nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE CESANTIA

Puerto Montt, cinco de diciembre de dos mil veinticinco.

VISTOS:

A folio 1, comparece el Abogado Gabriel Solís Silva, en representación de ADRIANA B. nombre reservado Y. nombre reservado, nombre reservado L. ARISMENDI GUZMÁN, LUISA A. SAN nombre reservado Y. nombre reservado E. GÓMEZ TACULL, NANCY E. nombre reservado, ONESIMA M. HUAIQUIN VARGAS, quien interpone acción constitucional de protección contra la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE CESANTÍA DE CHILE II S.A, por los hechos que expone en su acción.

La parte recurrente expone que son nueve trabajadoras cesantes que prestaron servicios para la empresa INALEN S.A. bajo contratos de trabajo de carácter indefinido, con antigüedades que fluctúan entre 2 y 11 años, todas fueron despedidas con fecha 9 de mayo de 2025 mediante comunicación escrita en la que la empleadora invocó la causal del artículo 159 N°5 del Código del Trabajo, esto es, conclusión de la obra o faena que dio origen al contrato, en circunstancias que dicha causal no es jurídicamente procedente respecto de relaciones laborales de duración indefinida.

A partir de dicho despido, las actoras concurrieron o llamaron a la sucursal de la Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía de Chile II S.A. (AFC II), exhibiendo sus respectivas cartas de término de contrato con el objeto de hacer efectivo el cobro del seguro de cesantía, oportunidad en que funcionarios de la recurrida se negaron a otorgar la prestación por desempleo, fundándose, por una parte, en la improcedencia de la causal de despido invocada por la empleadora y, por otra, en la supuesta falta de requisitos formales de la comunicación –como la ausencia de logo corporativo y de individualización clara de quien suscribe–, añadiendo además que sólo sería posible solucionar la situación mediante cambio de causal por parte del empleador o a través de la tramitación de un reclamo acompañado de contrato, anexos y liquidaciones de remuneraciones, exigencias que las recurrentes afirman no están contempladas en la Ley N°19.728.

Las actoras destacan que la empresa, al mismo tiempo del despido, cerró el acceso a la plataforma BUK donde se encontraba toda su documentación laboral, impidiéndoles obtener los antecedentes requeridos, y que, no obstante ello, constan cotizaciones previsionales enteradas hasta abril de 2025, incluyendo los aportes al seguro de cesantía, por lo que se cumplen los requisitos legales para acceder al beneficio, especialmente los establecidos en los artículos 12 y 51 de la Ley N°19.728, relativos a la terminación del contrato por alguna de las causales de los artículos 159, 160, 161 y 163 bis del Código del Trabajo, al número mínimo de cotizaciones en la cuenta individual y a la cesantía efectiva al momento de solicitar la prestación.

Sobre esta base, la parte recurrente califica el actuar de la AFC II como arbitrario, por fundarse en un mero capricho o decisión unilateral carente de razonabilidad, lo que se evidenciaría porque en casos de trabajadoras en idénticas condiciones contractuales y de despido la administradora sí habría pagado el seguro, configurándose una diferencia de trato injustificada, y asimismo lo califica de ilegal, por cuanto la recurrida habría introducido requisitos adicionales no previstos por la ley y se habría arrogado facultades de ponderar la corrección o incorrección de la causal de despido que el ordenamiento no le confiere.

En el plano constitucional, las actoras sostienen que tales actos y omisiones vulneran, en primer término, el derecho a la igualdad ante la ley del artículo 19 N°2 de la Constitución, al negar el acceso al seguro a la generalidad de las recurrentes mientras a lo menos a una trabajadora en situación análoga se le habría otorgado el beneficio, generando una diferencia arbitraria que repercute en su capacidad de solventar sus necesidades básicas y las de sus familias.

En segundo lugar, estiman infringida la garantía del artículo 19 N°3, en relación con su inciso cuarto, pues la AFC II, al exigir requisitos y ponderar la procedencia de la causal de despido, estaría asumiendo funciones que sólo corresponden a los tribunales establecidos por la ley, actuando como una suerte de comisión especial vedada por la Carta Fundamental.

En tercer término, denuncian la afectación del derecho de propiedad reconocido en el artículo 19 N°24, por cuanto los fondos acumulados en las cuentas individuales de cesantía constituyen bienes incorporales que forman parte del patrimonio de las recurrentes, de los cuales no pueden ser privadas sino en virtud de una ley expropiatoria dictada por causa de utilidad pública o interés nacional, de manera que la negativa de pago importaría una privación ilegítima del dominio sobre dichos recursos.

