Protección contra ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PROVIDA S

Puerto Montt, veinticuatro de octubre de dos mil veinticinco.

Vistos:

A folio Nº1, compareció el abogado Pablo Peñaloza Parra, quien actuando en favor de nombre reservado, de nacionalidad venezolana, interpuso acción cautelar de protección en contra de ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PROVIDA S.A., por estimar que ha incurrido en una actuación que califica como ilegal o arbitraria, consistente en que el día 21 de abril en curso, rechazó verbalmente su solicitud de retiro de fondos nombre reservado.

Expuso que el actor, por la web de AFP PROVIDA solicitó la devolución de fondos previsionales de acuerdo con la ley N°18.156, que establece exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros y a las empresas que los contraten bajo las condiciones que se indican, y ante la falta de respuesta el día 21 de abril se comunicó vía mensajería de WhatsApp al número de contacto central de la plataforma del recurrido, obteniendo como consecuencia de la comunicación vía mensajería, el recurrente le indica al ejecutivo de la AFP, que necesitaba información sobre su solicitud, por lo que recibe como respuesta que la solicitud impetrada se encontraba “Detenido” en virtud de que el certificado de afiliación del seguro social del país de origen, emitido por el Consulado de Venezuela en Chile, no se encontraba apostillado, y que se evidencia al otrosí de esta presentación.

Reclama que la recurrida desconoce la normativa especial, pues admitiría que el actor está afiliado a la seguridad social del país de origen pero rechaza argumentando que el documento no está apostillado, haciendo presente que es un hecho de público conocimiento la imposibilidad de los nacionales venezolanos de acudir a la representación consular para estos efectos, e incorporan un requisito adicional, no contemplado en el artículo 1 en relación al 7 de la Ley 18.156, los cuales transcribe. Agrega que además al actor solicitó el retiro de fondos porque cumple íntegramente los requisitos exigidos.

Detalla que además de acompañar el certificado emitido por el Consulado de Venezuela y, posteriormente legalizado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, el certificado de afiliación puede ser verificado y validado en el link http://www.ivss.gob.ve:28088/ConstanciaCotizacion/verificarConstancia.ivss, y que de una simple búsqueda, empleando las palabras “validar ivss”, te arrojará la web indicada, en la forma que explica.

Sostiene que la constancia electrónica es verificable pero la conducta omisiva de verificar dicha afiliación sería un actuar ilegal y arbitrario de la recurrida, que argumenta que la constancia electrónica no se encuentra vigente, pero además se acompañó el certificado de afiliación legalizado ante el Consulado http://www.ivss.gob.ve:28088/ConstanciaCotizacion/verificarConstancia.ivss de Venezuela y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, verificable mediante código QR, expedido además por la autoridad venezolana competente.

A modo ejemplar, sostiene que AFP CUPRUM, realizado el procedimiento de verificar el código de validación de la constancia electrónica en la web http://www.ivss.gob.ve:28088/ConstanciaCotizacion/verificarConstancia.ivss ha concluido que la misma cumple con los requisitos establecidos en la ley, puesto que, a su juicio una interpretación excesivamente formal vulnera el derecho de propiedad de los peticionarios.

A mayor abundamiento, dice que la seguridad social de Venezuela dispone de otro medio para verificar la autenticidad de la constancia electrónica que se expide, esto se realiza ingresando al dominio web http://www.ivss.gob.ve:28088/ConstanciaCotizacion/ que permite la búsqueda con el número de cédula de identidad venezolana, según explica.

Reitera que las constancias que emiten las páginas web indicadas son certificadas por la autoridad competente, por lo tanto plenamente válidas, y cumplen el requisito exigido en la ley de estar afiliado a la seguridad social del país de origen.

