nombre reservado con SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PUBLICA
- Fecha
- 27 de enero de 2023
- Sala
- Primera
- Resultado
- Acogida
- Cita
- Corte de Apelaciones de Puerto Montt, Rol N° 5732-2022, sentencia de 27 de enero de 2023
Resumen
Se acoge el recurso y se ordena a Migraciones resolver en 60 días la solicitud de residencia definitiva, por la dilación ilegal que vulnera la igualdad ante la ley.
Texto íntegro
Puerto Montt, veintisiete de enero de dos mil veintitrés.
VISTOS Que a folio N° 1 comparece nombre reservado, cédula de identidad para extranjeros N°RUT reservado, y JOAQUÍN nombre reservado CONTRERAS ROA, cédula de identidad para extranjeros N°RUT reservado, Abogados, por sí y a favor de nombre reservado, empleada, de nacionalidad venezolana, cédula de identidad para extranjeros N°RUT reservado, todos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, Región de Los Lagos, quienes interponen Acción de Protección de garantías constitucionales en contra del SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES, DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA, representado por don nombre reservado, Sociólogo, con domicilio en domicilio reservado, Región Metropolitana de Santiago, por la omisión ilegal y arbitraria en emisión de resolución exenta que pone fin al procedimiento administrativo aprobando o rechazando la solicitud de residencia definitiva, solicitada por la recurrente con fecha 31 de mayo de 2020.
En cuanto a los hechos expone que el actor de nacionalidad venezolana, ingreso al país en calidad de turista, estando dentro del país cambio su condición migratoria a residente temporario por visa otorgada, con el propósito de establecerse y desarrollar su proyecto de vida en Chile.
Con fecha 24 de mayo de 2020, se sometió a un proceso de multa, resolución exenta N°19886, realizando el pago con fecha 24 de mayo de 2020.
En ese sentido, con fecha 31 de mayo de 2020, el recurrente solicita el beneficio migratorio de residencia definitiva, tal y como consta en comprobante de solicitud N° 5329446 que se acompaña.
Sin embargo, a la fecha el recurrente no ha recibido ninguna respuesta por parte del servicio recurrido, ni se ha liberado la orden de giro correspondiente al beneficio solicitado, lo que la mantiene en una situación de preocupación e incertidumbre ante un trámite por demás demorado.
Estima vulnerada la Garantía del artículo 19 n°2 de la Constitución Política de la Republica.
Previas citas legales y jurisprudenciales pide se acoja el recurso y en este ordene al recurrido que se pronuncie sobre la solicitud del actor en un plazo no superior a 30 días corridos o el que se estime conforme al mérito de autos y en general adoptando las providencias que sean necesarias para establecer el imperio del derecho, todo lo anterior con expresa condena en costas.
Acompaña junto al recurso los siguientes documentos: 1. Comprobante de solicitud de permanencia definitiva. 2. Cedula de identidad para extranjeros 3. Resolución Exenta Nº19886 aplicando multa. 4. Comprobante de pago de multa.
Que a folio N°3 se tuvo por interpuesto el recurso Que a folio N° 5 evacua informe el recurrido quien sostiene al efecto que consta que don nombre reservado, de nacionalidad Venezolana, ingresó al país por primera vez con fecha 18 de enero de 2018, por paso fronterizo Carretera Chacalluta.
Con fecha 24 de abril de 2018, mediante Oficio ordinario N° 517, de la Gobernación provincial de Llanquihue, comunica infracción del recurrente a la Intendencia Regional de Los Lagos, por residencia irregular, infringiendo la normativa vigente Ley N° 1094 y su reglamento.
Con fecha 24 de abril de 2018, el recurrente solicita ante la Gobernación provincial de Llanquihue, el beneficio de visa primera vez temporaria motivos laborales.
Con fecha 24 de abril de 2018, la Gobernación provincial de Llanquihue, otorga al recurrente el beneficio de autorización de trabajo, por el periodo de 4 meses, la que se mantuvo vigente hasta el 24 de agosto de 2018.
Con fecha 6 de julio de 2018, mediante Resolución exenta N° 1.185/757, de la Intendencia Región de Los Lagos, aplica amonestación al recurrente por residencia irregular, encontrándose en situación prevista en artículos 71, 72 bis y 79 del D.L. N° 1.094 de 1975 y en el artículo 148 y 149 del Reglamento. Con fecha 11 de octubre de 2018, mediante Resolución exenta N° 6441, la Gobernación provincial de Llanquihue, otorga al recurrente el beneficio de visa temporaria, por el periodo de 1 año, la que se mantuvo vigente hasta el 24 de octubre de 2019.
