Recurso de protección

Puerto Montt, dieciocho de noviembre de dos mil veinticinco.

Vistos:

A folio 1, comparece don nombre reservado, cédula de identidad para extranjeros N°NUM000, Abogado, por sí y a favor de doña nombre reservado, de profesión Ingeniero Electricista, nacionalidad venezolana, cédula de identidad para extranjeros N°NUM001, domiciliado para estos efectos en domicilio reservado, Región De Los Lagos; quien interpone recurso de protección en contra de la Administradora de nombre reservado.A., por el acto ilegal y arbitrario que rechaza solicitud de retiro de fondos para extranjero, notificado en fecha 06 de mayo de 2025, a través de correo electrónico.

Este último señala que “(…)Se detecta duplicidad en el timbre del Oficial de Legalización del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, estampado en certificado de afiliación el cual fue aportado por diferentes afiliados. Por lo señalado, es preciso indicar que puede dirigirse a una de nuestras oficinas y proporcionar el original de su Constancia de Afiliación, con el fin de que pueda ser verificado directamente por el Ministerio de Relaciones Exteriores. También, la Constancia de Afiliación presentada se encuentra vencida al momento de realizar la solicitud de devolución de fondos superando la vigencia indicada en dicho documento. Por lo que, no es posible acreditar que se encuentra cubierto durante toda su estadía en Chile por un sistema de seguridad social extranjero. El cual, debe cubrir ante las contingencia de vejez, enfermedad, invalidez y muerte.

Además, en el caso de la contingencia de enfermedad, debe especificar que comprende prestaciones médicas y pecuniarias. Por lo que, su solicitud, requerimiento N°NUM002 del día 29/04/2025 presenta rechazo, por cuanto Constancia de Afiliación al IVSS se encuentra vencida, superando la vigencia de 120 días, desde la emisión del documento. Dicho certificado fue emitido el 10 de junio de 2024, por cuanto al momento de realizar el trámite éste supera sus días de vigencia, lo que no permite verificar si la solicitante se encontraba cubierto al régimen de previsión o seguridad social en el extranjero a la fecha de la solicitud de devolución de fondos previsionales conforme a la Ley No18.156.”

Indica que, a fin de dar cumplimiento a lo exigido en la ley 18.156, en sus artículos N°1 en relación con el artículo N°7 de la misma norma, el recurrente acompañó los siguientes documentos: 1. Título Universitario, debidamente apostillado. 2. Contratos y anexo laboral junto a anexo del mismo donde el recurrente manifiesta estar afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de chile que le otorga prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, siendo su voluntad mantener su afiliación al referido sistema de seguridad social o previsión social en el extranjero. 3.

Certificado de Afiliación al Instituto de los Seguros Sociales de Venezuela, junto declaración jurada de autenticidad del mismo.

Indica que la recurrida realiza una interpretación formalista de la norma, desatendiendo a la finalidad del legislador, esto es, disponer de sus ahorros previsionales, produciendo una retención injustificada de éstos, lo que no resulta razonable.

Con lo anterior, se ven vulnerados el derecho a la igualdad ante la ley y el derecho a la propiedad privada consagrados en el artículo 19 N°2 y N°24 de la Constitución Política Nacional, actuando de forma caprichosa al solicitar anexar información adicional que ya habría sido suministrada desde un inicio, requiriendo un documento adicional, dándole un trato diferenciado.

Solicita se acoja la acción intentada, ordenando que se reconozca como válido el certificado de afiliación del país de origen suministrado, procediendo a realizar un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud planteada conforme a derecho y dentro de un plazo razonable o el que esta Iltma. Corte estime conforme al mérito de autos; y en general adoptando las providencias que sean necesarias para establecer el imperio del derecho.

Acompaña a su presentación: 1. Notificación que rechaza el retiro de nombre reservado AFP. 2. Cédula de identidad del recurrente. 3. Contratos de trabajo junto anexos. 4. Título Profesional apostillado. 5. Validación de título universitario 6.

Certificado de afiliación del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales.

A folio 9, evacua informe doña la nombre reservado.A., solicitando el rechazo en todas sus partes de la presente acción, con expresa condenación en costas, fundado en que la acción cautelar no es la vía idónea para resolver materias de lato conocimiento con carácter contradictorio, y en subsidio, por cuanto la AFP ProVida S.A. no ha asumido una actitud arbitraria e ilegal respecto de las garantías del artículo 19° de nuestra Constitución Política.

Señala que con fecha 06-05-2025, ProVida rechazó solicitud de la recurrente de autos, por cuanto la constancia de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales de la recurrente se encuentra vencida de acuerdo a las instrucciones que imparte la Superintendencia de Pensiones, la que requiere la observación de todas y cada una de las formalidades legales antes de aprobar una solicitud de devolución de fondos en calidad de técnico extranjero.

