nombre reservado con SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES

Puerto Montt, seís de marzo de dos mil veintitrés.

VISTOS Que a folio N° 1 comparece nombre reservado, chileno, soltero, abogado habilitado para el ejercicio de la profesión, cédula nacional de identidad N° RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado, en representación del recurrente don nombre reservado, cédula nacional de identidad para extranjeros N° RUT reservado, trabajador, de nacionalidad venezolana, domiciliado para estos efectos en domicilio reservado de los quien interpuso Acción de Protección de garantías constitucionales en contra del SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIÓN dependiente del Ministerio del Interior y Seguridad Pública de Chile, representado por don nombre reservado, Sociólogo, con domicilio en domicilio reservado, Región Metropolitana.

En cuanto a los hechos expone que don nombre reservado, de nacionalidad venezolana, trabajador, reside en domicilio reservado. Ingresó por el aeropuerto de Santiago, nombre reservado, con Visa de Responsabilidad Democrática la cual le otorgó 1 año de visa temporaria.

Don nombre reservado, vivió en la ciudad de Santiago hasta mediados del año 2021, pero como consecuencia de la crisis sanitaria vivida en nuestro país, la situación laboral y de seguridad en Santiago, buscando nuevos horizontes, una vida más tranquila y sin los niveles de delincuencia de la capital, se trasladó a vivir a la comuna de Los Muermos, en la Región de Los Lagos, donde ha logrado nuevamente estabilizarse laboralmente.

Así las cosas, postuló a la residencia definitiva el día 15 de abril de 2020, bajo el número de solicitud 4005740, y después de más de 1 año, el día 28 de abril de 2021, fue notificado de una resolución del Servicio Nacional de Migraciones, que le ordenaba subsanar certificado de antecedentes penales chilenos, certificado de antecedentes penales del país de origen, certificado de registro de última visa, copia de visa estampada en pasaporte, certificado histórico de cotizaciones de salud, y documento de viaje, en circunstancias que no corresponde solicitar certificado de viaje, no obstante el recurrente procedió a subsanar, y en dicha ocasión el Servicio Nacional de Migraciones le otorgó un nuevo número de solicitud (19872085), lo cual llamó poderosamente la atención, puesto que esa subsanación corresponde al procedimiento iniciado el día 15 de abril bajo el número de solicitud 4005740.

Sumado a lo anterior, al revisar el estado de solicitud y porcentaje de avance en beneficio migratorio, indica que se inició la solicitud el día 03 de mayo de 2021, anulando prácticamente el tiempo de tramitación entre el 15 de abril de 2020 y el día 03 de mayo de 2021.

Con todo, igualmente los plazos establecidos por la ley de procedimientos administrativos están vulnerados, puesto que desde la época de subsanación a la fecha actual han transcurrido 1 año y 7 meses.

Así las cosas, el día 03 de diciembre de 2021, fue notificado por Resolución Exenta N° 21222790 que en su solicitud de permanencia definitiva se aprobó el avance a evaluación intermedia, sin embargo, hasta la fecha no ha existido ningún tipo de resolución ni pronunciamiento por parte del Servicio Nacional de Migraciones.

Las garantías y derechos constitucionales que resultan afectados lo son por la omisión arbitraria e ilegal por parte de la recurrida en el excesivo tiempo de tramitación en dar respuesta a la solicitud de permanencia definitiva hecha por don nombre reservado, con fecha 15 de abril de 2020, transcurriendo 2 años y 7 meses, sin que la autoridad administrativa se haya pronunciado a través de un acto administrativo terminal sobre la solicitud formulada por el recurrente.

Previas citas legales y jurisprudenciales pide se acoja el recurso, ordenando a la recurrida que se pronuncie sobre la misma en un plazo máximo de 30 días, adoptando todas las providencias que sean necesarias para restablecer el imperio del derecho.

Acompaña junto al mismo los siguientes documentos:

1.- Cedula de identidad del recurrente y ampliación de solicitud de permanencia definitiva de don nombre reservado.

2.- Pasaporte, estampado de la Visa de Responsabilidad Democrática en el pasaporte del recurrente y registro de visa en PDI de don nombre reservado.

3.- Comprobante de solicitud de permanencia definitiva del recurrente de fecha 15 de abril de 2020; resolución que ordena subsanar con fecha 28 de abril de 2021, y nuevo comprobante de solicitud de permanencia definitiva que cambia el número de solicitud inicial, con fecha 03 de mayo de 2021.

4.- Certificado de antecedentes penales chilenos y del país de origen de don nombre reservado

5.- Print de pantalla que acredita estado de solicitud de beneficio migratorio que acredita avance en un 50% de su solicitud de permanencia definitiva, y que ésta se encuentra en análisis intermedio.

