Recurso de protección

Puerto Montt, dos de septiembre de dos mil veinticinco.

Vistos:

A folio 1, el día 12 de junio del año en curso, comparece el abogado Félix Guerrero Toro, en representación de SOCIEDAD PERIODÍSTICA ARAUCANÍA S.A., dueña y administradora del Diario El Llanquihue, e interpone acción cautelar de protección en contra de doña nombre reservado, Jueza Titular del Juzgado de Familia de Puerto Montt, por el acto que estima ilegal y arbitrario, consistente en ordenarle omitir y/o bajar cualquier publicación asociada a un reportaje publicado en el Diario.

Explica que el día 06 de junio, el Diario El Llanquihue publicó un reportaje sobre un gravísimo caso de explotación sexual en una residencia infantil de Puerto Varas a raíz de la denuncia judicializada de una menor de edad que acusaba de la existencia de una red de explotación sexual en contra de los niños, niñas y adolescentes que acudían al recinto, situación que generó conmoción pública por tratarse de víctimas menores de edad, que según el relato de la denunciante estaban expuestas a una serie de graves prácticas ilícitas y por largo tiempo, de perpetradores que conocían en detalle el funcionamiento de la residencia y a sus beneficiarias.

Agrega que la divulgación del caso generó gran expectación en la zona y motivó varias reacciones, entre ellas el anuncio de la presentación de una querella criminal por parte de la Defensoría de la Niñez y declaraciones de abogados de la plaza sobre la debilidad en la investigación en estos casos de explotación sexual infantil.

Detalla que, como se desprende de estos hechos, el caso expuesto por el Diario era (y es hoy en día), de alto interés y connotación pública, puesto que se trata de hechos constitutivos de delito y que involucraría menores de edad.

Cuestiona que, no obstante existir este interés público sobre el tema, y sin que se haya proporcionado información sobre las identidades de las menores de edad involucradas (por razones obvias de resguardo de su seguridad personal) en el reportaje y habiéndose publicado este bajo el amparo de la libertad de prensa, con fecha 12 de junio de 2025 se recibió una notificación judicial en oficinas de Diario El Llanquihue, correspondiente a una resolución dictada por el Juzgado de Familia de Puerto Montt, suscrita por la recurrida doña nombre reservado, en la cual se ordena proceder, en 24 horas, a “omitir” o “bajar” cualquier publicación asociada al reportaje, bajo apercibimiento de multa y/o arresto.

Argumenta que dicha resolución e instrucción escapa de las facultades restringidas y excepcionales contempladas en el artículo 71 de la Ley N°19.968 y afecta gravemente la garantía constitucional de la libertad de expresión y de prensa, constituyendo derechamente censura en contra del medio de comunicación y junto con ello una afectación a la igualdad ante la ley. Aduce que el derecho a la libertad de expresión, a ser informado y recibir información, ha sido reconocido por diversos tratados internacionales, los cuales resultan relevantes para este caso por aplicación del artículo 5° de la Constitución, entre ellos el Artículo 19 Declaración Universal de Derechos Humanos, Artículo 19 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, entre otros.

Por su parte, dice que el reportaje cuestionado se enmarca en el libre ejercicio de la actividad periodística, lo cual se encuentra además tutelado por la Ley 19.733 de Prensa, en su artículo 1° en relación al artículo 30 f).

Reitera que el caso expuesto es de alta connotación e interés público, por lo que se encuentra amparado por la libertad de expresión y de prensa, con el objeto de que graves situaciones ilícitas o delictuales como la descrita puedan ser dadas a conocer y con ello instar para la adopción de medidas necesarias para su corrección y sanción en caso de ser procedente, motivando la intervención de autoridades, como sería una carta enviada al mismo diario por el Alcalde de Puerto Varas a propósito del reportaje, o la intervención de esta Iltma. Corte para modificar protocolos de denuncia.

Indica que este derecho a informar ha sido recogido por la jurisprudencia, y la labor periodística no puede ser objeto de censura, que sería lo que en la práctica implica el actuar de la jueza recurrida, pues el reportaje fue realizado con apego a la ley y ética profesional, se protegió la identidad de los menores involucrados, y tuvo por finalidad dejar en evidencia la posible existencia de ilícitos que se están o deben ser investigados, además de exponer la fragilidad del sistema de denuncia y protección de las víctimas.

