nombre reservado CONTRA nombre reservado TESORERO REGIONAL REGION DE LOS LAGOS

Puerto Montt, treinta de marzo de dos mil quince.

VISTOS:

A fojas 19 comparece don nombre reservado, Profesor de Estado, pensionado, RUN: RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado, quien interpuso Recurso de Protección en contra de don nombre reservado, Director Regional, Tesorero de Puerto Montt, Región de los Lagos, domiciliado en domicilio reservado, a fin que se le restituya sus derechos constitucionales ante la negativa del recurrido Director Regional, Tesorero de Puerto Montt, a pagar el Bono Post Laboral que legalmente le corresponde, atendido que es un beneficio patrimonial garantizado por el Nº 24 del artículo Nº 19 de la Constitución Política de la República, disposición que protege el derecho de propiedad en sus diversas especies, sobre toda clase de bienes corporales e incorporales, por lo que la negativa del recurrido constituye un acto de discriminación y arbitrariedad administrativa que infringe las referidas disposiciones constitucionales.

En cuanto a los antecedentes, señaló que ingresó a la Educación el año 1965. Que desde el año 1982, como consecuencia del Traspaso a la educación municipalizada, fue parte de la dotación docente del Liceo Industrial de Puerto Montt. Que el 09 de febrero del año 1998, después de trabajar 33 años en la Educación, por intermedio de la AFP Cuprum, se acogió a una renta programada, con renta vitalicia diferida. Que el 25 de Marzo del año 1998 por Decreto Afecto Nº0476 la Dirección de Educación de la Municipalidad de Puerto Montt puso término a su relación laboral como Director del Liceo Industrial Puerto Montt. Agregó que actualmente tiene una remuneración liquida de $188.221.- con una tasa de remplazo del 38,88 %.- Respecto de los hechos fundantes del recurso, señaló: 1.-Que el año 2008 el Estado de Chile, consciente del daño Previsional causado a los Profesionales y funcionarios afiliados en el nuevo sistema Previsional de AFP, envió al parlamento un proyecto de ley para otorgar el beneficio de un bono post laboral para todos los Docentes y Funcionarios de la administración Pública jubilados con el nuevo sistema previsional. 2.-Que la ley Nº 20.305, publicada el 5 de Diciembre del año 2008, concede el beneficio de un bono Post Laboral de $50.000.- reajustable en el tiempo, al cual pueden postular los funcionarios Docentes y los de la Administración Pública acogidos a jubilación, que cumplan con los requisitos y los plazos exigidos por la ley. 3.-Que por desconocimiento de la ley y por otros motivos ajenos a su voluntad, en su debida oportunidad no le fue posible postular oportunamente a dicho beneficio. 4.-Que la ley Nº 20.636, publicada el 17 de Noviembre del año 2012, modificó varios artículos y disposiciones de la ley 20.305, entre las cuales señala una nueva cobertura de beneficiarios y nuevos plazos para postular a dicho beneficio. 5.-Que el “artículo 6.2, de la letra -A - de dicha disposición legal (20.636)” (sic) estipula que todos los funcionarios jubilados con anterioridad a la fecha de la publicación de dicha ley, que por motivos ajenos a su voluntad no postularon oportunamente, podían presentar una nueva solicitud antes del 17 de Marzo del año 2014. 6.-Que en conocimiento de las modificaciones establecidas en la nueva ley 20.636, al observar que reúne todos los requisitos para acceder al beneficio del bono Post Laboral, el 16 de Enero del año 2013 presentó la respectiva solicitud ante su ex empleador, esto es, la Dirección de Educación dependiente de la Municipalidad de Puerto Montt. 7.-Que la dirección de Educación de la Municipalidad de Puerto Montt, después de recibida la respectiva solicitud y revisada toda la documentación que exige la ley, con fecha 19 de Agosto de 2014, dictó el Decreto Afecto Nº5525, que reconoce el derecho que le corresponde y le concede el respectivo beneficio. 8.-Que el 06 de Febrero del año 2015, por Oficio Nº 98, la Dirección de Educación de la Municipalidad Puerto Montt, le informa que el Director Regional de los Lagos, Tesorero de la oficina de Puerto Montt, hizo devolución de la documentación y denegó el pago de dicho beneficio por estar fuera del plazo estipulado en la ley.

Solicitó en definitiva que, acogiendo el recurso interpuesto, se ordene a la Tesorería Regional de Los Lagos, oficina de Puerto Montt, disponer el pago retroactivo del bono de reconocimiento que en derecho le corresponde.

