Protección contra Instituto Alemán de Puerto Montt

Puerto Montt, catorce de abril de dos mil veintiséis.

Vistos:

A folio 1, con fecha 10 de marzo del año en curso, comparece el abogado Cristian Alberto Leiva Sánchez, en representación de doña nombre reservado y don nombre reservado, por sí y en representación de su hijo nombre reservado, interpone acción de protección en contra del Instituto Alemán de Puerto Montt, representado legalmente por doña nombre reservado, y de su rector don nombre reservado, fundada en el acto arbitrario e ilegal consistente en la cancelación de matrícula y expulsión del adolescente.

Explica que el alumno, quien cursa estudios en dicho colegio desde prekínder y cuyos hermanos también pertenecen al establecimiento, participó junto a otros estudiantes en peleas de boxeo amateur efectuadas al interior del baño del colegio en agosto de 2025, resultando especialmente Bruno y otro alumno, Vicente Ahrensmas afectados que el resto.

Expone que, luego de conocido el hecho, el menor prestó declaración ante personal del establecimiento sin conocimiento ni presencia de sus padres, y posteriormente se le aplicó la medida disciplinaria de cancelación de matrícula para el año 2026, la que fue apelada administrativamente por sus apoderados, siendo finalmente ratificada por el colegio previa consulta al Consejo de Profesores.

Agrega que los padres estimaron dicha sanción injusta, destacando la trayectoria escolar y deportiva del alumno, así como la ausencia de otros episodios de violencia en sus años de permanencia en el establecimiento.

Refiere que, deducido con anterioridad un recurso de protección por estos hechos, esta Corte lo acogió en causa Rol N°1369-2025, dejando sin efecto la cancelación de matrícula por falta de fundamentación suficiente, desproporción de la medida y vulneración del debido proceso e igualdad ante la ley. Sin embargo, indica que dicha sentencia fue revocada por la Excma. Corte Suprema en causa Rol N° 53.760-2025, de 6 de marzo de 2026, resolviéndose que la sanción no era ilegal ni arbitraria, por enmarcarse en la autonomía del establecimiento y hallarse objetivamente fundada.

Sostiene, no obstante, que la presente acción no se dirige contra la validez de la sanción en sí, ya ratificada por el máximo tribunal, sino en contra de la forma en que ésta fue ejecutada en marzo de 2026, al inicio del año escolar, cuando Bruno ya había comenzado a asistir regularmente a clases, se encontraba matriculado, figuraba con certificado de alumno regular para 2026, sus padres habían pagado la matrícula y celebrado el contrato educacional anual, de modo que su separación intempestiva del colegio importaría un acto arbitrario, extemporáneo y desproporcionado, contrario al interés superior del niño, a su integridad psíquica y a su continuidad educativa, más aun considerando que, conforme al propio Reglamento Interno y Manual de Convivencia Escolar del establecimiento, no puede cancelarse la matrícula en un período del año que haga imposible su incorporación a otro establecimiento.

Añade que en marzo las matrículas escolares ya se encuentran cerradas, de modo que la ejecución inmediata de la sanción genera una imposibilidad fáctica de reubicación y una situación de deserción o exclusión escolar de facto, afectando además la confianza legítima generada por la vigencia de la sentencia anterior de esta Corte, bajo cuyo imperio el alumno fue reincorporado, matriculado y mantenido como estudiante regular. Asimismo, invoca una afectación al derecho de propiedad sobre la condición de alumno, la progresión educativa y la obtención futura de la licenciatura de enseñanza media, así como al derecho a la vida e integridad psíquica del menor, afirmando que la situación le ha provocado angustia, estigmatización y un daño emocional grave.

