SINDICATO NACIONAL DE OFICINAS DE EMPRESA FUNDACION INTEGRA con FUNDACION EDUCACIONAL PARA EL DESARROLLO

Puerto Montt, treinta de junio de dos mil veinte.

VISTOS:

A folio Nº1, comparece nombre reservado, en su calidad de Presidente del Sindicato Nacional de Oficinas de Empresa Fundación Integra, domiciliado para estos efectos en la ciudad de Santiago, en representación de 51 trabajadores la oficina regional de la recurrida; e interpone acción constitucional de protección en contra de Fundación Educacional para el Desarrollo Integral de la Niñez (Integra), Región de Los Lagos, representada por su Directora Regional Marcela Gallardo Molina, domiciliada en esta ciudad, por estimar que aquélla ha incurrido en una actuación que califica como ilegal o arbitraria, consistente en la adopción de medidas que estima insuficientes para resguardar la integridad física de los actores, quienes -salvo aquellos que se encuentran en grupos de riesgo – deben cumplir labores de oficina, aun cuando se suspendieron las clases en todos los jardines infantiles dependientes de ésta; lo que aun cuando va en la línea de lo dispuesto por la autoridad implica un riesgo para los recurrentes, ya que en sus respectivos grupos familiares hay personas de riesgo, porque deben trasladarse en locomoción colectiva para llegar a su lugar de trabajo y, en último término, porque se ha hecho una discriminación entre los trabajadores que pueden cumplir sus labores en forma remota y aquellos que, por la naturaleza de ellas, no lo pueden hacer; a quienes se pretende, además, dejar de pagar la asignación de colación.

Lo anterior, ocurre en el marco de una fundación en que sus trabajadores no son funcionarios públicos y que no está desarrollando su principal actividad, a pesar de lo cual se han establecidos turnos éticos sin contar con mascarillas, guantes o alcohol gel, lo que, en el marco del incremento de casos que se vive en esta región importan un riesgo para la salud de los trabajadores y sus familias.

Por ello, insta porque se acoja la acción y se ordene a la recurrida que no puede efectuar distinciones entre sus trabajadores para el resguardo de su salud, salvo mejores medidas respecto de grupos vulnerables; y que, mientras no se adopten las medidas de protección de que impliquen un protocolo de resguardo con desplazamiento seguro, distanciamiento, ventilación, sanitización y uso de elementos de seguridad sanitaria, los trabajadores pueden acogerse a lo dispuesto en el artículo 184 bis del Código del Trabajo o las medidas que esta Corte estime, con costas.

Acompaña correos electrónicos, personería y documento sobre medidas sanitarias en espacios de trabajo emitido por la Organización Mundial de la Salud.

A folio Nº3, se declaró admisible el recurso sólo respecto de la garantía prevista en el artículo 19 Nº2 de la Constitución Política de la República y se negó lugar a la orden de no innovar solicitada.

A folio Nº7, se evacúa informe por la recurrida instando por el rechazo de la acción con costas, previa reiteración de los argumentos de la acción y el marco organizacional de la aquélla, fundado en que no habría un derecho indubitado que cautelar, sin señalar por qué y citando jurisprudencia de las Cortes de Temuco y Valdivia sobre el punto.

Luego, alega falta de legitimidad activa porque no se especifica los actos que se reprochan y la forma en que ellos afectan a cada uno de los trabajadores recurrentes, citando jurisprudencia de las Cortes de Santiago, Concepción, San Miguel y la Excelentísima Corte Suprema en torno a la necesidad de especificar el interés lesionado de cada recurrente, por cuanto la acción deducida no es una de carácter popular.

En cuanto al fondo, señala que en lo que se refiere a la garantía del artículo 19 Nº1 de la Constitución, la recurrida ha adecuado su conducta a las medidas que ha dispuesto la autoridad y que a su juicio no cabe la revisión de aquellas en esta sede.

En lo referido a la garantía del artículo 19 Nº2 de la Carta Fundamental, descarta una vulneración porque se ha dispuesto el teletrabajo, la asistencia esporádica a lugares de trabajo o la liberación de asistencia, según la naturaleza de las funciones de cada trabajador, manteniéndose en todos los casos el pago íntegro de las remuneraciones y adoptándose todas las medidas de resguardo sanitario que exige la autoridad.

