nombre reservado con SERVICIO NACIONAL MIGRACIONES

Puerto Montt, diez de marzo de dos mil veintitrés.

VISTOS Que a folio N° 1 comparece DON nombre reservado, cédula de identidad para extranjeros N°RUT reservado, y don nombre reservado, cédula de identidad para extranjeros N°RUT reservado, Abogados, por sí y a favor de nombre reservado, empleada, de nacionalidad haitana, cédula de identidad para extranjeros N°RUT reservado, todos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, Region De Los Lagos, quienes interponen Acción de Protección de garantías constitucionales en contra del SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES, DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA, representado por don nombre reservado, Sociólogo, con domicilio en domicilio reservado, Región Metropolitana de Santiago.

En cuanto a los hechos se expone que Doña nombre reservado, empleada, de nacionalidad haitiana, ingreso al país en calidad de turista, estando dentro del país cambio su condición migratoria a residente temporario por visa otorgada, con el propósito de establecerse y desarrollar su proyecto de vida en Chile.

En ese sentido, con fecha 23 de diciembre de 2021, la recurrente solicita el beneficio migratorio de residencia definitiva, tal y como consta en comprobante de solicitud N° 11698306. Sin embargo, a la fecha la recurrente no ha recibido ninguna respuesta por parte del servicio recurrido, ni se ha liberado la orden de giro correspondiente al beneficio solicitado, lo que la mantiene en una situación de preocupación e incertidumbre ante un trámite por demás demorado.

Las garantías y derechos constitucionales que resultan afectados lo son por la omisión arbitraria e ilegal por parte del recurrido en el excesivo tiempo de tramitación en dar respuesta a la solicitud de residencia definitiva realizada, esto es, desde la solicitud realizada con fecha 23 de diciembre de 2021, hasta la presente fecha ha transcurrido 11 meses y 23 días, sin que la autoridad administrativa se haya pronunciado sobre la solicitud formulada por la recurrente.

Previas citas legales y jurisprudenciales pide que se acoja la presente acción constitucional, ordenando al recurrido que se pronuncie sobre la misma en un plazo no superior a 30 días corridos o el que vuestra señora estime conforme al mérito de autos y en general adoptando las providencias que sean necesarias para establecer el imperio del derecho, todo lo anterior con expresa condena en costas.

Acompaña junto al recurso, los siguientes documentos: 1. Comprobante de solicitud de permanencia definitiva. 2. Estampado de visa. 3. Cedula de identidad para extranjeros.

Que a folio N° 3 se tuvo por interpuesto el recurso Que a folio N° 5 el servicio recurrido evacua informe, señalando que consta que doña nombre reservado, de nacionalidad Haitiana, ingresó al país por primera vez con fecha 19 de junio de 2017, por paso fronterizo Aeropuerto nombre reservado.

Con fecha 12 de febrero de 2018, mediante Resolución Exenta N° 46373, del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, aplica amonestación a la recurrente por infracción a la normativa vigente, Ley N° 1094 y su reglamento, por encontrarse en situación prevista en artículo 71, por residencia irregular.

Con fecha 18 de mayo de 2018, la recurrente solicita ante el Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, el beneficio de visa primera vez temporaria motivos laborales, código de residencia N° 66400. Con fecha 18 de mayo de 2018, el Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, otorga a la recurrente el beneficio de autorización de trabajo, por el periodo de 4 meses, la que se mantuvo vigente hasta el 14 de agosto de 2018.

Con fecha 24 de abril de 2018, la recurrente solicita ante el Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, el beneficio de regularización visa 2018.

Con fecha 30 de julio de 2018, mediante Resolución exenta N° 261624, del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, regulariza permanencia en el país y otorga visación de residente temporario a la recurrente, por el periodo de 1 año, la que se mantuvo vigente hasta el 20 de agosto de 2019.