6.- Resolución Exenta N° 21222790 del Servicio Nacional de Migraciones de fecha 03 de diciembre de 2021, que aprueba avance de solicitud de permanencia definitiva a estado de análisis intermedio.

7.- Contrato de trabajo del recurrente del año 2019, certificado de cotizaciones de AFP y FONASA.

Que a folio N° 3 se tuvo por interpuesto el recurso.

Que a folio N° 5 se evacua informe por el recurrido, señala al efecto que don nombre reservado, de nacionalidad Venezolana, ingresó al país por primera vez con fecha 30 de abril de 2019, con visa temporaria de responsabilidad democrática, otorgada por el Consulado General de Chile en Caracas, por el periodo de 365 días, la que se mantuvo vigente hasta el 30 de abril de 2020.

Con fecha 15 de abril de 2020, el recurrente solicita ante el Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, el beneficio de permanencia definitiva, código de solicitud 4005740. Con fecha 28 de abril de 2021, mediante Notificación Solicitud incompleta o insuficiente.

Otorga plazo para subsanar, Folio N° 14199707, del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, notifica al recurrente que solicitud presentada no presentó la documentación requerida para solicitar permanencia definitiva otorgando plazo para subsanar.

Con fecha 3 de mayo de 2021, el recurrente subsana la documentación solicitada en Notificación Solicitud incompleta o insuficiente. Otorga plazo para subsanar, Folio N° 14199707, código de solicitud 4005740. Con fecha 20 de diciembre de 2022, mediante Notificación Pago de derechos y antecedentes, Folio N° 32271892, del Servicio Nacional de Migraciones, notifica al recurrente del pago de los derechos de su solicitud de residencia definitiva código de solicitud 4005740, y solicita más antecedentes.

Con fecha 23 de diciembre de 2022, el recurrente realiza el pago de los derechos correspondientes a su solicitud de residencia definitiva, código de solicitud 4005740, a través de la plataforma habilitada de extranjería mediante el botón de pago de la Tesorería General de la República, pero no agrega los antecedentes solicitados en la resolución. A la fecha, la solicitud de residencia definitiva, código de solicitud 4005740, se encuentra pendiente en etapa de completa antecedentes por parte del recurrente de la Notificación Pago de derechos y antecedentes solicitados los adjunte, Folio N° 32271892, a través de la plataforma de Extranjería (tramites.extranjeria.gob.cl). Afirma que la solicitud de permanencia definitiva del actor se encuentra actualmente en trámite, pudiendo acceder a un certificado que acredita tal situación a través de la página de trámites del Servicio Nacional de Migraciones: tramites.extranjeria.gob.cl. En virtud de lo anterior, el recurrente mantiene situación migratoria regular en el territorio nacional, pudiendo hacer ingreso y egreso del país sin limitaciones y transitar libremente por éste. En consecuencia, no existe actualmente una conducta que genere vulneración, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de los derechos protegidos por la acción de protección.

Que, según lo señalado por el artículo 27 de la Ley 19.880, el plazo del procedimiento administrativo podrá ser mayor a 6 meses cuando exista caso fortuito o fuerza mayor, entendiéndose como tal, una pandemia de carácter mundial que afectó y afecta nuestro país, lo que distorsionó los tiempos normales de tramitación de los procedimientos administrativos durante los años 2020 y 2021, atendidos los aislamientos, cuarentenas y restricciones de movilidad decretados por la autoridad sanitaria. Lo anterior significó un retraso considerable e irresistible para la autoridad migratoria que ha sido reconocido por sentencias ejecutoriadas como un caso fortuito que excusa la dilación de las solicitudes de permanencia definitiva, sin que ello por sí solo implique vulneración de derechos fundamentales de los extranjeros, al mantener residencia regular en el país y contar con documentación a su disposición para acreditar dicha condición.

Por otra parte, entiende que la vía idónea para que los órganos de la administración del Estado dicta un acto administrativo final en un procedimiento que ha demorado en su tramitación más allá del plazo no fatal establecido en el artículo 27 de la Ley N° 19.880 no es la interposición de una acción de protección, sino el mecanismo especial del silencio administrativo, establecido en los artículos 64 y 65 del mismo cuerpo normativo Finalmente, señala los perjudiciales efectos que ha producido el sostenido aumento en la interposición de acciones constitucionales, tanto de acciones de protección como amparos, con el objeto de acelerar la tramitación de una solicitud ante esta autoridad migratoria.

Por estas razones, pide el rechazo del recurso en todas sus partes.

