CONTROL CHILE SPA con DIRECCION DEL TRABAJO DE PUERTO MONTT

nombre reservado, doce de junio de dos mil diecinueve.

VISTO:

Con fecha 24 de abril de 2019, compareció don Álvaro Gabriel Gómez Soto, abogado, domiciliado en domicilio reservado, en Temuco, en representación de Controll Chile SpA, antes Seguridad y Protección nombre reservado & nombre reservado Limitada, empresa del giro prestación de servicios de seguridad, representada por don nombre reservado, factor de comercio, ambos domiciliados en domicilio reservado, en Temuco, e interpuso recurso de protección en contra de la Dirección del Trabajo de nombre reservado, servicio público, representada por don nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado (ex INP), 3° piso, en nombre reservado, en razón de lo siguiente:

La Dirección del Trabajo de nombre reservado producto de un reclamo formulado por el trabajador nombre reservado, mediante su centro de conciliación lo citó para audiencia de conciliación efectuada el día 22 de abril de 2019. El trabajador le prestó servicios de guardia de seguridad entre el 27 de julio de 2018 y el 10 de marzo de 2019. El 08 de febrero de 2019, se le remitió vía correo certificado, carta de aviso de término de contrato por la causal del artículo 159 N° 5° del Código del Trabajo, para ser efectivo dicho término el día 10 de marzo de 2019. Acto seguido, detalló los conceptos reclamados.

Concurrió a la audiencia y el funcionario conciliador don nombre reservado, haciendo un uso indebido de sus facultades, calificó de nulo el despido del trabajador por supuesta infracción a lo dispuesto en el artículo 162 del Código del Trabajo, conocida como Ley Bustos (Ley N° 19.631), citando pasajes de la conciliación. Además, el funcionario le ordenó efectuar el pago de remuneraciones que se habrían devengado con posterioridad al despido, citando el acta en su parte pertinente.

En este sentido, el funcionario conciliador comete un grave error, ya que no estamos en presencia de una nulidad del despido, pues ha pagado en forma completa, oportuna e íntegra las cotizaciones previsionales correspondientes a todo período durante el cual el trabajador prestó servicios para ella, esto es, entre el 27 de julio de 2018 y el 10 de marzo de 2019, citando al efecto el artículo 162 del Código del Trabajo, para sostener que en el sistema de seguridad social, las cotizaciones previsionales deben ser declaradas y pagadas por el empleador dentro de los 10 primeros días del mes siguiente a aquel en que se devengaron las remuneraciones afectas a aquellas, plazo que se prorroga hasta el primer día hábil siguiente si expira en día sábado, domingo o festivo. Sin embargo, cuando un empleador realice la declaración y pago de cotizaciones a través de un medio electrónico, el plazo se extenderá hasta el día 13 de cada mes, aún cuando éste fuere día sábado, domingo o festivo, así lo señala el artículo 19 inciso 3° del Decreto Ley 3.500. Así las cosas, si el despido se produjo el día 10 de marzo de 2019, el empleador cumplió su obligación de estar al día con el pago de las cotizaciones previsionales devengadas. Es decir, a la fecha de la audiencia no existía deuda previsional alguna. Por ende, no es válido el argumento que da el Inspector del Trabajo para concluir que hay nulidad del despido, ya que la ley le permite al empleador pagarlas dentro de los 10 primeros días del mes siguiente. En todo caso, el deber del empleador es informar por escrito el estado de pago de las cotizaciones previsionales devengadas hasta el último día del mes anterior al del despido.