Con fecha 22 de octubre de 2019, mediante Resolución exenta N° 282528, del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, ordena archivo de solicitud de residencia por correo N° 66400 del 18.05.2018 del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, por tener estampada visa de regularización extraordinaria 2018.

Con fecha 12 de julio de 2019, la recurrente solicita ante el ante el Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, el beneficio de permanencia definitiva, código de solicitud 323402. Con fecha 16 de agosto de 2019, la recurrente solicita ante la Gobernación provincial de Llanquihue, el beneficio de prórroga de visa temporaria vínculo con chileno. (trámite paralelo a la solicitud del 12 de julio 2019)

Con fecha 2 de diciembre de 2019, mediante Resolución exenta N° 7721, de la Gobernación provincial de Llanquihue, otorga a la recurrente prórroga de visa temporaria, por el periodo de 1 año, la que se mantuvo vigente hasta el 20 de agosto de 2020. (visa estampada, se entiende por archivada la solicitud de 12 de julio del 2019)

Con fecha 13 de diciembre de 2019, mediante Notificación Solicitud incompleta o insuficiente.

Otorga plazo para subsanar, del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, notifica a la recurrente que documentación presentada no era la requerida para solicitar permanencia definitiva, la cual no subsano dentro del plazo indicado.

Con fecha 17 de agosto de 2020, la recurrente solicita una nueva solicitud ante el Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, el beneficio de permanencia definitiva, código de solicitud 2192926, ya que entiende que el anterior se encuentra desistido.

Con fecha 4 de noviembre de 2021, mediante Notificación Solicitud incompleta o insuficiente. Otorga plazo para subsanar, Folio N° 19952618, del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, notifica a la recurrente que documentación presentada no era la requerida para solicitar permanencia definitiva.

Con fecha 9 de diciembre de 2021, mediante Resolución exenta N° 21396467, del Servicio Nacional de Migraciones, notifica a la recurrente el aprueba avance de estado de trámite de solicitud de permanencia definitiva, ya que pasó el plazo para subsanar.

Con fecha 22 de diciembre de 2021, mediante Resolución exenta N° 21510455, del Servicio Nacional de Migraciones, declaró desistida solicitud de permanencia definitiva, código de solicitud N° 2192926, de fecha 17 de agosto de 2020, por no subsanar documentación solicitada en el plazo correspondiente. Con fecha 23 de diciembre de 2021, la recurrente subsana fuera de plazo Notificación Solicitud incompleta o insuficiente. Se le otorga plazo para subsanar, Folio N° 19952618, generando nuevo código de solicitud 11698306 de permanencia definitiva, la cual se encuentra desistida mediante Resolución exenta N° 21510455 de fecha 22-12-2021, código de solicitud anterior 2192926; dicha subsanación la hace fuera de plazo, se puede apreciar que subsana un día después de la notificación de la resolución que declara desistida la solicitud. Con fecha 7 de enero de 2022, mediante Resolución exenta N° 22030921, del Servicio Nacional de Migraciones, notifica a la recurrente el aprueba avance de estado de trámite de solicitud de permanencia definitiva de fecha 17 de agosto de 2020, código de solicitud 2192926, la cual se encuentra en etapa de Análisis finalizado, lo que implica que su solicitud fue resuelta, dictándole el acto administrativo correspondiente, totalmente tramitado y notificado al peticionario, pero entendiéndose que ya no hay solicitudes pendientes ante el servicio ya que se encuentra resuelta la solicitud.

Afirma que la solicitud de permanencia definitiva del actor se encuentra actualmente en trámite, pudiendo acceder a un certificado que acredita tal situación a través de la página de trámites del Servicio Nacional de Migraciones: tramites.extranjeria.gob.cl. En virtud de lo anterior, el recurrente mantiene situación migratoria regular en el territorio nacional, pudiendo hacer ingreso y egreso del país sin limitaciones y transitar libremente por éste. En consecuencia, no existe actualmente una conducta que genere vulneración, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de los derechos protegidos por la acción de protección.

