nombre reservado con nombre reservado

Puerto Montt, doce de abril de dos mil veintiuno Vistos:

Que, con fecha 03 de febrero del presente año, comparece doña nombre reservado, trabajadora social, domiciliada en esta comuna y deduce acción de protección de garantías fundamentales en contra de doña nombre reservado, y don nombre reservado, ambos funcionarios públicos, por estimar que los recurridos han ejercido una serie de acciones que han conculcado ilegal y arbitrariamente su garantía constitucional establecida en el Artículo 19 N°16 de la Constitución Política de la República, en relación a lo preceptuado en Artículo 2 del Código del Trabajo.

Señala que es trabajadora social, funcionaria municipal a contrata, dependiente del Departamento de Salud Municipal de Puerto Montt (DESAM) desde el 23 de febrero de 2012, donde en primera instancia ejercía funciones administrativas en el Cesfam Padre Hurtado, y posteriormente por Decreto Alcaldicio N°6460 de fecha 25 de julio del año 2019, ascendió de grado a profesional como trabajadora social de la Oficina de Protección de las Familias, con una carga laboral de 44 horas semanales.

Dice que en el mes de marzo de 2020 el DESAM realizó un recorte presupuestario por la pandemia, reduciendo sus horas a sólo 33, lo que duraría 3 meses, pero el día 4 de septiembre de 2020 sostuvo una reunión con el recurrido nombre reservado, director del DESAM, con el Jefe de Finanzas don nombre reservado, Subdirector Técnico Don nombre reservado, jefa de Recursos Humanos doña nombre reservado y doña nombre reservado, jefa de la oficina Protección de las familias, la otra recurrida, donde le comunicaron que continuaría con las mismas 33 horas a contrata, y frente a sus reclamos pues habían incluso efectuado nuevas contrataciones, le indicaron que si quería seguir contratada debía aceptar las 33 horas asignadas.

Explica que desde ese momento, comenzó a tener problemas en su trabajo, y consultado a doña nombre reservado, quien era su jefatura directa, ésta le indicó que no existían reclamos de sus competencias, indicándole que no debía ser egoísta ni reclamar sino estar agradecida. Luego de este reclamo, refiere que empezó a sufrir menoscabo laboral, no le asignaban las tareas a las cuales estaba acostumbrada, invisibilizandola su jefatura, lo que repercutió en su salud, e incluso debió ser atendida en diversas oportunidades por angustia y estrés.

Relata que frente a estos hechos, como miembro de la asociación de trabajadores de la salud municipal, decidió enviar una misiva para recibir ayuda, el 23 de septiembre, sin respuesta; envió nuevamente carta el 01 de octubre pidiendo que intercedieran para ser reasignada, pero ello no ocurrió, pese a habérselo indicado así el recurrido nombre reservado. Agrega que paralelamente, llegó a oídos de sus jefaturas, su activa participación en el partido comunista comunal, lo que era de público conocimiento y jamás interfirió en sus labores, conociéndose el día 15 de noviembre de 2020 por los medios locales de prensa, que fue nombrada secretaria comunal del partido.

Lo anterior resulta de relevancia, dice, ya que el día 23 de octubre de 2020 se elabora informe de precalificaciones con resultado deficitario a su respecto, emitido por la recurrida nombre reservado, por el periodo 01 agosto 2019 al 31 de septiembre de 2020, esto es, por 12 meses, pese a no cumplir dichas funciones por el lapso de 7 meses. Además de indicar que dicho informe es ilegal, refiere que el mismo presenta déficit y contradicciones: ella no ha presentado retrasos por los 211 minutos que se indican, jamás ha grabado una entrevista a un presunto usuario sin su consentimiento, señala un procedimiento se asignación de casos no contenido en su contrato ni descripción de funciones, jamás ha reclamado de manera agresiva por su reducción horaria.

Luego, explica que analizó el informe porque fue la justificación del DESAM para no renovarle el contrato, pues no tenía ninguna otra herramienta y no podían indicar que era por su militancia política.