Acompaña junto al informe los siguientes documentos: 1. Circular N° 12 del Servicio Nacional de Migraciones, de fecha 24 de noviembre de 2021. 2. Oficio ordinario N° 67130, del Servicio Nacional de Migraciones, de fecha 7 de noviembre de 2022. 3. Solicitud incompleta o insuficiente. Otorga plazo para subsanar, Folio N° 14199707, del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, de fecha 28 de abril de 2021. 4. Pago de derechos y antecedentes, Folio N° 32271892, del Servicio Nacional de Migraciones, de fecha 20 de diciembre de 2022.

Que encontrándose en estado de ver se trajeron los autos en relación y se agregaron extraordinariamente a la tabla.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO PRIMERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye jurídicamente una acción de carácter cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio. Supone, como elemento esencial, la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitrario que provoque a la recurrente la vulneración de la garantía constitucional que ha señalado como atropellada o amenazada.

SEGUNDO: Que, motiva el presente recurso la afectación que el recurrente dice sufrir a su derecho amparado el numeral 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, por la omisión ilegal y arbitraria ante la demora en la tramitación de solicitud de visa permanencia definitiva del recurrente.

TERCERO: Que, según dispone el artículo 3 letra e) del Decreto N° 172 de 1977 del Ministerio de Relaciones Exteriores, Reglamento Consular, son funciones consulares, entre otras “[…] Otorgar pasaportes, renovarlos y, asimismo, documentos de viaje, a los chilenos de su circunscripción o de paso en ella, conceder visaciones en los pasaportes extendidos por autoridad extranjera cuando sus portadores se dirijan a Chile, de conformidad a lo establecido en el Decreto Ley y Reglamento de Extranjería.”

Por su parte, el artículo 69 del mismo texto en sus numerales 2 y 3 establece que “2. La visación es el permiso otorgado por la autoridad competente y que autoriza a su portador para entrar al país y permanecer en él por el tiempo que determine.”, y “3. El otorgamiento de visaciones a los extranjeros que se encuentren fuera del país será resuelto por el Ministerio, de acuerdo con las disposiciones legales y reglamentarias que rijan la materia y especialmente las contenidas en el decreto ley 1.094, de 14 de julio de 1975 y en el Reglamento de Extranjería, decreto 1.306, de 27 de octubre de 1975. Tal atribución puede ser ejercida en forma discrecional atendiendo en especial a la conveniencia o utilidad que reporte al país la concesión de la visación de residentes de que se trate”.

CUARTO: Que, en el caso sublite, se entiende de los antecedentes que obran en autos, que la recurrente efectuó en tiempo y forma su solicitud de visa de permanencia definitiva en Chile, lo que hicieron a través de los canales virtuales destinados a tal efecto, no señalando la recurrida si falta, en específico, algún documento para proceder con el trámite.

QUINTO: Que, se debe tener presente lo previsto en el artículo 7 de la Ley N° 19.880, respecto al principio de celeridad, conforme al cual la autoridad debe impulsar de oficio, en todos sus trámites, el procedimiento administrativo, debiendo actuar por propia iniciativa en la iniciación del procedimiento de que se trate y en su prosecución, haciendo expeditos los trámites que debe cumplir el expediente y removiendo todo obstáculo que pudiere afectar a su pronta y debida decisión. Lo anterior resulta congruente con el principio conclusivo, consagrado en el artículo 8, que determina la necesidad de término del procedimiento con un acto decisorio que se pronuncie sobre la cuestión de fondo, así como con el principio de economía procedimental, del artículo 9, que manda a la Administración responder con eficacia, evitando trámites dilatorios. Por último, el artículo 14 define el principio de inexcusabilidad señalando que la Administración está obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos y a notificarla, cualquiera que sea su forma de iniciación.

SEXTO: Que, la autoridad respectiva ha desconocido la aplicación de los principios de celeridad, conclusivo, de economía procedimental e inexcusabilidad, en tanto ha dilatado la decisión respecto de la solicitud de permanencia definitiva, excediendo el plazo establecido en el artículo 27 de la mencionada Ley N° 19.880.

SÉPTIMO: Que, la dilación del recurrido en el pronunciamiento sobre las mentadas solicitudes, resulta ilegal, por vulnerar la garantía constitucional del numeral 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, en relación a la demora en la respuesta que ha debido dar la administración respecto de la solicitud del recurrente, en comparación a otras que han obtenido un acto terminal conforme a derecho.

Por estas consideraciones y atendido lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República, en el Acta Nº 94-2015 de la Excma. Corte Suprema, sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección y sus modificaciones posteriores, se declara:

Que, SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección deducido por nombre reservado en contra del SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES y se ordena a la recurrida, que deberá dar celeridad al pronunciamiento definitivo de la solicitud del recurrentes sobre visa de permanencia definitiva en el país, conforme al mérito de los antecedentes administrativos pertinentes, en un plazo que no podrá exceder de sesenta días contados desde la notificación de la presente sentencia.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Rol Protección Nº6200-2022