Que, según lo señalado por el artículo 27 de la Ley 19.880, el plazo del procedimiento administrativo podrá ser mayor a 6 meses cuando exista caso fortuito o fuerza mayor, entendiéndose como tal, una pandemia de carácter mundial que afectó y afecta nuestro país, lo que distorsionó los tiempos normales de tramitación de los procedimientos administrativos durante los años 2020 y 2021, atendidos los aislamientos, cuarentenas y restricciones de movilidad decretados por la autoridad sanitaria. Lo anterior significó un retraso considerable e irresistible para la autoridad migratoria que ha sido reconocido por sentencias ejecutoriadas como un caso fortuito que excusa la dilación de las solicitudes de permanencia definitiva, sin que ello por sí solo implique vulneración de derechos fundamentales de los extranjeros, al mantener residencia regular en el país y contar con documentación a su disposición para acreditar dicha condición.

Por otra parte, entiende que la vía idónea para que los órganos de la administración del Estado dicta un acto administrativo final en un procedimiento que ha demorado en su tramitación más allá del plazo no fatal establecido en el artículo 27 de la Ley N° 19.880 no es la interposición de una acción de protección, sino el mecanismo especial del silencio administrativo, establecido en los artículos 64 y 65 del mismo cuerpo normativo Finalmente, señala los perjudiciales efectos que ha producido el sostenido aumento en la interposición de acciones constitucionales, tanto de acciones de protección como amparos, con el objeto de acelerar la tramitación de una solicitud ante esta autoridad migratoria.

Por estas razones, pide el rechazo del recurso en todas sus partes.

Acompaña junto al informe los siguientes documentos 1. Circular N° 12 del Servicio Nacional de Migraciones, de fecha 24 de noviembre de 2021. 2. Oficio ordinario N° 67130, del Servicio Nacional de Migraciones, de fecha 7 de noviembre de 2022. 3. Solicitud incompleta o insuficiente. Otorga plazo para subsanar, Folio N° 19952618, del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, de fecha 4 de noviembre de 2021. 4. Resolución exenta N° 21396467, del Servicio Nacional de Migraciones, de fecha 9 de diciembre de 2021. 5. Resolución exenta N° 21510455, del Servicio Nacional de Migraciones, de fecha 22 de diciembre de 2021. 6. Resolución exenta N° 22030921, del Servicio Nacional de Migraciones, de fecha 7 de enero de 2022.

Que encontrándose en estado de ver se trajeron los autos en relación y se agregaron extraordinariamente a la tabla.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO PRIMERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye jurídicamente una acción de carácter cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio. Supone, como elemento esencial, la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitrario que provoque a la recurrente la vulneración de la garantía constitucional que ha señalado como atropellada o amenazada.

SEGUNDO: Que, motiva el presente recurso la afectación que el recurrente dice sufrir a su derecho amparado el numeral 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, por la omisión ilegal y arbitraria ante la demora en la tramitación de solicitud de visa permanencia definitiva de la recurrente.

TERCERO: Que, según dispone el artículo 3 letra e) del Decreto N° 172 de 1977 del Ministerio de Relaciones Exteriores, Reglamento Consular, son funciones consulares, entre otras “[…] Otorgar pasaportes, renovarlos y, asimismo, documentos de viaje, a los chilenos de su circunscripción o de paso en ella, conceder visaciones en los pasaportes extendidos por autoridad extranjera cuando sus portadores se dirijan a Chile, de conformidad a lo establecido en el Decreto Ley y Reglamento de Extranjería.”

Por su parte, el artículo 69 del mismo texto en sus numerales 2 y 3 establece que “2. La visación es el permiso otorgado por la autoridad competente y que autoriza a su portador para entrar al país y permanecer en él por el tiempo que determine.”, y “3. El otorgamiento de visaciones a los extranjeros que se encuentren fuera del país será resuelto por el Ministerio, de acuerdo con las disposiciones legales y reglamentarias que rijan la materia y especialmente las contenidas en el decreto ley 1.094, de 14 de julio de 1975 y en el Reglamento de Extranjería, decreto 1.306, de 27 de octubre de 1975. Tal atribución puede ser ejercida en forma discrecional atendiendo en especial a la conveniencia o utilidad que reporte al país la concesión de la visación de residentes de que se trate”.

