Protección contra Instituto de Seguridad del Trabajo

Puerto Montt, veintiuno de noviembre de dos mil veinticinco.

Vistos:

A folio 1, con fecha 4 de junio del año en curso, comparece doña nombre reservado, auxiliar de servicio, interponiendo recurso de protección en contra del Instituto de Seguridad del Trabajo, respecto a los siguientes antecedentes.

Refiere que producto de un accidente laboral utilizando una máquina de lavado de pulso de 34 kilos, tuvo un estirón de hombro izquierdo, dirigiéndose al Instituto de Seguridad del Trabajo, donde le hicieron exámenes y respondieron que se trataba de un accidente común.

Afirma que apeló a la Superintendencia de Seguridad Social para que revisen su caso, le dijeron que era un accidente común, tuvo que ser operada por sus propios medios y lleva tres meses de licencia médica, sin obtener aún recuperación.

Pide que se revise su caso y se hagan responsables de todos los gastos en que ha incurrido.

Acompaña: Resolución, historial médico, epicrisis, bono de atención de salud y dos resoluciones.

A folio 5, se pidió informe a la recurrida y también a la Superintendencia de Seguridad Social.

A folio 11, informa la Superintendencia de Seguridad Social, refiere que la actora reclamó contra el Instituto de Seguridad del Trabajo por haber calificado como enfermedad común el diagnóstico de síndrome del manguito rotador izquierdo, rotura de espesor completo del tendón supraespinoso izquierdo, tenosinovitis bicipital izquierdo y pinzamiento subacromial izquierdo, sosteniendo ella que serían de origen laboral. Tras analizar los antecedentes, mediante Resolución Exenta N° NUM000, de 28 de febrero de 2025, la Superintendencia rechazó el reclamo, concluyendo que las patologías no tienen relación con su trabajo y que, por tanto, no corresponde la cobertura del Seguro de la Ley N°16.744.

A folio 20, el Instituto de Seguridad del Trabajo evacúa informe solicitando el rechazo íntegro del recurso de protección, señalando que no existe acto ilegal o arbitrario alguno, pues la calificación de las lesiones de hombro que presenta la recurrente —síndrome del manguito rotador, rotura del supraespinoso, tenosinovitis bicipital y pinzamiento subacromial— como patología de origen común fue realizada conforme al procedimiento técnico previsto en la Ley N°16.744 y sus reglamentos, sobre la base de evaluaciones médicas, resonancias, estudio de puesto de trabajo y análisis del Comité de Calificación, el cual concluyó que no existen factores laborales que expliquen dichas afecciones.

Agrega que la Superintendencia de Seguridad Social, mediante Resolución Exenta N° NUM000, confirmó la calificación y descartó relación laboral, de modo que no procede cobertura del seguro laboral.

Expone además que el recurso es improcedente, por versar sobre materias propias del derecho a la seguridad social, derecho no amparable vía protección, y porque la discrepancia de la recurrente con la calificación médica debe ventilarse en el procedimiento especial de los artículos 77 y 77 bis de la Ley 16.744.

Finalmente sostiene que tampoco se acreditó vulneración de garantías constitucionales, por cuanto la trabajadora recibió prestaciones médicas durante la evaluación y luego pudo atenderse por su sistema de salud común, no existiendo afectación de su integridad, propiedad ni derecho alguno, solicitando en consecuencia el rechazo del recurso, con costas.

Acompaña: 1) Resolución Exenta NUM000 de 28 de febrero de 2025. 2)

Denuncia Individual de Enfermedad Profesional (DIEP). 3) Estudio de Puesto de Trabajo. 4) Copia de ficha clínica de nombre reservado. 5) Carta NUM001 de fecha 1 de diciembre de 2024 3 de IST. 6) Resolución de Calificación del Origen de los Accidentes y Enfermedades Ley N°16.744 (RECA). 7) Informe sobre Fundamentos de la Clasificación de la Patología (PGE3). 8) Resolución De Rechazo y Derivación de Paciente a Sistema de Salud Común Resolución - N° NUM002. 9) Exámenes de Resonancia Magnética. 10) Licencia médica N° NUM003. 11) Informe médico de fecha 3 de julio emitido por Dr. nombre reservado NUM004 Médico IST- Puerto Montt.

