nombre reservado con nombre reservado

Puerto Montt, nueve de agosto de dos mil dieciocho.

VISTOS:

Con fecha 31 de mayo de 2018, comparece don CARLOS MUÑOZ KLENNER, abogado, actuando en nombre de don nombre reservado, de don nombre reservado, de don nombre reservado, y de don nombre reservado, todos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado; quien recurre de protección en contra de don nombre reservado, cédula nacional de identidad N° RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado.

Expone que los recurrentes, ya individualizados, compraron y adquirieron una serie de parcelas ubicadas en Colonia La Poza comuna de Puerto Montt, a la sociedad RAC Outsourcing Ltda, propiedades debidamente inscritas en el Conservador de Bienes Raíces de Puerto Montt según indica.

Manifiesta que el día 25 de mayo de 2018 los recurrentes se percataron que el Sr. nombre reservado, se encontraba ejecutando obras de construcción de caminos y procediendo a la instalación de cercos en los terrenos de su dominio, y además afectando otras parcelas que son las parcelas 37, 39 y 41 del mismo loteo, sin autorización previa de ninguno de ellos y vulnerando abiertamente el derecho de propiedad que detentan los parceleros, en cuyos nombres actúa. Relata que el recurrido ingresó en los inmuebles de los recurrentes, obviando la existencia de un deslinde en línea recta que proviene desde el camino público, y a partir de la parcela N° 35 del deslinde original, para instalar un cerco, e incluso construyendo un nuevo camino que proviene desde el terreno contiguo de manera de acceder a la parcela 51.

Alega que el Sr. nombre reservado, ha cometido una actuación reñida con el ordenamiento jurídico, actuando en una especie de autotutela de derechos que no le asisten. Refiere que la acción de protección es el único medio idóneo, de urgencia, para remediar la situación, a fin de mantener el estatus quo mientras se tramiten, en un proceso de lato conocimiento, las demandas ordinarias que correspondan.

Señala que el actuar del recurrido ha vulnerado gravemente la garantía constitucional del artículo 19 N° 3 inciso 7° de la Constitución Política de la República, dado que en la práctica el Sr. nombre reservado se ha arrogado verdaderas facultades de comisión especial, al haber resuelto de manera arbitraria e ilegal, sin consultar de manera alguna a sus representados, respecto de la creación de un camino y cercos en el interior de sus predios y en las demás parcelas afectadas, modificando y alterando unilateralmente los deslindes de los terrenos. Además expresa que existe una perturbación del legítimo ejercicio del derecho de propiedad que detentan sus representados sobre sus inmuebles, amparado constitucionalmente en el artículo 19 N° 24 de la Carta Fundamental dado que el recurrido se ha arrogado o atribuido la facultad de disposición que tiene todo propietario respecto de sus bienes, pero no respecto de sus propios bienes, sino que directamente sobre bienes de terceros sin autorización alguna de los recurrentes.

Insiste en que la contraria ha incurrido en actos arbitrarios e ilegales, ya que sin autorización ni consentimiento de ninguno de los parceleros afectados, ha construido e instalado caminos y cercos en terrenos ajenos sin autorización alguna y sin resolución judicial firme que así lo permita, en perjuicio directo de los derechos legítimos de sus representados.

Solicita se acoja el recurso, en todas sus partes, ordenado el cese de los actos ilegales o arbitrarios llevados a cabo por el recurrido, es decir, impidiendo el acceso del recurrido a los predios de sus representados, ordenando se alcen los cercos construidos unilateralmente por su parte, y paralizar toda obra tendiente a crear un nuevo camino en el interior de las parcelas que se han singularizado, mientras una sentencia judicial no determine si procede instalarlos; o bien, ordenar al recurrido cualquier medida tendiente a restablecer el imperio de los derechos conculcados, con expresa condenación en costas.

Acompaña a su recurso los documentos singularizados en el tercer otrosí de su presentación.

Con fecha 1 de junio de 2018 se declaró admisible el recurso de protección y se solicitó informe al recurrido.

Con fecha 16 de junio del presente, informa don nombre reservado, abogado, por el recurrido don nombre reservado, solicitando el rechazo del presente recurso, con expresa condena en costas.

Manifiesta que estamos en presencia de una acción de cautela cuya finalidad es la defensa de derechos subjetivos concretos, que no tiene por finalidad la declaración o constitución de derechos. Agrega que en el caso sublite no existen derechos indubitados, por lo que la acción de protección no es la idónea, y que, por ende, se deben ejercer las acciones civiles, de lato conocimiento, para la solución del presente conflicto, pues el derecho de propiedad que alegan los recurrentes sobre los retazos de terreno que supuestamente se ven afectados en el deslinde colindante con el terreno vecino está controvertido y al mismo se ha opuesto un derecho de propiedad por parte de un tercero. Cita jurisprudencia al respecto.