Cuestiona la falta de claridad en las peticiones concretas, en particular respecto de su contenido y alcance en relación a cada uno de los recurrentes y señala que no es posible solicitar que se declare la facultad de los trabajadores de acogerse a lo dispuesto por el artículo 184 bis del Código del Trabajo porque ello es un derecho que puede ejercerse siempre que se reúnan los requisitos, sin perjuicio de aseverar que estima que ello no ocurre por las medidas de resguardo adoptadas por la recurrida.

Finalmente, aduce que su representada no ha incurrido en acto ilegal o arbitrario alguno porque ha adoptado una serie de medidas que detalla en extenso, tanto respecto de la generalidad de los trabajadores a nivel nacional, como en concreto para aquellos de la Región de Los Lagos, agregando que sólo 20 de los 126 funcionarios deben acudir a las oficinas para tareas específicas y niega que se haya dejado de pagar la asignación de colación a ninguno de ellos, independiente del régimen de trabajo en que se encuentren.

Acompaña dictamen, protocolo de prevención de propagación de Covid-19, orientaciones del Ministerio de Educación, boletines, correos electrónicos, fotografías y planillas de compra de productos para la protección del contagio, registro de asistencia y planilla con detalle de los turnos efectuados por trabajadores recurrentes y organigrama de la dirección regional.

A folio N°8, encontrándose en estado de ver, se trajeron los autos en relación.

A folio N°9, se agregó extraordinariamente estos autos para su vista el día miércoles 24 de junio de 2020, escuchándose en dicha oportunidad los alegatos de las partes.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Carta Fundamental, constituye jurídicamente una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio. Por consiguiente, resulta requisito indispensable para la acción de protección la existencia de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley- o arbitrario -es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías constitucionales protegidas.

SEGUNDO: Que, conforme a lo anterior, para la procedencia del recurso de protección se requiere la concurrencia copulativa de los siguientes requisitos de fondo: a) que se compruebe la existencia de una acción u omisión reprochada; b) que se establezca la ilegalidad o arbitrariedad de esa acción u omisión; c) que de la misma se siga directo e inmediato atentado (privación, perturbación o amenaza) contra una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía; y d) que la Corte esté en situación material y jurídica de brindar la protección.

TERCERO: Que, en cuanto a la alegación de falta de legitimación activa por parte de los recurrentes, del escrito pertinente se desprende que la acción de protección ha sido interpuesta por don nombre reservado, en su calidad de Presidente del Sindicato Nacional de Oficinas de Empresa Fundación Integra, respecto de cincuenta y una personas que forman parte del citado sindicato y que prestan servicios para la recurrida en la oficina regional, razón por la que, a juicio de esta Corte, se encuentra habilitado para accionar por esta vía, motivo por el que dicha alegación debe necesariamente ser desestimada.

Por lo dicho, la acción deducida en autos no reviste un carácter de acción popular en la especie, ya que se recurre en favor de personas determinadas que mantienen un vínculo específico con la recurrida y que son sujetos potencialmente afectados en mayor o menor medida por las conductas denunciadas.

CUARTO: Que, la presente acción se dirige contra la Dirección Regional de Fundación Integra por cuanto se le reprocha no haber adoptado las medidas necesarias para el resguardo de la salud de los trabajadores recurrentes, que laboran bajo su dependencia y amenazando con dejar de pagar asignación de colación a trabajadores que no presten servicios atendida la naturaleza de sus funciones, lo que incide en una actuación arbitraria de la institución recurrida, al carecer de razonabilidad la exposición de los trabajadores que deban concurrir a sus oficinas, a un posible contagio de Covid-19, debido a la ausencia de los protocolos de funcionamiento para prevenir aquél, como asimismo, de los insumos necesarios y tendientes a prevenir el referido contagio.

QUINTO: Que, la recurrida alega diversas defensas que serán analizadas en un orden lógico diverso al que se ha utilizado en el informe. En este sentido, la alegación de falta de legitimación activa ya ha sido analizada en motivo tercero anterior.