A fojas 23 se declara admisible el recurso.

A fojas 29 informa el recurrido nombre reservado, Director Regional Tesorero (S) de Los Lagos, quien expuso los antecedentes del recurso expuestos por el recurrente, quien concluye que la negativa de Tesorería General de la República de pagar el bono post laboral constituiría un acto arbitrario que vulneraría su garantía constitucional consagrada en el numeral 24° del artículo 19 de la Constitución Política del Estado.

Al respecto el recurrido señaló que no existe un derecho indubitado, toda vez que la pretensión del actor es infundada, en la medida que no busca a través de ella amparar el ejercicio legítimo de un derecho indubitado y no disputado, requisitos copulativos que han sido exigidos por la reiterada jurisprudencia de los Tribunales Superiores de Justicia, sino que pretende por esta vía el reconocimiento de un beneficio que a su juicio le corresponde, cuestión ajena a la naturaleza cautelar de la acción de autos. Señaló que al respecto la Corte Suprema, en sentencia de 21 de agosto de 2006, Ingreso Corte N° 3476-2006, sobre apelación de recurso de protección, expresó en su considerando 5o que "como puede apreciarse, en la especie, falta uno de los requisitos que precedentemente se indicó como básico para el planteamiento y acogimiento de una acción como la de la especie, esto es, la existencia de un derecho indiscutido, pues mientras los recurrentes alegan tener derecho a percibir dicha asignación, la recurrida sostiene lo contrario, y no corresponde en este procedimiento cautelar resolver esa disputa." Concluyendo que el derecho que el reclamante indica le ha sido vulnerado, no es indubitado y no disputado, escapándose absolutamente de los propósitos de la presente acción constitucional.

Agregó que no ha habido acto u omisión arbitraria o ilegal, toda vez que a juicio del recurrido, en su calidad de Tesorero Regional de Puerto Montt, el recurso debe desestimarse, ya que no ha existido ninguna actuación arbitraria o ilegal, por los argumentos que expuso.

Señaló que con fecha 05 de diciembre de 2008 se publicó la ley 20.305, que mejora las condiciones de retiro de los trabajadores del Sector Público con bajas tasas de reemplazo en sus pensiones, la que posteriormente fuera modificada por la ley 20.636, publicada en el Diario Oficial de 17 de noviembre de 2012. Que el artículo 2o de la ley Nº 20.305, dispone que el personal que se desempeña en alguno de los servicios o entidades comprendidos en la cobertura del beneficio, indicados en el artículo 1º de ese texto legal, que se encuentre afiliado al Sistema de Pensiones del Decreto Ley 3.500, de 1980, y cotice en dicho sistema por el ejercicio de su función pública, debe cumplir para ser beneficiario del bono, los siguientes requisitos en forma copulativa: 1.-Tener la calidad de funcionario público (planta o a contrata) o estar contratado conforme al Código del Trabajo, en los órganos y servicios públicos comprendidos en la cobertura del beneficio o en sus antecesores legales, tanto a la fecha de la postulación para acceder al bono, como con anterioridad al 1 de mayo de 1981. 2.-Tener a lo menos 20 años de servicios en alguno de los servicios o entidades comprendidos en la cobertura del beneficio o en sus antecedentes legales, a la fecha de la publicación de la Ley N° 20.305. 3.-Tener una tasa de reemplazo líquida estimada igual o inferior igual o inferior a 55%. 4.-Tener cumplidos 65 años de edad en el caso de los hombres y 60 años de edad tratándose de las mujeres. 5.-Cesar en el cargo o terminar el contrato de trabajo por renuncia voluntaria, por obtener pensión de vejez de conformidad con el decreto ley N9 3.500 de 1980, por supresión del empleo o por aplicación del inciso primero del artículo 161 del Código del Trabajo, dentro de los 12 meses siguientes de cumplirse las edades señaladas en el número anterior, según corresponda.

Agregó que, por su parte, el inciso 1º del artículo quinto transitorio de la ley N°20.305, dispone que las personas que hubieren cesado en funciones, sea por renuncia voluntaria, por obtención de una pensión de vejez de conformidad con el decreto ley N° 3.500 de 1980, por supresión del empleo o por aplicación del artículo 161 del Código del Trabajo, en alguna de las calidades y organismos consignados en el artículo 1º de la ley N° 20.305 o de sus antecesores legales, tendrán derecho a la prestación en análisis siempre que cumplan las exigencias que establece. Luego, la precitada disposición transitoria agrega como condición para acceder al beneficio, el haberse desvinculado por las causales que se mencionan, durante el periodo comprendido entre el 14 de noviembre de 2003 y el 1 de enero de 2009, razón por la cual el recurrente no puede acogerse a dicha disposición, considerando que cesó en sus funciones a contar del 1 de abril de 1998.

