nombre reservado con MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PUBLICA

Puerto Montt, veintiséis de enero de dos mil veintitrés.

Vistos:

Con fecha 28 de noviembre de 2022, comparece el abogado Pablo Peñaloza, a favor de nombre reservado, empleado, de nacionalidad venezolana, domiciliado en domicilio reservado, quien recurre de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones, dependiente del Ministerio del Interior y Seguridad Pública por cuanto aquel ha omitido ilegal y arbitrariamente un pronunciamiento acerca de la solicitud de permanencia definitiva, impetrada con fecha 26 de mayo de 2021 y en trámite bajo el N° 22951603.

Señala que a la fecha no ha recibido respuesta por parte del Servicio recurrido del trámite iniciado hace más de un año, así tampoco se ha liberado la orden de giro correspondiente al beneficio solicitado, lo que lo mantiene en una situación de preocupación e incertidumbre, vulnerando así lo previsto en el artículo 27 de la Ley N° 19.880 y afectando la garantía prevista en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República.

Arguye que la afectación es de carácter permanente en tanto se mantenga la omisión reprochada y cita jurisprudencia sobre el punto y hace referencia a la consagración normativa del principio de celeridad que informa el actuar de los órganos públicos, por lo que pide se acoja la acción y se ordene a la recurrida pronunciarse acerca de la petición formulada por el recurrente, adoptando las medidas que sean necesarias por para restablecer el imperio del derecho, con costas Acompaña comprobante de solicitud de permanencia definitiva, estampados de visa de residencia sujeta a contrato y cédula de identidad para extranjero.

Informa en representación del Servicio Nacional de Migraciones, la abogada Lony De la Guarda, solicitando el rechazo del recurso.

Señala que el recurrente de nacionalidad venezolana, ingreso por primera vez al país con fecha 15 de enero de 2019, por paso fronterizo habilitado, siéndole otorgada por la Gobernación provincial de Chiloé beneficio de autorización de trabajo por 4 meses y luego visa sujeta a contrato por el lapso de 1 año, vigente hasta el 3 de julio de 2020, beneficio que, ante la solicitud del recurrente, es prorrogada por 1 año, vigente hasta el 3 de julio de 2021.

Con fecha 12 de mayo de 2022, el recurrente solicita ante el Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, el beneficio de residencia definitiva, código de solicitud N° 22951603.

Con fecha 6 de diciembre de 2021 y 7 de marzo de 2022 mediante resoluciones exentas que acompaña se notifica al recurrente de la aprobación de avance de estado de trámite de solicitud de permanencia definitiva.

Luego trata de la tramitación de solicitud de permanencia definitiva, previo a la entrada en vigor de la nueva Ley N° 21.325.

Encontrándose actualmente la solicitud de permanencia definitiva en trámite, puede acceder a un certificado que acredita tal situación en la página web del servicio, manteniendo una situación migratoria regular en el territorio nacional, pudiendo hacer ingreso y egreso del país sin limitaciones.

En cuanto a los plazos de tramitación argumenta en torno al carácter no fatal del plazo establecido en el artículo 27 de la Ley N° 19.880 y la situaciones excepcionales de caso fortuito o fuerza mayor y con todo se estimarse que el servicio no dictó el acto administrativo terminal dentro de plazo, instar a la aplicación de las disposiciones legales sobre el silencio de la administración que en este caso sería de carácter negativo y requerir el correspondiente certificado, lo que el recurrente no ha solicitado.

Acompaña Circular N° 12 de fecha 24 de noviembre de 2021, oficio Ord. N° 67130 del Servicio Nacional de Migraciones de fecha 07 de noviembre de 2022 y Resoluciones Exentas N° 21315333 y N° 22125135 del Servicio Nacional de Migraciones de fecha 6 de diciembre de 2021 y 7 de marzo de 2022, respectivamente.

Se ordenó traer los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que la presente acción cautelar denuncia como ilegal y arbitraria, la demora injustificada de parte del Departamento de Extranjería, hoy Servicio Nacional de Migraciones, en resolver la petición deducida por los recurrentes respecto del otorgamiento de un permiso de residencia definitiva en nuestro país.

Lo anterior se basa en síntesis, en la ausencia de razonable justificación para la demora en la conclusión del procedimiento administrativo, más allá del plazo de seis meses contemplado en el artículo 27 de la Ley N° 19.880 que informe el actuar de los órganos del Estado.

Segundo: Que, en el caso sublite, se concluye de los antecedentes que obran en autos, que el recurrente solicitó su permanencia definitiva ́en Chile a través de los canales destinados a tal efecto, con fecha 26 de mayo de 2021, iniciándose con ello el procedimiento administrativo cuya última resolución, según da cuenta la recurrida data del 7 de marzo de 2022, conforme Resolución Exenta N° 22125135 que aprueba avance de estado de trámite de solicitud de permanencia definitiva a la etapa “ Evaluación intermedia” la que incluye el análisis documental que implica validación de forma, vigencia y legalización – si fuese necesario-, además de la petición de información a instituciones externas, específicamente a las policías y Servicio de Registro Civil e Identificación, sobre la existencia o no de antecedentes delictuales; y la evaluación analítica de documentos electrónicos o en papel, legalizados o apostillados, según corresponda.

Tercero: Que, entonces, se desprende del mérito de autos que la recurrida ha incurrido en una dilación en la resolución de la solicitud presentada por el recurrente que excede el plazo establecido en el artículo 27 de la Ley N°19.880, sin que exista justificación racional y suficiente para ello, ni tampoco un acto administrativo formal expedido por la autoridad que contenga los motivos para acceder o denegarla.

De esta forma, en el presente caso, se ha producido una demora en la tramitación que es dable calificar como excesiva, lo que ha afectado la garantía constitucional del artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República, al omitir la Administración la actuación que es debida para un caso como éste, dentro de los plazos legales y sin que se haya entregado para ello una explicación plausible, razonable, idónea y suficiente de dicho retardo en el pronunciamiento de la administración ya resulte favorable o contrario a los intereses del interesado.

Por estas consideraciones y atendido lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República; y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se acoge, sin costas, la acción interpuesta por el abogado Pablo Peñaloza Parra a favor de nombre reservado en contra del Servicio Nacional de Migraciones y en consecuencia, se ordena a la recurrida resolver el procedimiento en el sentido que en derecho corresponda, emitiendo un pronunciamiento acerca de lo solicitado, dentro del plazo de sesenta días desde que la presente sentencia cause ejecutoria.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción de la Abogada Integrante Sra. Patricia Belmar Stumpfoll.

Rol Protección N° 5786-2022.