Protección contra Diario “El Llanquihue” representado por su Director

Puerto Montt, catorce de julio de dos mil diecisiete.

Vistos:

Con fecha 26 de abril del año en curso, comparece doña Marcela Crisosto Borzone, abogada, defensor penal público, en favor del joven nombre reservado, estudiante universitario, ambos domiciliados en domicilio reservado, quien recurre de protección en contra del Diario “El Llanquihue” representado por su Director, don nombre reservado, domiciliados en domicilio reservado, a fin de que se ordene al recurrido eliminar el registro informático de las noticias que afectan negativamente a su representado nombre reservado, dentro de un plazo prudencial que se determine, bajo apercibimiento y con expresa condena en costas.

Cuando el recurrente tenía 17 años de edad se vio involucrado en una causa penal por delito de homicidio y lesiones graves, condenado por el tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Puerto Montt, con fecha 09 de abril del año 2013 a la pena de 4 años de internación en régimen cerrado con programa de reinserción social y 300 días de libertad asistida especial. En dicha oportunidad diversos medios de comunicación informaron sobre esta noticia, no obstante el Diario “El Llanquihue” fue más allá y, a pesar de estar prohibido, dio a conocer la identidad del adolescente, publicando su nombre y apellidos a pesar de su minoría de edad. Esta información fue publicada tanto en la prensa escrita como en la plataforma de internet www.soychile.cl/puertomontt que corresponde a la versión digital del Diario “El Llanquihue”, publicación que hasta la fecha se mantiene activa en la página de internet. Así, basta digitar el nombre de su representado en los diversos buscadores web para que aparezca en su totalidad las noticias publicadas en su oportunidad, lo que ocasiona un grave perjuicio al proceso de reinserción social favorable que ha logrado llevar a cabo.

A pesar de estar cumpliendo una sanción privativa de libertad y mientras cumplía su condena en el centro cerrado de Puerto Montt, su representado finalizó sus estudios medios y rindió la PSU, ingresando el año 2014 a la carrera de ingenería en prevención de riesgos de la Universidad Santo Tomás de Puerto Montt, la que actualmente se encuentra cursando. Sename le otorgó permiso para asistir a sus clases universitarias y en dicha virtud en audiencia realizada el 30 de diciembre de 2014 el juzgado de garantía de esta ciudad sustituyó el saldo de su pena de internación en régimen cerrado por una libertad asistida especial. Actualmente nombre reservado se encuentra cumpliendo el saldo de su condena en libertad, donde semanalmente tiene reuniones con su delegado, sigue cumpliendo con el programa de reinserción social contemplado en el plan de intervención aprobado por el tribunal, no ha tenido problemas con la sociedad y sigue asistiendo a la universidad cursando le último año de estudios.

Con miras a conseguir un trabajo para mejorar su currículum una vez que culmine su carrera, buscó su nombre en la plataforma google, para saber qué aparecía de él, pues es sabido que las redes sociales son muy utilizadas por los empleadores para conocer sobre los postulantes a los puestos de trabajo. De esta forma se percató que en la bandeja de búsqueda aparecían unas noticias publicadas el año 2013, la última de fecha 30 de mayo de 2013, en que se le mencionaba con nombre y apellido y estaban relacionadas con la causa en que fue sancionado bajo la ley de responsabilidad penal adolescente. Se inserta a continuación pantallazo de la página de internet y su dirección web respectiva.

Luego al seleccionar aquella noticia del buscador, el lector es derivado a un buscador EMOL.com en que aparecían más noticias que, al seleccionarlas a su vez se re direccionaba a las páginas de soychile,cl/puertomontt donde se pueden aún leer las noticias que en su oportunidad fueron publicadas en el Diario “El Llanquihue” , identificándolo con su nombre completo y apellidos, tal como se aprecia de los pantallazos que se insertan a continuación en el recurso.

Con fecha 06 de diciembre de 2016 su representado se reunió con el Director del Diario, don nombre reservado a quien expuso su situación, entregándole una carta explicativa solicitando formalmente la eliminación de las plataformas de internet de aquellas noticias relacionadas con la causa penal en la que se vio involucrado.

Constantemente el recurrente acudió a las oficinas del Diario para conocer la respuesta, obteniendo como información que se estaba a la espera de lo que se resolviera en la ciudad de Santiago.