Luego, expuso la normativa y principios a los que se ajusta la Dirección del Trabajo, sosteniendo que es un servicio público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, sujeto a la supervigilancia del Presidente de la República a través del Ministerio del Trabajo y de Previsión Social. Como órgano administrativo, sus competencias y atribuciones sólo pueden estar otorgadas y determinadas por la Constitución o por las leyes. Así, el DFL N° 2 de 1967 fija las funciones de la Dirección del Trabajo en su artículo 1º, señalando en su letra A que le corresponde “la fiscalización de la aplicación de la legislación laboral”. Asimismo, el inciso primero del artículo 505 del Código del Trabajo señala expresamente que “La fiscalización del cumplimiento de la legislación laboral y su interpretación corresponde a la Dirección del Trabajo, sin perjuicio de las facultades conferidas a otros servicios administrativos en virtud de las leyes que los rigen”. Sin embargo, esta facultad fiscalizadora no es ilimitada, se ha sostenido que determinados actos del organismo en que, por ejemplo, se ha procedido a interpretar contratos civiles como laborales, o ha procedido a calificar una relación jurídica, entre otras situaciones, han llevado a sostener que el organismo se excede de sus facultades fiscalizadoras, entrando a invadir un ámbito de competencia de los tribunales y atacándose de esta forma la legalidad del acto de fiscalización que realiza la Dirección del Trabajo. De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 420 letras a) y c) del Código del Trabajo, son de competencia de los Juzgados de Letras del Trabajo, las cuestiones suscitadas entre empleadores y trabajadores por aplicación de las normas laborales o derivadas de la interpretación y aplicación de los contratos individuales del trabajo y también las cuestiones derivadas de la aplicación de las normas de previsión o de seguridad social, planteadas por pensionados, trabajadores activos o empleadores, citando en este punto el artículo 76 de la Constitución. En la especie, el funcionario conciliador resolvió por sí y ante sí que estaban en presencia de un despido nulo, ordenando el pago de prestaciones que en su errado concepto de ello derivaban, es decir, se auto erigió en juez y sin forma de juicio resolvió una cuestión suscitada entre trabajador y empleador, sin la posibilidad de ejercer este último el derecho de defensa. De las facultades que establece el DFL 2 de 1967 respecto del Ejercicio de las Funciones y de las Atribuciones de los Inspectores, no aparece en ninguna parte la de ordenar el pago de remuneraciones o cotizaciones previsionales.

En consecuencia, la actuación de la recurrida, la Dirección del Trabajo de nombre reservado es ilegal y arbitraria, por cuanto es contraria a las normas que amparan la igualdad ante la ley, específicamente el derecho a no ser juzgado por comisiones especiales y el derecho de dominio que toda persona tiene respecto de su bienes. Además, La Dirección del Trabajo actuando a través del funcionario conciliador, no respetó el derecho de igualdad a la ley de la reclamada y se le ordenó pagar la suma de $471.562 además de cotizaciones previsionales, lo que debe concretarse el día 29 de abril de 2019, bajo amenaza de multas y de configurar un título ejecutivo en su contra. Citó jurisprudencia al efecto.

Por lo tanto: solicitó se ordene a la recurrida suspender y en su caso dejar sin efecto las declaraciones de nulidad de despido y orden de pago de remuneraciones de cotizaciones previsionales formuladas en el acta de conciliación de 22 de abril de 2019, referente al reclamo Nº 1001/2019/734, con costas.

Con fecha 13 de mayo de 2019, informó doña nombre reservado, abogada, por la recurrida, en el siguiente sentido:

En primer lugar, sostuvo que el acto recurrido, no emana del Director Regional del Trabajo de Los Lagos (S) don nombre reservado, sino del funcionario don nombre reservado, quien es dependiente de la Inspección Provincial del Trabajo de nombre reservado, oficina representada por su Inspector Jefe Sr. nombre reservado, de quien depende funcional y jerárquicamente el funcionario aludido. No ha tenido participación alguna, además, no tiene posibilidad de revisar el acto cuestionado.

Luego, que no resulta ser esta la vía idónea para reclamar del acto administrativo contenido en acta de comparendo de conciliación de fecha 22 de abril de 2019, dado que el recurso de protección no es un instrumento de control de la legalidad de los actos de la administración sino de cautela de derechos garantizados por la Constitución en caso que se hubiera actuado de manera ilegal o arbitraria, que no es el caso. El recurrente dispone de los recursos administrativos contemplados en la Ley N° 19.880, para la revisión del acto reclamado por el superior jerárquico del funcionario aludido, lo que además, permitiría la revisión judicial conforme el artículo 504 del Código del Trabajo.

