COLEGIO MEDICO VETERINARIO DE CHILE A.G. con SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS DIRECCION REGIONAL

nombre reservado, veintisiete de febrero de dos mil veintitrés.

Vistos.

A folio 1 comparece Diego Ignacio Gallegos Vallejos, abogado, cédula nacional de identidad número RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado, en representación del Colegio Médico Veterinario de Chile A.G, quien deduce acción de protección en beneficio del Centro Veterinario Achao SpA y de Controlvet SpA en contra del Servicio de Impuestos Internos por el acto, que califica de ilegal y arbitrario, consistente en la dictación de la Circular N°50 de fecha 27 de octubre de 2022 que interpretó las modificaciones a la Ley sobre Impuesto a las Ventas y Servicios (en adelante LIVS) introducidas por la Ley N°21.420. Alega vulneración a las garantías constitucionales protegidas por los números 2, 21, 22 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política.

Expone que el reciente artículo 12 letra e) número 20 del Decreto Ley N°825 establece que “Estarán exentos del impuesto establecido en este Título”: “20) Los servicios, prestaciones y procedimientos de salud ambulatorios, que se proporcionen sin alojamiento, alimentación o tratamientos médicos para recuperar la salud propios de prestadores institucionales de salud, tales como hospitales, clínicas o maternidades”. Enseguida, explica que en la sección 3.2.2 de la circular N°50 del SII, acerca de los requisitos de procedencia de esta exención, la recurrida indicó que solo considerará como “prestación de salud” aquella que sea “asimilable” o se desarrolle “en el contexto” de las prestaciones catalogadas en el Fonasa y que sean ejecutadas por profesionales capacitados de acuerdo con el Libro V del Código Sanitario.

Sobre el particular, el recurrente señala que el concepto de “prestación de salud” es más amplio que los catálogos del Fonasa y con tal interpretación incluso se deja afuera las prestaciones médicas de la Ley N°16.744 sobre seguro contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. En tal sentido, asegura que a través de clínicas veterinarias, los médicos veterinarios ofrecen verdaderas prestaciones de salud, toda vez que el Ministerio de Salud les exige informe sanitario, dirección técnica, botiquín para fármacos y, además, las clínicas veterinarias cuentan con equipos que requieren de una autorización sanitaria para su funcionamiento.

En segundo lugar, argumenta que el Servicio recurrido excede el ámbito de su competencia al fijar como criterio para definir qué es una prestación de salud, la existencia de cobertura de un seguro, aunque éste sea Fonasa, ya que si la ley hubiese querido que la exención se aplicase solo a las prestaciones de Fonasa lo hubiese dicho.

En tercer lugar, asegura que el SII históricamente ha tratado de la misma forma a la salud animal y a la salud humana, citando el Oficio N°0214 de 1998, Oficio Nº2.653 de 1998 y el Oficio N°4736 de 2023. Por consiguiente, alega que el SII ha infringido el artículo 6 letra A del Código Tributario, ya no efectuó una consulta pública al respecto, pese al cambio interpretativo.

Finalmente, afirma que el recurrido ha infringido la Ley N°20.380 sobre protección de los animales, ya que ésta conceptualiza a los animales como seres vivos, sensibles y que al ser heridos o maltratados deber recibir tratamiento veterinario para restablecer su salud. Asimismo, menciona una vulneración a la Ley N°21.020 sobre tenencia responsable de mascotas, así como al Código Sanitario y a sus Reglamentos.

Pide se deje sin efecto la sección N°3.2.1. de la Circular N°50 de octubre de 2022 y, en su lugar, se ordene la dictación de una Circular que considere a los servicios prestados por clínicas veterinarias como una prestación de salud, con costas. Acompaña: 1. Copia del acta de directorio de COLMEVET de fecha 12 de junio de 2017, reducida a escritura pública con fecha 25 de Julio de 2017 ante la notaría de doña nombre reservado. 2. Copia de declaración jurada de la sociedad Centro Veterinario Achao SpA, RUT: RUT reservado. Copia de certificado de estatutos actualizados de la sociedad antes dicha. 4. Copia autorización de doña nombre reservado, representante legal de la sociedad, con el fin de que COLMEVET represente a su clínica veterinaria en el presente recurso. 5. Copia declaración jurada inicio de actividades de sociedad Controlvet Spa, RUT: RUT reservado. Copia de certificado de estatutos actualizados de dicha sociedad. 7. Autorización de nombre reservado, representante legal de la sociedad, con el fin de que COLMEVET represente a su clínica veterinaria en el presente recurso.

A folio 3 se declara admisible el recurso de protección y se pide informe al recurrido.

A folio 9 la recurrida evacua informe quien alega que la acción de protección no es la vía idónea, toda vez que la pretensión del actor excede con creces la naturaleza cautelar de la acción de protección; toda vez que para ello se requiere conocer del fondo del asunto, para lo cual el Código Tributario ha reservado la competencia a los Tribunales Tributarios y Aduaneros.

En segundo lugar, niega el carácter arbitrario o ilegal de la Circular N°50 de 2022 ya que el artículo 6 letra a) N°1 inciso 2° del Código Tributario ha establecido que corresponde al Director del SII la interpretación administrativa de las disposiciones tributarias y, precisamente, en este caso, la autoridad tributaria ha precisado uno de los requisitos de la exención tributaria en lo que dice relación con el concepto de “prestaciones médicas ambulatorias”. Señala que para ello consideró las normas dictadas sobre la materia por el Ministerio de Salud de acuerdo con el Código Sanitario; recordando que en materia tributaria las exenciones deben ser interpretadas en forma restrictiva, razón por la que éstas no pueden aplicarse a hipótesis no previstas por el legislador, lo que se condice con el fin recaudatorio de la normativa. Argumenta sobre el particular que el artículo 12 letra e) N°20 de la Ley de Impuesto a las Ventas y Servicios incorporó una exención que beneficia a las prestaciones de salud ambulatorias, la que se refiere a prestadore institucionales utilizando expresiones como “hospitales, clínicas o maternidades”, lo que inequívocamente se refiere a la salud humana de acuerdo con el Código Sanitario, el que en su Libro V acerca del ejercicio de la medicina y profesiones afines no reconoce a los médicos veterinarios dentro de éstas, lo que tampoco se establece en las leyes N°20.380 ni 21.020 citadas por el actor.