Hace presente, además, que la Superintendencia de Educación, a raíz de los mismos hechos, instruyó procedimiento sancionatorio al colegio, aplicándole multa de 51 UTM por eventuales incumplimientos a la normativa educacional. En virtud de todo ello, solicita se declare ilegal y arbitraria la ejecución de la cancelación de matrícula en este período del año, se deje sin efecto dicha medida y se ordene la reincorporación de Bruno al régimen académico ordinario durante 2026, o en subsidio, se disponga la efectividad diferida de la sanción para el término del año escolar 2026, con costas.

Acompaña: 1) Certificado de alumno regular por el periodo del año 2026 del alumno nombre reservado en el Instituto Alemán de Puerto Montt. 2) Comprobante de atención código CAS-120778-H8T3W5, emitido por la Superintendencia de Educación. 3) Resolución dictada por la Superintendencia de Educación relativa al código CAS-120778- H8T3W5, con fecha 19 de diciembre de 2025. 4) Contrato de prestación de servicios educacionales por el periodo del año 2026 celebrado entre el Instituto Alemán de Puerto Montt y los apoderados del menor nombre reservado, y que recaen en la matrícula de este último por todo el ciclo 2026. 5) Entrevista apoderado en que se le comunica el fallo dictado por la Excma. Corte Suprema a los apoderados del menor nombre reservado. 6) Segunda plana de entrevista apoderado en que se le comunica el fallo dictado por la Excma. Corte Suprema a los apoderados del menor nombre reservado, en que consta que los apoderados se niegan a firmar. 7) Entrevista apoderado en que se le comunica el fallo dictado por la Excma. Corte Suprema a los apoderados del menor nombre reservado. 8) Boleta electrónica Nº 0000306284, por la suma de $2.221.000, en que consta el pago de la matrícula del menor nombre reservado y de los otros hijos de sus padres y apoderados. 9) Pagaré autorizado ante el Notario de Puerto Montt don nombre reservado, que da cuenta del acuerdo de pago celebrado entre el Instituto Alemán de Puerto Montt y don nombre reservado en relación a la colegiatura del menor nombre reservado. 10) Certificado de declaración de Formulario 24 emitida por el Servicio de Impuestos Internos, descripción: Colegiatura. 11) Declaración de Impuestos, Timbres y Estampillas, Formulario 24, emitida por el Servicio de Impuestos Internos, en razón del impuesto del pagaré. 12) Boleta de honorarios emitida por el Notario de Puerto Montt don nombre reservado, por la autorización de la firma del pagaré. 13) Certificación del pago de impuestos en razón del pagaré en comento, de fecha 9 de marzo de 2026. 14) Correo electrónico en que consta citación entrevista a apoderados del menor nombre reservado. 15) RICE vigente 2025. 16) Anexo VII RICE 2025.

A folio 8, evacua informe el abogado Matías Bauer Gachet, en representación de la Corporación Instituto Alemán de Puerto Montt y de don nombre reservado, solicitando su total rechazo con costas, sosteniendo, en síntesis, que la acción intentada carece de todo fundamento fáctico y jurídico, desde que no existe acto nuevo, ilegal ni arbitrario atribuible a sus representados, sino únicamente el cumplimiento de una sentencia firme pronunciada por la Excma. Corte Suprema.

Expone, como antecedentes generales, que el Instituto Alemán de Puerto Montt es una corporación educacional con más de 150 años de existencia y que durante el año 2025 el alumno nombre reservado fue sometido a un procedimiento sancionatorio por faltas gravísimas, el cual se tramitó, según afirma, con apego al Reglamento Interno y Manual de Convivencia Escolar y a la normativa educacional vigente, culminando con la medida de cancelación de matrícula.

Agrega que dicha sanción fue impugnada anteriormente mediante recurso de protección en causa Rol N°1369-2025, que esta Corte acogió con fecha 18 de noviembre de 2025, ordenando dejar sin efecto la cancelación y reincorporar al alumno al régimen académico 2026, resolución que fue apelada por el establecimiento el 24 de noviembre de 2025 y elevada a la Corte Suprema, y que, mientras no existió pronunciamiento del máximo tribunal, el fallo de esta Corte se mantenía plenamente vigente por haberse concedido la apelación en el solo efecto devolutivo, razón por la cual el alumno fue matriculado el 2 de marzo de 2026.