Añaden, además, que se menoscaba una dimensión esencial de la seguridad social en materia de cesantía –aunque esta no se encuentre formalmente amparada por el catálogo del artículo 20–, pues el Estado, aun cuando delegue la administración del seguro en entidades privadas, debe asegurar el acceso efectivo a las prestaciones básicas uniformes, lo que en el caso concreto se vería frustrado por una decisión que califican como carente de sustento legal y contraria a la finalidad protectora del seguro de desempleo, definida tanto en la propia Ley N°19.728 como en su historia fidedigna, todo lo cual, en concepto de la parte recurrente, configura actos y omisiones ilegales y arbitrarios que han producido la privación, perturbación y amenaza del legítimo ejercicio de las garantías invocadas, razón por la que solicita se acoja la acción de protección y se ordene a la recurrida pagar a cada una de las actoras las prestaciones que les corresponden con cargo a sus cuentas de cesantía, junto con adoptar las demás medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho.

A folio 4, se tiene por interpuesto el recurso de protección y se pide informe a la recurrida.

A folio 10, consta informe evacuado por la parte recurrida, Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía de Chile III S.A., quién expone que actúa dentro del objeto exclusivo que le asigna el artículo 30 de la Ley N°19.728, esto es, la administración de los Fondos de Cesantía –Fondo de Cesantía y Fondo de Cesantía Solidario– y la concesión y administración de las prestaciones que dicha ley contempla, cuyos recursos se financian, conforme al artículo 5 de la misma normativa, mediante cotizaciones de cargo del trabajador y del empleador, según se trate de contratos indefinidos o a plazo fijo, además de un aporte estatal periódico, todo lo cual torna jurídicamente relevante el tipo de contrato de trabajo al momento de definir el número de cotizaciones exigidas y la procedencia del beneficio.

En este contexto, el artículo 12 de la Ley N°19.728 establece requisitos específicos para acceder a las prestaciones por cesantía, entre ellos, la terminación del contrato de trabajo por determinadas causales del Código del Trabajo, el registro de un mínimo de cotizaciones mensuales continuas o discontinuas según el tipo de contrato y la situación de cesantía efectiva al momento de la solicitud, de manera que el tipo de vínculo laboral incide directamente en el número de cotizaciones necesarias y en la determinación del derecho a la prestación.

A su vez, el Compendio de Normas sobre el Seguro de Cesantía, dictado por la Superintendencia de Pensiones, impone a la Sociedad Administradora el deber de revisar los períodos acreditados y verificar el cumplimiento de los requisitos de acceso al beneficio según el tipo de contrato, facultándola y obligándola a rechazar la solicitud y a suscribir el reclamo cuando se detectan anomalías, debiendo, en tal evento, tramitar un procedimiento de solución de reclamos y emitir un dictamen dentro de plazos perentorios, utilizándose además la información aportada por el trabajador para actualizar las bases de datos y registrar el término de la relación laboral.

Asimismo, el artículo 15 de la Ley N°19.728 vincula el tipo de contrato con la forma de cálculo del beneficio, al establecer que, tratándose de contratos indefinidos o de trabajadores de casa particular, se utiliza el promedio de remuneraciones de los últimos diez meses con cotizaciones registradas, mientras que, en el caso de contratos a plazo fijo o por obra o servicio determinado, se consideran los últimos cinco meses, configurándose también tasas de reemplazo diferenciadas respecto de las prestaciones con cargo al Fondo de Cesantía Solidario, de modo que toda inconsistencia relativa al tipo de contrato o a las cotizaciones puede obstaculizar o impedir el cálculo correcto de la prestación.

Concordantemente, el inciso segundo del artículo 51 de la misma ley obliga a la Sociedad Administradora a verificar, en forma previa al pago, el cumplimiento de todos los requisitos legales para acceder a las prestaciones por cesantía, impidiéndole otorgar el beneficio cuando no se acreditan las condiciones para su pago, lo que se traduce en un deber jurídico estricto de rechazo en presencia de anomalías relevantes.