CUARTO: Que, en el caso sublite, se entiende de los antecedentes que obran en autos, que la recurrente efectuó en tiempo su solicitud de visa de permanencia definitiva en Chile, a través de los canales virtuales destinados a tal efecto, dando cuenta la recurrida de que atendida la época de su ingreso se sujeta a las disipaciones del decreto ley 1.094, de 14 de julio de 1975 y el Reglamento de Extranjería, decreto 1.306, de 27 de octubre de 1975.

QUINTO: Que, se debe tener presente lo previsto en el artículo 7 de la Ley N° 19.880, respecto al principio de celeridad, conforme al cual la autoridad debe impulsar de oficio, en todos sus trámites, el procedimiento administrativo, debiendo actuar por propia iniciativa en la iniciación del procedimiento de que se trate y en su prosecución, haciendo expeditos los trámites que debe cumplir el expediente y removiendo todo obstáculo que pudiere afectar a su pronta y debida decisión. Lo anterior resulta congruente con el principio conclusivo, consagrado en el artículo 8, que determina la necesidad de término del procedimiento con un acto decisorio que se pronuncie sobre la cuestión de fondo, así como con el principio de economía procedimental, del artículo 9, que manda a la Administración responder con eficacia, evitando trámites dilatorios. Por último, el artículo 14 define el principio de inexcusabilidad señalando que la Administración está obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos y a notificarla, cualquiera que sea su forma de iniciación.

SEXTO: Que, la autoridad respectiva ha desconocido la aplicación de los principios de celeridad, conclusivo, de economía procedimental e inexcusabilidad, en tanto ha dilatado la decisión respecto de la solicitud de permanencia definitiva, excediendo el plazo establecido en el artículo 27 de la mencionada Ley N° 19.880 Y en su caso según se ha expuesto en estrados, el artículo 32 de la Ley 19.880 autoriza la adopción de medidas provisionales que permitan a la recurrente cumplir con el requerimiento de subsanación de documentos , para que no quede en indefensión y sea perjudicada en sus trámites.

SÉPTIMO: Que, la dilación del recurrido en el pronunciamiento sobre la solicitud de la recurrente y en su caso el exiguo plazo que le otorgó para subsanar defectos en su solicitud, resulta ilegal, por vulnerar la garantía constitucional del numeral 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, en relación a la demora en la respuesta que ha debido dar la administración respecto de la solicitud del recurrente, en comparación a otras que han obtenido un acto terminal conforme a derecho y en su caso respecto de la actual tramitación y plazos de las solicitudes de residencia definitiva.

Así se entiende que Resulta arbitrario de parte de la Administración pretender que en un plazo acotado una persona extranjera cumpla con el trámite del apostillado de la documentación, y procure que su propia demora en tramitar solicitudes se vea ensombrecida en una culpa atribuida al administrado.

Por estas consideraciones y atendido lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República, en el Acta Nº 94-2015 de la Excma. Corte Suprema, sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección y sus modificaciones posteriores, se declara:

Que, SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección deducido por nombre reservado en contra del SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES y se ordena a la recurrida se le permita a la recurrente subsanar el requisito faltante, permitiendo acompañar dentro del plazo de 60 días la documentación faltante y proceder a resolver la solicitud de permanencia definitiva ya iniciada conforme al mérito de los antecedentes administrativos pertinentes, entendiendo que el referido plazo comenzará a transcurrir desde la notificación de la presente sentencia.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

No firma la Ministra doña Ivonne Avendaño Gómez, quien concurrió a la vista y acuerdo, por encontrarse con permiso.

Rol Protección Nº 6199-2022