Protección contra sus padres

Puerto Montt, dieciocho de noviembre de dos mil veinticinco.

Vistos:

A folio 1, comparece María Iris Soledad Cárdenas Mundaca, abogada, representación de la I. Municipalidad de Puerto Montt, persona jurídica de derecho público rol único tributario número 69.220.100-0 domiciliada para estos efectos legales en domicilio reservado , y deduce recurso de protección a favor del niño nombre reservado, de 7 años de edad y en contra de sus padres, nombre reservado, y nombre reservado, todos domiciliados en domicilio reservado.

Explica que el 25 de abril de 2025 el equipo del CESFAM Angelmó acudió a la Escuela nombre reservado a realizar el proceso de vacunación de los niños, contexto en el que se presenta un certificado médico que aparece suscrito por la médico cirujano nombre reservado que señala que el niño no puede ser inoculado con ningún tipo de vacunas, sin indicar razones específicas, sino de forma general, que existiría base científica para aseverar que las vacunas actualmente son un riesgo para la salud.

Analiza las distintas aseveraciones del certificado, entre las que se sugiere que el diagnóstico de Condición del Espectro Autista podría estar relacionado con la "influencia iatrogénica de las sustancias que contienen las vacunas", cuestionando la seguridad general de las vacunas, aconsejando no presentar como seguro para la salud aquello que no lo es. Al respecto, la municipalidad reprocha que tales aseveraciones sean un intento de "instalar la creencia de que la materia referida a las vacunas es un tema que aun se encuentra en discusión", obviándose el consenso científico que ha sido refrendado por el Plan Nacional de Inmunización.

Posteriormente, precisa que el niño no cuenta con las vacunas correspondientes a la población escolar de 1º básico, esto es, difteria, tétanos y tos convulsiva, ni tampoco la vacuna contra la influenza.

En concreto, sostiene que la negativa de los padres infringe:

En primer lugar, el artículo 33 del Código Sanitario, ya la única forma de eximirse de la vacunación obligatoria es cumpliendo los requisitos de dicha disposición legal, que establece que casos especiales, las personas podrán ser eximidas temporalmente de las vacunaciones exhibiendo un certificado médico que lo justifique, el que debe ser visado por la autoridad sanitaria competente.

En segundo lugar, explica que el artículo 32 del Código Sanitario permite decretar la vacunación obligatoria de enfermedades transmisibles, lo que se ha concretado mediante la dictación del Decreto N°50 del año 2021 del Ministerio de Salud en relación con el Decreto 4 de 2025 del Ministerio de Salud, el cual se infringe con la negativa de los padres.

En tercer lugar, cita el artículo 38 inciso 7º de la Ley N°21.430 sobre garantías y protección integral a los derechos de la niñez y adolescencia que establece el derecho de todos los niños, niñas y adolescentes a la inmunización contra las enfermedades prevenibles, el deber del Estado de suministrar y aplicar las vacunas, así como el deber de los padres de garantizar que los NNA sean vacunados oportunamente.

En cuarto lugar, niega que se aplique la ley 20.584 sobre derechos y deberes de los pacientes, ya que si bien el artículo 14 consagra el derecho a rechazar tratamientos, el artículo 15 establece que no se requerirá manifestación de voluntad cuando la falta de aplicación de un tratamiento suponga un "riesgo para la salud pública", citando una sentencia de esta Corte de Apelaciones en tal sentido (1037-2024).

En quinto lugar, también se cita la Convención de los Derechos del Niño, específicamente el artículo 3 N°2 y 24, en sus numerales 1 y 2, relativos a la obligación del Estado a asegurar la protección, el bienestar y el disfrute del más alto nivel posible de salud del niño.

Luego de referirse a la vulneración al derecho a la vida e integridad física y psíquica, pide se ordene a los recurridos dejar sin efecto su omisión y que se proceda a la administración de las vacunas al niño, bajo el apercibimiento auxilio de la fuerza pública en caso de oposición.

A folio 18 al evacuar informe, la madre señala que su hijo ha sido diagnosticado con TEA, asistiendo regularmente al establecimiento educacional y no ha sufrido enfermedades que alteren su calidad de vida. Afirma alimentar en forma sana a su hija para que así mantenga un sistema inmunológico fuerte, enmarcado en su visión y proyecto de vida.

Sostiene que la negativa a vacunar a su hijo no es arbitrario, ya que se basa en el principio de autonomía en materia de salud, afirmando que las vacunas presentan elementos o trazas de metales pesados que pueden afectar la salud del niño, contando con respaldo médico de la dra. nombre reservado.