Encontrándose en estado de ver, se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva o amenaza ese atributo.

Se trata, por consiguiente, de una acción de cautela de derechos garantizados a nivel constitucional cuya existencia sea indubitada y que se encuentren conculcados de manera suficiente para provocar la actividad jurisdiccional traducida en la adopción de medidas destinadas a restablecer el imperio de esos derechos amagados o perturbados en su legítimo ejercicio.

Segundo: Que, de lo anteriormente reflexionado, se desprende que es requisito indispensable de la acción de protección la existencia de un acto u omisión arbitraria o ilegal, producto del mero capricho de quien incurre en él y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías preexistentes protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

Tercero: Que, primeramente, corresponde resolver la alegación formulada por la recurrida, Instituto de Seguridad del Trabajo, en cuanto alegó la improcedencia de esta acción cautelar, fundado en que la materia alegada es parte de cuestiones relacionadas con el derecho de la Seguridad Social, garantía contemplada en el artículo 19 N°18 de la Carta Fundamental, la que no se encuentra protegida por la acción de protección.

Que, esta alegación, se desestimará, dado que la presente acción de cautela se conoce en virtud de las facultades conservadoras que le asisten a esta Corte, siendo posible la reconducción de los supuestos de hecho al contenido de los derechos constitucionales eventualmente conculcados que en este caso dirían relación con el derecho a la igualdad de la actora y el derecho de propiedad, garantías que sí se encuentran protegidas por la acción de marras y en los cuales la recurrida sí ha participado.

Cuarto: Que el presente recurso se funda -esencialmente- en que el Instituto de Seguridad del Trabajo y también la Superintendencia de Seguridad Social, calificaron como enfermedad común las lesiones de hombro sufridas por la actora a raíz del estirón provocado mientras operaba una máquina industrial, decisión que, a juicio de la recurrente, carece de fundamento técnico suficiente, afectando con ello su derecho a acceder a las prestaciones médicas y económicas que le corresponden conforme a la Ley N°16.744.

Quinto: Que, en cuanto a la normativa aplicable en la especie, el artículo 7° de la Ley 16.744 indica que “Es enfermedad profesional la causada de una manera directa por el ejercicio de la profesión o el trabajo que realice una persona y que le produzca incapacidad o muerte.

El Reglamento enumerará las enfermedades que deberán considerarse como profesionales. Esta enumeración deberá revisarse, por lo menos, cada tres años.

Con todo, los afiliados podrán acreditar ante el respectivo organismo administrador el carácter profesional de alguna enfermedad que no estuviere enumerada en la lista a que se refiere el inciso anterior y que hubiesen contraido como consecuencia directa de la profesión o del trabajo realizado. La resolución que al respecto dicte el organismo administrador será consultada ante la Superintendencia de Seguridad Social, la que deberá decidir dentro del plazo de tres meses con informe del Servicio Nacional de Salud.”

A su vez el artículo 77 de la misma ley, señala en su inciso 1° y 2°, que “Los afiliados o sus derecho-habientes, así como también los organismos administradores podrán reclamar dentro del plazo de 90 días hábiles ante la Comisión Médica de Reclamos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, de las decisiones de los Servicios de Salud o de las Mutualidades en su caso recaidas en cuestiones de hecho que se refieran a materias de orden médico.

Las resoluciones de la Comisión serán apelables, en todo caso, ante la Superintendencia de Seguridad Social dentro del plazo de 30 días hábiles, la que resolverá con competencia exclusiva y sin ulterior recurso.”