Comenta que el 6 de marzo de 2026 la Excma. Corte Suprema revocó lo resuelto y rechazó la acción de protección, estimando que el actuar del colegio no podía calificarse de arbitrario ni ilegal, de modo que el 9 de marzo siguiente el establecimiento notificó a los apoderados la efectividad de la medida disciplinaria de cancelación de matrícula, en cumplimiento de lo decidido por el superior jerárquico.

En cuanto a los fundamentos del recurso deducido por los recurrentes, señala que éstos hacen una extensa referencia al procedimiento sancionatorio y a los fallos recaídos en la causa anterior, calificando la ejecución de la sanción como arbitraria, desproporcionada y lesiva, alegando que la época del año en que fue comunicada impediría encontrar otro establecimiento educacional, que se vulneraría el principio de proporcionalidad, que existiría un contrato educacional vigente para 2026 con matrícula pagada y colegiaturas documentadas mediante pagaré, que la Superintendencia de Educación habría sancionado al colegio, que la medida importaría una privación injustificada del derecho a la educación y del derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable, y que el actuar institucional contravendría la doctrina de los actos propios.

Frente a ello, destaca en primer término, la improcedencia de la acción por cosa juzgada e inexistencia de acto nuevo, afirmando que la cancelación de matrícula ya fue objeto de control jurisdiccional en la causa anterior, quedando plenamente validada por la sentencia de la Excma. Corte Suprema, con autoridad de cosa juzgada, por lo que la presente acción pretende reabrir una controversia ya resuelta de manera definitiva, siendo jurídicamente inadmisible desconocer los efectos de dicha sentencia, y precisando que la comunicación efectuada a los apoderados no constituye un acto autónomo o novedoso, sino la simple materialización de los efectos de lo resuelto por el máximo tribunal, de modo que no puede estimarse arbitraria o ilegal. En segundo término, sostiene que la controversia planteada es, en realidad, de naturaleza contractual, pues la recurrente basa buena parte de su pretensión en el supuesto incumplimiento del contrato de prestación de servicios educacionales para el año 2026, suscrito con ocasión de la matrícula, cuestión que, aun de estimarse efectiva, debe ventilarse en sede ordinaria y mediante las acciones civiles pertinentes, por tratarse de materias que requieren discusión y prueba incompatibles con la naturaleza cautelar, sumaria y extraordinaria del recurso de protección.

Finalmente, niega la concurrencia de las garantías constitucionales invocadas, en particular las de los numerales 1° y 24° del artículo 19 de la Constitución, argumentando, respecto de la integridad psíquica, que la eventual afectación emocional del alumno no deriva de un acto ilícito o arbitrario, sino de la aplicación de una medida disciplinaria regular y expresamente validada por la Corte Suprema, de modo que no puede transformarse toda consecuencia emocional de una decisión legítima en una vulneración constitucional, y, en cuanto al derecho de propiedad, que la alegada titularidad sobre la calidad de alumno, la progresión educacional o la expectativa de graduación se encuentra necesariamente condicionada al cumplimiento de las disposiciones reglamentarias internas y de la normativa educacional, no verificándose en la especie transgresión arbitraria o ilegal alguna, precisamente porque el actuar del establecimiento fue declarado ajustado a derecho por el máximo tribunal.

Concluye, así, que no existe en autos privación, perturbación o amenaza a garantías amparadas por el artículo 20 de la Carta Fundamental, sino un intento de utilizar esta acción constitucional para impugnar indirectamente una sentencia firme o para resolver una disputa contractual impropia de esta sede.

Acompaña: 1) E-book causa de protección Rol 1369-2025 ventilada ante la I. Corte de Apelaciones de Puerto Montt. 2) Notificaciones practicadas a los apoderados del cumplimiento del fallo.