Con fecha 29 de julio de 2019, el recurrente solicita ante el Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, el beneficio de residencia definitiva, código de solicitud 1023109.
Con fecha 26 de marzo de 2020, mediante Notificación Solicitud incompleta o insuficiente. Otorga plazo para subsanar. Folio N° 4977623, del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, no adjuntó la documentación requerida para solicitar Permanencia Definitiva, o esta se encuentra incompleta o errónea. Con fecha 6 de abril de 2020, el recurrente subsana fuera de plazo documentación solicitada en Solicitud incompleta o insuficiente. Otorga plazo para subsanar. Folio N° 4977623.
Con fecha 31 de mayo de 2020, el recurrente solicita ante el Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, el beneficio de residencia definitiva, código de solicitud 5329446.
Con fecha 5 de diciembre de 2021, mediante Resolución exenta N° 21231892, del Servicio Nacional de Migraciones, notifica a la recurrente el aprueba avance de estado de trámite de solicitud de permanencia definitiva.
Con fecha 28 de febrero de 2022, mediante Resolución exenta N° 22105989, del Servicio Nacional de Migraciones, notifica a la recurrente el aprueba avance de estado de trámite de solicitud de permanencia definitiva. A la fecha, la solicitud de residencia definitiva código de solicitud 5329446 se encuentra en etapa de resolución.
Afirma que la solicitud de permanencia definitiva del actor se encuentra actualmente en trámite, pudiendo acceder a un certificado que acredita tal situación a través de la página de trámites del Servicio Nacional de Migraciones: tramites.extranjeria.gob.cl. En virtud de lo anterior, el recurrente mantiene situación migratoria regular en el territorio nacional, pudiendo hacer ingreso y egreso del país sin limitaciones y transitar libremente por éste. En consecuencia, no existe actualmente una conducta que genere vulneración, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de los derechos protegidos por la acción de protección.
Que, según lo señalado por el artículo 27 de la Ley 19.880, el plazo del procedimiento administrativo podrá ser mayor a 6 meses cuando exista caso fortuito o fuerza mayor, entendiéndose como tal, una pandemia de carácter mundial que afectó y afecta nuestro país, lo que distorsionó los tiempos normales de tramitación de los procedimientos administrativos durante los años 2020 y 2021, atendidos los aislamientos, cuarentenas y restricciones de movilidad decretados por la autoridad sanitaria. Lo anterior significó un retraso considerable e irresistible para la autoridad migratoria que ha sido reconocido por sentencias ejecutoriadas como un caso fortuito que excusa la dilación de las solicitudes de permanencia definitiva, sin que ello por sí solo implique vulneración de derechos fundamentales de los extranjeros, al mantener residencia regular en el país y contar con documentación a su disposición para acreditar dicha condición.
Por otra parte, entiende que la vía idónea para que los órganos de la administración del Estado dicta un acto administrativo final en un procedimiento que ha demorado en su tramitación más allá del plazo no fatal establecido en el artículo 27 de la Ley N° 19.880 no es la interposición de una acción de protección, sino el mecanismo especial del silencio administrativo, establecido en los artículos 64 y 65 del mismo cuerpo normativo Finalmente, señala los perjudiciales efectos que ha producido el sostenido aumento en la interposición de acciones constitucionales, tanto de acciones de protección como amparos, con el objeto de acelerar la tramitación de una solicitud ante esta autoridad migratoria.
Por estas razones, pide el rechazo del recurso en todas sus partes.
Acompaña junto al informe, los siguientes documentos: 1. Circular N° 12 del Servicio Nacional de Migraciones, de fecha 24 de noviembre de 2021. 2. Oficio ordinario N° 67130, del Servicio Nacional de Migraciones, de fecha 7 de noviembre de 2022. 3. Solicitud incompleta o insuficiente. Otorga plazo para subsanar. Folio N° 4977623, del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, de fecha 26 de marzo de 2020. 4. Resolución exenta N° 21231892, del Servicio Nacional de Migraciones, de fecha 5 de diciembre de 2021. 5. Resolución exenta N° 22105989, del Servicio Nacional de Migraciones, de fecha 28 de febrero de 2022.