Alude al concepto de dignidad, cita una sentencia del año 2017 de la Corte Constitucional Colombiana que dijo que el Estado no podía obligar a la población a vacunarse. Posteriormente, cita la ley de derecho y deberes de los pacientes, específicamente el artículo 14 relativo al derecho a otorgarse o denegarse la voluntad para someterse a cualquier procedimiento o tratamiento vinculado a la salud y la única excepción sería la vacuna antirrábica, citando al profesor nombre reservado.

Cita los artículos 3 y 6 de la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos, el que afirma fue ratificado en Chile y vigente, entendiendo que se debe aplicar como Tratado Internacional, declaración que reafirma el principio de autodeterminación y libertad de las personas.

Pide el rechazo del recurso de protección, acompaña el certificado de inscripción vigente en el Registro Nacional de Prestadores Individuales de Salud de la médica nombre reservado.

El padre no evacuó el traslado.

Encontrándose en estado de ver, se agregó́ extraordinariamente a la tabla el presente recurso.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: El recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, o amenace ese atributo.

Se trata, por consiguiente, de una acción de cautela de derechos garantizados a nivel constitucional cuya existencia sea indubitada y que se encuentren conculcados de manera suficiente para provocar la actividad jurisdiccional traducida en la adopción de medidas destinadas a restablecer el imperio de esos derechos amagados o perturbados en su legítimo ejercicio Segundo: De lo anteriormente reflexionado, se desprende que es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión arbitraria o ilegal, producto del mero capricho de quién incurre en él y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías preexistentes protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

Tercero: Que el acto que se denuncia como ilegal y arbitrario en esta causa consiste en la negativa de los recurridos, padres del niño en cuyo favor se interpone esta acción cautelar, en permitir y/o realizar la vacunación de su hijo conforme el plan de inmunización nacional elaborado por el Ministerio de Salud.

Cuarto: Que, al respecto, cabe tener presente que el artículo 32 del Código Sanitario establece que “El Servicio Nacional de Salud tendrá́ a su cargo la vacunación de los habitantes contra las enfermedades transmisibles.”; y agrega que “El Presidente de la República a propuesta del Director de Salud, podrá́ declarar obligatoria la vacunación de la población contra las enfermedades transmisibles para las cuales existan procedimientos eficaces de inmunización.” Por su parte, el Decreto N°50 Exento, de 16 de septiembre de 2021 que dispone vacunación obligatoria contra enfermedades inmunoprevenibles de la población del país derogó el Decreto N°6 Exento, de 29 de enero de 2010 del Ministerio de Salud, respecto de la misma materia, consolidando todas las modificaciones reglamentarias que se realizaron a la materia. En este sentido, el artículo 1° dispuso la vacunación obligatoria contra enfermedades inmunoprevenibles que se indican, en las oportunidades y efectuada por los establecimientos que se señalan.

Quinto: Que, por su parte, la Ley N° 20.584 que regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención en salud, establece en su artículo 14 que “Toda persona tiene derecho a otorgar o denegar su voluntad para someterse a cualquier procedimiento o tratamiento vinculado a su atención de salud, con las limitaciones establecidas en el artículo 16.”. A su turno en el artículo 15 del mismo cuerpo legal se señala que “No obstante lo establecido en el artículo anterior, no se requerirá́ la manifestación de voluntad en las siguientes situaciones: a) En el caso de que la falta de aplicación de los procedimientos, tratamientos o intervenciones señalados en el artículo anterior supongan un riesgo para la salud pública, de conformidad a lo dispuesto en esta ley, debiendo dejarse constancia de ello en la ficha clínica de la persona.”.

Sexto: Que, en virtud de las normas legales precedentemente transcritas, se desprende, en primer término, que la vacunación es obligatoria en contra de las enfermedades respecto de las cuales el recurrente impetra su administración al niño, sin que sea aplicable lo previsto en el artículo 14 de la Ley N°20.584, en atención a lo estatuido en el artículo 15 de la misma ley por riesgo a la salud pública.

Séptimo: Que, las decisiones sobre educación, religión y salud de un niño corresponden a sus padres, pero existen casos excepcionales en que la potestad parental intenta imponer propias creencias, poniendo en riesgo la salud del niño, como en este caso, al privarlas de la inmunidad que el plan de vacunación obligatorio aporta, actuando en contra de su interés superior, cuestión que justifica la intervención del aparato público.

