Recurso de protección

nombre reservado, treinta y uno de julio de dos mil veintiséis Vistos:

A folio 1, comparecen nombre reservado, abogada, cédula de identidad Nº NUM000 y nombre reservado, abogado, cédula de identidad Nº NUM001 ambos domiciliados en domicilio reservado, nombre reservado, en favor del hijo en común nombre reservado, quienes interponen acción de protección en contra de nombre reservado, Rector del Instituto nombre reservado y de la Corporación nombre reservado, persona jurídica del giro de su denominación, RUT NUM002, sostenedora del Instituto, representada legalmente por doña nombre reservado, por el acto sancionatorio conducente a la expulsión o cancelación de la matrícula del recurrente a través del procedimiento de aula segura contenido en las disposiciones del artículo 6 letra d) del DFL 2 de 1998 del Ministerio de Educación introducido por la Ley N°21.128, sosteniendo la ilegalidad y arbitrariedad de lo anterior conforme los argumentos que exponen.

Señala que el recurrente es alumno del 4°Año A Básico del Instituto nombre reservado, y fue diagnosticado con Trastorno del Espectro Autista de nivel 1, situación que es de conocimiento del establecimiento recurrido, y que a propósito de un incidente ocurrido en el año 2025 que involucró al actor con otro compañero de curso, en octubre del citado año se elaboró un plan de acompañamiento individual en el cual se definieron estrategias, acciones y adecuaciones destinadas para ello, definiéndose como fecha de revisión en marzo del 2026. Dicho plan contempla, entre varias estrategias, seguimiento que debe concretarse en observaciones en sala y recreos.

Que con fecha 16 de marzo de 2026, los padres del recurrente fueron notificados, por correo electrónico, de la activación del Protocolo N°5, debido a la situación ocurrida entre el recurrente y su compañero de nivel, nombre reservado, protocolo que está referido a actuaciones frente a situaciones de maltrato, acoso o violencia entre miembros de la comunidad educativa.

De forma posterior, con fecha 18 de marzo de 2026, el rector procede a notificar de manera formal el inicio de un procedimiento sancionatorio por aula segura, reglamento interno y manual de convivencia escolar vigente, en base a los hechos que exponen y que serían de fecha 12 de marzo de 2026, en donde el recurrente habría tirado arroz en el pelo a su compañero, cuestión comunicada por los apoderados de nombre reservado, quienes solicitaron la activación de los protocolos respectivos, dando cuenta del inicio del mismo y de la solicitud de grabaciones con fecha 17 de marzo de 2026, las cuales fueron revisadas el 18 de marzo del año en curso, describiendo la situación denunciada en la especie. En síntesis, se advierte la ocurrencia de al menos 17 ocasiones en que el recurrente habría agredido a su compañero de forma física y psicológica, siendo variadas en su gravedad, afirmándose que “no se observa A nombre reservado agrediendo a nombre reservado, pero sí, alejándose de él para evitar los golpes.”

En dicho acto se tipificaron los hechos dentro de aquellos contenidos en la ley 21.128 sobre aula segura, pudiendo operar, en consecuencia, las medidas de expulsión y cancelación de matrícula en caso de que afectasen gravemente la convivencia escolar, aplicándose en la especie la medida de suspensión en tanto se tramitará el proceso sancionatorio.

Al respecto, afirma que en la descripción de los hechos denunciados no se advierte la presencia de algún profesor o asistente de la educación que hubiese intervenido en la acción, transcurriendo al menos 10 minutos sin que existiera la presencia de un adulto, lo cual desatiende al plan de acompañamiento individual vigente respecto del recurrente. Agrega que, sin desconocer la ocurrencia de los hechos como tal, aquellos pudieron haber sido provocados por un episodio de desregulación emocional y conductual, lo cual releva el hecho de no existir el adulto responsable encargado de monitorear al recurrente en aquel momento.

Por otro lado, da cuenta del contexto en el cual es dictada la ley de aula segura, la cual entregó facultades a los directores de dicho establecimiento para llevar adelante un proceso expedito al momento de sancionar a quienes incurrían en actos de violencia, pudiendo adoptar medidas de expulsión o cancelaciones de matrícula ya sea que las causales estén claramente descritas en el reglamento interno o porque afecten gravemente la convivencia escolar. Sobre esto último, agrega que la ley dio cuenta de que actos serían aquellos, esto es, agresiones de carácter sexual, agresiones físicas que produzcan lesiones y el uso, porte, posesión y tenencia de armas o artefactos incendiarios.