Estima que el obrar de la recurrida vulnera el derecho a la igualdad ante la ley y el derecho de propiedad consagrados en el artículo 19 N°2 y N°24 de la Constitución Política por requisitos no establecidos, realizando una interpretación restrictiva de la norma en perjuicio del administrado, en el entendido que la solicitud cumple con los extremos exigidos en el artículo 1 de la ley 18.156, actuando de forma caprichosa al rechazar el retiro de fondos de pensión. Cita fallos de la Excma. Corte Suprema Rol 28.881-2022, y Rol 96.380-2021; Iltma.

Corte de Apelaciones de Antofagasta Rol 247.104-2023; Iltma. Corte de Apelaciones de Valparaíso Rol 325-2024, entre otros.

Solicita que se ordene que se reconozca como válida la documentación acompañada, procediendo a realizar un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud planteada conforme a derecho, y dentro de un plazo razonable efectuar la devolución de los fondos de pensión solicitados por el recurrente, o el que Vuestra Señoría estime conforme al mérito de autos; y en general adoptando las providencias que sean necesarias para establecer el imperio del derecho.

Acompaña al recurso: 1. Comprobante De Solicitud De Retiro De Fondos nombre reservado. 2. Cédula De Identidad Para Extranjeros. 3. notificación De Rechazo Por Parte De AFP Provida. 4. Cédula de Identidad Venezolana. 5.

Título Universitario Apostillado. 6. Contratos De Trabajo.

A folio 8, evacua informe la recurrida, solicitando el rechazo del recurso con costas, por no ser la vía idónea para resolver un asunto de lato conocimiento y http://www.ivss.gob.ve:28088/ConstanciaCotizacion/ http://www.ivss.gob.ve:28088/ConstanciaCotizacion/verificarConstancia.ivss en que no existe un derecho indubitado, y por no haber vulnerado en modo alguno las garantías que reclama el recurrente.

Reconoce que la FP rechazó efectivamente su solicitud de devolución de fondos en su calidad de nombre reservado de conformidad a la Ley 18.156, que es una norma excepcionalísima porque permite a los técnicos extranjeros que trabajen en Chile retirar sus cotizaciones previsionales siempre y cuando cumplan con todos los requisitos establecidos en la Ley. En este caso, explica, se denegó la solicitud del actor porque la constancia de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales se encuentra vencida de acuerdo a las instrucciones que imparte la Superintendencia de Pensiones, necesarias para aprobar una solicitud de devolución de fondos en calidad de nombre reservado.

Detalla que para efectos de acreditar lo señalado, acompaña copia de Oficio Ordinario N°NUM000 de fecha 28-03-2025, en donde la Superintendencia de Pensiones en caso igual al de estos autos, resuelve no acceder a la devolución solicitada por cuanto en la especie no se cumplían con los requisitos legales y/o normativos.

Transcribe luego algunas normas del Decreto Ley 3500, y su Reglamento, que darían cuenta que las AFP están legalmente impedidas de destinar, o permitir que se destinen, los fondos previsionales de la cuenta de cotización obligatoria a un fin distinto a financiar las pensiones de vejez, invalidez y sobrevivencia establecidas en el DL 3.500, salvo las excepciones que la misma ley contempla.

Luego, se refiere al artículo 1° de la Ley 18.156, que establece la exención de cotizar en Chile a los técnicos extranjeros, siempre que cumplan los requisitos que dicha norma contempla, que debe concordarse con el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, regulan la exención de cotizar en Chile a los técnicos extranjeros, siempre que den cumplimiento a los requisitos prescritos en el artículo 1° de dicha Ley y en el Libro II Título XI, del referido Compendio de Normas, cuales son: a) Que detenten la calidad de técnicos, y se entenderá por técnico para estos efectos, a los trabajadores que posean conocimientos de una ciencia o arte, que puedan ser acreditados mediante documentos justificativos de estudios especializados o profesionales debidamente legalizados y, en su caso, traducidos oficialmente por el Ministerio de Relaciones Exteriores. b) Que se encuentren afiliados a un régimen previsional o seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza y en el que conste su obligación de otorgar prestaciones, a lo menos en caso de enfermedad, invalidez, vejez y muerte. Esta condición la debe cumplir el trabajador extranjero con anterioridad a la fecha de su contrato en Chile. Lo anterior debe acreditarse mediante certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte. c) Que, en el contrato de trabajo respectivo, el trabajador debe manifestar expresamente su voluntad de mantener su afiliación al sistema de seguridad social de su país de origen.