Relata que don nombre reservado es copropietario, en un 10% de sus derechos y acciones, del inmueble correspondiente a una propiedad ubicada en La Poza comuna de Puerto Montt, correspondiente a la Hijuela número 11 que tiene una superficie de 51 hectáreas cuyos deslindes y título de dominio indica, y que en dicho inmueble, los copropietarios ejecutaron un proyecto de subdivisión en 93 lotes, cuyos deslindes, ubicación y superficies se encuentran aprobados por el Servicio Agrícola y Ganadero mediante plano que se agregó en el Registro de Propiedad a fojas 1314 vta., Nº 1727 del año 2014, junto con memoria de deslindes, certificado de asignación de roles del Servicio de Impuestos Internos y Certificado del SAG, agregados bajo los números 1385, 1386, 1387 y 1388 del año 2014, todos del Conservador de Bienes Raíces de Puerto Montt. Agrega que el cierre y cerco efectuado en el deslinde cuestionado se ejecutó conforme al plano de subdivisión y dentro del terreno correspondiente a la Hijuela 11 del cual es copropietario su representado. Además indica que el lugar en que se construyó el cerco no habían cierres, mojones o señal alguna que estableciera algún tipo de manifestación del deslinde de los inmuebles de propiedad de los recurrentes.

Cita lo dispuesto en el artículo 844 del Código Civil, respecto a su derecho a cercar el predio, señalando que no existe acto ilegal en su actuar. Asimismo alega la inexistencia de derechos constitucionales privados, perturbados o amenazados, pues indica que solo a partir de la fecha de presentación del recurso de protección, es que existe una controversia real respecto del dominio y posesión de una superficie de terreno y de la ubicación de un cierre o demarcación común entre las partes, lo que debe ser resuelto en el procedimiento judicial correspondiente, agregando que su representado nunca ha actuado como comisión especial. Refuerza su idea, señalando que la subdivisión del predio de copropiedad de su representado es anterior al plano de subdivisión del predio de mayor superficie al cual pertenecen los lotes de los actores.

Acompaña a su informe los documentos que singulariza en el otrosí de su presentación.

Con fecha 20 de junio de 2018, rola informe de diligencias evacuado por don nombre reservado, Capitán de Carabineros, de la 6° Comisaría de Carabineros Alerce, al cual se acompaña set fotográfico.

Con fecha 26 de julio de 2018, el recurrente acompaña copia del plano de proyecto de subdivisión predial parcelación Parque Lindo, que se encuentra archivado en el Conservador de Bienes Raíces de Puerto Montt, bajo el N° 22, en los documentos anexos del Registro de Propiedad correspondiente al año 2016.

Con fecha 30 de julio del presente, el recurrente acompaña set de fotografías.

Con fecha 21 de junio del presente, encontrándose la causa en estado de verse, se dictó autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

Primero: Que, la Acción Constitucional de Protección ha sido concebida en nuestro derecho como un remedio procesal de carácter extraordinario para la mantención regular del orden jurídico, de modo que cualquiera persona que se vea privada, perturbada o amenazada en el legítimo ejercicio de alguno de los derechos que esta acción cautela, pueda reclamar del Tribunal a quien el propio Constituyente ha encargado su conocimiento, la adopción inmediata de las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho; siendo indispensable para la procedencia de la presente acción la existencia de un derecho por parte de quien la ejerce, y sólo ante su existencia corresponde determinar si se dan o no los demás requisitos para otorgar la cautela requerida.

Segundo: Que, se ha recurrido de protección por cuanto se aduce por los recurrentes que se les habría afectado gravemente las garantías constitucionales contempladas en los artículos 19 N°3 y N° 24 de la Constitución Política de la República, por haber construido el recurrido un camino e instalado un cerco en terrenos de sus propiedades, sin autorización previa de ninguno de ellos.

Tercero: Que previamente al análisis del fondo en comento, es pertinente tener presente que el recurso de protección es una acción de naturaleza cautelar, urgente y no declarativa, por lo que este procedimiento no está destinado a obtenerse un pronunciamiento declarativo en el que se dirima la existencia del derecho invocado, su validez y en general, las materias cuyo fallo requiere una discusión y tramitación en un juicio de lato conocimiento, como resulta ser para la discusión y solución de conflictos en materia de derecho de dominio, que gozan de un estatuto jurídico que debe resolverse en sede ordinaria a través de la interposición de las acciones civiles, ya que tales controversias superan el marco normativo de esta acción cautelar, la cual no es un sustituto jurisdiccional, ni puede servir para remplazar acciones y procedimientos ordinarios donde pueda debatirse con latitud e igualdad de oportunidades, que permita la resolución específica del objeto del litigio, a través del procedimiento judicial competente.