Agrega que el reglamento interno de la recurrida tipifica como falta grave el realizar acciones violentas, golpes, zancadillas, empujones u otros similares, dentro o fuera de un contexto de juego y que pongan en peligro la integridad física propia o de otra persona, siendo la sanción para ello la suspensión de clases y/o actividades del colegio; a su turno, como falta gravísima, se indica cualquier agresión física o psicológica que produzcan lesiones a cualquier integrante de la comunidad educativa, como también una agresión sexual y actos que atenten contra la infraestructura, siendo la sanción la expulsión del establecimiento, siendo catalogado en esta última calidad los hechos en los que habría incurrido el recurrente por si y ante sí.

Además, sostiene que el establecimiento incumple las instrucciones contenidas en la Circular 586, de diciembre de 2023, de la Superintendencia de Educación, respecto de la obligación de ajustar reglamentos y procedimientos internos considerando situaciones de desregulación emocional y conductual y particularmente, en cuanto a la adopción de medidas disciplinarias respecto de las cuales debe preferir aquellas de índole formativo dada su pertinencia para la salud emocional y situación personal de los estudiantes, cuestión que no ocurre en la especie. Indica que la circular considera la aplicación de una medida de suspensión de clases o reducción permanente de jornada como atentatoria contra la dignidad del estudiante.

Sostiene que los hechos no revisten de la gravedad necesaria para la adopción de las medidas impuestas en la especie bajo las normas de la ley de Aula Segura, lo cual vulnera las garantías constitucionales del artículo 19 Nº1, 2, 10 y 24 de la Constitución Política, particularmente al haberse dispuesto arbitrariamente la tramitación de un proceso sancionatorio que puede terminar en la cancelación de matrícula o expulsión del recurrente, lo que a su turno vulnera las normas contenidas en la ley 21.545 sobre ley de autismo.

Solicita en definitiva que se acoja la presente acción y se ordene a los recurridos dejar sin efecto el proceso sancionatorio que se ha incoado en contra del recurrente y que el establecimiento adopte todas las medidas que sean pertinentes para asegurar el derecho a la educación, llevando adelante los planes de acompañamiento que el propio establecimiento impuso, con costas.

A folio 4, se declaró admisible y se tuvo por interpuesto el presente recurso de protección.

A folio 12, consta informe evacuado por Matías Bauer Gachet, abogado, en representación de las recurridas, dando cuenta que el recurrente es estudiante regular quién, durante este año 2026, fue objeto de un procedimiento sancionatorio, el cual a la fecha de presentación del informe sigue en curso e iniciado por haber protagonizado aquel acciones constitutivas de faltas gravísimas mediante conductas reiteradas en el tiempo y que han sido, de forma pretérita, objeto de medidas formativas y disciplinarias de menor entidad. Sostiene que el recurrente tiene un diagnóstico de Trastorno del Espectro autista en grado 1, cuestión que ha sido debidamente informada al Colegio y que, en razón de aquello, se han desarrollado las acciones que la normativa exige a la institución frente a estas situaciones.

Sostiene que la informante tiene un Reglamento Interno y Manual de Convivencia Escolar que ha sido elaborado con un irrestricto apego a los dispuesto en la normativa educacional, a saber, en la Circular 482, REX 860, ambas del año 2018, emanadas de la Superintendencia de Educación y otros cuerpos normativos vinculantes en esta materia, los cuales hacen una correspondiente derivación al anexo denominado “Procedimiento de expulsión y cancelación de matrícula” y los cuales se encuentran debidamente socializados con la comunidad educativa.

Afirma que es improcedente alegar una suerte de eximente absoluta de responsabilidad por el solo hecho de que el recurrente debidamente diagnosticado, toda vez que las normas indicadas y los organismos fiscalizadores han sido claros en prohibir sanciones disciplinarias que se funden en el solo hecho de presentar el actor una discapacidad o necesidad especial educativa, lo cual importaría por si una conducta discriminatoria.

Añade que las situaciones de maltrato entre el recurrente y su compañero no son nuevas, dado que han sido objeto de varios hechos propiciados por el primero, respecto de quien se han adoptado tomando medidas que iban encaminadas a resolver de manera pacífica sus eventuales diferencias, a realizar acciones formativas que les permitieran comprender la relevancia del buen trato entre compañeros, terminando incluso en un momento dado con el cambio de curso de este último por iniciativa de los mismo padres.