Citó el artículo 1° del D.F.L N° 2 de 1967, el Manual de Procedimientos de Conciliación Individual y el artículo 162 el Código del Trabajo, para sostener que se confiere a la Dirección, en materia previsional, las facultades de exigir al empleador, de oficio o a petición de parte, la acreditación del pago de las cotizaciones previsionales al momento del término de la relación laboral, por las causales de los N°s 4, 5 y 6 del artículo 159, y por aquellas previstas en los artículos 160 y 161 del Código del Trabajo y de exigir el pago de las cotizaciones previsionales devengadas durante el período que media entre la terminación del contrato y su convalidación. Las facultades antes referidas deben entenderse sin perjuicio de aquellas de carácter general que el ordenamiento jurídico otorga a la Dirección para exigir el pago de las cotizaciones previsionales adeudadas al término de la relación laboral y de las remuneraciones y demás prestaciones que se devenguen en el período a que se refiere. Asimismo, la actuación del conciliador resulta conforme a lo instruido en el Manual del Procedimiento de Conciliación Individual, en el punto 7.7 referente a Avisos de término de contrato al trabajador e Inspección, es decir, a la revisión que debe efectuarse por parte del funcionario actuante de toda la documentación relativa al término de la relación laboral de un trabajador en el proceso de conciliación y el deber de informarle los derechos que le asisten a dicho trabajador, dejando constancia de ello en el acta en cuestión. Respecto de las actuaciones de todo funcionario del Servicio, señaló la presunción legal de veracidad contemplada en el artículo 23 del D.F.L N° 2 de 1967, así, la ley, al asignar a los fiscalizadores de la Dirección del Trabajo la calidad de ministros de fe, ha dotado de una presunción de veracidad los hechos que constaten en el ejercicio de sus funciones, incluso para los efectos de la prueba judicial, debiendo, en consecuencia, estimarse que éstos son ciertos en tanto no se demuestre lo contrario. Así las cosas, de la lectura del acta de Comparendo de Conciliación, se advierte, que las partes no arribaron a un acuerdo, que el trabajador reclamante declara que continuara con su reclamación en tribunales para reclamar la causal de despido, las formalidades del despido nulidad del despido y cobro de remuneraciones y prestaciones a que tenga derecho, y que incluso la firma de dicha acta es previa lectura de la misma. A mayor abundamiento, el recurrente no dedujo reclamo o recurso administrativo alguno en contra del funcionario Conciliador Sr. nombre reservado o ante el jefe de la Unidad de Conciliación de la Inspección del Trabajo de nombre reservado, ni menos ante el Inspector Provincial del Trabajo de nombre reservado don nombre reservado, como tampoco ante el Director Regional del Trabajo de Los Lagos (S). Por consiguiente, la actuación del Servicio y del Conciliador en específico, se realizó de acuerdo a los principios orientadores de la conciliación, en especial, transparencia en el proceso, rol activo de las partes intervinientes y el favorecimiento de la paz laboral. En consecuencia, no ha existido acto arbitrario e ilegal.

Por lo tanto: solicitó rechazar el recurso.

CONSIDERANDO:

EN CUANTO A LA FALTA DE LEGITIMACIÓN PASIVA:

PRIMERO: Que, atendido el mérito de los antecedentes, respecto del cual se reclama el actuar del recurrido, que es precisamente de quien emanó el acto, cuestión que determina que sea procedente que la actora cuestione el actuar de esta, por ser la generadora del hecho que a su juicio vulnera las garantías constitucionales que se desprenden de su recurso, razón por la cual, será desechada esta alegación en los términos planteados. A mayor abundamiento, se evacuó el informe en cuanto al fondo.

EN CUANTO AL FONDO:

SEGUNDO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio, y que permite, en definitiva, poner en ejercicio las facultades jurisdiccionales del tribunal competente, en orden a restablecer, de un modo rápido, inmediato y directo, el imperio del derecho y las garantías fundamentales de cualquier persona.

TERCERO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en este sentido, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera, o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en acto, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado por la norma constitucional, contrariando una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

CUARTO: Que, en este sentido, la acción de protección tiene como particularidad ser cautelar y no principal, ello quiere decir que la resolución que recaiga en ésta, produce cosa juzgada formal y solo substancial respecto a otras acciones de protección posteriores, lo que entrega la posibilidad de hacer valer otros derechos en materias y procedimientos distintos.

QUINTO: Que, el acto ilegal y arbitrario alegado por la recurrente radica en que el funcionario conciliador resolvió, excediendo sus facultades fiscalizadoras, por sí y ante sí que estaban en presencia de un despido nulo, ordenando el pago de prestaciones que en su errado concepto de ello derivaban, es decir, se auto erigió en juez y sin forma de juicio resolvió una cuestión suscitada entre trabajador y empleador, sin la posibilidad de ejercer este último el derecho de defensa, además, que no tiene la facultad de ordenar el pago de remuneraciones o cotizaciones previsionales. A su vez, la recurrida sostuvo que no es efectivo que el funcionario conciliador se haya constituido en comisión especial arrogándose facultades privativas de los Tribunales de Justicia ni menos se haya conculcado el derecho de propiedad del recurrente. El conciliador del Servicio, actúa en virtud de las atribuciones que la propia ley le ha conferido, correspondiéndole constatar, el cumplimiento de la normativa laboral, y sancionando en los casos en que la legislación no sea cumplida. Así las cosas, el funcionario actuante no se constituyó en comisión especial, pues en ningún momento ejerció funciones jurisdiccionales, ni resolvió cuestiones de fondo, simplemente se limitó a realizar las funciones encargadas por ley en conformidad al artículo 1° del D.F.L N° 2 de 1967 y del artículo 162 inciso final del Código del Trabajo.