Sobre esta base normativa, la recurrida expone que, en el caso concreto, las recurrentes concurrieron entre los meses de mayo y junio de 2025 a la sucursal de Puerto Montt para solicitar la prestación por cesantía, exhibiendo cartas de despido emitidas por su exempleador INALEN S.A., en las cuales se invoca la causal del artículo 159 N°5 del Código del Trabajo –conclusión del trabajo o servicio que dio origen al contrato–, lo que resulta incongruente con la información registrada en las bases de datos de la Sociedad Administradora, donde constan contratos de carácter indefinido y el respectivo historial de cotizaciones.

La recurrida sólo tomó conocimiento de dicha inconsistencia al momento de la solicitud del beneficio, ocasión en la que, de conformidad con la normativa legal y reglamentaria antes reseñada, representó la anomalía y requirió a las recurrentes la documentación necesaria para iniciar el procedimiento de reclamo ante la propia Sociedad Administradora, en los términos del Compendio de Normas sobre el Seguro de Cesantía.

En consecuencia, la recurrida sostiene que no existe vulneración de las garantías constitucionales invocadas por las actoras, desde que su actuación se limitó a cumplir el mandato legal y reglamentario de verificación previa de requisitos, debiendo rechazar la solicitud mientras subsistieran inconsistencias entre la causal de término invocada y los antecedentes previsionales registrados, en resguardo de la legalidad del proceso y de la correcta administración de los recursos del Seguro de Cesantía, incluidos aquellos que integran el Fondo de Cesantía Solidario, financiado con aportes de empleadores y del Estado.

A folio 11, se traen los autos en relación.

Encontrándose en estado de ver, se agregó extraordinariamente a la tabla el presente recurso.

CON LO RELACIONADO, OÍDO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: El recurso de protección de garantías constitucionales, previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye un mecanismo procesal constitucional de carácter excepcional y cautelar, diseñado para asegurar la protección eficaz y expedita de los derechos fundamentales allí consagrados. Su propósito es resguardar contra acciones u omisiones arbitrarias o ilegales que implican una privación, perturbación o amenaza de estos derechos y garantías. En este sentido, cuando esta Corte conozca de un recurso de protección, asumirá una responsabilidad constitucional de actuar con premura y decisión para instaurar las medidas que juzgue necesarias.

Así, la presente acción constitucional, al tener un carácter cautelar, urgente y no declarativo, no permite emitir un fallo que resuelva de manera integral todas las cuestiones relacionadas con la existencia y validez de los recursos derechos en juego, ni otras materias que requieran de un análisis más extenso y profundo. Para ello, el ordenamiento jurídico chileno contempla otras vías judiciales y administrativas específicamente destinadas a su análisis y resolución.

SEGUNDO: Que resulta crucial enfatizar la naturaleza cautelar, urgente y no declarativa de esta acción, lo que implica que el ámbito de competencia de esta Corte es excepcional y debe interpretarse de manera restrictiva. Así, la intervención de estos sentenciadores se justifica únicamente en casos que demanden imperativamente la adopción de protectoras respecto al derecho medidas cuya vulneración se alega. Es imprescindible que el derecho en cuestión sea indubitable y no se base en meras expectativas o autoatribuciones de prerrogativas no reconocidas legalmente. Además, los actos u omisiones impugnados deben ser claramente ilegales o arbitrarios.

En este contexto, se debe recordar que la naturaleza cautelar y de urgencia de este recurso justifica tanto su tramitación relativamente desformalizada como su carácter no declarativo de derechos. Estos aspectos son fundamentales para entender la celeridad en su interposición y la flexibilidad en sus formas de presentación, permitiendo incluso su promoción por terceros sin necesidad de acreditar un título habilitante.

TERCERO: Que, según expone la parte recurrente, integrada por nueve trabajadoras de INALEN S.A., despedidas pese a mantener contratos indefinidos, mediante cartas que invocan la causal del artículo 159 N°5 del Código del Trabajo, que consideran improcedente.

Señalan que, con dichas comunicaciones, acudieron a la AFC II para cobrar el seguro de cesantía y que funcionarios de la recurrida negaron la prestación por estimar indebida la causal y por defectos formales, exigiendo cambio de causal o un reclamo acompañado de documentación adicional, requisitos que, afirman, no prevé la Ley N°19.728.

Añaden que, tras el despido, la empleadora dificultó el acceso a su documentación, aun cuando registran cotizaciones previsionales y al seguro de cesantía enteradas hasta poco antes de la desvinculación, por lo que estiman cumplidos los presupuestos para obtener el beneficio.