En tercer lugar, indica que no es efectivo que la Circular confunda las prestaciones de salud con aquellas financiada por Fonasa, como erróneamente plantea el actor, ya que los listados de prestaciones que dicha entidad considera como prestaciones de salud se tomó solo para efectos de certeza, pero sin que dicha enumeración sea taxativa, pero siempre dentro del ámbito de la salud humana. Enseguida, recalca que las interpretaciones del Director del Servicio no son vinculantes para los contribuyentes, quienes pueden reclamar de éstos sus criterios se hagan aplicables a actos específicos como liquidaciones, giros o resoluciones de acuerdo con el artículo 126 del Código Tributario, citando jurisprudencia de la Excelentísima Corte Suprema sobre el punto.

Finalmente, hace presente que la circular en cuestión interpreta una norma que no existía en la legislación tributaria, sin perjuicio de lo cual sí se sometió a consulta pública; lo que se acredita con una captura de pantalla de la página web del Servicio, entre el 17 y el 31 de agosto de 2022.

Luego de referirse a las garantías constitucionales invocadas, niega que éstas hayan sido afectadas, pidiendo el rechazo de la acción de protección con costas.

A folio 10 se trajeron los autos en relación.

A folio 13 el SII acompañó tres sentencias de las Ilustrísimas Corte de Apelaciones de Rancagua, Arica y Santiago que fallaron esta misma causa declarando inadmisible el recurso de protección por no ser el recurso de protección la vía idónea y una sentencia de la Excelentísima Corte Suprema que confirma tal criterio.

A folio 15 se dispuso la agregación extraordinaria de la causa en tabla, en lugar preferente.

Con lo relacionado y considerando.

Primero. Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye jurídicamente una acción de carácter cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio. Supone, como elemento esencial, la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitrario que provoque a la recurrente la vulneración de la garantía constitucional que ha señalado como atropellada o amenazada.

Segundo. Que, el actor pide se deje sin efecto la sección N°3.2.1. de la Circular N°50 de octubre de 2022, emanada del Servicio de Impuestos Internos, que interpreta la expresión “prestaciones médicas ambulatorias” introducida por la Ley N°21.420 la cual modifica la Ley sobre Impuesto a las Ventas y Servicios incorporando una exención tributaria. Asevera que la dictación de dicha circular es ilegal por contravenir la Ley N°20.380, la Ley N°21.020, el Código Sanitario y la normativa reglamentaria que cita, las que consideran a las prestaciones de salud efectuadas por clínicas veterinarias. Igualmente, alega una infracción al artículo 6 letra A del Código Tributario, puesto que no se habría efectuado una consulta pública para la dictación de esta circular, la cual modificaría la interpretación sobre la materia. Alega una vulneración a las garantías constitucionales protegidas por los números 2, 21, 22 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política.

Tercero. Que, la recurrida alega que no es ésta la vía idónea para que la actora plantee las alegaciones efectuadas atendida la naturaleza de esta acción constitucional. Igualmente, asegura que la Circular se dictó dentro de las facultades legales del Director del Servicio; asevera que sí se efectuó una consulta pública, pese a no ser ello necesario y niega vulneración a las garantías constitucionales del actor.

Cuarto. Que, por medio de la interposición de este recurso de protección, lo que el actor pretende es que esta Corte determine que el criterio interpretativo seguido por el Servicio de Impuestos Internos, materializado en la dictación de la Circular N°50, no se ajusta a la normativa tributaria. Sin embargo, tal discusión excede la finalidad y el carácter cautelar de esta acción constitucional, correspondiendo ser dilucidada mediante por medio de un procedimiento declarativo, sustanciado ante el tribunal tributario competente, en la medida que se cumplan los presupuestos legales para interponer la correspondiente demanda o reclamación tributaria.

Por otra parte, y mayor abundamiento, no debe perderse de vista que la Circular N°50 ha sido dictada en ejercicio de una facultad legal expresamente reconocida al Director del Servicio de Impuestos Internos tanto por el inciso 1° del N°1 de la letra a) del inciso 2° del artículo 6 del Código Tributario, como por la letra b) del artículo 7 de la Ley Orgánica del Servicio de Impuestos Internos; de manera que su ejercicio no puede ser considerado ilegal. Máxime cuando la naturaleza de la circular resulta vinculante únicamente para los funcionarios de dicho organismo.

Quinto. Que, en conclusión, no existiendo un derecho indubitado y no siendo el recurso de protección la vía idónea para resolver la pretensión del actor; esta acción debe ser rechazada.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República, y en el Acta Nº94-2015 de la Excma. Corte Suprema, sobre tramitación y fallo del recurso de protección, se resuelve:

I.- Que, se rechaza el recurso de protección interpuesto por el abogado Diego Ignacio Gallegos Vallejos, en representación del Colegio Médico Veterinario de Chile A.G, en beneficio del Centro Veterinario Achao SpA y de Controlvet SpA en contra del Servicio de Impuestos Internos.

II.- Que, no se condena en costas por haber existido motivo plausible.

Redacción a cargo de la Abogada Integrante Sra. Patricia Belmar Stumpfoll.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol Protección Nº5757-2022.