Continuando con su relato, señala que previo a la concreción del acto vulneratorio, el día 27 de noviembre de 2020 le notifican del decreto alcaldicio N°11356 en el cual se informa la no prórroga del contrato a plazo fijo en la Oficina de Protección de las Familias, y que contenía en su letra D. el informe de la encargada de la Oficina de la Familia de fecha 23 de octubre del año 2020, que indica la decisión de la no renovación de contrato para año 2021. Luego, el 27 de diciembre, y ya notificada de su no renovación, le pagan su remuneración del mes de diciembre pero le adeudan algunos saldos que detalla.

Finalmente, explica, el día 04 de enero del presente año, se concreta la transgresión a su libertad de trabajo, cuando se presenta en el horario de ingreso a su jornada laboral en dependencias del DESAM, y el recurrido nombre reservado, director, al consultarle cuál será su oficina, le dice que no será renovado por el departamento ni por el municipio su contrato, y que no existe reubicación, acto que dice era común en situaciones como la suya, y al preguntar por qué, le contesta que no podía tener el cargo que había asumido en el partido político y estar contratada por ellos, menos en periodo electoral. Dice que esta conversación genera el atentado contra su indemnidad laboral, y señala que se reserva el derecho a ejercer la acción de tutela de garantías ante los tribunales ordinarios, lo que no obsta a que pueda presentarse a esta magistratura para lograr el cese de dicha perturbación.

Para culminar, indica que el día 28 de enero del presente año, recibió correo de la sección de finanzas del DESAM, donde indican diversos bonos y pagos que tendría disponibles, los que no ha recibido, ni su liquidación de sueldo ni nuevas asignaciones de tareas.

Argumenta que su libertad de trabajo se ve alterada desde que su jefa directa empieza a dejarla sin sus funciones habituales, indicándole en algunos correos qué debía poner en sus informes, no recibiendo tampoco el pago íntegro de su remuneración del mes de diciembre. Además, dice que ha sido discriminada por su militancia política y cargo en el partido.

Estima que el recurso ha sido deducido en plazo, pues la vulneración se produce el día 4 de enero. Agrega que además, procede la acción de protección, con independencia de los derechos que le asisten en sede laboral.

Solicita, se acoja el recurso, y se ordenen las siguientes medidas: se deje sin efecto el término de contrato por causa del informe técnico deficitario elaborado con infracción a la ley; se le reasigne en otra oficina del departamento; pago de las remuneraciones adeudadas, con costas del recurso.

Acompaña a su recurso, 1- Certificado antigüedad laboral y calificaciones primer periodo. 2- Hoja calificación periodo 01 septiembre 2019 al 31 agosto 2020. 3- Dos cartas dirigidas a ATRASAM. 4- Liquidaciones de remuneraciones meses octubre, noviembre, diciembre. 5- Decreto Alcaldicio 11356, más informe técnico. 6- Correos respaldo de casos. 7- Correos respaldo responsabilidad administrativa 8- Carpeta prensa con nombramiento nombre reservado. 9- Certificado médico. 10- Contrato trabajo año 2020 y 2019. 11- Correo distribución horaria. 12- Correo pago de saldo mes de diciembre a enero 2021. 13- Copia libro de asistencia modalidad mixta. 14- Copia decreto horario de pandemia.

Evacuando el informe previamente solicitado a los recurridos, comparece la abogada de la I. Municipalidad de Puerto Montt, doña nombre reservado, quien instó por el rechazo de la acción, con costas.

Alega en primer lugar falta de legitimidad pasiva de los recurridos, pues la recurrente fue contratada por la Municipalidad para prestar servicios como asistente social en la Oficina de Protección de la Familia (OPF), labores que desempeñó desde el mes de julio de 2019 hasta el término de su contrato el 31 de diciembre de 2020, siendo su contraparte contractual el municipio y no otras personas. Luego, dice, fue el Alcalde quien dispuso el término de su contratación, a través del Decreto N°11.356 de 03 de noviembre de 2020, y no los recurridos, quienes carecían de competencia para ello. En todo caso, dice, ese acto no ha sido expresa ni tácitamente recurrido en ninguna instancia judicial.

