Protección contra COLEGIO SAN AGUSTÍN DE QUELLÓN

Puerto Montt, dieciocho de noviembre de dos mil veinticinco.

Vistos:

A folio 1 comparece don nombre reservado, cédula nacional de identidad N° RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado, e interpone recurso de protección en contra de COLEGIO SAN AGUSTÍN DE QUELLÓN, representado por su directora nombre reservado, ambos con domicilio en domicilio reservado; y de doña nombre reservado, funcionaria del Ministerio Público (nombre reservado), en su calidad de agente estatal que ha intervenido indebidamente en los derechos de este recurrente, domiciliada en domicilio reservado.

Señala que ambos han incurrido en actos ilegales y arbitrarios que vulneran sus derechos fundamentales, afectando sus derechos a la vida privada y familiar, a la igualdad ante la ley, a participar activamente en la educación de su hijo, y a no ser objeto de discriminación arbitraria por la vía de la ejecución indebida o informal de una pena penal ya dictada por los tribunales competentes. Solicita se ordene al Colegio San Agustín abstenerse de restringir o limitar el ingreso y participación del recurrente como apoderado mientras no exista resolución judicial que lo impida, y a la funcionaria del Ministerio Público abstenerse de intervenir en el ámbito escolar del recurrente, y se oficie a su jefatura superior a fin de evaluar su proceder, todo con expresa condenación en costas.

Señala que con fecha 19 de marzo de 2025, concurrió a una reunión de apoderados en el Colegio San Agustín de Quellón, en su calidad de padre y apoderado de su hijo, alumno del 8° básico del establecimiento. Al finalizar la reunión, fue abordado públicamente por la funcionaria del Ministerio Público, doña nombre reservado, quien lo interpela y cuestiona su presencia, manifestando que "por sentencia judicial no puede ingresar al colegio ni ejercer como apoderado". Posteriormente, dicha funcionaria presentó una denuncia formal al establecimiento educacional, solicitando que se le prohibiera la entrada y participación en actividades escolares.

Hace presente que su asistencia a dicha reunión tuvo por objeto ejercer su rol de apoderado en un contexto puntual y sin contacto alguno con la víctima, ni con menores en un contexto profesional, laboral o habitual.

Explica que la actuación antes descrita se realizó sin que exista resolución judicial alguna que me impida ejercer mi rol de apoderado; interpretando y ejecutando una sentencia penal cuya aplicación y efectos corresponden exclusivamente a los tribunales de justicia; utilizando su investidura pública y autoridad institucional para inducir al colegio y al Ministerio Público, en el que trabaja, a adoptar medidas que limitan los derechos del recurrente, excediendo con ello las atribuciones que la ley le reconoce como funcionaria del Ministerio Público; el acto denunciado es ilegal, por cuanto no se encuentra amparado por ninguna disposición legal ni por resolución judicial, y es arbitrario, ya que se basa en una interpretación subjetiva, desproporcionada y carente de fundamento legal respecto del contenido de una sentencia condenatoria, lo que produce un efecto perturbador y amenazante en el legítimo ejercicio de los derechos fundamentales de este compareciente.

Refiere que por sentencia dictada por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Castro en causa RUC 2100794377-3 se le impuso la pena accesoria de inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos, oficios o profesiones en ámbitos educacionales o que involucren relación directa y habitual con menores de edad, conforme al artículo 372 del Código Penal. Tal disposición no impide ni restringe el ejercicio del rol de padre y apoderado, ya que este no constituye ni cargo, ni oficio, ni profesión, y no implica el ejercicio de una función profesional ni habitual con menores de edad distintos de sus hijos.

Expone que su actual pareja le solicitó ser apoderado suplente en el establecimiento donde estudia su hijo Cristóbal Miranda Rivera, desde Pre-Kínder a la fecha, cursando actualmente 8ª básico. Ello porque desde que están juntos, ya hace 4 años, es su única red de apoyo, tanto en lo académico, como en su día a día, ya que lo acompaña en temas médicos cuando su mamá no puede asistir por temas de trabajo, al igual que en la realización de trabajos del colegio, en ir a la casa de algún compañero, comprar materiales, entre otros. Nunca ha tenido ningún problema ni con el establecimiento, ni los profesores, ni inspectores, ni asistentes de educación, ni otros apoderados.

Señala que para el niño es como su segundo papá, ha estado con él desde los 10 años, y lo ha guiado y acompañado todos estos años desde que su padre biológico se cambió de ciudad.

Explica que interpone el presente recurso también contra el colegio, puesto que si bien no ha adoptado aún una medida concreta en su contra, la denuncia presentada por la funcionaria del Ministerio Público podría interpretarse como una señal de que el establecimiento podría tomar acciones similares en el futuro. La acción busca entonces igualmente, prevenir que el colegio adopte medidas que restrinjan injustificadamente su participación en la vida escolar de mi pupilo. La denuncia formulada por una funcionaria del Ministerio Público ha generado un escenario de incertidumbre e intimidación para el recurrente.

