nombre reservado con CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LOS ANDES

Puerto Montt, veintinueve de octubre de dos mil veinticinco Vistos:

A folio 1, comparece Paula Constanza Pérez Aravena y Mariela Soledad Zurita Seguel, abogadas, en representación de nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado, quienes interponen acción de protección en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes, en base a los hechos que exponen en su presentación.

Señalan que el 31 de agosto de 2015, la recurrente suscribió un pagaré código de crédito Nº 20.RUT reservado, por medio del cual solicitó un crédito de dinero a la Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes, por la suma de $5.216.115.- por concepto de mutuo, más los intereses correspondientes, pagaderos en 24 cuotas mensuales, iguales y sucesivas por un valor de $249.131.- pesos cada una, y venciendo la primera de ellas el 30 de septiembre de 2015.

Indican que por diversos motivos su representada se vio imposibilitada de cumplir con las cuotas pactadas, constituyéndose en mora a partir de la N°4, razón por la cual la recurrida lo demandó ejecutivamente en la causa C-2709-2016 del 2° Juzgado Civil de Puerto Montt, señalando que en dicha causa se recibió la causa a prueba el 19 de enero de 2017, acompañando la demandante prueba documental y que posterior a dicha presentación no se realizaron otras gestiones procesales tendientes a dar curso progresivo a los autos, archivándose la misma el 25 de julio de 2017.

Agregan que el 16 de noviembre de 2015, la recurrente suscribió un nuevo pagaré código de crédito Nº20.0216198 por la suma de $11.446.927.- por concepto de mutuo, más los intereses correspondientes, pagaderos en 48 cuotas mensuales, iguales y sucesivas por un valor de $238.478.- pesos cada una, y venciendo la primera de ellas el 31 de diciembre de 2015. Sin embargo, atendido diversos motivos, se vio en la imposibilidad de cumplir con las cuotas pactadas, constituyéndose en mora a partir de la cuota N°1, razón por la cual se inició el cobro ejecutivo en su contra en la causa C-2697-2016 del 2° Juzgado Civil de Puerto Montt, en la cual al igual que en la causa señalada precedentemente se recibió la causa a prueba, acompañando la demandante prueba documental y que posterior a dicha presentación probatoria no se realizaron atrás gestiones, encontrándose en archivo desde el 25 de julio de 2017.

Hacen presente que desde el año 2024, la recurrente trabaja en el Instituto Profesional DUOC UC, y que, en el mes de abril de 2025, cuando recibió la liquidación de remuneraciones pagadas, se advierte que se había procedido a efectuar un descuento denominado “Préstamo CCAF” por la suma de $435.979 por concepto de créditos anteriores que tendría con la recurrida, privación que resulta injustificada al ser una actuación unilateral que no fue informada en su oportunidad, reviviendo con ello una deuda por medio del descuento mensual, que si bien la ley autoriza conforme lo señalado en el artículo 22 de la ley 18.883, aquello debe ser de forma oportuna, cuestión que en los hechos no se configura, máxime si se advierte la voluntad de la recurrida de efectuar los cobros por vía judicial.

Sostienen que el descuento realizado es un acto arbitrario el ilegal que provoca una privación y perturbación a las garantías del artículo 19 N° 2 y 24 de la Constitución Política de la República.

Previas citas jurisprudenciales, solicitan que se acoja la presente acción y se ordene a la recurrida desistirse de los descuentos efectuados por planilla sobre su remuneración mensual, la devolución de todos los dineros descontados, con costas.

A folio 4, se tuvo por interpuesto el presente recurso de protección, concediéndose orden de no innovar y ordenándose a la recurrida abstenerse de continuar con nuevos descuentos por planilla de la remuneración de la recurrente por concepto de préstamos o créditos anteriores.

A folio 10, consta informe evacuado por nombre reservado e Inés Daniela Riquelme Arao, abogados, quienes dan cuenta de las operaciones de créditos N°RUT reservado y N°RUT reservado por un monto de $11.446.927 y $5.216.115 respectivamente, encontrándose ambas en estado de cobranza judicial respecto de las cuotas de los meses de diciembre 2015 a noviembre 2019, cuotas N°1 a N 48 en el primer caso, y de cuotas de los meses de febrero 2016 a agosto 2017, cuotas N°6 a N°24, en el segundo.

Afirman que no existe actuación ilegal o arbitraria, haciendo presente que los descuentos para el pago de las cuotas de crédito social son informados al empleador del deudor de acuerdo con el mecanismo dispuesto en el artículo 22 de la ley N°18.833, señalando que en el presente caso se tratan de deudas cuya acción de cobro no ha sido declarada prescrita por sentencia judicial, no existiendo, por tanto, un actuar ilegal y arbitrario al respecto.

Señalan que el mecanismo por planilla es uno especial de pago, inherente al régimen de crédito social otorgado por las cajas de compensación, el cual no depende de la voluntad o decisión de aquellas dado que las reglas del caso lo establecen de forma perentoria u obligatoria y que recae sobre el empleador, donde el trabajador no puede oponerse ni negarse.

