nombre reservado con CORPORACION INSTITUTO ALEMAN DE PUERTO MONTT

Puerto Montt, diez de junio de dos mil veinte.

Vistos:

A folio 1 comparece nombre reservado, trabajadora dependiente, con domicilio en domicilio reservado, interponiendo acción constitucional de protección en contra del Instituto Alemán de Puerto Montt, persona jurídica de derecho privado, del giro de su denominación, representada legalmente por doña nombre reservado, psicóloga, ambos domiciliados en domicilio reservado.

Expone que, atendida la pandemia mundial, las medidas de seguridad impuestas por el gobierno a fin de resguardar la salud pública a través de los decretos n°104 y 107, ambos del año 2020, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, desde el día 16 de marzo del presente año las actividades educacionales en el Instituto Alemán de Puerto Montt se encuentran suspendidas, encontrándose imposibilitados los estudiantes de recibir de manera presencial el servicio de educación. Refiere que, no obstante, existe un vínculo contractual que se mantiene vigente, y el colegio, en su calidad de prestador educacional, sigue cobrando las mensualidades correspondientes. Añade que el colegio, como forma de cumplimiento al contrato, dispuso enviar, una vez a la semana, tareas que los estudiantes debían realizar en sus hogares (entre el mes de marzo y los primeros días del mes de abril), las cuales debían ser entregadas de manera digital a la plataforma indicada por la institución recurrida, pero con el gran detalle que dichas tareas solo son enviadas de manera formativa, sin la corrección correspondiente, no entregando tampoco una metodología de enseñanza que sea equivalente a la mensualidad que se paga, lo cual es arbitrario en el sentido de modificar unilateralmente, sin acuerdo de los apoderados, la obligación que le correspondía como prestadora educacional. Señala que tampoco se han llevado a cabo clases teledirigidas de manera habitual como lo hacen entidades de educación universitaria, que permitan al menos una relación directa con el docente y que el colegio perfectamente podría realizar atendida la matrícula y mensualidad cobrada ($550.000 y $395.000 respectivamente). Es más, entre marzo y la fecha de interposición del recurso, solo han tenido una clase teledirigida con el docente (miércoles 29 de abril; duración de la clase: 30 minutos), agregando, además, que casi todo el mes de abril derechamente no se prestó ningún tipo de servicio.

Destaca que los apoderados solicitaron un descuento en el arancel no inferior al 30%, la restitución de la rebaja solicitada en las mensualidades ya pagadas y la suspensión del cobro en el mes de abril (dicho mes derechamente no se prestó el servicio de ninguna forma alternativa ni equivalente) hasta que no se reanuden las clases presenciales, pero no ha existido una respuesta concreta del colegio, lo que a su juicio, denota un abuso y un claro incumplimiento contractual por parte del establecimiento recurrido, que implica al menos estar en un escenario de discusión de las cláusulas del contrato, en el ámbito de la relación de consumo que existe entre el establecimiento y los apoderados contratantes. Señala que se encuentra limitada en las condiciones actuales para entablar una acción de lato conocimiento o especial, ya que los servicios judiciales se encuentran limitados o disminuidos a raíz de la crisis sanitaria.

Afirma que constituye un acto de arbitrariedad e ilegalidad efectuar cobros de servicios no prestados, como también al modificar de manera unilateral, y sin acuerdo de los apoderados, el contrato de prestación de servicios; apartándose de las normas jurídicas que reglamentan los vínculos contractuales en materia del consumidor, vulnerando el principio de protección que los ampara como la parte más débil en la relación de consumo, atentando, en consecuencia, contra la garantía constitucional del derecho de propiedad consagrado en el artículo 19 Nº24 de la Constitución Política. En tal sentido, tras citar los artículos 12, 16 y 25 de la Ley 19.496, refiere que, de conformidad con el artículo 1545 del Código Civil, el colegio sigue estando obligado a cumplir con su obligación recíproca, a lo menos, de manera alternativa y equivalente, no pudiendo la recurrida asilarse en el caso fortuito o fuerza mayor. Solicita finalmente que se acoja el recurso de protección y se ordene a la recurrida que suspenda el cobro de los servicios desde el mes de abril en adelante, mientras no se regularicen las actividades educacionales en la forma contratada o acuerden con los apoderados nuevas condiciones para los servicios educacionales contratados, con costas.