Argumenta que la actuación de la recurrida es ilegal, al infringir lo dispuesto en la letra f) del artículo 30 de la Ley N°19.733, en relación al “interés público” que autoriza a publicar, y excede las competencias y atribuciones que la Ley N°19.968 le otorga a propósito de las medidas cautelares, pues su artículo 71 no contempla una facultad amplia para decretar cautelares innominadas, sino que son taxativas; y vulnera además el derecho a la igualdad ante la ley, al no existir justificación legal para la medida dispuesta con relación al Diario.

Por lo dicho, solicita acoger el recurso, disponiendo en particular que se deje sin efecto la orden de censura respecto del reportaje publicado el 6 junio de 2025, todo ello con expresa condena en costas.

Acompaña al recurso, copia de la notificación recibida el 12 de junio de 2025, de la resolución dictada el 10 de junio de 2025 por el Juzgado de Familia de Puerto Montt en la causa Rol X-41-2025.

Solicitada orden de no innovar, esta fue denegada a Folio 3.

A Folio 6, el día 17 de junio, informa la Jueza recurrida doña nombre reservado, dando cuenta que el día 06 de junio, el abogado Joel Orrego Pereira del programa “Mi abogado”, de la Región de Los Lagos, curador ad litem designado para representar los derechos de la adolescente de autos, en causa de cumplimiento de medida de protección seguida ante este tribunal, indicó que el diario de circulación regional “El Llanquihue”, publicó antecedentes relativos a hechos constitutivos de explotación sexual infantil que estarían ocurriendo en Residencia nombre reservado, ubicada en la ciudad de Puerto Varas. Agregando que la publicación efectuada por el diario “El Llanquihue” expuso antecedentes que son reservados, toda vez que son parte de la causa de medida de protección decretada en favor de su representada.

Explica que el curador expuso que el diario, al hacer públicos los antecedentes referidos, afectaba gravemente su derecho a la vida privada, así como la protección de sus datos personales, consagrados en el artículo 16 números 1 y 2 de la Convención de Los Derechos del Niño, y en el artículo 33 de la Ley 21.430 sobre Garantías y Protección Integral de Los Derechos de la Niñez y Adolescencia, y por este motivo, a fin de restituir su derecho a la vida privada, así como la protección de sus datos personales, solicitó como medidas cautelares innovativas que se ordenara al Diario El Llanquihue que omitiera y/o bajara de todas sus redes virtuales la página 2 del suplemento entregado con fecha 6 de junio del presente año, por ser atentatorio contra la dignidad, honra e intimidad de su representada, y que en lo sucesivo se abstuviera de informar antecedentes relativos a la causa proteccional en tramitación; que se oficiara a la Residencia para que desplegara las medidas tendientes a su protección y contención emocional, y oficiar a Carabineros para efectuar rondas periódicas.

Detalla que con fecha 9 de junio se ordenó pasar los antecedentes a consejero técnico para su análisis y opinión, quien al día siguiente sugirió dar lugar a lo solicitado por el curador, y en base a dicha opinión y lo obrado en la causa, ella resolvió decretar las medidas cautelares innovativas solicitadas, entre otras, ordenando oficiar al Diario el Llanquihue, a fin de que en el plazo de 24 horas de notificada la presente resolución, omita y/o baje de todas sus redes virtuales, la página 2 del suplemento entregado con fecha 6 de junio del presente año que guardan relación con hechos constitutivos de explotación sexual infantil que estarían ocurriendo al interior de Residencia nombre reservado, bajo apercibimiento de aplicar multa y/o arresto en contra del Director conforme lo dispone el artículo 238 del Código de Procedimiento Civil.

Señala finalmente que las medidas decretadas también habían sido solicitadas expresamente por Residencia nombre reservado y la Dirección Regional del Servicio de Protección Especializada, para el debido resguardo de los derechos de las adolescentes ingresadas en sistema residencial, bajo los fundamentos previstos en los artículos 7°, 34 y 64 de la Ley N°21.430, artículos 22 y 68 de la Ley N°19.968, artículos 32 y 33 de la Ley N°21.302, y dichas medidas fueron acogidas por este tribunal, con fecha 9 de junio de los corrientes.