Finalmente, y sin reconocer extinción de la deuda ni los hechos ni fundamentos de derecho que esgrime el recurrente en el presente recurso de protección, sostienen que la recurrida Caja Los Andes ha dispuesto el cese definitivo de los descuentos del crédito otorgado a la recurrente, disponiendo además de la restitución de aquellas sumas que hayan sido recibidas a partir de la reanudación de los cobros.

Previas citas jurisprudenciales, solicita el rechazo de la presente acción, por pérdida de oportunidad.

Encontrándose en estado de ver, se agregó extraordinariamente a la tabla el presente recurso.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, o amenace ese atributo.

Se trata, por consiguiente, de una acción de cautela de derechos garantizados a nivel constitucional cuya existencia sea indubitada y que se encuentren conculcados de manera suficiente para provocar la actividad jurisdiccional traducida en la adopción de medidas destinadas a restablecer el imperio de esos derechos amagados o perturbados en su legítimo ejercicio Segundo: Que, de lo anteriormente reflexionado, se desprende que es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión arbitraria o ilegal, producto del mero capricho de quién incurre en él y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías preexistentes protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

Tercero: Que, en la especie, el acto que la recurrente califica como arbitrario e ilegal consiste en los descuentos realizados de sus remuneraciones en el mes de abril de 2025, por parte de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, por cuanto la misma Caja de Compensación judicializó el cobro de los pagarés que le fueron otorgados en el año 2025, iniciando el cobro ejecutivo en su contra en las causas C-2709-2016 y C-2697-2016, ambas tramitadas ante el 2° Juzgado Civil de Puerto Montt y en archivo desde el 25 de julio de 2017. Alega que el actuar de la recurrida vulnera la garantía constitucional del artículo 19 N°2 y 24 de la Carta Fundamental.

Cuarto: Que, reconociendo el hecho que las operaciones de crédito se encuentran en cobranza judicial y del descuento realizado, la recurrida lo justifica en la aplicación del artículo 22 de la Ley N° 18.833 que dice relación con la naturaleza jurídica del crédito otorgado y conforme dictámenes de la Superintendencia de Seguridad Social y Dirección del Trabajo que sustenta el proceder de la recurrida el que no puede ser calificado de arbitrario e inoportuno de manera que no existe afectación al derecho de propiedad esgrimido por el recurrente; no obstante ello, informa que se ha dispuesto el cese de los descuentos y la restitución de aquellas sumas que haya recibido a partir de la reanudación de los cobros.

Quinto: Que, el artículo 22 de la Ley 18.833 dispone que lo adeudado por prestaciones de crédito social otorgadas a un trabajador afiliado a una Caja de Compensación, deben ser deducidos de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, rigiéndose por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales. De manera, que de acuerdo a esta norma, la Caja acreedora puede pagarse del crédito moroso, a través de descuentos desde la planilla de remuneraciones del afiliado; sin embargo, no siendo hecho controvertido que la misma Caja de Compensación judicializó el cobro de los pagarés que le fueron otorgados a la recurrente durante el año 2025, iniciando el cobro ejecutivo en contra de la recurrente, en causas que se tramitan ante el 2° Juzgado Civil de esta ciudad, será dicho Tribunal quien deberá determinar, en definitiva, la existencia y procedimiento de dicho cobro.

Sexto: Que de lo antes expuesto, es dable concluir que, la recurrida al proceder a los descuentos del crédito de las remuneraciones de la recurrente, resulta arbitrario e ilegal, ya que ejercida la acción ejecutiva, se debe estar a la resolución jurisdiccional de las causas ya iniciadas, lo que hace que el procedimiento que establece la Ley 18.833, que le permite la retención de parte de las remuneraciones del trabajador a través del nuevo empleador, tenga el carácter de ilegal, en cuanto excede el ámbito de referida ley, y que se transforma en un actuación arbitraria, que carece de razonabilidad, al tratarse de una segunda acción de cobro que no se ha ejercido de manera oportuna, al haber transcurrido más de 8 años desde que la obligación se hizo exigible, afectando de esa manera el derecho de propiedad de la recurrente, sobre sus remuneraciones.

Séptimo: Que en nada altera lo antes concluido, la circunstancia referida a la orden de cese de los descuentos y la restitución de aquellas sumas recibidas, debiendo rechazarse la alegación de falta de oportunidad del presente recurso, pues la causa que motivó su interposición se verificó y a la fecha no se ha desvanecido, en tanto no se han acompañado antecedentes que demuestre haberse efectuado la restitución.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República, y Acta N°94-2015 sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se acoge, sin costas la acción de protección interpuesta por las abogadas Paula Constanza Pérez Aravena y Mariela Soledad Zurita Seguel en representación de nombre reservado en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes, y, en consecuencia, se ordena a la recurrida cesar en los descuentos de la remuneración de la recurrente, debiendo proceder a la restitución de todos los montos indebidamente descontados a contar de la liquidación de sueldo del mes de abril de 2025.

Redacción a cargo del Ministro Moisés Montiel Torres.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Rol Protección N°569-2025.