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Derecho público chileno

ProtecciónRol N° 5636-202220 ene 2023

Protección contra SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES

Fecha
20 de enero de 2023
Corte
Corte de Apelaciones de Puerto Montt
Sala
Primera
Resultado
Acogida
Cita
Corte de Apelaciones de Puerto Montt, Rol N° 5636-2022, sentencia de 20 de enero de 2023

Resumen

Se acoge el recurso de protección contra el Servicio Nacional de Migraciones y se le ordena resolver en un plazo máximo de sesenta días la solicitud de permanencia definitiva de la recurrente, por la dilación ilegal en pronunciarse sobre ella.

Texto íntegro

Puerto Montt, veinte de enero de dos mil veintitrés.

VISTOS Que a folio N° 1 comparece PABLO DANIEL PEÑALOZA PARRA, Abogado, cédula de identidad para extranjeros N°RUT reservado, y JOAQUÍN ANDRÉS CONTRERAS ROA, Abogado, cédula de identidad para extranjeros N°RUT reservado, por sí y a favor de nombre reservado, empleada, de nacionalidad colombiana, cédula de identidad para extranjeros N°RUT reservado, domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, Región De Los Lagos, quienes interpusieron Acción de Protección de garantías constitucionales en contra del SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES, dependiente del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, representado por don nombre reservado, Sociólogo, con domicilio en domicilio reservado, Región Metropolitana de Santiago, por la omisión ilegal y arbitraria en emisión de resolución exenta que pone fin al procedimiento administrativo aprobando o rechazando la solicitud de permiso de permanencia definitiva, solicitada por la recurrente de autos con fecha 22 de octubre de 2020, En cuanto a los hechos señalan que Doña nombre reservado, empleada, de nacionalidad colombiana, ingreso al país en calidad de turista, estando dentro del país cambia su condición migratoria a residente temporario por visa otorgada, con el propósito de establecerse y desarrollar su proyecto de vida en Chile. En ese sentido, con fecha 22 de octubre de 2020, previo al vencimiento de su visa como residente temporario, la recurrente solicita el beneficio migratorio de permanencia definitiva, y que se acompaña al primer otrosí de esta presentación.

Posteriormente, con fecha 06 de enero de 2022, se le notificó a la recurrente que debía subsanar, subsanación realizada en plazo correspondiente y se deja constancia en comprobantes que se acompaña en otrosí de esta presentación.

En este orden, es de observar que, la recurrente realizo el pago correspondiente al beneficio migratorio solicitado, dentro del plazo indicado en la orden de giro emitida a tales efectos.

Asimismo, se debe hacer presente que, de la orden de giro se desprende que la autoridad administrativa dispone de un plazo de 60 días para dictar resolución administrativa de carácter terminal, vale decir aquella que pone fin al procedimiento a través de la adopción de una decisión fundada que apruebe o rechace la solicitud formulada por el actor.

Sin embargo, hasta la fecha no ha recibido ninguna comunicación por parte de extranjería, lo que lo mantiene en una situación de preocupación e incertidumbre ante un trámite por demás demorado.

Estiman infringida la garantía contenida en el artículo 19 número 2 de la Constitución Política de la República, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 6, 7, 8, 9, 14, 24 y 27 de Ley 19.880.

Previas citas legales y jurisprudenciales piden se acoja el recurso y se ordene al servicio recurrido se pronuncie sobre la solicitud de la recurrente en un plazo no superior a 30 días corridos o el que vuestra señora estime conforme al mérito de autos y en general adoptando las providencias que sean necesarias para establecer el imperio del derecho, todo lo anterior con expresa condena en costas.

Acompaña junto al recurso los siguientes documentos: 1. Comprobante de solicitud de permanencia definitiva. 2. Cédula de identidad para extranjeros. 3. Solicitud de subsanación. 4. Comprobante de pago del beneficio migratorio.

Que a folio N° 3 se tuvo por interpuesto el recurso.

Que a folio N° 5 se evacua informe por parte del recurrido, quien sostiene al efecto que consta que doña nombre reservado, de nacionalidad Colombiana, ingresó al país por primera vez con fecha 26 de abril de 2019, por paso fronterizo Aeropuerto nombre reservado.

Con fecha 10 de septiembre de 2019, la recurrente solicita ante la Gobernación provincial de Llanquihue, el beneficio de visa temporaria profesional/técnico.

Con fecha 10 de septiembre de 2019, la Gobernación provincial de Llanquihue, otorga a la recurrente el beneficio de autorización de trabajo, por el periodo de 4 meses, la que se mantuvo vigente hasta el 10 de enero de 2020.