A folio 10, se agrega copia de la resolución dictada en el recurso de protección Ingreso Rol 847-2025, que dispone su vista conjunta, y a Folio 12 se tiene como parte al abogado Joel Orrego Pereira del Programa de Representación Jurídica especializada “Mi abogado”, de la Región de Los Lagos.

Encontrándose en estado de ver se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, o amenace ese atributo.

Se trata, por consiguiente, de una acción de cautela de derechos garantizados a nivel constitucional cuya existencia sea indubitada y que se encuentren conculcados de manera suficiente para provocar la actividad jurisdiccional traducida en la adopción de medidas destinadas a restablecer el imperio de esos derechos amagados o perturbados en su legítimo ejercicio.

Segundo: Que de lo anteriormente reflexionado, se desprende como requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión arbitraria o ilegal, producto del mero capricho de quién incurre en él y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías preexistentes protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

Tercero: Que motiva la presente acción cautelar la afectación que el recurrente dice sufrir de sus derechos fundamentales a propósito de la resolución dictada el día 10 de junio del año en curso, por la Jueza recurrida en la causa RIT X-41-2025 en el marco de un juicio de cumplimiento de medida de protección, y que le fuera notificada el día 12 de junio, que dispone como medida cautelar innovativa a favor de la adolescente nombre reservado, oficiar al Diario El Llanquihue para que en el plazo de 24 horas de notificado, omita y/o baje de todas sus redes virtuales, la página 2 del suplemento entregado con fecha 06 de junio, y que guardan relación con hechos constitutivos de explotación sexual que estarían ocurriendo en Residencia nombre reservado, bajo apercibimiento de aplicar multa o arresto conforme el artículo 238 del Código de Procedimiento Civil.

Cuarto: Que, como lo ha sostenido sistemáticamente esta magistratura, la petición de dejar sin efecto una resolución judicial por esta vía, excede la naturaleza eminentemente cautelar del recurso y resulta improcedente a la luz del estado actual de esta causa de Familia, que se encuentra en tramitación y precisamente en estado de cumplimiento de una medida de protección a favor de la adolescente.

Luego, permitir que se discuta en esta sede el fundamento o la necesariedad de la decisión adoptada podría eventualmente afectar derechos de la parte requerida o requirente, que no han sido emplazadas en esta sede constitucional, y también de los programas a cargo de la intervención, quienes se verían impedidos de ejercer sus derechos, o al menos emitir opinión respecto a lo peticionado por el recurrente.

Quinto: Que, a mayor abundamiento, se advierte que la decisión adoptada se enmarca dentro de las potestades cautelares de la Jueza recurrida, reconocidas en los artículos 22 y 71 de la Ley 19.968; artículos 7°, 34 y 64 de la Ley N°21.430, y artículos 32 y 33 de la Ley N°21.302, y fue dictada conforme a lo peticionado por el curador ad litem de la adolescente, la Residencia nombre reservado y la Dirección Regional del Servicio de Protección Especializada, fundada en los antecedentes aportados por éstos, y previa opinión favorable del Consejero Técnico del Tribunal, de modo que cabe asimismo descartar ilegalidad o arbitrariedad en dicha determinación, pues es precisamente la jurisdicción especializada llamada a resolver las medidas cautelares que deben aplicarse respecto de niños, niñas y adolescentes.

Por estas consideraciones y visto, además lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Carta Fundamental y Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza el recurso de protección interpuesto por el abogado Félix Guerrero Toro, en representación de SOCIEDAD PERIODÍSTICA ARAUCANÍA S.A., dueña y administradora del Diario El Llanquihue, en contra de doña nombre reservado, JUEZA TITULAR DEL JUZGADO DE FAMILIA DE PUERTO MONTT.

No se condena en costas a la actora por estimar que tuvo motivo plausible.

Redacción a cargo de la Ministra Ivonne Avendaño Gómez.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Rol Protección 703-2025.-