Encontrándose en estado de ver, se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, el recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, o amenace ese atributo. Se trata, por consiguiente, de una acción de cautela de derechos garantizados a nivel constitucional cuya existencia sea indubitada y que se encuentren conculcados de manera suficiente para provocar la actividad jurisdiccional traducida en la adopción de medidas destinadas a restablecer el imperio de esos derechos amagados o perturbados en su legítimo ejercicio.

Segundo: Que, de lo anteriormente reflexionado, se desprende que es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión arbitraria o ilegal, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías preexistentes, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

Tercero: Que el acto que se denuncia como ilegal y arbitrario consiste, en lo sustancial, en la ejecución de la medida de cancelación de matrícula del alumno nombre reservado al inicio del año escolar 2026, una vez que éste ya se encontraba matriculado, asistiendo a clases y con contrato educacional suscrito para dicho período, sosteniendo los recurrentes que la materialización de dicha sanción en el mes de marzo resulta extemporánea, desproporcionada y contraria a la continuidad educacional del adolescente, desde que le impediría incorporarse oportunamente a otro establecimiento educacional.

Cuarto: Que, al evacuar el informe la recurrida alega, en síntesis, que no existe un acto nuevo, ilegal ni arbitrario que pueda serle imputado, toda vez que el establecimiento se limitó a dar cumplimiento a lo resuelto por sentencia firme de la Excma. Corte Suprema, de fecha 6 de marzo de 2026, que revocó lo decidido previamente por esta Corte y declaró ajustada a derecho la sanción disciplinaria impuesta al alumno, añadiendo que la comunicación efectuada a los apoderados con fecha 9 de marzo pasado, no constituye más que la materialización de dicha decisión jurisdiccional, sin que sea procedente reabrir por esta vía una controversia ya resuelta.

Quinto: Que son hechos de la causa, no controvertido por las partes y atingentes para la resolución del recurso, los siguientes:

i). - El 29 de agosto de 2025 el Colegio Aleman de Puerto Montt notificó a los apoderados del estudiante nombre reservado la medida disciplinaria consistente en la decisión de cancelación de la matrícula para su hijo para el año 2026.

ii). - El 9 de octubre de 2025, los apoderados del estudiante Bruno presentaron un recurso de protección ante esta Corte de Apelaciones el que se tramitó bajo el rol bajo el Rol N°1369-2025. En dicho recurso solicitan se deje sin efecto la medida de cancelación de matrícula aplicada.

iii). - El 18 de noviembre de 2025 esta Corte de Apelaciones dictó sentencia en la causa Rol N°1369-2025, acogiendo el recurso de protección deducido por el abogado Cristian Leiva Sánchez en favor del estudiante nombre reservado en contra del Instituto Aleman de Puerto Montt, y dejó sin efecto la medida de cancelación de matrícula decretada, ordenando su reincorporación al régimen académico ordinario 2026 del establecimiento.

iv). - El 24 de noviembre de 2025 Colegio Aleman de Puerto Montt dedujo recurso de apelación en contra de la sentencia dictada por esta Corte que acogió la acción constitucional de protección.

v). - El 6 de marzo de 2026 la Excma. Corte Suprema conociendo del recurso de apelación revocó la sentencia de esta Corte y rechazó el recurso de protección interpuesto por doña nombre reservado y don nombre reservado en contra del Colegio Aleman de Puerto Montt.

vi). - El 9 de marzo de 2026 el establecimiento recurrido notificó a los apoderados del estudiante la efectividad de la medida disciplinaria de cancelación de matrícula, en cumplimiento de lo decidido por la Excma. Corte Suprema.