Con fecha 7 de enero de 2020, mediante Resolución exenta N° 188, la Gobernación provincial de Llanquihue, otorga a la recurrente el beneficio de visa temporaria profesional/técnico, por el periodo de 1 año, la que se mantuvo vigente hasta el 14 de enero de 2021.

Con fecha 22 de octubre de 2020, la recurrente solicita ante el Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, el beneficio de residencia definitiva, código de solicitud 12973954.

Con fecha 6 de diciembre de 2021, mediante Resolución exenta N° 21328154, del Servicio Nacional de Migraciones, notifica al recurrente el aprueba avance de estado de trámite de solicitud de residencia definitiva.

Con fecha 6 de enero de 2022, mediante Notificación Solicitud incompleta o insuficiente. Otorga plazo para subsanar. Folio N° 21512131, del Servicio de Migraciones, notificando a la recurrente que no presentó la documentación necesaria para solicitar residencia definitiva, otorgando plazo para subsanar los documentos.

Con fecha 7 de enero de 2022, la recurrente subsana los documentos solicitados en Notificación Solicitud incompleta o insuficiente. Otorga plazo para subsanar. Folio N° 21512131. Con fecha 27 de julio de 2022, mediante Notificación Pago de derechos Folio N° 26979207, del Servicio Nacional de Migraciones, solicita a la recurrente el pago de derechos de su solicitud de residencia definitiva.

Con fecha 8 de agosto de 2022, la recurrente realiza el pago de derechos correspondientes a la solicitud de residencia definitiva a través de la plataforma habilitada mediante Tesorería General de la República. A la fecha la solicitud de residencia definitiva código de solicitud 12973954, se encuentra en etapa de resolución.

Afirma que la solicitud de permanencia definitiva del actor se encuentra actualmente en trámite, pudiendo acceder a un certificado que acredita tal situación a través de la página de trámites del Servicio Nacional de Migraciones: tramites.extranjeria.gob.cl. En virtud de lo anterior, el recurrente mantiene situación migratoria regular en el territorio nacional, pudiendo hacer ingreso y egreso del país sin limitaciones y transitar libremente por éste. En consecuencia, no existe actualmente una conducta que genere vulneración, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de los derechos protegidos por la acción de protección.

Que, según lo señalado por el artículo 27 de la Ley 19.880, el plazo del procedimiento administrativo podrá ser mayor a 6 meses cuando exista caso fortuito o fuerza mayor, entendiéndose como tal, una pandemia de carácter mundial que afectó y afecta nuestro país, lo que distorsionó los tiempos normales de tramitación de los procedimientos administrativos durante los años 2020 y 2021, atendidos los aislamientos, cuarentenas y restricciones de movilidad decretados por la autoridad sanitaria. Lo anterior significó un retraso considerable e irresistible para la autoridad migratoria que ha sido reconocido por sentencias ejecutoriadas como un caso fortuito que excusa la dilación de las solicitudes de permanencia definitiva, sin que ello por sí solo implique vulneración de derechos fundamentales de los extranjeros, al mantener residencia regular en el país y contar con documentación a su disposición para acreditar dicha condición.

Por otra parte, entiende que la vía idónea para que los órganos de la administración del Estado dicta un acto administrativo final en un procedimiento que ha demorado en su tramitación más allá del plazo no fatal establecido en el artículo 27 de la Ley N° 19.880 no es la interposición de una acción de protección, sino el mecanismo especial del silencio administrativo, establecido en los artículos 64 y 65 del mismo cuerpo normativo Finalmente, señala los perjudiciales efectos que ha producido el sostenido aumento en la interposición de acciones constitucionales, tanto de acciones de protección como amparos, con el objeto de acelerar la tramitación de una solicitud ante esta autoridad migratoria.

Por estas razones, pide el rechazo del recurso en todas sus partes.

Acompaña junto al informe, los siguientes documentos: 1. Circular N° 12 del Servicio Nacional de Migraciones, de fecha 24 de noviembre de 2021. 2. Oficio ordinario N° 67130, del Servicio Nacional de Migraciones, de fecha 7 de noviembre de 2022. 3. Resolución exenta N° 21328154, del Servicio Nacional de Migraciones, con fecha 6 de diciembre de 2021. 4. Solicitud incompleta o insuficiente. Otorga plazo para subsanar. Folio N° 21512131, del Servicio de Migraciones, con fecha 6 de enero de 2022. 5. Pago de derechos Folio N° 26979207, del Servicio Nacional de Migraciones, con fecha 27 de julio de 2022.