Por el tiempo trascurrido y en consideración a que a la Defensoría Penal Pública corresponde la representación de los derechos en todo lo que diga relación con la ejecución de su condena, la compareciente se reunió con el Director recurrido para agilizar la respuesta. Con fecha 27 de febrero del año en curso, el recurrido les indicó que aún no había resultado del requerimiento y les entregó su dirección de correo electrónico para que se comuniquen por esta vía. Se le enviaron diversos correos electrónicos solicitando respuesta la que se obtuvo finalmente el 28 de marzo último en que se señala que no corresponde acoger la solicitud, toda vez que la noticia corresponde a la cobertura periodística de un hecho real y noticioso, en el actuar legítimo del periodismo ejerciendo la libertad de expresión y de información, particularmente de hechos relevantes que obviamente tienen interés público.

La negativa de eliminar de las bases de internet aquellas noticias que afectan directamente a don nombre reservado, constituye un acto ilegal por parte del Director del Diario “El Llanquihue”, que afecta la garantía del derecho a la honra y la intimidad y “el derecho al olvido” cuya existencia ha sido reconocida por la Excma. Corte Suprema en causa Rol 22.243-2015, viéndose afectadas así seriamente las posibilidades de reinserción social y laboral, fin de todas las sanciones de la Ley N° 20.084.

Al rechazar el recurrido la solicitud, desconoce y vulnera ilegalmente los derechos referidos ya que en estas noticias publicadas en su oportunidad, jamás debieron haber aparecido aquellos datos que permitieran individualizar a nombre reservado, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley N° 19.733, como asimismo las normas reguladas en las Reglas de Beijing, que establece reglas mínimas de las naciones unidas para la administración de la justicia de menores, regula la protección a la intimidad, reglas 8.1 y 8.2 y 21.1.

En la especie no se trata de una colisión de derechos, ya que existe norma expresa tanto en la misma ley como en las reglas de Beijíng que impiden a los medios de comunicación social divulgar a identidad de los adolescentes vinculados a procesos penales.

Por lo demás, las publicaciones tratan noticias de hace 4 años atrás, por lo que en su oportunidad le medio de comunicación ejerció su derecho a informar la noticia, debiendo resguardar la identidad del adolescente cosa que no hizo, no obstante la figuración posterior de estas noticias en las plataformas de internet ya no responde al ejercicio de la libertad de expresión o del derecho a informar, toda vez que al día de hoy no existe un interés público en mantener estas noticias.

Se acompaña al recurso, copia de certificado de nacimiento, impresiones de correos electrónicos, páginas de internet y certificado de alumno regular.

Con fecha 16 de mayo del año en curso informa en representación de la recurrida el abogado Ricardo Parra Hernández.

Indica que la Sociedad Periodística Araucanía es propietaria de los diarios provinciales de mayor circulación desde Arauco a Chiloé, desempeñando una actividad de suma importancia para la vida privada del país y en especial de la zona sur.

Relata que en la madrugada del día 16 de febrero de 2012 el recurrente fue detenido por carabineros de Calbuco por el asesinato de nombre reservado de 19 años de edad, con un cuchillo, al que apuñaló más de 20 veces en el tórax y cráneo mientras le rogaba por su vida en el suelo y por lesionar gravemente en el rostro a su hermano Erick con la misma arma.

Esto ocurrió luego de que el recurrente junto a otros dos sujetos apedrearan el domicilio de la familia Rivera mientras se realizaba una celebración familiar, obligando a las dos víctimas a salir a la calle para detener la agresión.

Por estos hechos, el Juzgado de Garantía de Calbuco, ordenó con fecha 18 de febrero de 2012 la internación forzosa del recurrente y el 09 de abril de 2013 el tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Puerto Montt lo condenó como autor del delito consumado de homicidio simple y como autor del delito consumado de lesiones graves.

El asesinato del joven nombre reservado no dejó indiferente a la población de Calbuco, En tres ocasiones marcharon más de un centenar de personas por las calles de Puerto Montt y Calbuco exigiendo justicia. Tal fue la consternación que en el año 2012 la Agrupación de Víctimas de delitos Violentos de Puerto Montt investigó y patrocinó la demanda de justicia de la familia nombre reservado, presentando el caso de modo ejemplar ante el Presidente de la República en el marco de una propuesta formal que exigía una reforma a la legislación penal adolescente.