SEXTO: Que, como ya se ha sostenido, conforme se dispone en el D.F. L. N° 2 Ley Orgánica de la Inspección del Trabajo, ésta tiene facultades fiscalizadoras y en virtud de ellas puede válidamente proceder, pero ello es a condición que las infracciones constatadas sean evidentes, que aparezcan nítidas de la sola revisión de antecedentes o entrevistas, pero que no requieran interpretar cláusulas del contrato o ponderación de elementos probatorios, lo que es de competencia exclusivo de los tribunales del trabajo y en la especie el funcionario conciliador consigno en el acta de conciliación que “Existen cotizaciones previsionales del mes de febrero de 2018 (sic) pagadas con fecha posterior al despido invocado el 08-02-2019 cuyo término de la relación laboral es hasta el 10-03-2019, por tanto aplica lo señalado en el art 162 inciso 5º 6º y siguientes del Código del Trabajo, en atención a que la empresa reclamada adeudaría el pago de las remuneraciones y demás prestaciones consignadas en el contrato de trabajo hasta la fecha de la convalidación del despido hoy 22 de abril de 2019, dado que la empresa no ha comunicado aviso a la reclamante conforme a lo anterior se instruye el pago correspondiente, no allanándose la mandataria de la empresa reclamada al pago de las remuneraciones Post-Despido por el monto de $471.562 y demás prestaciones informadas en esta audiencia”. Finalmente, que “Se instruye el pago correspondiente para el día 29 de abril de 2019 a las 16:00 horas en esta Inspección para el pago de las remuneraciones Post-Despido por el monto de $471.562 y la acreditación de las cotizaciones Post-despido de AFP (Cotización Obligatoria y SIS), AFC (Cotización seguro de Cesantía), Fonasa y CCAF La Araucana (Cotización Salud); quedando citada la parte reclamada bajo apercibimiento legal y merito ejecutivo de conformidad a lo señalado en Art. 29 del D.F.L. Nº 2 de 1967 para fecha y hora fijada”, sin que conste de manera alguna y de los demás antecedentes que el funcionario hubiere tenido a la vista, algún otro tipo de antecedentes objetivos e indiciarios de la declaración que realiza, que lo hubieren llegado a la conclusión arribada.

SEPTIMO: Que, así las cosas, el funcionario ha actuado fuera de sus facultades legales, determinando por sí y ante sí, sin que existiera la posibilidad de acreditar lo contrario o controvertirlo, que aplica lo establecido en el artículo 162 inciso 5°, 6° y siguientes del Código del Trabajo, además, instruyendo pagos al efecto, en consecuencia, verificó la ocurrencia de los supuestos normativos, lo que descansa sobre la base de esta supuesta constatación que realiza, todo lo cual, no podía declarar por exceder absolutamente del marco de sus atribuciones legales, ni instruir los pagos señalados, por lo que habiendo actuado el órgano administrativo fuera de la órbita de su competencia, necesariamente las declaraciones e instrucciones deben necesariamente dejarse sin efecto, como se dirá en la parte resolutiva del presente recurso, por haberse vulnerado el derecho a la igualdad respecto del recurrente.

OCTAVO: Que, en consecuencia, deriva de los antecedentes que la recurrida ha incurrido en ilegalidad o arbitrariedad respecto de la actora, razón por lo que el presente recurso será acogido.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y lo establecido en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE DECLARA:

I.- Que SE RECHAZA la alegación de falta de legitimación pasiva en los términos planteados.

II.- Que SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección interpuesto por el abogado don Álvaro Gabriel Gómez Soto, en representación de Controll Chile SpA, antes Seguridad y Protección nombre reservado & nombre reservado Limitada, representada por don nombre reservado, en contra de la Dirección del Trabajo de nombre reservado, representada por don nombre reservado, ya individualizados, en consecuencia, se deja sin efecto el acta de conciliación de fecha 22 de abril de 2019, referente al reclamo N° 1001/2019/734, debiendo llevarse a efecto nuevamente la conciliación, por funcionario no inhabilitado, con estricto apego a la normativa que la regula.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Rol 716-2019.