Que encontrándose en estado de ver se trajeron los autos en relación y se agregaron extraordinariamente a la tabla.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO PRIMERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye jurídicamente una acción de carácter cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio. Supone, como elemento esencial, la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitrario que provoque a la recurrente la vulneración de la garantía constitucional que ha señalado como atropellada o amenazada.

SEGUNDO: Que, motiva el presente recurso la afectación que el recurrente dice sufrir a su derecho amparado el numeral 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, por la omisión ilegal y arbitraria ante la demora en la tramitación de solicitud de visa permanencia definitiva de la recurrente.

TERCERO: Que, según dispone el artículo 3 letra e) del Decreto N° 172 de 1977 del Ministerio de Relaciones Exteriores, Reglamento Consular, son funciones consulares, entre otras “[…] Otorgar pasaportes, renovarlos y, asimismo, documentos de viaje, a los chilenos de su circunscripción o de paso en ella, conceder visaciones en los pasaportes extendidos por autoridad extranjera cuando sus portadores se dirijan a Chile, de conformidad a lo establecido en el Decreto Ley y Reglamento de Extranjería.”

Por su parte, el artículo 69 del mismo texto en sus numerales 2 y 3 establece que “2. La visación es el permiso otorgado por la autoridad competente y que autoriza a su portador para entrar al país y permanecer en él por el tiempo que determine.”, y “3. El otorgamiento de visaciones a los extranjeros que se encuentren fuera del país será resuelto por el Ministerio, de acuerdo con las disposiciones legales y reglamentarias que rijan la materia y especialmente las contenidas en el decreto ley 1.094, de 14 de julio de 1975 y en el Reglamento de Extranjería, decreto 1.306, de 27 de octubre de 1975. Tal atribución puede ser ejercida en forma discrecional atendiendo en especial a la conveniencia o utilidad que reporte al país la concesión de la visación de residentes de que se trate”.

CUARTO: Que, en el caso sublite, se entiende de los antecedentes que obran en autos, que la recurrente efectuó en tiempo y forma su solicitud de visa de permanencia definitiva en Chile, lo que hicieron a través de los canales virtuales destinados a tal efecto, no señalando la recurrida si falta, en específico, algún documento para proceder con el trámite.

QUINTO: Que, se debe tener presente lo previsto en el artículo 7 de la Ley N° 19.880, respecto al principio de celeridad, conforme al cual la autoridad debe impulsar de oficio, en todos sus trámites, el procedimiento administrativo, debiendo actuar por propia iniciativa en la iniciación del procedimiento de que se trate y en su prosecución, haciendo expeditos los trámites que debe cumplir el expediente y removiendo todo obstáculo que pudiere afectar a su pronta y debida decisión. Lo anterior resulta congruente con el principio conclusivo, consagrado en el artículo 8, que determina la necesidad de término del procedimiento con un acto decisorio que se pronuncie sobre la cuestión de fondo, así como con el principio de economía procedimental, del artículo 9, que manda a la Administración responder con eficacia, evitando trámites dilatorios. Por último, el artículo 14 define el principio de inexcusabilidad señalando que la Administración está obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos y a notificarla, cualquiera que sea su forma de iniciación.

SEXTO: Que, la autoridad respectiva ha desconocido la aplicación de los principios de celeridad, conclusivo, de economía procedimental e inexcusabilidad, en tanto ha dilatado la decisión respecto de la solicitud de permanencia definitiva, excediendo el plazo establecido en el artículo 27 de la mencionada Ley N° 19.880.

SÉPTIMO: Que, la dilación del recurrido en el pronunciamiento sobre las mentadas solicitudes, resulta ilegal, por vulnerar la garantía constitucional del numeral 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, en relación a la demora en la respuesta que ha debido dar la administración respecto de la solicitud del recurrente, en comparación a otras que han obtenido un acto terminal conforme a derecho.

Por estas consideraciones y atendido lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República, en el Acta Nº 94-2015 de la Excma. Corte Suprema, sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección y sus modificaciones posteriores, se declara:

Que, SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección deducido por nombre reservado en contra del SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES y se ordena a la recurrida, que deberá dar celeridad al pronunciamiento definitivo de la solicitud de los recurrentes sobre visa de permanencia definitiva en el país, conforme al mérito de los antecedentes administrativos pertinentes, en un plazo que no podrá exceder de sesenta días contados desde la notificación de la presente sentencia.

Se deja constancia que no firma el Ministro Titular don Patricio Rondini Fernández-Dávila no obstante haber concurrido a la vista y acuerdo en la presente causa por encontrarse en comisión servicio Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Rol Protección Nº5636-2022