Indica que durante el año 2025 se activó un protocolo actuación entre estos mismos estudiantes por agresiones que efectúo el recurrente en contra de su compañero, en donde se le representó a los padres y recurrentes de estos autos, la inconveniencia de la conducta de su pupilo y se le aplicó, en ese entonces, la medida disciplinaría de suspensión por dos días, como también la medida formativa de crear un afiche relativo al buen trato entre pares.

Luego, procede a referir los hechos ocurridos con fecha 12 de marzo de 2026, previa solicitud de entrevista efectuada por los padres del estudiante nombre reservado, quién le indicó a sus padres que “nombre reservado empezó a molestarlo y los compañeros salieron a defenderlo…Los compañeros lo defienden. Se enoja más nombre reservado y le empieza a tirar arroz en el pelo (hora de almuerzo), cerca de la entrada del patio y después se fue cerca de las mesas. nombre reservado lo fue a buscar cuando estaba solo”.

En virtud de lo anterior, se solicitó la activación del protocolo Nº5, “de actuación frente a situaciones de maltrato, acoso escolar o violencia entre miembros de la comunidad educativa”, lo cual fue acogido con fecha 16 de marzo de 2026 e informando a ambas familias vía correo electrónico. A su turno, y producto de las indagaciones efectuadas- concretamente la revisión de cámaras- se hizo necesariamente tomar la determinación de iniciar un procedimiento sancionatorio, al advertirse que el actor, de manera infundada y sin provocación alguna se acerca a su compañero para tomar su cabeza y golpearla reiteradamente contra un casillero, para después continuar persiguiendo y agrediéndolo físicamente, además de haberlo insultado y arrojado alimento en el pelo de forma previa.

Por lo anterior, se hizo necesario el inicio del procedimiento de expulsión en virtud de la gravedad de los hechos que hacen susceptible de aplicar la ley de aula segura, citando a estos efectos lo dispuesto en el artículo 6, letra d) inciso 5 del DFL 2 de 1998 del MINEDUC, modificado por la ley 21.128. En concreto, sostiene la afectación grave de la convivencia escolar ocurre con actos cometidos por cualquier miembro de la comunidad educativa, tales como profesores, padres y apoderados, alumnos, asistentes de la educación, entre otros, de un establecimiento educacional, que causen daño a la integridad física o síquica de cualquiera de los miembros de la comunidad educativa o de terceros que se encuentren en las dependencias de los establecimientos, tales como agresiones de carácter sexual, agresiones físicas que produzcan lesiones, uso, porte, posesión y tenencia de armas o artefactos incendiarios, así como también los actos que atenten contra la infraestructura esencial para la prestación del servicio educativo por parte del establecimiento, hipótesis que concurre en la especie.

Se suma a lo anterior la existencia de un informe psicológico del estudiante agredido por el recurrente que da cuenta de su afectación emocional, quien ha sido víctima de violencia escolar reiterada desde el año 2024, caracterizada por agresiones físicas, hostigamientos y amenazas persistentes en el tiempo, configurándose un cuadro de bullying por el recurrente.

Continua con una descripción de los hitos del proceso sancionatorio en cuestión, el cual inicia con fecha 18 de marzo de 2026, afirmándose que los hechos afectaron gravemente la convivencia escolar, que la conducta ejecutada se encuentra tipificada como una falta gravísima en la normativa interna y que se adopta la medida de suspensión del recurrente, indicándose la posibilidad de presentar descargos y una reconsideración de una eventual medida que se pudiera llegar a decretar. Luego, con fecha 01 de abril de 2026, se certificó la inexistencia de descargo alguno por los apoderados del estudiante y posteriormente, en la misma fecha, se procedió a comunicar la medida disciplinaria de expulsión adoptada en la especie, estando pendiente, a la fecha del informe, la eventual reconsideración que se pueda solicitar por los apoderados.

Por lo anterior, sostiene la inexistencia de actuar ilegal o arbitrario por parte de la informante, encontrándose ajustado el procedimiento referido de forma precedente a la normativa invocada al respecto, no configurándose vulneración a garantía constitucional alguna en la especie, solicitando el rechazo de la presente acción, con costas.

A folio 13, comparecen nombre reservado, abogado, cédula de identidad N° NUM003 y nombre reservado, arquitecto, cédula de identidad N° NUM004, ambos en calidad de padres y representantes legales de nombre reservado, solicitando hacerse parte en estos autos y efectuando observaciones en relación con el recurso interpuesto en estos autos.