Señaló que corresponde indicar que la ley N°20.636, que modificó la ley N° 20.305, dispuso en su artículo segundo transitorio, que los profesionales de la educación que hayan sido o sean beneficiarios de la bonificación por retiro voluntario prevista en el artículo noveno transitorio de la ley Nº20.501, tendrían un plazo especial de 90 días para postular al bono establecido en la ley N° 20.305, ante sus empleadores, no siendo aplicable a su respecto los plazos de 12 meses contemplados en los artículos 2o, número 5, y 3o de la señalada ley N° 20.305, agregando que para estos efectos, y en forma excepcional, el plazo de postulación para los ex funcionarios se contaría desde la entrada en vigencia de la ley.

Precisó que cabe señalar que el artículo noveno transitorio de la ley N° 20.501, sobre Calidad y Equidad de la Educación, establece una bonificación por retiro voluntario para los profesionales de la educación que durante el año escolar 2011 pertenezcan a la dotación docente del sector municipal, ya sea administrada directamente por las municipalidades o a través de corporaciones municipales, agregando el inciso quinto del artículo noveno transitorio, que dicho estipendio es incompatible con toda indemnización o bonificación que por concepto de cese del vínculo o de los años de servicios pudiere asistirle al pedagogo, cualquiera fuera su origen, y a cuyo pago concurra el empleador, mencionando expresamente la compensación contemplada en el artículo 2o transitorio de ley N° 19.070, Estatuto de los Profesionales de la Educación.

Agregó que una vez remitidos los antecedentes al Servicio de Tesorerías por la entidad edilicia, y al efectuar la revisión de los mismos, se pudo verificar que si bien el Decreto Afecto 5525, de 19 de agosto de 2014, de la Municipalidad de Puerto Montt, que concedió al recurrente el Bono Post Laboral, dispuso tanto en sus vistos, como en la parte resolutiva, que el beneficio se otorgaba al amparo de lo establecido en el artículo segundo transitorio de la ley N° 20.636, norma que otorgaba nuevos plazos de postulación en beneficio de los profesionales de la educación que hayan sido beneficiarios de la bonificación por retiro voluntario prevista en el artículo noveno transitorio de la ley N° 20.501, no constaba dentro de los documentos remitidos a al Servicio que el recurrente haya accedido a dicho beneficio, requisito que resultaba esencial para acogerse a dicha prerrogativa.

Señaló que lo anterior podría deberse a que el recurrente no cumplía con las fechas de cese y demás requisitos contemplados en la ley N° 20.501 para acceder a la bonificación, la cual a su vez resulta incompatible con la indemnización del artículo 2º transitorio de la ley N° 19.070 a que habría accedido el Sr. nombre reservado, de conformidad con lo indicado en el punto N° 2 del Decreto Afecto N° 0476 de 25 de marzo de 1998, de la Municipalidad de Puerto Montt, que puso término a su relación laboral a contar del 1 de abril de 1998.

Precisó que en razón de lo anterior el Servicio de Tesorerías al recibir a trámite el decreto antes mencionado, y verificar que no le resultaba aplicable lo dispuesto en el artículo segundo transitorio de la ley N°20.636, igualmente comprobó que el interesado no reunía los requisitos para acceder al bono post laboral, en consideración a que su desvinculación se produjo con anterioridad al 14 de noviembre de 2003, incumpliendo de esta manera lo dispuesto en el inciso segundo, del artículo quinto transitorio de la ley N° 20.305.

Agregó que, conforme a lo expuesto precedentemente, y aun cuando el artículo 8º de la ley Nº20.305 señala que el Servicio de Tesorerías pagará el bono a los beneficiarios, no debe dejar de observarse que el mismo artículo señala que el pago se hará previa remisión de copia del acto administrativo que concede el bono, al que se deben adjuntar los antecedentes que acrediten el cumplimiento de los requisitos establecidos en los números 2 y 4 del artículo 2, remisión exigida por el legislador que no puede considerarse estéril y meramente formal, sino que debe tener un objetivo, que no puede ser sino que se verifique que efectivamente se cumplen los supuestos legales para acceder al bono.