Lo anterior, en función de lo que establece el artículo 1° de la Ley N° 18.156 y el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, que regulan la exención de cotizar en Chile a los técnicos extranjeros, siempre que den cumplimiento a los requisitos prescritos en el artículo 1° de dicha Ley y en el Libro II Título XI, del referido Compendio de Normas. Por su parte, el artículo 7° de la misma ley otorga la facultad de solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, a los trabajadores extranjeros afiliados a una Administradora de nombre reservado siempre que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 1° del citado cuerpo legal.

Agrega que en todo este tiempo, la actora no ha recurrido a la Superintendencia de Pensiones, organismo estatal de carácter técnico que ejerce la supervigilancia de todas las Administradoras de nombre reservado exponiendo su caso para efectos de obtener pronunciamiento del regulador.

Indica que no ha existido un actuar ilegal o arbitrario de su parte, que no se ha causado ningún agravio al recurrente de autos y que no se ha perturbado ni amenazado ninguna de las garantías constitucionales consagradas en la constitución Política de la República de Chile.

Acompaña a su presentación Oficio Ordinario N°NUM003 de fecha 28-03- 2025, de la Superintendencia de Pensiones que ratifica la posición de ProVida.

A folio 10 se traen los autos en relación.

A folio 17 se dispone la agregación extraordinaria de la causa en tabla, en lugar preferente.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, o amenace ese atributo.

Se trata, por consiguiente, de una acción de cautela de derechos garantizados a nivel constitucional cuya existencia sea indubitada y que se encuentren conculcados de manera suficiente para provocar la actividad jurisdiccional traducida en la adopción de medidas destinadas a restablecer el imperio de esos derechos amagados o perturbados en su legítimo ejercicio.

Segundo: Que, de lo anteriormente reflexionado, se desprende como requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión arbitraria o ilegal, producto del mero capricho de quién incurre en él y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías preexistentes protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

Tercero: Que en estos autos doña nombre reservado, dedujo recurso de protección en contra de la Administradora de nombre reservado.A., por la negativa de la recurrida de restituirle sus fondos previsionales, de conformidad a lo dispuesto en la Ley N°18.156, acto que califica de arbitrario e ilegal y vulnerador de las garantías fundamentales contempladas en los numerales 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Cuarto: Que, la Administradora de nombre reservado fundó dicha negativa en que el recurrente no cumplía los requisitos legales para acceder a su solicitud. En concreto, porque la constancia de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales se encuentra vencida, de acuerdo con las instrucciones que imparte la Superintendencia de Pensiones.

Quinto: Que, atendida la naturaleza del recurso de protección, este solo puede prosperar ante la existencia de un derecho indubitado del actor, lo que constituye la base fundamental para poder adoptar la medida solicitada en el recurso de protección, cuál es, reconocer como válida la documentación acompañada, y realizar un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud planteada y dentro de un plazo razonable efectuar la devolución de los fondos de pensión solicitados por el recurrente.

Sexto: Que, sin embargo, en la especie no se acreditó la existencia de un derecho indubitado del señalado recurrente, para poder hacer efectivo ese derecho, toda vez que aparece controvertida la vigencia de la constancia de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, motivo suficiente para rechazar el presente arbitrio.

Séptimo: Que, el artículo 1° de la Ley N°18.156 dispone que “las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que reúnan las siguientes condiciones: a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) Que en el contrato de trabajo respectivo exprese su voluntad de mantener la afiliación referida. La exención que establece el inciso anterior no comprenderá los riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales previstos en la ley 16.744”.

A su vez, el artículo 7 de la misma ley señala que “en el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de nombre reservado, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que se den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de esta ley”.

Octavo: Que, sin embargo, se advierte de lo razonado en el motivo Sexto, que la constancia de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales de la recurrente se encuentra vencida, de acuerdo a las instrucciones que imparte la Superintendencia de Pensiones, por lo que no corresponde acceder a la devolución de los nombre reservado.

Noveno: Que, de la referida información, queda en evidencia que la actora no cumplió con los requisitos legales antes descritos, porque no logró acreditar el requisito de encontrarse cubierto durante toda su estadía en Chile por un sistema de seguridad social extranjero que cubra ante las contingencia de vejez, enfermedad, invalidez y muerte, por todo el período de prestación de servicios en Chile, debidamente apostillada o legalizada ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Además, en el caso de la contingencia de enfermedad, debe especificar que comprende prestaciones médicas y pecuniarias, en conformidad a la Ley 18.156 y, en consecuencia, quedar exento de la obligación de cotizar en el sistema chileno.

Décimo: Que, de este modo no advirtiendo la existencia de un derecho indiscutido y preexistente de aquellos cuyo imperio esta Corte ha de proteger por esta vía cautelar de urgencia, y no habiendo acreditado los presupuestos legales para acceder al retiro de fondos solicitado, el recurso de protección interpuesto necesariamente será desestimado.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República, y Acta N°94-2015 sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, la acción interpuesta por el abogado Pablo Peñaloza Parra, a favor de nombre reservado, en contra de Administradora de nombre reservado.A.

Notifíquese, regístrese y archívese.

Rol Protección 660-2025.