Del mismo modo, se ha alegado la inexistencia de un derecho indubitado objeto de cautela, cuestión que no se condice con el hecho de haberse circunscrito la procedencia de la presente acción cautelar, en lo que respecta a la denuncia formulada por una eventual vulneración de la garantía prevista en el artículo 19 Nº2 de la Constitución Política de la República, entendiendo que la titularidad de dicha garantía se vería afectada por la discriminación arbitraria del recurrido ante la exigencia de una prestación de servicio presencial y en el no pago de una asignación de colación.

Cuestión aparte, es determinar si ella se configura en la especie, lo que se relaciona más bien con las defensas de fondo que ha alegado la recurrida y que se analizarán a continuación.

SEXTO: Que, en cuanto al fondo de la acción deducida, la recurrida expone latamente una serie de medidas adoptadas para prevenir el contagio de Covid-19, tanto a nivel general de la institución, como en el caso particular de la Región de Los Lagos, acompañando prueba documental tendiente a acreditar la disponibilidad de insumos para el resguardo de los trabajadores y explicando la diferencia en la prestación de las funciones durante el período de contingencia sanitaria, atendida la naturaleza jurídica de las labores que cumple cada uno de los trabajadores y en particular los recurrentes.

Asimismo, consta de la documental acompañada por la recurrida, que ésta adoptó una serie de medidas, autorizando el trabajo remoto tanto de funcionarios en situación de riesgo como de otros que no lo estaban, identificando determinados procesos como críticos, necesarios e imprescindibles para asegurar la continuidad del servicio, estableciendo respecto de aquéllos, medidas especiales de turno.

SEPTIMO: Que, de esta forma, no se vislumbra, en la especie, la omisión que se denuncia en cuanto a la adopción de medidas de seguridad y resguardo de los recurrentes ante el potencial riesgo de contagio por Covid-19 que se cierne sobre todos los habitantes de la República sin distinción y tampoco existen antecedentes que den cuenta que se haya incurrido en una discriminación arbitraria al momento de adoptar las modalidades de trabajo, según la naturaleza de las funciones de los recurrentes, porque si bien ello puede importar una diferenciación, no adolece de los caracteres de arbitrariedad o falta de razonabilidad y proporcionalidad que se le reprochan, por lo que la acción deducida no podrá prosperar, como se dirá.

OCTAVO: Que, en el mismo sentido y a mayor abundamiento, cabe adicionar que no se acreditó la existencia cierta de una amenaza o arbitrariedad en torno a la supresión del pago de las asignaciones de colación respecto de los trabajadores recurrentes y, asimismo, tampoco esta Corte está en condiciones de declarar la procedencia o no del ejercicio del derecho consagrado en el artículo 184 bis del Código del Trabajo, por cuanto la concurrencia o no de los requisitos necesarios para su ejercicio han de ser determinados en último término ante el tribunal con competencia laboral que corresponda o ante la instancia administrativa pertinente, situación que no ha sido expuesta ni alegada por los recurrentes.

NOVENO: Que, con todo lo anterior, la pretensión de la actora, en el sentido de ordenar a la autoridad administrativa como debe organizar su funcionamiento durante la contingencia sanitaria que nos afecta, excede el ámbito y alcance de la acción de protección.

Por estas consideraciones y atendido lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y artículo 1º y siguientes del Acta Nº94-2015, de la Excelentísima Corte Suprema, sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección y sus modificaciones posteriores, se declara:

I.- Que, se rechaza, la acción interpuesta a folio Nº1, por nombre reservado, en su calidad de Presidente del Sindicato Nacional de Oficinas de Empresa Fundación Integra, en representación de 51 trabajadores de la oficina regional de la recurrida; en contra de Fundación Educacional para el Desarrollo Integral de la Niñez (Integra), Región de Los Lagos, representada por su Directora Regional Marcela Gallardo Molina.

II.- Que, no se condena en costas a la parte recurrente, por haber tenido motivo plausible para litigar.

Redacción a cargo Abogado Integrante don Cristian Oyarzo Vera.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Rol Protección Nº652-2020