Acompaña a su presentación: 1) Copia de la sentencia condenatoria. 2) Copia de denuncia realizada por la funcionaria.

A folio 9, comparece doña nombre reservado, quien señala que el recurrente no es padre con filiación determinada respecto del niño del que alega dicha paternidad.

Indica que efectivamente es funcionaria del Ministerio Público, pero su asistencia al Colegio San Agustín la realizó en calidad de persona natural, madre y apoderada, ya que tiene un hijo que cursa 8° Básico en dicho establecimiento educacional. El haber cuestionado la presencia del recurrente en el establecimiento fue en esa calidad, con la única finalidad de resguardar el interés superior de sus hijos y de los más de 400 alumnos que asisten al colegio. Esto porque muchos padres acuden a las reuniones con sus hijos, quienes los esperan fuera de las aulas, lo que causó su preocupación, de que esta persona aproveche esa instancia para vulnerar la integridad sexual de algunos de los menores.

Refiere que ella no se presentó y mucho menos le indicó donde trabajaba, sumado a que cualquier persona condenada por delitos sexuales contra menores y con la inhabilitación perpetua para cargos, empleos, oficios o profesiones ejercidos en ámbitos educacionales o que involucren una relación directa y habitual con personas menores de edad, no debe en caso alguno acceder a ningún establecimiento que, por su naturaleza, sea frecuentado por menores de edad.

Agrega que cuando las personas tienen calidad de apoderados, deben acompañar a sus hijos en actividades realizadas por el colegio, en las que participan activamente los niños, por lo que el señor nombre reservado no puede ejercer dicho rol.

Por otra parte, señala que este recurso es improcedente, por cuanto todas las alegaciones hechas por el recurrente aluden a su calidad de funcionaria del Ministerio Público, por lo que la entidad recurrida debería ser directamente la nombre reservado en la cual desempeña sus funciones, por ser dicha entidad - y sus autoridades y/o jefaturas - sus superiores jerárquicos.

A su entender, no es reprochable que conozca la sentencia del condenado, ya que es de toda lógica que tenga conocimiento de los resultados de las investigaciones y procesos que persigue la entidad para la cual trabaja.

Respecto de la denuncia, expone que fue ingresada previa consulta con su jefatura directa, cumpliendo todos los protocolos y procedimientos establecidos para ello.

Finalmente, hace presente que las reuniones de apoderados se realizan fuera de horario laboral, por lo que la madre del niño del que el recurrente alega ser apoderado no tiene impedimento patente o plausible para desempeñar dicha calidad, más aún considerando que no tiene otros hijos y que el recurrente sólo es padrastro del niño.

A folio 10, evacua informe el Colegio San Agustín de Quellón, señalando que el recurrente mantiene su calidad de apoderado del niño Cristóbal Miranda Rivera, quien cursa 8° básico en dicho establecimiento. Que no se ha dictado ni ejecutado medida alguna que restrinja, limite o perturbe el ejercicio de tal calidad, ni se ha iniciado procedimiento en su contra, ni se ha aplicado algún protocolo. Tampoco se ha limitado su derecho a participar en reuniones de apoderados, recibir información del proceso educativo de su pupilo o intervenir en actividades escolares. Que se garantiza el derecho del estudiante poder contar con su apoderado debidamente registrado.

Indica que el 01 de abril de 2025 remitió oficio a Fiscalía, informando al tenor de lo solicitado, dando cuenta que el recurrente no ejerce en el establecimiento ningún oficio o profesión que implique contacto regular con menores de edad.

A folio 11 se traen los autos en relación.

A folio 16 se dispone la agregación extraordinaria de la causa en tabla, en lugar preferente.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye jurídicamente una acción de carácter cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantía y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio. Supone, como elemento esencial, la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitrario que provoque a la recurrente la vulneración de la garantía constitucional que ha señalado como atropellada o amenazada.

Segundo: Que, la presente acción se interpone en contra de doña nombre reservado y del Colegio San Agustín de Quellón. La primera, por haber realizado actos que significan una injerencia ilegal en su vida privada, atribuyéndose facultades para interpretar y aplicar un fallo judicial, que no le competen; el segundo, para evitar que se materialice el riesgo de que adopte medidas que perjudiquen el ejercicio de su rol como apoderado.

Tercero: Que, evacuando informe, doña nombre reservado, señala que dichos actos los realizó en su rol de madre y apoderada, no como funcionaria pública, y a raíz de la preocupación que le ocasionó la presencia del recurrente en el establecimiento escolar.

Por su parte, el Colegio San Agustín, señala que no ha adoptado medida alguna que limite el ejercicio del recurrente de su rol de apoderado, ni se ha aplicado procedimiento o protocolo alguno en su contra.