Cuarto: Que, de los documentos e informes acompañados, se logra dilucidar que ambas partes se presentan como legítimos poseedores del inmuebles colindantes entre sí, de lo cual resulta una porción de terreno en controversia, lo que se refuerza, además, con las inscripciones de dominio acompañadas en autos, por cada una de ellas.

Quinto: Que los hechos reclamados son de aquellos que cualquier persona, en calidad de dueño, puede realizar sobre un inmueble de su dominio, teniendo para su materialización en consideración los títulos respectivos que amparan su propiedad y delimitan su entidad y emplazamiento, como lo son las inscripciones de dominio y los antecedentes técnicos-jurídicos, de los cuales se obtiene la individualización del bien raíz, en este caso, certificado de aprobación de subdivisión predial del Servicio Agrícola y Ganadero, y plano de subdivisión.

Sexto: Atendido lo expuesto, queda de manifiesto que la controversia de que trata este recurso se centra en la circunstancia de emplazamiento del camino y cerco medianero ejecutados por el recurrido, discusión que es imposible de resolver a través del presente recurso, en razón de ser un procedimiento cautelar y de emergencia, que protege derechos indubitados, siendo necesario, por ende, que el presente conflicto sea conocido en un juicio de lato conocimiento.

Séptimo: Que para acoger la presente acción debe constatarse el carácter preexistente e indubitado de un derecho afectado, condición que no se verifica en la especie porque el derecho cuya protección se busca por esta vía no tiene el carácter de indubitado. En efecto, los recurrentes sostienen que el recurrido ingresó al predio respecto del cual tienen el carácter de copropietarios y que habría alterado los deslindes al instalar un cerco lindero y construido un camino, circunstancias que han sido controvertidas por éste en su informe, quien afirma que los trabajos de cerramiento y construcción del camino se realizaron en terrenos de su propiedad y que los mismos tuvieron como único objeto el cerramiento del inmueble de que es copropietario.

Octavo: Que de lo expuesto aparece que los recurrentes carecen de un derecho indubitado y preexistente de aquellos cuyo imperio esta Corte debe proteger, razón suficiente para concluir que la presente acción ha de ser rechazada.

Y de conformidad con lo prevenido en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto con fecha 31 de mayo de 2018, por don nombre reservado, en representación de don nombre reservado, de don nombre reservado, de don nombre reservado, y de don nombre reservado, en contra de don nombre reservado, lo anterior es sin perjuicio del ejercicio de los demás derechos y acciones que le asisten a los recurrentes conforme a la legislación vigente.

Acordada con el voto en contra del abogado integrante don Nelson Ibacache Doddis, quien estuvo por acoger el recurso de protección interpuesto en estos autos, en razón de ser los actos denunciados ilegales y arbitrarios, que afectan a los recurrentes en su derecho de propiedad, contemplado en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, ya que efectivamente les asiste en su calidad de propietarios de los bienes raíces afectados, un derecho de dominio indubitado y preexistente a los actos reclamados, según se acreditó con sus respectivas inscripciones conservatorias, derecho que se perturbó y privó en tanto el recurrido procedió a la instalación de cercos medianeros entre tales inmuebles y el inmueble del cual éste último es copropietario, ejecutando, en consecuencia, acciones de demarcación y cerramiento en forma unilateral, sin el acuerdo previo de los propietarios de los predios colindantes, a saber, los recurrentes, actuación que al menos en la actuación de demarcación debía realizar, por mandato del artículo 842 del Código Civil, con el acuerdo previo de los recurrentes en aquella parte que tuvieren un deslinde en común, luego de lo cual podría proceder al cierre del mismo, por lo que al no haber obrado de la forma indicada torna su actuar en ilegal y arbitrario, dando lugar a una alteración del estado previo y vigente que poseían los inmuebles de ambas partes, a saber, antes de la demarcación y construcción de cercos linderos entre sí, en forma unilateral; lo que configura una evidente autotutela, que valida la urgencia y procedencia de acoger el presente recurso de protección y ordenar la prohibición inmediata de continuar ejecutando tales trabajos de cerramiento y caminos, mientras no sea resuelto a través del ejercicio de las acciones civiles pertinentes y ante el órgano jurisdiccional competente la debida demarcación de los deslindes comunes entre los inmuebles objeto de la litis.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del abogado integrante don Nelson Ibacache Doddis.

No firma la Ministra doña Ivonne Avendaño Gómez, no obstante haber concurrido a la vista y acuerdo de la presente causa, por encontrarse en comisión de servicio.

Rol N° 710-2018.-