservado, e interpone acción de protección de garantías constitucionales en contra de nombre reservado, nombre reservado, y de nombre reservado, por los actos que califica arbitrarios e ilegales consistentes en la enajenación de naves sin acuerdo de los socios y por la falta de conocimiento del destino de los dineros que se han obtenido producto de las enajenaciones. Pide se acoja la acción de protección y se declare que las recurridas deben abstenerse de seguir enajenando las naves que conforman el activo de la Sociedad Naviera nombre reservado S.A., hasta que se rinda cuenta de la situación patrimonial, y además, que informen el destino de las 7 enajenaciones de las naves de Sociedad Naviera S.A y manifiesten por qué razón no ha existido utilidad en la empresa desde el año 2020 a la fecha.

Manifiesta que recurrentes y recurridos suscribieron una escritura pública el 10 de septiembre de 2020, ante Notario Público de Puerto Montt, don nombre reservado, sobre una Sociedad Anónima Cerrada denominada “Naviera nombre reservado Sociedad Anónima”, con nombre de fantasía Naviera nombre reservado S.A, de duración 5 años, con pacto de renovación automática, cuyo objeto es la explotación comercial de naves de cabotaje y actividades anexas, como el transporte terrestre y acopio de mercaderías e instalaciones terrestres y portuarias y/o cualquiera otra actividades que los socios acordaren.

Comenta que la sociedad era administrada según el pacto social por las socias recurridas de consuno, cuyo plazo de nombramiento vencía el año 2022, no obstante, éstas han ejercido funciones propias de administración y de disposición después de esa fecha, enajenando embarcaciones sin autorización de los socios. A la fecha no han rendido cuenta de su gestión desde la constitución de la sociedad ni han requerido autorización para enajenar las naves, no han rendido cuenta de los recursos percibidos por tales enajenaciones, informándose de la existencia de una investigación tributaria ante el Servicio de Impuestos Internos de la Región de Los Lagos.

Indica que Naviera nombre reservado S.A. es dueña del 50% del capital de la sociedad Transportes Puelche S.A, y han tomado conocimiento que las recurridas han enajenado embarcaciones que pertenecían a la sociedad y que su intención es seguir enajenado embarcaciones de mayor tamaño, lo que puede acarrear la insolvencia de la sociedad.

Añade que ha existido negativa de las recurridas en cooperar y solucionar la falta de información básica referido a los montos percibidos del negocio societario, amén de la total retención de utilidades de éstas.

Refiere que el actuar de las recurridas en orden a la enajenación de naves, sin el acuerdo de los socios y sin que ellos tengan participación alguna del producto de las ventas y destino de los dineros, constituye un acto arbitrario e ilegal que vulnera el pacto social y las normas relativas a las sociedades, vulnerando los derechos fundamentales de igualdad ante la ley (artículo 19 N° 2), y el derecho de propiedad (Art. 19 N° 24), todos de la Constitución Política.

Acompaña: 1. Compraventa otorgada por escritura pública en la notaría de don nombre reservado, de fecha 31 de enero de 2024, anotada en el Repertorio 910, referente a la Nave Pucatué; 2. Compraventa otorgada por escritura pública en la notaría de don nombre reservado, de 26 de abril de 2023, anotada en el Repertorio 3788, referente nave doña nombre reservado; 3. Compraventa otorgada por escritura pública en la notaría de don nombre reservado, de 29 de noviembre de 2022, anotada en el Repertorio 11879, referente Nave don nombre reservado; 4. Compraventa otorgada por escritura pública en la notaría de don nombre reservado, de 29 de noviembre de 2022, anotada en el Repertorio 11880, referente Nave don nombre reservado; 5. Compraventa otorgada por escritura pública en la notaría de don nombre reservado, de 19 de diciembre de 2023, anotada en el Repertorio 11496 referente a la nave Gobernador Figueroa; 6. Compraventa otorgada por escritura pública en la notaría de don nombre reservado, de 29 de noviembre de 2022, anotada en el Repertorio 11881 referente a la nave doña nombre reservado; 7. Junta Ordinaria de accionistas de 25 de abril de 2024; 8.- Correo electrónico de doña nombre reservado.

A folio 3, se declaró admisible el recurso y se pidió informe a las recurridas.

A folio 9, se concedió orden de no innovar en el sentido de ordenar la suspensión de toda enajenación de bienes sociales de la Naviera nombre reservado S.A., mientras se tramita la presente acción constitucional.

A folio 15, evacuan informe los abogados Diego Galindo Manríquez y Diego Gutiérrez Cisternas, en representación de las recurridas, e indican que la sociedad se trata de una empresa familiar, cuyo capital social asciende a $15.592.991.081, dividido en 100 acciones nominativas y sin valor nominal, de las cuales se encuentran íntegramente suscritas y pagadas 99 acciones, siendo sus actuales accionistas: (i) las recurridas, con 18 acciones cada una; (ii) los recurrentes con 18 acciones cada uno; y (iii) don nombre reservado, con 9 acciones.