Luego, alega la extemporaneidad del recurso, pues la decisión de no prorrogar el vínculo contractual con la Municipalidad, que se materializó a través del Decreto N°11.356 de 03 de noviembre de 2020, se le notificó en forma personal el día 27 de noviembre de 2020, vale decir, desde esa fecha tenía perfecto conocimiento que el vínculo se extinguiría el 31 de diciembre, y aún de estimarse este último día como el cómputo del inicio del plazo para recurrir, de igual manera sería extemporáneo porque aquel ingresó el día 03 de febrero del año en curso. Lo anterior, alega, no se ve alterado por el intento de la actora de procurarse en forma artificial y forzada un plazo para recurrir desde el 4 de enero, pues a esa fecha el acto jurídico previamente dicho, ya estaba consolidado y era material y jurídicamente imposible que retornara a funciones de las cuales había sido cesada. La extemporaneidad, se ratifica dice, al revisar el petitorio del recurso, pues pide dejar sin efecto el término del contrato, y el decreto N°11.356 no ha sido recurrido.

En cuanto al fondo, luego de explicar toda la trayectoria profesional de la actora, refiere que no es efectivo que la actora haya sido ascendida de grado, sino que presentó su renuncia al cargo de funcionaria administrativa en junio de 2019 y posteriormente en julio del mismo año fue contratada por el municipio para desempeñarse como trabajadora social durante el periodo julio a diciembre del año 2019. Luego, para el periodo 2020, celebró con el municipio un contrato a plazo fijo por 22 horas semanales y contrato de prestación de servicios a honorarios, lo que se mantuvo hasta el 30 de abril de 2020. En el mes de abril de ese año y fruto de las restricciones presupuestarias derivadas de la disminución de recursos a ser transferidos desde la administración central del municipio hacia la DESAM, se dejó sin efecto el contrato de prestación de servicios a honorarios suscrito con actora el que fue reemplazado por un contrato a plazo fijo sujeto a las reglas de la ley 19.378, contrato que se extendió hasta el 31 de diciembre de 2020 por 11 horas semanales. Así las cosas, la recurrente pasó de prestar servicios bajo la modalidad contrato a plazo fijo ley N° 19.378 por 22 horas semanales más un contrato a honorarios, a prestar servicios bajo la modalidad de contrato a plazo fijo Ley 19.378 con un carga horaria total de 33 horas semanales.

Luego, mediante decreto 11.356 de fecha 03 de noviembre de 2020 se dispone no prorrogar el contrato de la recurrente a contar el año 2021, lo que fue notificado en forma personal a ésta el 27 de noviembre del año 2020.

Explica que la terminación de contratos a honorarios y reducción de jornadas fue implementada por la Dirección de Salud respecto de otros prestadores de servicios y funcionarios; no hubo tampoco nuevas contrataciones en la OPF el año 2020; los supuestos diálogos de que da cuenta los descartan de plano; las labores que se le encomendaban dependían de los requerimientos de la OPF, muchos de ellos relacionados con solicitudes de evaluación realizadas por el Juzgado de Familia de esta ciudad, las que en varias ocasiones tuvieron que ser derivadas a otros profesionales del DESAM ante su abandono y negligencia.

Por otra parte, es primera vez que tienen noticias de sus crisis de angustia y estrés, nunca intervino la mutual respectiva, y solo acompaña un certificado de médico general. Agrega que la asociación sindical que representaba los intereses de la actora, fue informada de la razón objetiva que motivó su rebaja de horas como su desvinculación, y aquella comprendió las razones sin cuestionar la decisión municipal en ninguna oportunidad.

En cuanto a la supuesta actuación arbitraria por su afiliación política, señala que dicha alegación sólo la presenta ante la falta de argumentos sólidos, pues además aquella es irrelevante para la Municipalidad, que sólo evalúa su desempeño y compromiso profesional. Además, dicha militancia venía ya desde el 2018, en palabras de la propia actora, por lo que mal podría haberse considerado dicha circunstancia, si precisamente el año 2019 cuando obtuvo su título, la contrataron como profesional. Además, el nombramiento como secretaria del Partido Comunista, la propia actora reconoce que tuvo lugar el 15 de noviembre, vale decir, más de 10 días después que se dictó el decreto que la desvinculaba, lo que fue determinado dice sólo por su pobre desempeño laboral.