Hace presente que el procedimiento disciplinario por Ley de Aula Segura se encuentra concluido, constando la cancelación de matrícula del estudiante recurrente, por lo que el petitorio del recurso, el cual solicita revertir un acto consumado, resulta improcedente al exceder la naturaleza cautelar del presente recurso.

Da cuenta de las razones para comparecer como terceros en esta causa en razón de ser los padres de la persona que ha sido víctima de los hechos en los que ha incurrido el actor, reiterando la cronología de los hechos acaecidos el 12 de marzo de 2026 y que origina el proceso sancionatorio en cuestión, afirmando que ello no es un caso aislado dado que existen eventos de fecha 06 de junio y 02 de septiembre de 2025 que dan cuenta de agresiones verbales y físicas por el recurrente, así como amenazas de muertes proferidas por aquel, acompañando un correo electrónico de fecha 25 de septiembre de 2025 emitido por el estudiante afectado a su profesora en el cual señala los hechos indicados, así como eventos sancionados por la Superintendencia de Educación acaecidos durante el año 2024.

Continua con una transcripción de las declaraciones de testigos que constan en el Informe de Cierre de Indagación del Protocolo N°NUM005 de fecha 24 de marzo de 2026, lo cual acredita los hechos denunciados precedentemente. Agrega que el Plan de Apoyo Individual (PAI) y el Plan de Acompañamiento Emocional y Conductual (PAEC) del recurrente venían con vigencia hasta marzo de 2026 y no pudieron actualizarse porque la propia familia no entregó los informes de sus especialistas externos, conforme declaración de educadora diferencial que consta en la especie.

Todo lo anterior ha provocado un daño psicológico grave en el hijo de los comparecientes, conforme se logra advertir en informe psicológico de fecha 6 de abril de 2026, emitido por la psicóloga tratante nombre reservado, el cual establece concordancia ideoafectiva entre los relatos del niño y la sintomatología observada, calificando el daño como traumático y directamente vinculado a la mantención del contacto con el agresor.

Sostienen la inexistencia de vulneración a las garantías fundamentales invocadas, así como el hecho que la Ley 21.545 y la Circular 586/2023 de la Superintendencia de Educación, si bien establecen obligaciones de inclusión y ajustes razonables, no crean una exención disciplinaria al respecto, reiterando que las 17 agresiones propinadas por el actor no pueden catalogarse como un acto de desregulación emocional, máxime si se acredita, en el informe psicológico, que aquel busca activamente a nombre reservado en recreos y término de jornadas para molestarlo, lo cual demuestra, además, el fracaso de las medidas de apoyo adoptadas en la especie.

Afirma que la Excma., Corte Suprema validó procedimientos disciplinarios del mismo establecimiento en causas como la Rol 5676-2025 y Rol 36989-2025, estableciendo en esta última que la activación de protocolos ante violencia escolar no es facultativa sino obligatoria.

Solicita en definitiva que se rechace el recurso al haber perdido oportunidad el mismo, o bien, que se efectúe la misma declaración al no existir acto ilegal o arbitrario por la recurrida en los términos indicados en el presente recurso, no siendo una causal de inmunidad el diagnostico TEA del recurrente en la especie, sosteniendo que la reincorporación es un atentado a las garantías constitucionales de nombre reservado, todo ello con costas.

Encontrándose en estado de ver, se agregó extraordinariamente a la tabla el presente recurso.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO Primero: El recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, o amenace ese atributo.

Se trata, por consiguiente, de una acción de cautela de derechos garantizados a nivel constitucional cuya existencia sea indubitada y que se encuentren conculcados de manera suficiente para provocar la actividad jurisdiccional traducida en la adopción de medidas destinadas a restablecer el imperio de esos derechos amagados o perturbados en su legítimo ejercicio Segundo: De lo anteriormente reflexionado, se desprende que es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión arbitraria o ilegal, producto del mero capricho de quién incurre en él y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías preexistentes protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

Tercero: Que el hecho que se denuncia como ilegal y arbitrario en esta causa consiste, originalmente, en el inicio de un proceso sancionatorio dirigido en contra del estudiante recurrente conducente a la expulsión o cancelación de su matrícula, ello en el contexto de la normativa que regula la ley 21.128 sobre aula segura, sosteniendo la ilegalidad y arbitrariedad de lo anterior por cuanto el hecho en el cual se sustenta lo anterior no son de la entidad suficiente para hacer procedente la alguna de las sanciones descritas precedentemente, y que a la sazón, derivó en la expulsión de aquel. Afirma que la conducta imputada al recurrente deriva de una desregulación de aquel producto de su diagnóstico de Trastorno del Espectro Autista de nivel 1 y de la falta de observancia por parte de la entidad recurrida en el plan de acompañamiento individual acordado entre las partes.