A folio 9 informa la recurrida, solicitando el rechazo del recurso, con costas. Señala que las actuaciones de la recurrida se han alineado y cumplido con las directrices y el ordenamiento jurídico, cuya raíz es la pandemia conocida hoy como COVID-19 y al estado de excepción constitucional vigente el día de hoy, cual es estado de catástrofe. Sostiene que el Instituto Alemán es una Corporación Educacional de derecho privado sin fines de lucro, no recibiendo fondos del Estado. Tras indicar los principios del proyecto educativo, misión y visión institucional, recalca que la recurrida goza de potestad normativa y además queda sujeta a la competencia tanto del Ministerio de Educación, así como a cumplir las instrucciones que imparta la Superintendencia de Educación. Afirma que corresponde a una entidad educacional particular pagada y titular del derecho fundamental a la libertad de enseñanza, y en ese contexto ha creado su Proyecto Educativo Institucional, dictando las normas necesarias para su buena organización y funcionamiento. Recalca que esas normas están fijadas y son comunicadas, conocidas y aceptadas por quienes suscriben el contrato educacional respectivo, recogidas en el reglamento correspondiente, normas dictadas por los órganos respectivos y con apego a los principios constitucionales y legales que los regulan. Cita, en cuanto estima procedente en este punto, lo establecido en los artículos 1, 4 inciso 4°, 8, 9, 45 y 46 de la Ley 20.370, General de Educación.

Con relación a la competencia de la Superintendencia de Educación y las regulaciones aplicables al contrato de prestación de servicios educacionales, señala que teniendo presente lo dispuesto en los artículos 48 y 49 de la Ley 20.529 que regula el Sistema Nacional de Aseguramiento de la calidad de la Educación, tal entidad ha señalado que las obligaciones referidas a la cuantía, modo y exigibilidad de los pagos contemplados en los contratos de prestación de servicios celebrados por establecimientos particulares pagados, no se encuentran reguladas por la normativa educacional, sino que se regulan por los respectivos contratos de prestación de servicios celebrados entre las partes, toda vez, que dichos establecimientos se financian exclusivamente con tales recursos.

En cuanto a la naturaleza de la ley que regula o norma sobre la controversia y de la competencia de la misma, señala que la recurrente ha traído a esta Corte una supuesta contienda de intereses relevantes en materia de Ley de Consumidor, regida por lo previsto en la Ley 19.496, sin que la recurrente siquiera lo oculte, tal y como si solo dependiera de la mera y sola voluntad de ella la elección de la sede elegida para el pronunciamiento, faltando incluso a la verdad cuando afirma que los Juzgado de Policía Local no están atendiendo, tribunal que debería conocer una eventual vulneración del “principio de protección al consumidor” y no esta Corte.

Refiere que el Ministerio de Salud, mediante Resolución Exenta N°180, de 16 de marzo de 2020, a raíz de la pandemia por Covid 19 que afecta a nuestro país, procedió a ordenar la suspensión de clases presenciales por catorce (14) días en todos los establecimientos educacionales, prorrogada posteriormente, tiempo en que todos los establecimientos se vieron en la necesidad de comenzar a ajustar y a adecuar la entrega de contenidos que con el correr del tiempo ha ido recogiendo las propias experiencia y las ajenas, buscando los medios más adecuados atendidos los niveles educacionales , las realidades tecnológicas y ponderando el respeto a los derechos de los docentes y otras exigencias. Explica que en ese contexto el Instituto Alemán organizó un sistema de entrega de información, material de trabajo pedagógico y luego ha ido instituyendo y desarrollando comunicaciones virtuales con los estudiantes, a través de distintas herramientas digitales y tecnológicas que se tenían disponible, la que ha ido perfeccionando.

Afirma que tras la modificación del año escolar por la SEREMI de Educación, la recurrida sin perjuicio de las instrucciones gubernamentales, estimó que debía seguir prestando el servicio a través de alguna modalidad de comunicación hacia los hogares de los estudiantes, asumiendo la tarea de dar continuidad al proceso pedagógico, lo que fue comunicado el domingo 15 de marzo de 2020; por tanto, el 27 de marzo de 2020, luego de un análisis con los profesionales del área , junto con la retroalimentación de los alumnos, y padres y apoderados se tomaron medidas que fueron informadas a los distintos ciclos y, en específico, respecto del nivel de Educación Inicial y Primer Ciclo se informó que se iba a subir todo el material de la semana los días martes con hora límite a las 12 del día, con el objetivo de facilitar la organización y distribución del tiempo de cada familia, pidiendo que se enviaran las tareas para su revisión, contando con una fecha máxima de entrega los días lunes a las 16:00 para así llevar un seguimiento de los estudiantes y poder contactar a quienes no estuvieren cumpliendo con lo solicitado, además de poder indagar en qué situación se encuentran. Indica que igualmente se inició la implementación de videos tutoriales que facilitaran la tarea de enseñanza en cada hogar, entre otras implementaciones que detalla.