Sexto: Que, de los antecedentes allegados a la causa, aparece de manifiesto que el conflicto que motiva la presente acción, cuyos elementos fácticos se han descrito, dice relación con la oportunidad en que se hizo efectiva la sanción de cancelación de matrícula impuesta al estudiante nombre reservado. Sin embargo, tal actuación no puede ser examinada de manera aislada ni desvinculada del contexto jurisdiccional en que se produjo, desde que consta que dicha medida fue objeto de un recurso de protección anterior, seguido ante esta misma Corte bajo el Rol N°1369-2025, en el cual con fecha 18 de noviembre de 2025 se dejó sin efecto la sanción adoptada, decisión que posteriormente el día 6 de marzo de 2026 fue revocada por la Excma. Corte Suprema, declarando el máximo tribunal que la actuación del establecimiento educacional no era ilegal ni arbitraria.

En tales condiciones, la conducta posterior del colegio, consistente en comunicar y hacer efectiva la medida disciplinaria validada por el Máximo Tribunal, no constituye un acto autónomo susceptible de ser calificado, por sí mismo, como contrario a derecho, sino la necesaria ejecución de una resolución judicial firme, dictada por autoridad competente, cuya observancia resultaba obligatoria para la recurrida.

Séptimo: Que, en ese orden de ideas, tampoco resulta jurídicamente admisible atribuir a la recurrida la demora producida entre la época en que la sanción fue originalmente adoptada, la interposición del primer recurso de protección, la dictación del fallo favorable a los actores por esta Corte y la ulterior resolución revocatoria pronunciada por la Excma. Corte Suprema el 6 de marzo de 2026, desde que dicho lapso de tiempo se explica precisamente por la tramitación de los recursos jurisdiccionales deducidos por las partes y por el tiempo propio del conocimiento y decisión de aquéllos por los tribunales superiores de justicia.

Así, mientras se encontraba vigente el fallo pronunciado por esta Corte, el establecimiento educacional debía sujetarse a él, motivo por el cual procedió a matricular al alumno para el año escolar 2026 en cumplimiento de lo ordenado por esta Corte; pero, una vez revocada dicha decisión por la Excma. Corte Suprema, no incurre en actuación arbitraria ni ilegal al proceder a materializar la sanción de cancelación de matrícula impuesta. De este modo, la circunstancia de haberse concretado la ejecución de la sanción al inicio del año académico no obedece a una determinación caprichosa, antojadiza o infundada del colegio, sino a la secuencia procesal generada por el ejercicio de las impugnaciones pertinentes, de manera que no puede concluirse que exista arbitrariedad o ilegalidad en una conducta que sólo refleja el acatamiento sucesivo de resoluciones judiciales obligatorias.

Octavo: Que, ergo, no verificándose en la especie la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitrario imputable a la recurrida, presupuesto indispensable para la procedencia de la presente acción cautelar, el recurso no puede prosperar, sin que obste a ello la alegación relativa a la eventual afectación que la ejecución de la medida pudiere ocasionar en la continuidad educacional del adolescente o en su esfera emocional, pues tales consecuencias, aun cuando pudieran resultar atendibles desde una perspectiva fáctica, no alteran la naturaleza jurídica del acto reclamado ni autorizan a esta Corte, por la vía del recurso de protección, a dejar sin efecto o diferir el cumplimiento de una sanción cuya ilegalidad y arbitrariedad ha sido descartada por sentencia firme dictada por la Excma. Corte Suprema.

En estas condiciones, la presente acción aparece dirigida, en definitiva, a impedir o morigerar los efectos de lo ya resuelto en sede jurisdiccional por el máximo tribunal de la República, finalidad que excede el ámbito y objeto cautelar del arbitrio constitucional deducido.

Por estas consideraciones, disposiciones legales citadas y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por el abogado Cristian Alberto Leiva Sánchez, en representación de doña nombre reservado y don nombre reservado, por sí y en representación del adolescente nombre reservado en contra del Instituto Alemán de Puerto Montt y de su rector don nombre reservado.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Redacción a cargo del Ministro Moisés Montiel Torres.

Rol Protección N°559-2026.