Por su parte, la recurrida aboga por el rechazo del presente recurso al sostener la idoneidad y proporcionalidad de las medidas adoptadas en la especie, las cuales han sido observadas de forma progresiva en atención a la reiteración de la conducta presentada por el recurrente desde el año 2025 respecto del mismo compañero, sosteniendo que los hechos acaecidos con fecha 12 de marzo de 2026 son de una entidad suficiente para activar el procedimiento regulado en la ley 21.128 y proceder con la expulsión del actor, habiendo otorgado la oportunidad a sus apoderados para presentar descargos y ejercer los recursos pertinentes al respecto.

En el mismo tenor concurre el tercero coadyuvante en estos autos, solicitando el rechazo de la presente acción al sostener la falta de oportunidad de la misma en atención al petitorio de aquella y el estado de tramitación del proceso sancionatorio, así como reiterar y profundizar en la conducta disruptiva que ha presentado el recurrente para con su hijo desde el año 2024, lo cual se advierte en los antecedentes que constan en estos autos y el daño provocado por el bullying que se configura en la especie y que se acredita con el informe psicológico acompañado en su oportunidad.

Cuarto: De los antecedentes expuestos por las partes en esta causa, se logra advertir la existencia de un respaldo suficiente en orden a la acreditación de los hechos por los cuales se adoptó la decisión de expulsión por la recurrida respecto de la recurrente de autos. En concreto, de la hoja de vida del estudiante recurrente, así como los correos electrónicos acompañados, declaración de docentes, entrevistas a estudiantes e informe de cierre de protocolo, así como informe psicológico del compañero del recurrente nombre reservado, se logra advertir la ocurrencia de los hechos de fecha 12 de marzo de 2026 en donde este último fue objeto de diversas agresiones físicas y psicológicas por parte del actor, configurándose con ello un evento que afecta gravemente la convivencia escolar en los términos del artículo 6 letra d) del D.F.L. Nº2 del Ministerio de Educación del año 1998.

Además, se logra apreciar la existencia de una serie de conductas precedentes por parte del actor en contra de su compañero cometidas entre junio y septiembre del año 2025, lo cual dio lugar a una serie de medidas formativas y sancionatorias de menor entidad que no dieron resultados positivos en orden a evitar la reiteración de aquellas tal como se aprecia en estos autos.

Quinto: Que la ley 21.128 introdujo una serie de normas destinadas a fortalecer las facultades de los directores de establecimientos educacionales en orden a la protección de las comunidades educativas ante eventos de violencia que se desarrollen en sus recintos, lo cual se refleja claramente en lo dispuesto en el artículo 6, letra d) del D.F.L. Nº2 del Ministerio de Educación del año 1998, al establecer que “Los establecimientos educacionales deberán mantener su normativa interna actualizada de acuerdo a la normativa educacional vigente.

Los reglamentos internos deberán ser informados y notificados a los padres, madres y apoderados; se deberá entregar a éstos, en formato digital o impreso, una copia de los reglamentos al momento de la matrícula. Asimismo, se deberá informar a la comunidad educativa sobre las modificaciones que se realicen a dichos reglamentos durante el año escolar.”

Por su parte, en el citado artículo se establece expresamente la oportunidad en la cual procede una medida de expulsión como la adoptada en estos autos, cuyo tenor es el siguiente “Las medidas de expulsión y cancelación de matrícula sólo podrán aplicarse cuando sus causales estén claramente descritas en el reglamento interno del establecimiento o afecten gravemente la convivencia escolar, conforme a lo dispuesto en esta ley.

Siempre se entenderá que afectan gravemente la convivencia escolar los actos cometidos por cualquier miembro de la comunidad educativa, tales como profesores, padres y apoderados, alumnos, asistentes de la educación, entre otros, de un establecimiento educacional, que causen daño a la integridad física o síquica de cualquiera de los miembros de la comunidad educativa o de terceros que se encuentren en las dependencias de los establecimientos, tales como agresiones de carácter sexual, agresiones físicas que produzcan lesiones, uso, porte, posesión y tenencia de armas o artefactos incendiarios, así como también los actos que atenten contra la infraestructura esencial para la prestación del servicio educativo por parte del establecimiento.”