Añade que sobre la administración existe un directorio compuesto por tres miembros, que duran dos años en funciones, pudiendo ser reelegidos indefinidamente, estando compuestos por las recurridas. Este directorio sesionó de manera ininterrumpida hasta su revocación y renovación, lo cual ocurrió en junta extraordinaria de accionistas, de fecha 25 de abril de 2024, cuya copia acompañan los recurrentes a su recurso, quedando éste actualmente integrado por las recurridas nombre reservado y nombre reservado, y por don nombre reservado.

Alegan que existe un conflicto entre accionistas, que no es materia que deba ser resuelta por la presente acción, y existe por lo demás incompetencia de la Corte para conocer del asunto, materia que corresponde ser resuelta por la justicia arbitral, conforme a lo dispuesto el artículo 227 número 4 del Código Orgánico de Tribunales, así como en el artículo 4 número 10 de la Ley 18.046.

Por lo mismo, señalan que el estatuto de la sociedad, el cual fue suscrito y consentido por los mismos recurrentes al momento de constituirse, en el artículo vigésimo cuarto del título octavo, denominado “Arbitraje y disposiciones legales”, establece que las diferencias que surjan entre los accionistas en su calidad de tales, o entre éstos y la sociedad o sus administradores, sea durante la vigencia de la sociedad o en el curso de su liquidación, serán resueltas por un árbitro arbitrador, designado de común acuerdo, en única instancia. De esta forma, al existir disposiciones legales y una cláusula compromisoria que entrega competencia a la justicia arbitral para el evento de existir controversias como la que se plantea, resulta evidente que este asunto no es una materia que corresponda ser resuelta por medio de la presente acción constitucional.

Invoca la inexistencia de conducta ilegal o arbitraria, puesto que su actuar se ha ajustado plenamente a lo dispuesto en la Ley. Si bien a las fechas de enajenación de las naves, no se había efectuado una revocación y consiguiente renovación del directorio de ese entonces de la Sociedad, los recurrentes olvidan que el directorio, al tratarse de un órgano colegiado y permanente de las sociedades anónimas, según lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley, si “…no se celebrare en la época establecida la junta de accionistas llamada a hacer la elección de los directores, se entenderán prorrogadas las funciones de los que hubieren cumplido su período hasta que se les nombre reemplazante …”

Sobre las naves enajenadas, indica que naves mayores denominadas “Pucatué” y “Gobernador Figueroa”, su enajenación fue previamente autorizada por junta extraordinaria de accionistas de fecha 28 de noviembre de 2023. Tratándose del resto de las naves transferidas, esto es, las naves menores “doña nombre reservado”, “Don nombre reservado”, “Don nombre reservado” y “Doña nombre reservado”, sus enajenaciones no requirieron autorización previa de la junta extraordinaria de accionistas, toda vez que éstas no han alcanzaban el 50% o más del activo de la Sociedad, conforme al balance del ejercicio anterior a las respectivas enajenaciones, en los términos de los artículos 57 número 4 y 67 número 9, ambos de la Ley N° 18.046.

Respecto a las alegaciones de no haber dado cuenta de las gestiones, refiere que los acciones no tienen derecho a más información que aquella que la ley expresamente les permite acceder.

Agrega que obrando de buena fe, han coordinado reuniones y han intentado poner a disposición de los recurrentes información legal, financiera y tributaria de la sociedad, la cual, producto de la negligencia de éstos, jamás ha sido retirada de las oficinas de la Sociedad. Asimismo, no existe derecho indubitado que cautelar.

Acompaña: 1.- Escritura pública de fecha 10 de septiembre de 2020, otorgada en la notaría de Puerto Montt de don nombre reservado, en que constan los estatutos de la Sociedad. 2.- Escritura pública de fecha 10 de noviembre de 2020, otorgada en la notaría de Puerto Montt de don nombre reservado, en qué consta la constitución del directorio provisorio de la Sociedad. 3.- Escritura pública de fecha 21 de septiembre de 2021, otorgada en la notaría de Puerto Montt de don nombre reservado, en que constan los poderes vigentes de los apoderados de la Sociedad. 4.- Escritura pública de fecha 28 de noviembre de 2023, otorgada en la notaría de Puerto Montt de don nombre reservadoöder, en que consta la celebración de junta extraordinaria de accionistas que autorizó la enajenación de las naves mayores denominadas “Pucatué” y “Gobernador Figueroa”. 5.- Set de correos electrónicos entre la administración de la sociedad y los recurrentes, en que se insiste para que retiren una serie de información legal, tributaria y financiera de la Sociedad.

A folio 36, se hizo parte doña nombre reservado en representación Naviera nombre reservado S.A.

Encontrándose en estado de ver, se trajeron los antecedentes en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, o amenace ese atributo.