Sobre esa base, califican el actuar de la AFC II como arbitrario e ilegal, por introducir exigencias discrecionales, tratar de modo distinto a trabajadoras en condición análoga y arrogarse facultades de los tribunales al revisar la procedencia de la causal de despido.

Sostienen vulneradas garantías de igualdad, debido proceso y propiedad del artículo 19 de la Constitución, así como la protección de la seguridad social en el desempleo.

CUARTO: Que la parte recurrida, al evacuar informe, expone que actúa dentro del objeto exclusivo que le asigna el artículo 30 de la Ley N°19.728, esto es, administrar los Fondos de Cesantía y otorgar las prestaciones legales, financiadas mediante cotizaciones obligatorias de trabajador y empleador y aportes estatales, resultando jurídicamente relevante el tipo de contrato para determinar el número de cotizaciones exigidas y la procedencia del beneficio.

Agrega que el artículo 12 de la Ley N°19.728 y el Compendio de Normas sobre el Seguro de Cesantía imponen a la Sociedad Administradora el deber de revisar los períodos cotizados, verificar el cumplimiento de los requisitos de acceso al beneficio según el tipo de contrato y rechazar la solicitud cuando se constatan anomalías, debiendo en tal caso sustanciar un procedimiento de reclamo y emitir un dictamen dentro de plazos perentorios.

Asimismo, el artículo 15 y el inciso segundo del artículo 51 de la misma ley vinculan el tipo de contrato con la forma de cálculo del beneficio y obligan a verificar, en forma previa al pago, el cumplimiento de todos los requisitos legales, impidiendo otorgar la prestación cuando no se acreditan las condiciones para su pago.

Sobre esta base, la recurrida expone que las actoras concurrieron en 2025 a solicitar la prestación por cesantía exhibiendo cartas de despido de INALEN S.A. fundadas en la causal del artículo 159 N°5 del Código del Trabajo, lo que aparece incongruente con la información registrada en sus bases de datos, donde constan contratos indefinidos y el respectivo historial de cotizaciones, inconsistencia conocida sólo al momento de la solicitud.

En tal contexto, agrega la recurrida que representó la anomalía y requirió antecedentes para iniciar el procedimiento de reclamo, concluyendo que no ha vulnerado garantías constitucionales, pues se limitó a cumplir el mandato legal y reglamentario de verificación previa, debiendo rechazar la solicitud mientras subsistieran inconsistencias entre la causal de término invocada y los antecedentes previsionales registrados, en resguardo de la legalidad y de la correcta administración de los recursos del Seguro de Cesantía, incluidos los del Fondo de Cesantía Solidario.

QUINTO: Que, asentados los antecedentes del proceso, consta que las recurrentes prestaron servicios para la empresa INALEN S.A., manteniendo, según se relata en el propio recurso, contratos de trabajo de duración indefinida con una antigüedad que fluctúa entre dos y once años, respecto de los cuales se efectuaron cotizaciones al seguro de cesantía en los términos de la Ley N°19.728. Con fecha 9 de mayo de 2025 se puso término a sus vínculos laborales, extendiéndose cartas de despido en que el empleador invocó la causal prevista en el artículo 159 N°5 del Código del Trabajo, esto es, la conclusión del trabajo o servicio que dio origen al contrato.

Con posterioridad, entre los meses de mayo y junio del mismo año, las recurrentes concurrieron a la sucursal de la AFC en Puerto Montt para solicitar el pago de las prestaciones por cesantía, oportunidad en que se verificó la existencia de una inconsistencia entre la causal de término consignada en las comunicaciones de despido y la información previsional registrada en las bases de datos de la Administradora, que daba cuenta de relaciones laborales de carácter indefinido con cotizaciones permanentes.

Frente a ello, la recurrida, conforme expone en su informe, representó la anomalía detectada, rechazó la solicitud de beneficio e indicó a las actoras la necesidad de ingresar un reclamo formal acompañando documentación laboral básica (contrato, anexos y liquidaciones) a fin de clarificar el tipo de contrato y la procedencia de la causal invocada, dando curso al procedimiento regulado en el Compendio de Normas sobre Seguro de Cesantía.

El acto impugnado se circunscribe, entonces, a dicha decisión de no pagar de inmediato el beneficio y de canalizar el conflicto a través del mecanismo de reclamo previsto por la autoridad reguladora.

SEXTO: Que, desde la perspectiva de la legalidad del actuar de la recurrida, cabe recordar que la Ley N°19.728 regula en forma detallada los requisitos para acceder a las prestaciones por cesantía y las obligaciones que pesan sobre la Sociedad Administradora.