De igual modo, el artículo 77 bis, por su parte indica “El trabajador afectado por el rechazo de una licencia o de un reposo médico por parte de los organismos de los Servicios de Salud, de las Instituciones de Salud Previsional o de las Mutualidades de Empleadores, basado en que la afección invocada tiene o no tiene origen profesional, según el caso, deberá concurrir ante el organismo de régimen previsional a que esté afiliado, que no sea el que rechazó la licencia o el reposo médico, el cual estará obligado a cursarla de inmediato y a otorgar las prestaciones médicas o pecuniarias que correspondan, sin perjuicio de los reclamos posteriores y reembolsos, si procedieren, que establece este artículo.

En la situación prevista en el inciso anterior, cualquier persona o entidad interesada, podrá reclamar directamente en la Superintendencia de Seguridad Social por el rechazo de la licencia o del reposo médico, debiendo ésta resolver, con competencia exclusiva y sin ulterior recurso, sobre el carácter de la afección que dio origen a ella, en el plazo de treinta días contado desde la recepción de los antecedentes que se requieran o desde la fecha en que el trabajador afectado se hubiere sometido a los exámenes que disponga dicho organismo, si éstos fueren posteriores.”

A su vez, el Compendio de Normas del Seguro Social de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, en su Libro III, Título III, letra B, que contiene el Protocolo de Patologías Músculo Esqueléticas en Extremidad Superior (MEES), conceptualiza a aquellas causadas por la exposición a agentes de riesgo como “una alteración de las unidades músculo-tendinosas, de los nervios periféricos o del sistema vascular, generada directamente por la exposición a un riesgo específico que exista o haya existido en el lugar de trabajo. Independientemente de la presencia de patologías preexistentes, dicha alteración podrá ser considerada como una enfermedad profesional.

Dicha alteración también podrá ser considerada como enfermedad profesional, si el trabajador tiene una historia ocupacional que demuestra exposición previa suficiente, aun cuando en la entidad empleadora en la que actualmente se desempeña, no se encuentre expuesto.”

Sexto: Que, del tenor de los preceptos normativos transcritos, se puede apreciar que el examen de los factores de riesgo a que puede estar expuesto un trabajador no se limita al último puesto de trabajo que desempeñó, sino que puede y debe extenderse a las labores anteriores, en la medida que ellas también pudieron provocarle o ser aptas para causarle la enfermedad profesional que se invoca.

En la especie, la decisión del Instituto de Seguridad del Trabajo de declarar como de origen común el diagnóstico de síndrome del manguito rotador izquierdo, rotura de espesor completo del tendón supraespinoso izquierdo, tenosinovitis bicipital izquierdo y pinzamiento subacromial izquierdo calificado por el Comité Calificador de Enfermedades Profesionales, pero no considera de forma integral el desarrollo de las funciones desempeñadas por la actora en la Municipalidad de Puerto Montt, como auxiliar de servicios de aseo en el cuarto piso del edificio consistorial del Edificio Alcaldicio hace un año, contando con un turno fijo de lunes a viernes desde las 07:30 hasta las 16:30 horas.

Séptimo: Así las cosas, al analizar los antecedentes acompañados por las recurridas en sus respectivos informes, se advierte que ninguno de ellos entrega una explicación suficiente, fundada y técnica respecto del origen no laboral del estirón sufrido por la actora en el ejercicio de sus funciones, limitándose a afirmar la naturaleza común de las lesiones sin detallar el razonamiento médico-causal que permitiría descartar la relación con el hecho denunciado. En efecto, el propio Instituto de Seguridad del Trabajo reconoce que las dolencias corresponden a un conjunto de patologías del hombro cuya causa requirió un análisis de puesto de trabajo y evaluaciones clínicas que no explican ―al menos en la forma exigible a un órgano técnico― por qué el estirón descrito por la trabajadora, utilizando una máquina de lavado industrial de 34 kilos, no podría constituir un agente desencadenante o agravante, máxime si el inicio del cuadro ocurrió inmediatamente luego del episodio.