En relación a esto último, dice que se determinó que la actora no cumplió de manera oportuna y responsable su trabajo, detectaron deficiencias de coordinación con abogada del programa; se constató que entregó varios informes fuera de los plazos establecidos en la ley 19.968; y además fue negativamente evaluada por doña nombre reservado, jefa de la OPF, quien era la profesional habilitada para hacerlo. Recalca que todas las cuestiones que se le imputaron en el informe de calificación, fueron debidamente acreditadas. Agrega que todas las remuneraciones adeudadas le fueron correctamente pagadas.

Finalmente, en relación a los hechos supuestamente ocurridos el día 4 de enero del año en curso, señala que ello es sólo para construirse artificialmente un plazo para recurrir de protección, pues es injustificable que se haya presentado si estaba al tanto de su desvinculación. En cuanto al supuesto dialogo con el director del DESAM, señala desconocerlo, y aún de haber ocurrido, éste ninguna facultad tenía para dejar sin efecto un acto administrativo emanado del Alcalde, que en todo caso jamás fue objeto de reproche alguno. En cuanto al supuesto correo donde le informaban una serie de pagos, reconoce que aquél llegó por correo masivo, pues no había sido dado de baja su correo institucional por la unidad de informática.

Argumenta en definitiva, que ninguna vulneración ha ocurrido respecto de la actora: ella es libre para trabajar donde estime pertinente, y desarrollar las actividades remuneradas que quiera ejecutar.

Acompaña al informe los documentos que indica.

Encontrándose en estado de ver, se trajeron los autos en relación, agregándose extraordinariamente a la tabla de la presente audiencia.

Con lo relacionado y considerando:

PRIMERO: Que, el recurso de protección tiene por objeto restablecer el imperio del derecho cuando se han visto conculcadas, aun en grado de amenaza, las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 de la Constitución Política de la República, según lo dispone el artículo 20 de la Carta Fundamental. En tales casos, la Corte de Apelaciones respectiva puede adoptar todas las medidas conducentes a lograr que cese la perturbación de tales garantías. Para tales efectos, deben concurrir los siguientes requisitos: que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada; que se establezca la ilegalidad o arbitrariedad de esa acción u omisión; que de la misma se siga directo e inmediato atentado contra una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía; y que la Corte esté en situación material y jurídica de brindar la protección.

SEGUNDO: Que, del libelo del recurso, de las peticiones del mismo, y sin perjuicio del relato temporal que hace previamente la actora, que desencadenaría en el hecho que a su juicio es constitutivo de vulneración a su libertad de trabajo, se desprende que el hecho estimado como arbitrario e ilegal por ésta, es aquél acontecido el día 04 de enero del presente año, cuando refiere que se presenta en el horario de ingreso a su jornada laboral en dependencias del DESAM, y el recurrido nombre reservado, director del departamento, al consultarle cuál será su oficina, le dice que no será renovado por el departamento ni por el municipio su contrato, y que no existe reubicación, y al preguntar por qué, le contesta que no podía tener el cargo que había asumido en el partido político y estar contratada por ellos, menos en periodo electoral. Lo anterior, sería refrendado por un informe de precalificaciones elaborado por su jefatura directa, la recurrida doña nombre reservado, que le imputaba una serie de hechos que motivaron su desvinculación.

TERCERO: Que, en cuanto a la primera alegación de la recurrida, relativa a la falta de legitimidad pasiva de los recurridos, aquella será desestimada, pues sin perjuicio que los hechos que se estima vulneratorios se imputan en particular a cada uno de ellos –en su caso el informe de precalificación, o no permitirle ingresar al lugar de prestación de servicios-, la abogada de la I. Municipalidad de Puerto Montt evacuó el informe solicitado, haciéndose cargo de cada una de las alegaciones planteadas, referidas a sus funcionarios municipales, y recurridos, entendiéndose entonces que asume su representación.

CUARTO: Que, la recurrida por otra parte, argumenta en el informe evacuado en torno a la extemporaneidad del recurso, por cuanto dice que lo que se ataca en definitiva por la actora es la decisión de no prorrogar el vínculo contractual con la Municipalidad, que se materializó a través del Decreto N°11.356 de 03 de noviembre de 2020, se le notificó en forma personal el día 27 de noviembre de 2020. A su juicio, desde esa fecha tenía perfecto conocimiento que el vínculo se extinguiría el 31 de diciembre, y aún de estimarse este último día como el cómputo del inicio del plazo para recurrir, de igual manera sería extemporáneo porque aquel ingresó el día 03 de febrero del año en curso a esta Corte.