Que encontrándose en estado de ver se trajeron los autos en relación y se agregaron extraordinariamente a la tabla.
CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO PRIMERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye jurídicamente una acción de carácter cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio. Supone, como elemento esencial, la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitrario que provoque a la recurrente la vulneración de la garantía constitucional que ha señalado como atropellada o amenazada.
SEGUNDO: Que, motiva el presente recurso la afectación que el recurrente dice sufrir a su derecho amparado el numeral 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, por la omisión ilegal y arbitraria ante la demora en la tramitación de solicitud de visa permanencia definitiva del recurrente.
TERCERO: Que, según dispone el artículo 3 letra e) del Decreto N° 172 de 1977 del Ministerio de Relaciones Exteriores, Reglamento Consular, son funciones consulares, entre otras “[…] Otorgar pasaportes, renovarlos y, asimismo, documentos de viaje, a los chilenos de su circunscripción o de paso en ella, conceder visaciones en los pasaportes extendidos por autoridad extranjera cuando sus portadores se dirijan a Chile, de conformidad a lo establecido en el Decreto Ley y Reglamento de Extranjería.”
Por su parte, el artículo 69 del mismo texto en sus numerales 2 y 3 establece que “2. La visación es el permiso otorgado por la autoridad competente y que autoriza a su portador para entrar al país y permanecer en él por el tiempo que determine.”, y “3. El otorgamiento de visaciones a los extranjeros que se encuentren fuera del país será resuelto por el Ministerio, de acuerdo con las disposiciones legales y reglamentarias que rijan la materia y especialmente las contenidas en el decreto ley 1.094, de 14 de julio de 1975 y en el Reglamento de Extranjería, decreto 1.306, de 27 de octubre de 1975. Tal atribución puede ser ejercida en forma discrecional atendiendo en especial a la conveniencia o utilidad que reporte al país la concesión de la visación de residentes de que se trate”.
CUARTO: Que, en el caso sublite, se entiende de los antecedentes que obran en autos, que la recurrente efectuó en tiempo y forma su solicitud de visa de permanencia definitiva en Chile, lo que hicieron a través de los canales virtuales destinados a tal efecto, no señalando la recurrida si falta, en específico, algún documento para proceder con el trámite.
QUINTO: Que, se debe tener presente lo previsto en el artículo 7 de la Ley N° 19.880, respecto al principio de celeridad, conforme al cual la autoridad debe impulsar de oficio, en todos sus trámites, el procedimiento administrativo, debiendo actuar por propia iniciativa en la iniciación del procedimiento de que se trate y en su prosecución, haciendo expeditos los trámites que debe cumplir el expediente y removiendo todo obstáculo que pudiere afectar a su pronta y debida decisión. Lo anterior resulta congruente con el principio conclusivo, consagrado en el artículo 8, que determina la necesidad de término del procedimiento con un acto decisorio que se pronuncie sobre la cuestión de fondo, así como con el principio de economía procedimental, del artículo 9, que manda a la Administración responder con eficacia, evitando trámites dilatorios. Por último, el artículo 14 define el principio de inexcusabilidad señalando que la Administración está obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos y a notificarla, cualquiera que sea su forma de iniciación.
SEXTO: Que, la autoridad respectiva ha desconocido la aplicación de los principios de celeridad, conclusivo, de economía procedimental e inexcusabilidad, en tanto ha dilatado la decisión respecto de la solicitud de permanencia definitiva, excediendo el plazo establecido en el artículo 27 de la mencionada Ley N° 19.880.
SÉPTIMO: Que, la dilación del recurrido en el pronunciamiento sobre las mentadas solicitudes, resulta ilegal, por vulnerar la garantía constitucional del numeral 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, en relación a la demora en la respuesta que ha debido dar la administración respecto de la solicitud del recurrente, en comparación a otras que han obtenido un acto terminal conforme a derecho.
Por estas consideraciones y atendido lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República, en el Acta Nº 94-2015 de la Excma. Corte Suprema, sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección y sus modificaciones posteriores, se declara:
Que, SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección deducido por nombre reservado en contra del SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES y se ordena a la recurrida, que deberá dar celeridad al pronunciamiento definitivo de la solicitud del recurrentes sobre visa de permanencia definitiva en el país, conforme al mérito de los antecedentes administrativos pertinentes, en un plazo que no podrá exceder de sesenta días corridos contados desde que la presente resolución quede ejecutoriada.
Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.
Rol Protección Nº5732-2022