El caso de nombre reservado se ha transformado en una de las reivindicaciones más importantes de dicha agrupación, en la cual participan miembros de la familia incluso una tía del joven asesinado fue presidenta de dicha agrupación entre 2014 y 2016.

La Agrupación de Víctimas ha marchado y se ha manifestado en diversas ocasiones desde el año 2012 hasta el presente, llevando por las calles de Puerto Montt pendones con la imagen de nombre reservado.

Todo lo anterior, da cuenta del interés periodístico en el crimen de nombre reservado. Con fecha 05 de marzo, 10 de abril y 30 de mayo del año 2013 www.soychile.cl publicó noticias cubriendo decisiones de la Corte de Apelaciones y del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Puerto Montt en contra del recurrente.

En estas noticias se relatan hechos de carácter informativo, de forma objetiva e imparcial, rescatando tanto las actuaciones del Ministerio Público como de la defensa de nombre reservado, respetando la presunción de inocencia y bilateralidad de la audiencia en los términos que pasa a indicar, transcribiendo cada una de las noticias publicadas.

Las noticias transcritas no solo refieren al recurrente, sino que también a la actuación de la Corte de Apelaciones, Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Puerto Montt, del Ministerio Público de la Defensoría Penal Pública, del Sename, y otros.

Todas las informaciones contenidas en las noticias provienen de fuentes públicamente disponibles.

Argumenta a continuación las razones para rechazar el recurso de protección. En primer lugar por ser manifiestamente extemporáneo , por cuanto se ha dirigido respecto de actos ejecutados hace más de 4 años; sin que obste a ello el correo de fecha 28 de marzo último del Director del Diario, pues toda la argumentación se orienta a sostener que fue la publicación de las noticias lo que constituyó el acto arbitrario vulnerador de sus garantías, y no la mera notificación de la decisión recaída en su solicitud.

Es la consignación de su nombre en la noticia, la falta de interés público en su publicidad y la circunstancia de que ella le impediría reinsertarse socialmente, lo que constituye el presunto acto ilegal o arbitrario. En subsidio, para el caso que se considere que el plazo de interposición de este recurso no puede contarse desde la fecha de la publicación de la noticia, el recurso es igualmente extemporáneo desde que el recurrente aporta antecedentes que permiten presumir que tomó conocimiento del acto que reclama el 06 de diciembre de 2016, cuando se reunió con el Director del Diario El Llanquihue.

En segundo término plantea que en este caso no existe urgencia que justifique el presente recurso. Las noticias cuestionadas están disponibles de forma ininterrumpida hace más de 4 años, sin que exista explicación de por qué ahora sería urgente eliminarlas.

En tercer lugar arguye que los medios de prensa responden únicamente en la forma prescrita por la Constitución y la Ley de Prensa. Al respecto, el régimen especial que regula la responsabilidad civil de los medios de comunicación establece que sólo habrá responsabilidad civil en caso de delito penal o ejercicio abusivo de la libertad de prensa y comunicación; la responsabilidad civil se determinará por las normas de la Ley de Prensa que exige delito o abuso y solo supletoriamente por las de los códigos respetivos y la acción para perseguir la responsabilidad civil se regirá por las reglas generales, esto es juicio ordinario de mayor cuantía. Los medios de comunicación responden de acuerdo al artículo 19 N° 12 de la Constitución Política de la República y conforme a la Ley de Prensa, de modo que en virtud del principio de especialidad no es posible aplicar otras reglas, lo contrario desconocería a dicha regulación toda utilidad.

Corresponde aplicar la Ley de Prensa, porque como señala el artículo 19 N° 12 de la Constitución Política de la República, la ley por la cual responden los medios de comunicación debe ser una ley de quórum calificado y el “derecho al olvido” carece de tal calidad.

Luego, manifiesta que, en cualquier evento, no hay acto ilegal o arbitrario pues su representada actuó en ejercicio de un derecho: la libertad de informar y emitir opinión. En este sentido sostiene que la recurrida no tenía una prohibición de individualizar al recurrente en las noticias, pues el recurrente omite señalar que al momento de la publicación de las noticias objeto del recurso, éste ya era mayor de edad.