Octavo: Que, dicha insuficiencia observada se ve acentuada por el hecho, asentado en autos, de que la Superintendencia de Seguridad Social tampoco practicó peritaje alguno ni efectuó una constatación directa del mecanismo lesional, limitándose a ratificar la calificación realizada por el organismo administrador, lo cual implica una revisión meramente formal y no una verificación técnica independiente.

Bajo tal premisa, tal déficit evaluativo resulta especialmente relevante considerando que el artículo 77 de la Ley N°16.744 impone a los organismos administradores la obligación de determinar con certeza el origen laboral o común de una enfermedad, utilizando los recursos técnicos a su disposición, evaluación que en este caso no se realizó con la exhaustividad necesaria para descartar razonablemente la relación causal alegada por la trabajadora. La ausencia de un peritaje específico vulnera, además, el deber de investigación propio del sistema de seguridad laboral.

Noveno: Que esta falta de fundamentación y de actividad investigativa suficiente configura un acto arbitrario, en los términos exigidos por el artículo 20 de la Constitución Política, pues las recurridas adoptaron decisiones que afectan directamente la esfera de derechos de la actora sin proporcionar una motivación técnica que permita justificar razonablemente la exclusión de cobertura. Asimismo, el acto es ilegal, por cuanto contraviene los estándares y obligaciones que la Ley N°16.744, que exige para la correcta determinación del origen de un accidente o enfermedad profesional, dentro de los cuales se encuentra la obligación de practicar los exámenes, estudios y peritajes necesarios para asegurar una calificación fundada.

Décimo: Que dicha actuación arbitraria e ilegal afecta directamente la garantía consagrada en el artículo 19 N°1 de la Constitución, pues somete a la actora a una dilación injustificada en la atención y en el otorgamiento de prestaciones médicas y económicas que, de reconocerse el origen laboral de sus lesiones, debieron ser proporcionadas oportunamente por el seguro social. A su turno, se ve también comprometido el derecho de propiedad protegido en el artículo 19 N°24 del texto constitucional, por cuanto la negativa de cobertura impide el acceso a prestaciones económicas, subsidios y reembolsos derivados del seguro laboral, los que pertenecen al patrimonio del trabajador cuando concurren los requisitos legales.

Undécimo: Que, en consecuencia, y considerando que los antecedentes clínicos, el relato coherente del mecanismo de lesión, la contemporaneidad entre el estirón sufrido y el inicio del cuadro, así como la ausencia de elementos técnicos suficientes por parte de las recurridas para descartar el origen laboral, esta Corte estima que corresponde acoger el presente recurso, a fin de restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de la recurrente.

Por estas consideraciones y atendido, además, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se declara:

I.- Que, se rechaza la alegación de improcedencia de la acción opuesta por la recurrida.

II.- Que, se acoge, sin costas, el recurso de protección interpuesto por doña nombre reservado en contra del Instituto de Seguridad del Trabajo. En consecuencia, se deja sin efecto la calificación de origen común de las lesiones diagnosticadas a la recurrente, contenida en la Resolución Exenta N° NUM000 de fecha 28 de febrero de 2025 de la Superintendencia de Seguridad Social y en los actos de calificación emitidos por el Instituto de Seguridad del Trabajo, ordenando al Instituto de Seguridad del Trabajo reconocer provisionalmente el origen laboral de las patologías de hombro que presenta la actora, mientras se realiza una evaluación completa y ajustada a derecho, debiendo otorgar de inmediato todas las prestaciones médicas, quirúrgicas, farmacológicas, de rehabilitación y económicas que correspondan conforme a la Ley N°16.744.

Redacción a cargo del Ministro Titular Patricio Rondini Fernández-Dávila.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Protección Rol N°663-2025.