Protección contra Capitanía de Puerto de esta ciudad y de la Gobernación Provincial de Llanquihue

Puerto Montt, tres de agosto de dos mil veinte Visto:

A folio Nº1, comparece nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado, e interpone acción constitucional de protección en contra de la Capitanía de Puerto de esta ciudad y de la Gobernación Provincial de Llanquihue, por estimar que éstos han incurrido en una actuación que califica como ilegal o arbitraria, consistente en que la primera de ellas, el día 13 de marzo del año en curso, le notifica que en su calidad de ocupante ilegal del terreno en el que ha construido su casa se le otorga un plazo de 30 días hábiles para regular su situación, ya que el inmueble es parte del borde costero y se encuentra bajo la administración del Ministerio de Defensa Nacional, por lo que debe restituir y en cuanto a la segunda, ya que solicitado el auxilio de la fuerza pública el 31 de marzo, mediante resolución exenta Nº 1813 de 1 de abril del presente año, la Gobernadora de Llanquihue ordenó la restitución del predio fiscal libre de toda construcción dentro de 7 días a contar de dicha resolución, ordenando a Carabineros que notifique y ejecuten dicha decisión administrativa.

Estima infringidas las garantías del artículo 19 Nº1, Nº9 y Nº24 de la Constitución Política de la República y agrega que sabe que el terreno es un bien nacional de uso público, pero que es una persona de escasos recursos económicos y que todo lo que tenía lo destinó a la construcción de la vivienda, por lo que la expulsión lo dejaría en la calle justo en medio de la contingencia sanitaria que vive el país y la zona, por lo que pide se acoja el recurso y se le otorgue el plazo de un año para poder ver la forma de retirarse o de solicitar un permiso a la autoridad, por cuanto en este momento no cuenta con los medios para ello.

A folio Nº3, se declaró admisible el recurso sólo respecto de la garantía del artículo 19 Nº24, sin perjuicio de lo que se decida en definitiva y se concedió orden de no innovar en el sentido de suspender los efectos de la resolución exenta Nº 1813 de la recurrida Gobernación Provincial.

A folio Nº6, se evacúa informe por la Capitanía de Puerto de esta ciudad y señala que el 30 de enero se recibió una denuncia del abogado Carlos Muñoz sobre una ocupación ilegal del borde costero; el 31 de enero se llevó a cabo fiscalización constatando la veracidad de los hechos y el 4 de febrero se le comunicó al recurrente que tenía 30 días para regularizar su situación, ordenándose además suspender las obras de construcción de la vivienda. El 12 de febrero se reitera la comunicación anterior toda vez que el actor insistió en seguir con las obras.

En razón de lo anterior ofició a la Dirección de Obras Municipales de Puerto Montt y está le señaló que había fiscalizado el lugar sin encontrar moradores, pero que le había comunicado la orden de paralización de las obras. A su vez se ofició al Servicio de Impuestos Internos a fin de que se informara la tasación fiscal del terreno para perseguir las indemnizaciones por la ocupación ilegal del predio; luego el 13 de marzo se le señaló al recurrente que tenía 30 días para solicitar concesión marítima respecto del inmueble y ante su insistencia en seguir construyendo, se ofició el 31 de marzo a la Gobernación Provincial solicitando el auxilio de la fuerza pública.

Cita los artículos 2 y 11 de la Ley de Concesiones Marítimas y artículo 125 del Reglamento para justificar su conducta, la que se ha apegado en todo momento a las obligaciones que le impone el marco jurídico vigente y señala que el mismo recurrente reconoce no tener derecho de dominio alguno y refiere jurisprudencia de la Excelentísima Corte Suprema sobre la materia en autos Rol 6552-2013.

Acompaña copia de cada uno de los documentos mencionados en su informe y de la jurisprudencia invocada.