El artículo 12 exige, entre otros presupuestos, que el contrato de trabajo haya terminado por alguna de las causales previstas en los artículos 159, 160, 161 y 163 bis, o por aplicación del inciso primero del artículo 171 del Código del Trabajo, y que se registre un mínimo de cotizaciones en la Cuenta Individual por Cesantía, según el tipo de contrato, además de encontrarse efectivamente cesante al momento de la solicitud.

A su turno, los artículos 5, 15 y 23 y siguientes de la Ley N°19.728 muestran que la estructura de financiamiento y cálculo del beneficio depende directamente del tipo de vínculo contractual y del número de cotizaciones registradas, de lo que se sigue que la correcta identificación de la naturaleza del contrato y de la causal de término no es un elemento accesorio, sino un presupuesto esencial para determinar la procedencia y cuantía de la prestación.

El artículo 30 precisa que la AFC tiene por objeto exclusivo administrar los fondos y otorgar las prestaciones que la ley establece, mientras que el artículo 51, inciso segundo, de la citada normativa impone a la Sociedad Administradora la obligación de verificar el cumplimiento de los requisitos legales antes de pagar cualquier beneficio, prohibiéndole expresamente otorgarlo cuando tales condiciones no se encuentren acreditadas.

A ello se suma lo previsto en el Compendio de Normas sobre el Seguro de Cesantía, que ordena rechazar la solicitud y suscribir un reclamo cuando se detecta una anomalía entre la causal de término y los antecedentes previsionales, fijando plazos breves para resolver dicha controversia.

En este contexto normativo, la decisión de la recurrida de no cursar de inmediato el pago ante una inconsistencia objetiva entre la causal invocada y la información registrada no puede reputarse ilegal, desde que se ajusta a la obligación de control previo que la propia ley y la normativa administrativa le imponen.

SÉPTIMO: Que, en cuanto a la alegada arbitrariedad del actuar de la recurrida, esto es, su supuesta carencia de racionalidad y proporcionalidad, no se advierte que la decisión impugnada responda a un mero capricho o a una discriminación carente de fundamento.

Por el contrario, del mérito del informe y de la normativa citada se desprende que la Administradora actuó sobre la base de criterios objetivos: la existencia en sus registros de contratos indefinidos con cotizaciones prolongadas y, simultáneamente, la invocación por el empleador de una causal típica de contratos a plazo o por obra, lo que razonablemente genera la necesidad de esclarecer si la causal de término ha sido correctamente utilizada y si el número y tipo de cotizaciones permiten acceder al beneficio en los términos del artículo 12 de la Ley N°19.728.

La solicitud a las recurrentes de ingresar un reclamo formal y acompañar el contrato, sus anexos y liquidaciones de remuneraciones no configura la creación de nuevos requisitos sustantivos, sino la exigencia de antecedentes indispensables para despejar una duda relevante en orden a determinar si concurren las condiciones legales para el pago.

La propia normativa del Compendio de Normas sobre Seguro de Cesantía califica como “reclamo” el planteamiento de anomalías que afecten a un afiliado y ordena su resolución dentro de plazos taxativos, estableciendo que todas las materias vinculadas a la administración de las cuentas y a los beneficios deben tramitarse por esa vía.

En tales términos, el proceder de la recurrida se muestra coherente con el diseño legal y reglamentario del seguro y orientado a resguardar la correcta aplicación de los fondos, incluyendo el Fondo de Cesantía Solidario, de modo que no se configura la arbitrariedad que exige el artículo 20 de la Carta Fundamental.

OCTAVO: Que, por otra parte, la pretensión de las actoras supone afirmar la existencia de un derecho cierto e indubitado a percibir de inmediato las prestaciones del seguro, derecho que se fundaría en la concurrencia de cotizaciones suficientes, en la terminación de la relación laboral y en la naturaleza patrimonial de los fondos acumulados, que se invocan como objeto de propiedad protegida por el artículo 19 N°24 de la Constitución.

Sin embargo, el régimen jurídico del seguro de cesantía configura estos recursos como un patrimonio de afectación sometido a un estatuto especial, en el que el goce efectivo de las prestaciones está condicionado al cumplimiento de todos los requisitos legales y reglamentarios, incluidos aquellos relativos a la causal de término y al correcto registro de las cotizaciones.