Destaca en esta misma línea argumentativa que el recurrente sostiene que las noticias de www.soychile.cl debieron identificarlo únicamente con sus iniciales, afirmación errónea; sin embargo, en lugar de solicitar una enmienda en dicho sentido, solicita la eliminación íntegra de las noticias.

El artículo 33 de la Ley de Prensa solo prohíbe a los medios de comunicación divulgar la identidad de menores de edad, prohibición que se aplica a publicaciones, no delitos, razón por la que es la fecha de éstas la que determina el momento relevante para juzgar la aplicación de la ley en el tiempo. De ahí que lo decisivo sea la edad del sujeto al momento de la notica, y no al momento de delinquir, pues eso último es solo relevante para la ley penal.

El artículo 33 de la Ley de Prensa es anterior a la Ley Penal Adolescente; se protege a los menores de edad porque son personas vulnerables, condición que termina con la adultez. A lo anterior agrega que la sentencia condenatoria dictada en contra del recurrente que consta en un expediente público lo identifica con su individualización completa “actualmente de 18 años de edad”.

La propia Ley de Prensa contiene un procedimiento de aclaración y rectificación que permite rectificar errores editoriales.

No es ilegal o arbitrario publicar una noticia Se actuó en ejercicio de un derecho y no se incurrió en delito o abuso.

El hecho de que se mantengan las noticias en internet no constituye una actuación arbitraria porque su objeto es un asunto de interés público. Se hace referencia a un proceso penal donde los delitos en cuestión eran homicidio simple y lesiones graves, lo que da cuenta del especial interés involucrado, según lo establece el artículo 30 de la Ley de Prensa.

Su representada tiene derecho de propiedad sobre sus noticias, son una obra periodística sobre la cual existe un derecho de propiedad intelectual.

Más adelante argumenta en relación a la no afectación de garantías constitucionales, pues no se explica cómo se produciría la afectación al derecho a la honra y su relación con un impedimento para una favorable reinserción social es una hipótesis que señala el recurrente sin aportar antecedente alguno.

Así tampoco existe afectación del derecho a la vida privada, porque la noticia se limitó a exponer hechos públicos, sin inmiscuirse en la esfera privada del recurrente.

En relación al derecho al olvido esgrimido por el recurrente, sostiene que no es una garantía protegida por el recurso interpuesto, no ha sido reconocida legislativa ni constitucionalmente en el derecho positivo chileno.

Con todo, el recurso de protección debió exclusivamente dirigirse contra motores de búsqueda, el obligado a restringir el acceso a los datos personales que están en internet de acuerdo al fallo que en el año 2014 originó la doctrina del derecho la olvido, es el motor de búsqueda y no quien provee los contenidos, el medio de comunicación, ya que el objeto del derecho al olvido es obtener la desindexación de los datos personales, lo que sólo puede llevarse a cabo por las empresas responsables de los motores de búsqueda que realizaron tal indexación cuestionada y no por los medios de comunicación.

El interés público actual de estas noticias obliga a rechazar el recurso. La razón que hace procedente la aplicación del derecho al olvido sobre noticias impugnadas está de acuerdo al recurrente en que al día de hoy, no existe un interés público en mantener estas noticias en los motores de búsqueda de internet, afirmación del todo falaz a juicio del recurrido. Al respecto, existe un interés público actual en el crimen de nombre reservado, pues la Agrupación de Víctimas se ha manifestado hasta incluso este mes de mayo con pendones que llevan su imagen.

Finalmente, hace presente que la publicidad de una noticia no responde sólo al interés de la víctima porque se conozca su agresor, sino que responde al interés de la comunidad por controlar la manera en que actúan los carabineros, fiscales y jueces respecto de los delitos penales. Mantener la información disponible permite que la autoridad se someta al escrutinio de los ciudadanos y que se pueda juzgar su comportamiento en el tiempo. Así, los medios no solo tienen la facultad sino también el deber de dar a conocer el acontecer judicial.

El derecho a informar tiene como correlato el derecho a ser informado.

Se acompaña al informe carta de fecha 6 de diciembre de 2016.