Tras especificar las implementaciones informáticas adoptadas en atención a la emergencia sanitaria, señala que ellas confirman que el Colegio y su sostenedora, en su conjunto, está prestando los servicios de educación, en la forma y modalidad que la contingencia sanitaria y de salud impone. Indica que si bien es una situación especial, excepcional, atendida las instrucciones ministeriales se está cumpliendo del único modo posible de un modo equivalente, con la calidad correspondiente, permitiendo que los estudiantes avancen en sus aprendizajes y que, en definitiva, alcancen los resultados formativos correspondientes, perfeccionando el sistema y adquiriendo las competencias necesarias personales y tecnológicas que la contingencia sugiere, prestando el servicio de la forma que el Ministerio de Educación lo ha instruido. Sobre el particular, reproduce la cláusula novena del contrato de prestación de servicios educacionales, afirmando luego que lo acontecido es un caso fortuito o fuerza mayor, tal y como se establece en el artículo 45 del Código Civil. Descarta, así, la vulneración de derechos denunciado en el recurso, señalando que respecto de la alumna Pereira Soto, la menor de que la recurrente es apoderada, no ha estado exenta del servicio.

Afirma también que no existe ninguna obligación a negociar que fluya del contrato, o sea efecto de éste, más teniendo presente que los ingresos del Instituto son, exclusivamente, los pagos que los padres y apoderados realizan. Detalla una serie de medidas destinadas a ayudar a las familias afectadas económicamente que lo requieran. Recalca que la mantención del cobro de las mensualidades en que se divide el arancel anual – normalmente 10 cuotas - está reconocida por la ley y por la Superintendencia de Educación, en el Ordinario N° 0621, de fecha 25 de marzo de 2020 dictado en el marco de los contratos de prestación de servicios educacionales celebrados por sostenedores de establecimientos educacionales particulares pagados y establece que el objeto del contrato de prestación de servicios educacionales celebrado con un establecimiento reconocido por el Estado, subvencionado o particular pagado, es la entrega de educación bajo las condiciones que impone la normativa legal y reglamentaria aplicable, las cuales no son fraccionables. Añade que la suspensión de clases bajo circunstancias excepcionales de caso fortuito es una circunstancia expresamente prevista por la normativa educacional al igual que sus efectos.

Que se ordenó traer los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye jurídicamente una acción de carácter cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en tal disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Segundo: Que en estos autos ha acudido a sede jurisdiccional, a través de esta vía, nombre reservado en contra del Instituto Alemán de Puerto Montt, basada en el acto que califica como arbitrario e ilegal consistente en el cobro de las mensualidades en el marco de un contrato de prestación de servicios educacionales, en circunstancia que tales servicios no se estarían actualmente entregando.

Tercero: Que, sobre la base de lo que expuesto, debe tenerse presente que la acción constitucional de protección es sólo un remedio de naturaleza cautelar, urgente, más no declarativo, de modo que no es posible, a través de este mecanismo, obtener un pronunciamiento en el que se dirima la existencia del derecho invocado, su validez y, en general, las materias cuyo fallo requiere de una tramitación que incluya una discusión y prueba para arribar al mismo, que son propios de un juicio de lato conocimiento.

En efecto, cualquier alegación relacionada con el cumplimiento o incumplimiento de un contrato de prestación de servicios educacionales, así como la interpretación acerca del alcance de sus estipulaciones o la determinación de las obligaciones asumidas por cada parte, son aspectos que deben ser debatidos en la sede que corresponda, mediante la interposición de las acciones que el legislador ha previsto para ello, pero no por la vía del presente recurso, dada su naturaleza ya reseñada.

Cuarto: Que, así las cosas, resultando claro que esta vía no es la que el legislador ha previsto para determinar si una de las partes se encuentra facultada para modificar unilateralmente la forma de cumplimiento de un contrato por fuerza mayor, en este caso decidiendo la prestación de servicios por medios telemáticos, ni las características o idoneidad de éstos, fluye como consecuencia que el conflicto sometido a la decisión de esta Corte detenta el carácter de un asunto eminentemente civil y, por ende, propio de aquella judicatura.

Quinto: Que, por otro lado, la supuesta infracción a las disposiciones de la Ley 19.496 tampoco constituye una materia que corresponda ser dilucidada por medio de la presente acción constitucional, pues el ordenamiento jurídico contempla un procedimiento, particularmente reglado en dicho cuerpo normativo como en la Ley 18.287, destinado a sancionar tales contravenciones y dar lugar a las indemnizaciones que fueran del caso.

Sexto: Que, en las circunstancias antes indicadas, el presente recurso de protección no está en condiciones de prosperar, sin perjuicio de otras acciones que pudieren corresponder a la parte recurrente.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara:

Que, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto por doña nombre reservado en contra del Instituto Alemán de Puerto Montt, representada legalmente por doña nombre reservado.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Rol Corte 696-2020 Protección