Cuarto: Que, es necesario recordar que la sentencia condenatoria dictada por el Tribunal Oral en lo Penal de Castro con fecha 24 de enero de 2025 dispone en la segunda parte del punto II de su parte resolutiva, y en lo que pertinente a lo que nos ocupa, lo siguiente: “Asimismo, se condena al sentenciado nombre reservado a la pena de inhabilitación absoluta perpetua para cargos, oficios o profesiones ejercidos en ámbitos educacionales o que involucren una relación directa y habitual con personas menores de edad.”

Quinto: Que, según se desprende de las presentaciones de recurrente y recurridos, los hechos ocurridos respecto de los que se ejerce la presente acción, son los siguientes:

La recurrida nombre reservado interpela y cuestiona al recurrente, al encontrarlo en una reunión de apoderados de 8° básico del Colegio San Agustín, señalándole que no puede ingresar al colegio ni ejercer como apoderado. Cuestiona que el niño respecto del cual ejerce dicho rol no es su hijo.

Con posterioridad, la misma recurrida presenta una denuncia en contra de don nombre reservado, solicitando se investigue la calidad en la que concurre al establecimiento escolar, atendido que, a su parecer, no puede ejercer su rol de apoderado debido a la condena que pesa en su contra.

Sexto: Que, los hechos descritos constituyen, a juicio de esta Corte, una vulneración al derecho a la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos, y no ser juzgado por comisiones especiales, conjuntamente con una infracción al derecho a la honra y la vida privada de las personas y de su familia, consagrados en el artículo 19 n° 3 y 4 de la Constitución Política de la República.

En este sentido, es pertinente precisar que no es reprochable a la recurrida el haber tomado conocimiento de la sentencia y condena que afecta al recurrente, puesto que esta es de carácter público. Tampoco es reprochable la preocupación que, a raíz de los hechos por los cuales fue sancionado nombre reservado, pueda haber experimentado, al constatar que se encontraba en el establecimiento escolar al que asisten sus hijos.

Sin perjuicio de lo anterior, al interpelar directamente y cuestionar su participación en la reunión del 19 de marzo de 2025, tomando acciones positivas a efectos de impedir o limitar el ejercicio de su rol de apoderado del niño Cristóbal Miranda Rivera, aludiendo a una supuesta inhabilidad derivada de la sentencia condenatoria de 24 de enero de 2025, efectivamente está vulnerando las garantías constitucionales referidas, pretendiendo incidir en la vida privada del recurrente, y atribuyéndose facultades de interpretación y cumplimiento de una resolución judicial que no le corresponden ni como funcionaria del Ministerio Público ni como persona natural.

Séptimo: Que, en cuanto a la acción de protección interpuesta en contra del Colegio San Agustín de Quellón, el recurrente ha referido expresamente en su presentación que la dirige también a este por una eventual amenaza de vulneración de sus derechos fundamentales, solicitando que se abstenga de adoptar cualquier medida que pueda implicar un impedimento u obstrucción de su ejercicio como apoderado de su pupilo.

Por otra parte, el propio establecimiento escolar, al remitir su informe, señala expresamente que no se ha dictado ni ejecutado medida alguna que restrinja, limite o perturbe el ejercicio de tal calidad, ni se ha iniciado procedimiento en su contra, ni se ha aplicado algún protocolo. Tampoco se ha limitado su derecho a participar en reuniones de apoderados, recibir información del proceso educativo de su pupilo o intervenir en actividades escolares.

El abogado del actor, en sus alegatos ante esta Corte, refiere que lo que indica el colegio es efectivo, y que se encuentra conforme con lo informado por éste dentro de la tramitación de la causa.

Por lo anterior, y verificando que no hay amenaza ni se ha materializado una vulneración de las garantías constitucionales del sr. nombre reservado por parte del establecimiento escolar, el recurso de protección interpuesto en su contra será rechazado, como se señalará en lo resolutivo de esta sentencia.

Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República, así como en el artículo 1º y siguientes del Acta Nº 94-2015 de la Excelentísima Corte Suprema, sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, SE RESUELVE:

I.- Que se acoge la acción de protección interpuesta por don nombre reservado, únicamente respecto de la recurrida doña nombre reservado. En consecuencia, se ordena a esta última abstenerse de intervenir en el ámbito escolar del recurrente, ya sea cuestionando u obstaculizando directamente el ejercicio de su rol de apoderado, o haciendo solicitudes al Colegio San Agustín de Quellón que digan relación con limitar o impedir el ejercicio de dicho rol, respecto del niño Cristóbal Miranda Rivera, mientras el actor aparezca como apoderado, titular o suplente, en los registros del referido establecimiento escolar.

II.- Que se rechaza la acción de protección interpuesta por don nombre reservado en contra del COLEGIO SAN AGUSTÍN DE QUELLÓN.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del Ministro Titular Jaime Vicente Meza Sáez.

Rol Protección N°659-2025.