De lo dicho, concluye que el actuar de AFP PROVIDA se ha ceñido a la norma citada, porque sólo observó el cumplimiento copulativo de esos requisitos, y no ha privado, perturbado ni amenazado ninguna de las garantías constitucionales consagradas en la Constitución Política de la República de Chile.

Acompaña al informe, Oficio Ordinario N°NUM000 de fecha 28-03-2025, de la Superintendencia de Pensiones que ratificaría la posición de ProVida.

A folio 9, se traen los autos en relación.

A folio 14, se dispone la agregación extraordinaria de la causa en tabla, en lugar preferente.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, o amenace ese atributo.

Se trata, por consiguiente, de una acción de cautela de derechos garantizados a nivel constitucional cuya existencia sea indubitada y que se encuentren conculcados de manera suficiente para provocar la actividad jurisdiccional traducida en la adopción de medidas destinadas a restablecer el imperio de esos derechos amagados o perturbados en su legítimo ejercicio.

Segundo: Que, de lo anteriormente reflexionado, se desprende como requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión arbitraria o ilegal, producto del mero capricho de quién incurre en él y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías preexistentes protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

Tercero: Que en estos autos don nombre reservado, dedujo recurso de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A., por la negativa de la recurrida de restituirle sus fondos previsionales, de conformidad a lo dispuesto en la Ley N°18.156, acto que califica de arbitrario e ilegal y vulnerador de las garantías fundamentales contempladas en los numerales 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Cuarto: Que, la Administradora de Pensiones fundó dicha negativa en que el recurrente no cumplía los requisitos legales para acceder a su solicitud. En concreto, porque la constancia de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales se encuentra vencida, de acuerdo con las instrucciones que imparte la Superintendencia de Pensiones.

Quinto: Que, atendida la naturaleza del recurso de protección, este solo puede prosperar ante la existencia de un derecho indubitado del actor, lo que constituye la base fundamental para poder adoptar la medida solicitada en el recurso de protección, cuál es, reconocer como válida la documentación acompañada, y realizar un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud planteada y dentro de un plazo razonable efectuar la devolución de los fondos de pensión solicitados por el recurrente.

Sexto: Que, sin embargo, en la especie no se acreditó la existencia de un derecho indubitado del señalado recurrente, para poder hacer efectivo ese derecho, toda vez que aparece controvertida la validez y vigencia de la constancia de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, motivo suficiente para rechazar el presente arbitrio.

Séptimo: Que, solo a mayor abundamiento, del mérito de los documentos acompañados por el actor, y en lo no controvertido por la recurrida, sólo se constatan los siguientes hechos: 1. El recurrente se encuentra afiliado a la Administradora de Fondos de Pensiones recurrida. 2. El 01 de agosto de 2023 el actor suscribió un contrato de trabajo con Comercializadora DOBE SPA, en virtud del cual se obligó a desempeñar labores de encargado rentacar, y luego el día 11 de marzo de 2024 suscribió un anexo de contrato a través del cual se agrega una nueva cláusula al contrato de trabajo, del siguiente tenor: "SEGUNDO: el trabajador se acoge a la Ley 18.156, acreditando su calidad de nombre reservado mediante su título profesional autorizado por el ministerio de relaciones exteriores de chile y junto a la acreditación de su afiliación al régimen previsional con cobertura de invalidez, vejez y muerte en su país de origen, en el cual el trabajador expresa su voluntad de mantenerse incorporado a ese régimen previsional de su país." 3. El día 15 de abril de 2024, el actor suscribió un contrato de trabajo con la Sociedad Mondaca y Rosales Ltda., en virtud del cual se obligó a desempeñar labores de encargado de administración, contabilidad, informática y comercial de sus establecimientos. Posteriormente, el día 02 de enero de 2025, suscribió un anexo de contrato a través del cual se agrega una nueva cláusula al contrato de trabajo, del siguiente tenor: “SEGUNDO: el trabajador se acoge a la Ley 18.156, acreditando su calidad de nombre reservado mediante su título profesional autorizado por el ministerio de relaciones exteriores de chile y junto a la acreditación de su afiliación al régimen previsional con cobertura de invalidez, vejez y muerte en su país de origen, en el cual el trabajador expresa su voluntad de mantenerse incorporado a ese régimen previsional de su país." Octavo: Que, el artículo 1° de la Ley N°18.156 dispone que “ las empresas que celebren contratos de trabajo con personal nombre reservado y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que reúnan las siguientes condiciones: a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) Que en el contrato de trabajo respectivo exprese su voluntad de mantener la afiliación referida. La exención que establece el inciso anterior no comprenderá los riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales previstos en la ley 16.744”.