Se trata, por consiguiente, de una acción de cautela de derechos garantizados a nivel constitucional cuya existencia sea indubitada y que se encuentren conculcados de manera suficiente para provocar la actividad jurisdiccional traducida en la adopción de medidas destinadas a restablecer el imperio de esos derechos amagados o perturbados en su legítimo ejercicio.

Segundo: Que el acto que se denuncia como ilegal y arbitrario por la parte recurrente consiste en la enajenación de naves que habrían efectuado las recurridas sin acuerdo de los socios y la falta de entrega de información a los actores acerca del destino de los dineros que se han obtenido producto de las enajenaciones, esto, es el marco de que todas las partes son socios de una misma sociedad.

Tercero: Que, el Código Orgánico de Tribunales, preceptúa en su artículo 222 “Se llaman árbitros, los jueces nombrados por las partes, o por la autoridad judicial en subsidio, para la resolución de un asunto litigioso”.

Luego, en su artículo 227 dispone: “Deben resolverse por árbitros los asuntos siguientes: (...) 4°) Las diferencias que ocurrieren entre los socios de una sociedad anónima, o de una sociedad colectiva o en comandita comercial, o entre los asociados de una participación, en el caso del artículo 415 del Código de Comercio; (...)”

A su vez, en el artículo 4 número 10 de la Ley 18.046 sobre Sociedades Anónimas, se establece: “La escritura de la sociedad debe expresar: (...) 10) La naturaleza del arbitraje a que deberán ser sometidas las diferencias que ocurran entre los accionistas en su calidad de tales, o entre éstos y la sociedad o sus administradores, sea durante la vigencia de la sociedad o durante su liquidación. Si nada se dijere, se entenderá que las diferencias serán sometidas a la resolución de un árbitro arbitrador; (...)”

Por su parte, la escritura pública de constitución de sociedad anónima, de 10 de septiembre de 2020, en su artículo vigésimo cuarto del título octavo, denominado “Arbitraje y disposiciones legales”, establece que las diferencias que surjan entre los accionistas en su calidad de tales, o entre éstos y la sociedad o sus administradores, sea durante la vigencia de la sociedad o en el curso de su liquidación, serán resueltas por un árbitro arbitrador, designado de común acuerdo, en única instancia.

Cuarto: Que, como se observa, del expreso tenor de la normativa enunciada se indica con claridad cuál es la vía jurisdiccional que ha sido establecida por el legislador, y además por los socios -.en sus estatutos-, para el abordaje de las controversias desarrolladas entre los accionistas, o entre éstos y la sociedad o sus administradores, cuyo conocimiento ha sido encomendado por ley a la justicia arbitral, a fin que sea ante dicha sede, mediante el procedimiento contradictorio correspondiente, por vía de las alegaciones y probanzas que pudieren ser rendidas al efecto, se proceda a determinar la procedencia de las medidas que motivan este reclamo de tutela de garantías.

Quinto: Que, de las circunstancias expuestas, aparece que, la denuncia de vulneración de garantías impetrada en autos no se vincula con una materia que corresponda ser dilucidada por medio de la presente acción cautelar de urgencia, en cuanto ésta no constituye una instancia de declaración de derechos, sino que de protección de aquéllos que, siendo preexistentes e indubitados, se encuentren afectados por alguna acción u omisión ilegal o arbitraria y, por ende, en situación de ser amparados en esta sede.

Sexto: Dicho presupuesto no concurre en la especie, en tanto emerge de modo manifiesto que, en el caso, la acción se asienta sobre hechos para cuya acreditación, el actual procedimiento resulta inidóneo, tales como el establecimiento de los bienes que conforman la sociedad, la adecuada administración de los bienes sociales, las facultades que ostentan los administradores de la sociedad, la sujeción en dicha administración a los estatutos, entre otros razonamientos que, en definitiva, conducen indefectiblemente al rechazo del recurso, como se dirá.

Séptimo: Adicionalmente, el recurso de protección tampoco podría prosperar, por otra parte, dado que los derechos que se invocan conculcados, justamente por las consideraciones que se deben despejar previamente en la sede correspondiente -según lo razonado en el motivo anterior-, no poseen el carácter de indubitados.

Octavo: Que, atendido lo razonado, el presente recurso de protección no se encuentra en condiciones de prosperar, sin perjuicio, de otras acciones que pudieren corresponder a los recurrentes.

Por las consideraciones expuestas, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara:

I.- Que, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por el abogado don Alberto Francisco Ebensperger Fernández Cabo, en representación de nombre reservado y de nombre reservado en contra de nombre reservado, nombre reservado y de nombre reservado.

II.- Déjese sin efecto la orden de no innovar decretada a folio 9.

Redacción a cargo del Fiscal Judicial (S) Rodolfo Maldonado Mansilla.

No firma el Ministro don Jaime Vicente Meza Sáez, quien concurrió a la vista y acuerdo, por encontrarse con feriado legal.

Regístrese, comuníquese, y archívese, en su oportunidad.

Rol Protección N° 733-2024.-