Por otra parte, argumenta que ello se desprende del petitorio del recurso, en que solicita se deje sin efecto el término de contrato antes individualizado, siendo artificial el plazo que aquella establece de inicio del cómputo, creado sólo a afectos de interponer la acción de protección.

QUINTO: Que, del mérito de los antecedentes acompañados por la recurrida, y reconocido por la actora también en su libelo, se desprende que mediante decreto N°11.356 de fecha 03 de noviembre de 2020, se dispone por la I. Municipalidad de Puerto Montt no prorrogar el contrato de la recurrente a contar del año 2021, lo que fue notificado en forma personal a ésta el 27 de noviembre del año 2020, extinguiéndose dicho vínculo el día 31 de diciembre del año recién pasado.

La propia actora refiere en su recurso, que el día 27 de noviembre de 2020 le notifican del decreto alcaldicio N°11.356, en el cual se le informa la no prórroga del contrato a plazo fijo en la Oficina de Protección de las Familias, y luego el 27 de diciembre, y ya notificada de su no renovación, le pagan su remuneración del mes de diciembre.

SEXTO: Que, así resulta evidente entonces que la recurrente tomó conocimiento de los actos que estima arbitrarios o ilegales, los cuales detalla en su libelo, y que llevaron a la terminación de su contrato con la Municipalidad ya desde el día 27 de noviembre de 2020, por lo que al recurrir recién el día 03 de febrero de este año, su presentación resulta claramente extemporánea.

SÉPTIMO: Que, no desvirtúa lo concluido precedentemente, lo señalado por la actora en cuanto a que el acto recurrido habría acontecido el día 04 de enero del año en curso, cuando el director del DESAM le comunica que su contrato no sería renovado para el año 2021, ni ella sería reubicada en otras labores, pues de ello tenía conocimiento ya al menos desde el día 27 de noviembre cuando fue notificada formalmente de su desvinculación.

Además, lo anterior se ratifica al revisar el petitorio del recurso, pues solicita dejar sin efecto el término del contrato, y el decreto N°11.356 en que aquello se dispuso, no ha sido recurrido.

OCTAVO: Que, así las cosas, al interponerse el presente recurso con fecha 03 de febrero del año en curso, se ha hecho excediendo con creces el plazo establecido en el numeral 1 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, por lo que forzoso será rechazarlo, dada su evidente extemporaneidad.

NOVENO: Que, finalmente, y sólo a mayor abundamiento, aún de ser efectiva la reunión que el recurrido director del DESAM sostuvo con la actora, el día 04 de enero, en que éste le habría indicado que no se renovaría su contrato ni sería reubicada en otras funciones y dependencias, dicha determinación no puede ser tachada de ilegal ni arbitraria, toda vez que la decisión de poner término a su contrato fue adoptada a través del decreto alcaldicio N°11356, en el cual se le informa la no prórroga del contrato a plazo fijo en la Oficina de Protección de las Familias, acto administrativo que no fue reclamado, y fue dictado por la autoridad competente, de conformidad a sus facultades legales.

DÉCIMO: Que, en cualquier caso, la decisión de los recurridos que se impugna en el recurso, no ha afectado la libertad de trabajo o de contratación de la actora, desde que la conducta desplegada actúa en el ámbito de las circunstancias en que el trabajo se desarrolla, esto es, ex post al ejercicio de la libertad de trabajo, de contratación o de elección; y no ex ante, momento en que la garantía que se invoca genera los efectos que el constituyente ha pretendido al momento de su establecimiento.

Por las consideraciones expuestas, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara:

I.- Que, se rechaza el recurso de protección deducido por doña nombre reservado, en contra de doña nombre reservado, y don nombre reservado, ambos funcionarios de la I. Municipalidad de Puerto Montt, por extemporáneo.

II.- Que, no se condena en costas a la recurrente teniendo únicamente presente la naturaleza de la acción deducida.

Redacción a cargo del Ministro Patricio Rondini Fernández-Dávila.

Regístrese, comuníquese, y archívese, en su oportunidad.

Rol Nº 57-2021.-