Señaló que esta norma debe ser interpretada en relación al artículo 13 de la ley 19.041, que confiere a Tesorería un rol fiscalizador de los egresos no tributarios, de manera que es deber de la Tesorería General de la República verificar el cumplimiento de la totalidad de los requisitos establecidos en la ley N° 20.305, para proceder al pago del beneficio ahí establecido. En efecto, el artículo 13 de la ley Ne 19.041, preceptúa en su inciso primero, que corresponde al Servicio de Tesorerías requerir todos los antecedentes necesarios que justifiquen los egresos de carácter no tributario (naturaleza que tiene el Bono Post Laboral) que deba efectuar en ejercicio de sus funciones, tales como las bonificaciones y el pago directo de algunas prestaciones previsionales; agregando en su inciso segundo que "En el ejercicio de esta potestad, el Servicio de Tesorerías podrá solicitar el respaldo de la documentación original que justifica tales operaciones; requerir información a los organismos que estime pertinente; verificar domicilios del destinatario del egreso y cualquier otra acción que asegure el correcto cumplimiento del egreso en resguardo del interés fiscal, en especial suspender o rechazar el pago respectivo cuando los antecedentes lo ameriten.” Pues bien, cabe señalar que precisamente la ley N° 20.636, que en su artículo 5o modificó el precitado artículo 13 de la ley Nº 19.041, ampliando expresamente las potestades del Servicio de Tesorerías para proceder con los egresos no tributarios, facultándolo para suspender o rechazar el pago respectivo.

Señaló que con arreglo a la norma antes señalada, forzoso resulta concluir que el Servicio de Tesorerías tiene atribuciones no sólo para revisar los antecedentes relativos a los requisitos de tiempo computable y edad para acceder al bono, contemplados en los números 2 y 4 del artículo 2º de la ley Nº20.305, respectivamente, sino que también para verificar el resto de las exigencias establecidas en ese texto legal para los mismos fines, dados los términos de la norma mencionada en el párrafo precedente.

Agregó que la Contraloría General de la República en su Dictamen N9 3931 de 21 de enero de 2011, ha señalado expresamente que la Tesorería General de la República, en ejercicio de su rol fiscalizador, está facultada para verificar el cumplimiento de todas las exigencias establecidas en la ley Nº20.305, y no sólo las contenidas en los números 2 y 4 de su artículo 2º pudiendo "devolver los antecedentes del caso al servicio respectivo, a fin de que éste practique una nueva evaluación de los mismos o con el objeto de que se complementen aquellos, absteniéndose de pagar éste, en conformidad con los principios de eficiencia y coordinación con que deben actuar los organismos públicos, según lo dispuesto en el artículo 5o de la ley N9 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, y que esta jurisprudencia administrativa es obligatoria para los Órganos de la Administración del Estado.

Concluyó señalando que para la procedencia del Recurso de Protección, se requiere efectivamente que se hayan realizado actos u ocurrido omisiones, con carácter de arbitrarios o contrarios a la ley, que realmente priven, perturben o amenacen el debido ejercicio de un derecho indubitado y no disputado del afectado, que se encuentre garantizado y amparado en el texto constitucional; y que los antecedentes aportados por la parte recurrente, apreciados conforme a las normas de la ley Nº20.305, en relación con el artículo 13 de la ley Nº19.041 y el artículo 5º de la ley Nº18.575, de manera alguna constituyen elementos de convicción para estimar acreditado que en el caso que motiva el presente recurso de protección exista alguna perturbación grave ni un acto arbitrario o ilegal que amague, altere o prive al actor del legítimo ejercicio de sus derechos y garantías enumeradas en el artículo 20 de la Carta Fundamental. Por ende, la acción cautelar intentada debe ser rechazada al no haberse comprobado sus fundamentos, solicitando rechazar el recurso por no fundarse en un derecho indubitado y por no haber cometido el recurrido ningún acto u omisión arbitraria o ilegal que haya lesionado los derechos constitucionales del recurrente.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

Primero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, encaminada y destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Segundo: Que, por consiguiente, resulta un requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 1º del Código Civil, o arbitrario, esto es, aquella conducta u omisión que no aparece revestida de la necesaria racionalidad y fundamento, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones o efectos que antes se ha señalado, afectando una o más de las garantías protegidas constitucionalmente, consideración que resulta esencial para el análisis y la decisión del recurso interpuesto.