Sexto: En consecuencia, a juicio de estos sentenciadores se logra apreciar la concurrencia de la hipótesis señalada de forma precedente, esto es, la ocurrencia de un hecho que afectó gravemente la convivencia escolar conforme el tenor de los antecedentes que constan en estos autos y que derivó en la agresión de un compañero del estudiante recurrente, lo cual hace procedente, en definitiva, la sanción de expulsión adoptada por la entidad educacional en su oportunidad, habiendo mediado una tramitación en la cual no se logra observar vulneración al debido proceso, toda vez que se dio la oportunidad al actor de efectuar sus descargos, presentar los antecedentes pertinentes e interponer los recursos contemplados a dichos efectos.

Séptimo: Lo anterior no logra ser desvirtuado con los argumentos vertidos por la recurrente en su presentación en orden a advertir un posible cuadro de desregulación emocional y la eventual inobservancia al plan de acompañamiento emocional y conductual establecido en favor del actor, por cuanto aquel contempla una serie de estrategias y adecuaciones para atender las necesidades requeridas de forma especial en atención al diagnóstico efectuado a su respecto, no existiendo algún antecedente relevante que permita dar cuenta de su incumplimiento y, en última instancia, una relación de causalidad entre esto último y los hechos de agresiones expuestos en esta causa.

Octavo: Por el contrario, la existencia de aquel instrumento da cuenta de la adopción de medidas progresivas y formativas en favor del recurrente por parte de la entidad recurrida en cumplimiento con lo ordenado mediante Ordinario Nº0841 de la Superintendencia de Educación, de fecha 17 de mayo de 2024, el cual establece orientaciones a las entidades educativas para ajustar los reglamentos internos y procedimientos respectivos, así como pautas para efectuar una contención física dentro del protocolo y atención de desregulación emocional y conductual.

En este punto, cabe señalar que dichas exigencias, que en la especie fueron cumplidas por el establecimiento educacional recurrido, no obstan a la aplicación de sanciones en contra del actor por los hechos en los cuales se le atribuya responsabilidad, existiendo, a nivel legal, una prohibición de efectuar lo anterior exclusivamente a factores relacionados con su diagnóstico médico de trastorno del espectro autista, cuestión que no acontece en estos hechos, toda vez que, como se ha explicado latamente, la aplicación de la medida de expulsión en contra del actor se adoptó luego de haber mediado diversas intervenciones y medidas sancionatorias de menor entidad, tal como se ha señalado de forma precedente.

Además, cabe señalar que el propio Reglamento Interno del colegio recurrido establece, en su artículo 161, la sanción de expulsión ante la comisión de una falta gravísima entre las cuales se encuentra, entre otras, la cometida por el recurrente en estos autos, en los siguientes términos “9. Cualquier agresión física o psicológica que produzcan lesiones a cualquier integrante de la comunidad educativa, como también una agresión sexual y actos que atenten contra la infraestructura (Ley 21.128 “Aula Segura”).”

Noveno: Que, en consecuencia, no se configura ni vislumbra, que el acto reprochado adolezca de algún defecto por ilegalidad o arbitrariedad, ni que por sí solo produjera privación, perturbación ni amenaza al ejercicio de algún derecho constitucional como los invocados en estos autos, al advertirse la aplicación de una sanción contemplada en el reglamento interno del establecimiento educacional recurrido mediante un acto fundando, en el contexto de un proceso ajustado a los estándares del debido proceso, esto es, con posibilidad de efectuar descargos, de presentar antecedentes al respecto y de impugnar la decisión a través de los recursos pertinentes, razón por la cual se rechazará la presente acción en los términos a indicarse a continuación.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República, y Acta N°94-2015 sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, con costas la acción interpuesta por nombre reservado y nombre reservado en representación de nombre reservado, y en contra de la Rector del Instituto nombre reservado y de la Corporación nombre reservado.

Acordado lo anterior con la prevención del Ministro Moisés Montiel Torres, quién concurriendo a la decisión de mayoría estuvo por no imponer las costas al estimar la existencia de motivos plausibles para litigar.

Redacción a cargo del Ministro Patricio Rondini Fernández-Dávila.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Rol Protección N°659 -2026.