A fojas Nº8, evacúa informe la Gobernadora Provincial de Llanquihue, instando por el rechazo del recurso fundada en que no ha existido ilegalidad alguna en su actuar por cuanto se ha ceñido a las facultades que le otorga el artículo 4º letras d) y h) de la Ley Nº19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, que regulan tanto la posibilidad de pedir el auxilio de la fuerza pública como el deber de vigilancia en torno a los bienes nacionales de uso público, impidiendo su ocupación ilegal o empleo ilegítimo.

En el mismo sentido el artículo 26 letra f) del DFL Nº 22 de 2 de octubre de 1959, modificado por el DL Nº 3457 de 1980, obligan a dicha repartición a exigir administrativamente la restitución de cualquier bien de propiedad fiscal o perteneciente a entidades del Estado, o bienes nacionales de uso público.

Finalmente, arguye que el obrar de la recurrida al dictar la resolución exenta Nº 1813 de 1 de abril del año en curso no es sino el ejercicio de sus obligaciones y facultades legales, que fueron requeridas por la Capitanía de Puerto.

Por los mismos fundamentos, descarta que la actuación desplegada haya sido arbitraria ya que se funda en los hechos que se refirieron por la otra recurrida y las normas ya citadas, negando además la vulneración de derechos fundamentales del actor.

Acompaña decreto de nombramiento, mandato judicial y los mismos documentos ya incorporados por la Capitanía de Puerto en su informe.

A folio Nº8 y 11, encontrándose en estado de ver se trajeron los autos en relación y se agregaron extraordinariamente a la tabla.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que la presente acción se dirige contra el oficio de 31 de marzo de 2020 de la Capitanía de Puerto de esta ciudad que solicitó de la Gobernación Provincial el auxilio de la fuerza pública para la restitución del inmueble que califica como bien nacional de uso público y que está ubicado en el borde costero del sector Quillaipe, el que es ocupado ilegalmente por el actor; y contra la resolución exenta Nº 1813, de 1 de abril de 2020, por el que la Gobernación Provincial concedió el auxilio de la fuerza pública para la restitución de aquel.

Todo, por cuanto si bien reconoce carecer de título alguno para ocupar el inmueble, manifiesta carecer de medios económicos suficientes como para solicitar una concesión marítima o conseguir un lugar diverso donde habitar.

Segundo: Que, en sede de admisibilidad se dio curso a la acción sólo respecto de la eventual vulneración a la garantía del artículo 19 Nº 24, lo que no fue impugnado por el actor, pese a contar con asesoría letrada en autos.

Tercero: Que, el propio actor reconoce carecer de título alguno que justifique su ocupación, por lo que sólo insta por la concesión del plazo de un año para regularizar su situación.

Por otra parte, los fundamentos para ello estriban en su vulnerabilidad económica y en la situación de salud que afecta al país.

Cuarto: Que así, se desprende de los dichos del propio actor que no denuncia una actuación ilegal o arbitraria de los recurridos, sino plantea una situación personal de índole humanitaria que invoca para obtener de la autoridad administrativa mayor flexibilidad en los plazos para regularizar la ocupación desplegada en los hechos y que reconoce incide en un bien nacional de uso público y que reviste un carácter ilegítimo.

Quinto: Que, en ese orden de ideas, las acciones adoptadas por las recurridas aparecen como revestidas de fundamento plausible al materializar el cumplimiento de los deberes que la propia Ley pone de su cargo y haber ejercido para ello las facultades que se encuentran ínsitas en su esfera competencial, por lo que no cabe sino descartar la ilegalidad o arbitrariedad en su modo de proceder.

Por estas consideraciones y atendido lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y artículo 1º y siguientes del Acta Nº94-2015, de la Excelentísima Corte Suprema, sobre tramitación y fallo del recurso de protección y sus modificaciones posteriores, se declara:

I.- Que se rechaza, la acción interpuesta a folio Nº1, por nombre reservado, en contra de la Capitanía de Puerto de esta ciudad y de la Gobernación Provincial de Llanquihue.

II.- Que no se condena en costas a la parte recurrente, por no haberse solicitado.

Redacción a cargo del Ministro Titular Jaime Vicente Meza Sáez.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Rol Protección Nº654-2020