Tercero: Que el recurrente, fundamentalmente, acciona contra el recurrido por ejecutar éste un acto arbitrario e ilegal que ha provocado perturbación y amenaza en el legítimo ejercicio de su derecho de propiedad, garantizado en el artículo 19 N°24 de la Constitución Política del Estado, el cual establece que la constitución asegura a todas las personas el derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales e incorporales, en relación con el artículo 20 de nuestra Carta Fundamental, específicamente porque el Director Regional Tesorero de Los Lagos se negó a pagar, por estar fuera de plazo, el bono post laboral previsto en la ley 20.305 y 20.636 al cual pueden postular los funcionarios docentes y los de la Administración Pública acogidos a jubilación que cumplan con los requisitos y plazos establecidos en la ley, pese a cumplir el recurrente con todos los requisitos, circunstancia reconocida en el Decreto Afecto Nº5525, de fecha 19 de agosto de 2014, de la Dirección de Educación de la Municipalidad de Puerto Montt.

Cuarto: Que de los antecedentes allegados a la causa, y las alegaciones de las partes, ha quedado establecido que el derecho invocado por el recurrente respecto a ser beneficiario del bono post laboral ha sido discutido y se encuentra controvertido por el recurrido en virtud de lo dispuesto en el inciso 1º del artículo quinto transitorio de la ley Nº20.305, que establece como condición para acceder al beneficio el haberse desvinculado por las causales que se mencionan durante el período comprendido entre el 14 de noviembre de 2003 y el 01 de enero de 2009, requisito que no se cumple por el recurrente toda vez que cesó en sus funciones a contar del 01 de abril de 1998. Además, en virtud de lo dispuesto en el artículo segundo transitorio de la ley Nº20.636, debe también cumplirse el requisito que los profesionales de la educación que hayan sido o sean beneficiarios de la bonificación por retiro voluntario prevista en el artículo noveno transitorio de la ley Nº20.501 tendrán un plazo de 90 días para postular al bono establecido en la ley Nº20.305, y que el artículo noveno transitorio de la ley Nº20.501 establece una bonificación por retiro voluntario para los profesionales de la educación que durante el año escolar 2011 pertenezcan a la dotación docente municipal. Por tanto, según consta en el Decreto Afecto Nº5525 de la Municipalidad de Puerto Montt, habiéndose concedido el beneficio al amparo de lo establecido en el artículo segundo transitorio de la ley Nº20.636 a los profesionales de la educación que hayan sido beneficiarios de la bonificación por retiro voluntario prevista en el artículo noveno transitorio de la ley Nº20.501, no se acreditó ante el Servicio que el recurrente haya accedido a tal beneficio, y en consecuencia, no se ha cumplido con un requisito esencial para acceder al referido bono post laboral, en consideración además a que su desvinculación se produjo con anterioridad al 14 de noviembre de 2003. Precisando el recurrido, finalmente, que el Servicio tiene atribuciones para verificar el cumplimiento de todas las exigencias establecidas en la ley Nº20.305, y que la Tesorería tiene un rol fiscalizador respecto de los egresos no tributarios en resguardo del interés fiscal, estando facultada para suspender o rechazar el pago respectivo cuando los antecedentes lo ameriten.

Quinto: Que en consideración de lo precedentemente expuesto y razonado, ha quedado establecido que el ejercicio del derecho que el recurrente estima ha sido perturbado gravemente en forma arbitraria o ilegal no es indubitado, conclusión a la que se arriba examinando las normas legales pertinentes antes aludidas y los antecedentes aportados.

Sexto: Que, al no haberse acreditado un acto ilegal o arbitrario en los términos alegados por el recurrente, debe concluirse que no se vislumbra alguna acción u omisión ilegal o arbitraria que resulte jurídicamente susceptible de ser subsanada por la vía de la protección constitucional, encontrándose discutido el derecho y habiendo sido dictada la resolución por autoridad competente, actuando dentro de sus atribuciones, y en consecuencia, el recurso de protección deberá ser rechazado en todas sus partes.

Por estas consideraciones, y visto además lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección, se resuelve:

I.-Que se rechaza el recurso de protección interpuesto a fojas 19.

II.-Que no se condena en costas al recurrente por estimarse que ha tenido motivos plausibles para accionar.

Comuníquese, regístrese y archívese en su oportunidad.

Redacción del Ministro don Jorge Pizarro Astudillo.- ROL N° 63-2015.- Dictada por la Primera Sala integrada por el Presidente don nombre reservado, el Ministro don Jorge Pizarro Astudillo y el abogado integrante don Pedro Campos Latorre. Autoriza doña nombre reservado, Secretaria Titular.

En Puerto Montt, a treinta de marzo de dos mil quince, notifiqué por el estado diario la resolución que antecede.