A su vez, el artículo 7 de la misma ley señala que “en el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que se den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de esta ley”.

Noveno: Que, sin embargo, se advierte de los hechos establecidos en el motivo Séptimo, que en ninguno de los contratos de trabajo acompañados por el actor aquel expresó su voluntad de mantener la afiliación a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, sino sólo en unos anexos posteriores, que en el caso del contrato signado en el numeral 2. fue celebrado previo a suscribir un nuevo contrato; segundo contrato en que tampoco consigna dicha voluntad, sino hasta un anexo posterior celebrado meses después, el día 02 de enero en curso, sin haber acreditado que registre cotizaciones durante dichos períodos, o la vigencia de la relación laboral, por lo que tampoco corresponde acceder a la devolución de los Fondos de Pensiones.

En el mismo sentido, tampoco acompañó el certificado de afiliación del seguro social del país de origen, supuestamente emitido por el Consulado de Venezuela y, posteriormente legalizado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, al que hizo alusión en su recurso.

Décimo: Que, de la referida información, queda en evidencia que el actor no cumplió con los requisitos legales antes descritos, porque no logró acreditar el requisito de haber suscrito una cláusula durante la vigencia de la relación laboral, con fecha de suscripción efectiva del documento, que comprenda todo el periodo de devolución solicitado, en que el trabajador declare encontrarse afiliado a un régimen de previsión o seguridad fuera de Chile, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y la manifestación de voluntad, de forma clara e inequívoca, de mantener su afiliación a dicho régimen, en conformidad a la Ley 18.156 y, en consecuencia, quedar exento de la obligación de cotizar en el sistema chileno.

Además, tampoco logró acreditar encontrarse afiliado a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, por todo el período de prestación de servicios en Chile, debidamente apostillada o legalizada ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Lo anterior, debido a que no sólo no acompañó el certificado de afiliación legalizado sino que además no fue posible validar la Constancia de Afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales debido a que arroja mensaje “LA CONSTANCIA CON CODIGO DE VERIFICACION NUM001 se encuentra Vencida”; e idéntico mensaje arroja con el Código NUM002, señalados por el actor en su libelo.

Undécimo: Que, de este modo no advirtiendo la existencia de un derecho indiscutido y preexistente de aquellos cuyo imperio esta Corte ha de proteger por esta vía cautelar de urgencia, y no habiendo acreditado los presupuestos legales para acceder al retiro de fondos solicitado, el recurso de protección interpuesto necesariamente será desestimando.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República, y Acta N°94-2015 sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, la acción interpuesta por el abogado Pablo Peñaloza Parra, a favor de nombre reservado, en contra de ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PROVIDA S.A.

No firma el Fiscal Judicial don nombre reservado, no obstante haber concurrido a la vista y acuerdo de la presente causa, por encontrarse en comisión de servicio.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Rol Protección N° 554-2025.