Mientras subsista una controversia seria acerca del tipo de contrato, de la procedencia de la causal invocada por el empleador o del número de cotizaciones exigidas, no puede entenderse que exista un derecho cierto e incontrovertido a percibir la prestación, sino tan sólo una expectativa legítima cuyo reconocimiento requiere de la previa clarificación de dichos extremos por las vías ordinarias o especiales que el propio ordenamiento contempla. La ausencia de un derecho indubitado constituye, entonces, un obstáculo insalvable para acoger la acción intentada.

NOVENO: Que, en lo que atañe a la idoneidad de la vía intentada, se observa que el propio ordenamiento sectorial prevé procedimientos específicos para resolver las controversias que surjan con ocasión de la administración de las cuentas individuales por cesantía y del otorgamiento de los beneficios.

El Compendio de Normas sobre el Seguro de Cesantía define expresamente el “reclamo” como el mecanismo mediante el cual el afiliado puede cuestionar cualquier anomalía que lo afecte, pudiendo ingresarlo ante la Administradora, por medios presenciales o electrónicos, o ante la Superintendencia de Pensiones, estableciendo, además, plazos breves para que la AFC emita un dictamen de solución.

A ello se suma la posibilidad de ejercer acciones laborales destinadas a impugnar la causal de despido, obtener la declaración de injustificado respecto del término del contrato y reclamar las indemnizaciones a que hubiere lugar, ámbito en el que la Ley N°19.728 también contempla efectos específicos, como la imputación del saldo de la cuenta individual por cesantía en determinados supuestos.

En la especie, la controversia sobre la congruencia entre el tipo de contrato, la causal de término y las cotizaciones efectuadas, así como sobre la procedencia del pago del beneficio, puede y debe ser sometida al procedimiento de reclamo ante la AFC y, en su caso, a la instancia de la Superintendencia o de los tribunales laborales, por lo que la acción intentada no constituye la vía idónea ni supletorio de los mecanismos ordinarios que el legislador ha previsto.

DÉCIMO: Que, finalmente, desde la perspectiva de las garantías invocadas, cabe concluir que no se configura vulneración a la igualdad ante la ley del artículo 19 N°2, desde que la actuación de la recurrida se apoya en criterios objetivos y generales, aplicables a todos los afiliados en situaciones análogas, esto es, la exigencia de resolver previamente anomalías relevantes antes de cursar el pago de las prestaciones.

Tampoco se observa trasgresión al derecho a la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos (artículo 19 N°3, inciso cuarto), por cuanto las recurrentes conservan incólume la posibilidad de hacer valer sus pretensiones por las vías administrativas y judiciales pertinentes, de manera contradictoria y con plenitud de prueba, no habiendo sido privadas de acceso a la justicia.

En cuanto al derecho de propiedad del artículo 19 N°24, si bien los fondos acumulados en la cuenta individual por cesantía constituyen un interés patrimonial protegido, su uso efectivo se halla sujeto a las condiciones que define la Ley N°19.728 y la normativa de desarrollo, de modo que la negativa de la AFC a pagar el beneficio mientras no se acredite el cumplimiento de dichos requisitos no importa una privación o perturbación ilegítima del dominio, sino la aplicación del estatuto propio del seguro social de cesantía.

En tales circunstancias, no concurriendo acto ilegal ni arbitrario atribuible a la recurrida, careciendo las actoras de un derecho indubitado y existiendo procedimientos específicos idóneos para discutir de manera integral la controversia planteada, la acción constitucional de protección deducida no puede prosperar y deberá ser rechazada.

Por estas consideraciones y atendido lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y artículo 1º y siguientes del Acta Nº94-2015, de la Excelentísima Corte Suprema, sobre tramitación y fallo del recurso de protección y sus modificaciones posteriores, se resuelve:

Que SE RECHAZA, sin costas de la instancia, la acción constitucional de protección interpuesta a folio Nº1 por el Abogado Gabriel Solís Silva, en representación de ADRIANA B. nombre reservado Y. nombre reservado, nombre reservado L. ARISMENDI GUZMÁN, LUISA A. SAN nombre reservado Y. nombre reservado E. GÓMEZ TACULL, NANCY E. nombre reservado, ONESIMA M. HUAIQUIN VARGAS, en contra de la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE CESANTÍA DE CHILE II S.A.

Redacción a cargo del Abogado Integrante don Darío Parra Sepúlveda.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Rol Protección N°687-2025.