Se ordenó traer los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que el recurso de protección tiene por objeto restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección a los afectados cuando, por causa de alguna acción u omisión arbitraria o ilegal, sufran privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19 de la Constitución Política de la República, en los números que éste señala.

Segundo: Que el fundamento inmediato del presente recurso se ha hecho consistir en la negativa del Diario El Llanquihue, de proceder a la eliminación de la plataforma de internet www.soychile.cl/puertomontt versión digital del Diario “El Llanquihue” de tres publicaciones de prensa de fecha 05 de marzo, 10 de abril y 30 de mayo, todas del año 2013 que individualizando al recurrente, con infracción al artículo 33 de la Ley de Prensa, dan cuenta de la situación procesal por hechos ilícitos que conllevaron su condena como autor de un delito de homicidio y lesiones graves por sentencia del Tribunal de Juicio Oral en Lo Penal de Puerto Montt, que a la fecha, afecta negativamente el proceso de reinserción social y laboral, solicitando la eliminación por parte de la empresa recurrida de éstas noticias, las que en la actualidad carecen de interés público y afectan el derecho a la honra y a la intimidad así como el derecho al olvido.

Tercero: Que un primer aspecto a dilucidar es la oportunidad de interposición de la presente acción cautelar comoquiera que la recurrida ha esgrimido la extemporaneidad del mismo, ya por la fecha de publicación de estas noticias, en el año 2013, ya por la presentación que con idéntica finalidad a este recurso, efectuó el propio recurrente a su representada con fecha 06 de diciembre del año 2016.

Cuarto: Que dicha alegación será desestimada teniendo únicamente presente que ha sido precisamente la negativa de la recurrida comunicada formalmente mediante correo electrónico de fecha 28 de marzo del año en curso, que ha motivado la interposición del presente recurso, negando acceder a la solicitud del recurrente: “ … toda vez que la noticia corresponde a la cobertura periodística de un hecho real y noticioso, en el actuar legítimo del periodismo ejerciendo la libertad de expresión y de información, particularmente de hechos relevantes que obviamente tienen interés público”, según expresa.

Quinto: Que, abordado dicho primer aspecto, de lo reseñado en lo expositivo, corresponde analizar dos situaciones perfectamente identificables e independientes que inciden en el resultado de la acción impetrada.

En efecto, un primer asunto a resolver es si acaso existe ilegalidad en el actuar de la recurrida por individualizar en las referidas noticias al recurrente, cuestión que dice relación con lo preceptuado en el inciso 1° del artículo 33 de la Ley N° 19.733 sobre Libertades de Opinión e Información y Ejercicio del Periodismo.

Así, en tanto el recurrente sostiene que no debió indicarse su identidad por ser menor de edad a la fecha de ocurrencia de los hechos informados, el diario expresa que ello así se efectuó por cuanto a la fecha de las publicaciones el recurrente era mayor de edad.

Sexto: Que, el inciso 1° del artículo 33 de la Ley N° 19.733 establece: “Se prohíbe la divulgación, por cualquier medio de comunicación social, de la identidad de menores de edad que sean autores, cómplice, encubridores o testigos de delitos, o de cualquier otro antecedente que conduzca a ella”. Agrega su inciso final: “La infracción a este artículo será sancionado con multa de treinta a ciento cincuenta unidades tributarias mensuales. En caso de reiteración, la multa se elevará al doble”.

Séptimo: Que las publicaciones de prensa cuestionadas agregadas a los autos se titulan “ A fines de marzo se realizará el nuevo juicio por el homicidio de un joven en Calbuco ( 05.03.2013); “Condenaron a cuatro años al joven que mató a un marino mercante en Calbuco” (10.04.2013); “La Corte de Puerto Montt confirmó la condena del homicida de un marino mercante en Calbuco” (30.05.2013); en todas las cuales se alude al recurrente con su nombre y apellidos, de manera que su individualización es indudable.