Octavo: Que, a este respecto cabe señalar que la Convención sobre los Derechos del Niño, dispone en su artículo 3, número 2, que “Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin tomaran todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas ”, mientras que su artículo 24 N 1 de la misma Convención, expresa que “Los Estados Partes reconocen el derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de salud y a los servicios para el tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la salud. Los Estados Parte se esforzarán por asegurar que ningún niño sea privado de su derecho al disfrute de esos servicios sanitarios”. En este sentido, la Ley N°21.430 sobre garantías y protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia que viene en cumplir los compromisos de nuestro país en orden a adoptar las medidas administrativas, legislativas y de otra índole que fueran necesarias para dar efectividad a los derechos reconocidos en la Convención sobre los Derecho del Niño (Mensaje de la Historia de la Ley N°21.430), norma que en el inciso séptimo de su artículo 38, al consagrar el derecho a la salud y a los servicios de salud, establece: “Todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la inmunización contra las enfermedades prevenibles. El Estado debe asegurar programas gratuitos de vacunación obligatoria dirigidos a todos los niños, niñas y adolescentes. En estos programas, el Estado debe suministrar y aplicar las vacunas, mientras que los padres, madres o responsables legales de su cuidado deben garantizar que los niños, niñas y adolescentes sean vacunados oportunamente”; además, el mismo artículo en su inciso final establece que: “Los padres, madres o responsables legales de su cuidado son los garantes inmediatos de la salud de sus hijos o de los niños, niñas y adolescentes que se encuentren bajo su responsabilidad, y están obligados a cumplir con los controles médicos y adoptar todas las medidas necesarias con el fin de velar por la salud de los niños, niñas y adolescentes”. Así́, en la especie, el actuar de los recurridos infringió́ el deber emanado de la posición de garante que ostentan respeto de su hijo, de conformidad con lo dispuesto en el citado artículo 38 de la Ley N°21.430, vulnerando, con ello, la garantía constitucional consagrada en el N°1 del artículo 19 de la Carta Fundamental, esto es, su derecho a la vida y e integridad física, decisión que, además, resulta ilegal, contraria al ordenamiento jurídico, en este caso, al mencionado Decreto exento N°50, amenazando la garantía en análisis, ya que el niño, al no ser vacunado, se encuentra expuesto a contraer enfermedades inmunoprevenibles, y con ello un eventual vector de contagio respecto de las mismas. Por lo demás la decisión de no administrar las vacunas no encuentra sustento en antecedentes que den cuenta que aquellas provocan un grado de nocividad o afectación a la salud del niño que permita su exoneración del Programa de Vacunación obligatoria, por lo que la decisión de los padres atenta contra los derechos establecidos en la Convención de los Derechos del Niño, en especial, en lo que dice relación con la obligación de adoptar medidas con el fin de velar por su salud.

Noveno: Que, a mayor abundamiento, y en lo que se refiere a la salud pública, la administración de vacunas, como herramienta de política pública, a juicio de esta Corte se encuentra dentro de la excepción de la regla del artículo 14 que limita el derecho del paciente para otorgar o rechazar un tratamiento médico, dado que ello está enmarcado dentro del principio más general que señala que la libertad de un individuo en uso de su autonomía personal, de hacer o no hacer determinada cosa, está limitado cuando ello afecta la libertad o los derechos de otra persona, en este caso del colectivo social, pues la no administración de las vacunas al niño implica un riesgo para la salud pública, al perjudicar a la barrera de transmisión de enfermedades que se conoce como “inmunidad colectiva o de grupo”, afectando a aquellos que por su edad o por problemas médicos no pueden ser vacunados preventivamente, por lo que la salud de aquellos individuos, sus posibilidades de sobrevida, dependen directamente de que el resto de la población haya sido inmunizada.

Décimo: Que, en consecuencia, esta Corte a fin de resguardar la integridad física y vida del niño de en cuyo favor se interpuso el recurso, así como la salud de toda la población, dispondrá́ que se le apliquen todas las vacunas, que, atendida su edad, tengan el carácter de obligatorias, de acuerdo al Programa de Vacunación Obligatoria del Ministerio de Salud.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República, y Acta N°94-2015 sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se acoge, sin costas la acción interpuesta por la Municipalidad de Puerto Montt en favor del niño nombre reservado, de 7 años de edad, y en contra de sus padres, nombre reservado, y nombre reservado, y en consecuencia, se ordena a los recurridos la aplicación de todas las vacunas que sean procedentes y que tengan el carácter de obligatorias, atendida la edad del niño, tan pronto como quede ejecutoriada la presente sentencia, bajo la forma, dosis y periodicidad que se prescriba por el órgano de salud competente.

Todo ello bajo apercibimiento de incurrir en un delito de desacato en caso de inobservancia a lo anterior.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Redacción a cargo del abogado íntegramente Mauricio Cárdenas García.

Rol Protección N° 606-2024.