Octavo: Que el hecho ilícito que llevó a la condena penal del recurrente bajo la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, aconteció en el mes de febrero del año 2012, cuando éste tenía 17 años y 8 meses de edad, condición de minoría de edad que conlleva la prohibición de la divulgación de su identidad, por cuanto se le atribuye la participación de autor de delitos cometidos cuando era menor de edad, circunstancia que no muta por el transcurso del tiempo y con ello, el advenir en mayoría de edad. Lo contrario, llevado al extremo permitiría publicar hoy, sucesos delictivos noticiosos de la vida pasada de personas que transitan por la etapa adulta de sus vidas, claro está sin que exista consentimiento de éstas en dicha divulgación, pues no cabe restringir la prohibición de dicha divulgación únicamente durante el tiempo que el sujeto sea menor de edad, límite exiguo si se tiene en consideración el rango etario de la responsabilidad penal juvenil, de manera que en la forma dicha, la protección legal que se pretende con ésta prohibición de divulgación de identidad tiene un sentido más amplio que el señalado por la recurrida.

Noveno: Que, lo concluido en el motivo que antecede es suficiente para tener por acreditada la ilegalidad en que ha incurrido la recurrida con ocasión de las publicaciones de prensa cuestionadas en tanto se ha divulgado la identidad del recurrente y que en esta sede cautelar, se relaciona con la garantía del artículo 19 N° 4 y N° 26 de la Constitución Política de la República, pues se le ha desconocido su derecho al resguardo de su identidad, atributo de su personalidad a través de la interpretación de una norma de rango constitucional, que regula precisamente el ejercicio legítimo de la garantía constitucional del derecho a informar, afectando en su esencia el resguardo de su esfera de intimidad.

Sobre el particular cabe tener presente que ya el texto original de la Ley N° 16.643 sobre Abusos de Publicidad, establecía en su artículo 24°: “ Se prohíbe la divulgación por cualquier medio de difusión de informaciones relativas a delitos cometidos por menores, así como la individualización de éstos cuando sean víctimas de delitos de acción privada o semiprivada. Sin embargo, cuando hubiere juicio pendiente podrá hacerse la publicación con autorización del Juez de la causa. La infracción de este artículo será sancionada con multa de cinco a diez sueldos vitales.”

Luego, de la historia de la Ley N° 19.733 consta del debate parlamentario sobre el artículo 37 del proyecto, actual artículo 33, una mayor rigurosidad en la prohibición de divulgación no sólo en cuanto a la calidad de las personas sino a su participación en el delito e intervención en el proceso respectivo. Así, el Primer informe de Comisión de Constitución del Senado, Sesión 42, de fecha 09 de abril de 1997, expresa sobre el particular lo siguiente:

“ Artículo 37 Prohíbe la divulgación, por cualquier medio de comunicación social, de la identidad de menores de dieciocho años de edad que sean autores, cómplices, encubridores o víctimas de delitos, o de cualquier otro antecedente que directa o indirectamente conduzca a ella, y castiga la infracción de esta prohibición con una multa de veinte a cien unidades tributarias mensuales.

La Comisión revisó, para los efectos de prohibir la divulgación de informaciones respecto de la identidad de personas que se vean relacionadas en algún delito, tanto la calidad como la edad que ellos pudieran tener.

En relación con los menores de edad, estuvo de acuerdo en mantener la prohibición respecto de los partícipes en delitos, sea como autores, cómplices o encubridores.

Eliminó, eso sí, la circunstancia que agrega el texto aprobado en el primer trámite constitucional de que la prohibición se extiende en general, a cualquier antecedente que “directa o indirectamente” conduzca a determinar la identidad, por la incertidumbre que añade a la norma, siendo que su alcance está suficientemente expresado en el concepto de “conducir” a esa finalidad.

Existió consenso, además, en la necesidad de incorporar a quienes tuviesen la calidad de testigos, que actualmente no se contempla, ya que su posible identificación puede afectar de manera importante la comprobación del hecho punible y la determinación de las personas de las partícipes.

Por otra parte, se observó que sería ser (sic) positivo que las víctimas menores de 18 años de edad pudieran ser identificadas a través de los medios de comunicación social, ya que ello podría provocar una respuesta social efectiva de reproche al delito en cuestión.

En este punto, se estimó atendible la sugerencia formulada por el Profesor de Derecho de la Información señor nombre reservado, en orden a incluir en la disposición la prohibición de divulgar la identidad respecto de las víctimas, cualquiera sea su edad, de delitos contra el orden de las familias y la moralidad pública, que se encuentran tipificados en el Título VII, del Libro II del Código Penal, como violación, abusos deshonestos y estupro a menos que ellas acepten que se difunda.

Dejó constancia la Comisión que, para este efecto, se requerirá de un consentimiento expreso, y no bastará la mera falta de oposición del afectado para que se dé a conocer su identidad por el medio de comunicación social.

De acuerdo a lo anterior, fue aprobado en forma unánime por los HH. Senadores señores Fernández, Hamilton, Urenda, Otero y Sule, con las modificaciones que se han señalado.”

Décimo: Que, un segundo aspecto del recurso, dice relación con la eliminación de las publicaciones de prensa ya indicadas, en su integridad, por carecer de interés público y afectar la reinserción social y laboral del recurrente.

Undécimo: Que en este sentido, la empresa recurrida, no ha hecho otra cosa más que informar de hechos efectivamente ocurridos en relación al recurrente, derecho este, el de informar, garantizado en la Constitución Política de la República en el inciso 1° del N° 12° de su artículo 19. Si bien este derecho no es absoluto y siempre ha de responder de los “delitos y abusos” a que hace referencia la norma citada, ello debe hacerse en el proceso de lato conocimiento respectivo.

Duodécimo: Que el derecho a publicar noticias sin censura previa está garantizado en la Carta Fundamental y el que estas noticias se mantengan en internet es parte de esa garantía, máxima cuando las publicaciones que menciona el recurrente son hechos de interés público. Señala el artículo 30 de la Ley de Prensa: “ Para lo dispuesto en el presente artículo se consideran como hechos de interés público de una persona los siguientes: a) Los referentes al desempeño de funciones públicas; b) Los relacionados en el ejercicio de una profesión u oficio y cuyo conocimiento tenga interés público real; c) Los que consistieren en actividades a las cuales ya haya tenido libre acceso el público, a título gratuito u oneroso; d) Las actuaciones que, con el consentimiento del interesado, hubieren sido captadas o difundidas por algún medio de comunicación social; e) Los acontecimientos o manifestaciones de que el interesado haya dejado testimonio en registros o archivos públicos, y f) Los consistentes en la comisión de delitos o participación culpable de los mismos”.

Décimo tercero: Que, en lo que se viene analizando, no existiendo acto ilegal o arbitrario por parte de la recurrida, no han podido afectarse los derechos mencionados por el recurrente.

Décimo cuarto: Que, con todo, en relación al “derecho al olvido” argumentado por la recurrente, se tendrá en consideración para su rechazo, que se trata de lege ferenda y de no lege lata, carece de reconocimiento en nuestro ordenamiento jurídico, y su reconocimiento jurisprudencial atiende al caso concreto que necesariamente conlleva la ponderación de todos los derechos que puedan verse confrontados, así como en este caso amén del derecho a la libertad de prensa, que incluso permite la publicación de hechos relativos a personas con antecedentes penales, los hayan eliminado o no, se debe considerar el legítimo derecho de las víctimas y familiares en su caso.

Décimo quinto: Que encontrándose la Corte facultada para adoptar las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho como así adoptar las medidas de protección del afectado que estime conducentes, el presente recurso será acogido en los términos que en los resolutivo se dispondrá.

Por estas consideraciones y vistos además lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República se declara:

I.- Que se acoge, sin costas, el recurso de protección interpuesto por doña Marcela Crisosto Borzone a favor de don nombre reservado, en contra del Diario “El Llanquihue” representada por su Director don nombre reservado, de propiedad de Sociedad Periodística Araucanía S.A. representada por don nombre reservado, sólo en cuanto se dispone que la recurrida deberá eliminar de las publicaciones de prensa de fecha 05 de marzo; 10 de abril y 30 de mayo todas del año 2013 registradas, conforme a la fecha indicada, en el sitio http://www.soychile.cl/Puerto-Montt/Policial, toda alusión a la identidad del recurrente que lleve de cualquier modo a la divulgación de su identidad, por haberse vulnerado lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley N° 19.733.

II.- Que, para su cumplimiento se otorgará el plazo de 30 días, bajo los apercibimientos correspondientes.

III.- Que se rechaza en lo demás el recurso de protección interpuesto, sin costas.

Comuníquese, regístrese y archívese en su oportunidad.

Redacción del Ministro Titular don Jorge Pizarro Astudillo.

Rol N° 581-2017.