nombre reservado con TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA DE CHILE

Puerto Montt, doce de julio de dos mil veintitrés VISTOS:

A folio 1, comparece nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado, quién interpone acción de protección en contra de la Tesorería General de la República, en base a los hechos que expone en su acción.

El recurrente indica ser propietario de un inmueble rural ubicado en Chinquihue Alto, comuna de Puerto Montt, originalmente figura en el rol de avalúo 2133-39, con una superficie de 3,7 hectáreas que se individualiza en el plano N° X-3-6939-S-R y que deslinda: Hijuela N°3: Noreste: nombre reservado separado por cerco; Sureste: Sucesión nombre reservado, separado por cerco; Suroeste: Hijuela N° 4 de nombre reservado, separado por cerco; Noroeste: nombre reservado separado por cerco, donde el acceso al inmueble es por servidumbre de tránsito.

Que en copia vigente de inscripción se aprecian anotaciones al margen donde figura la subdivisión realizada, en un primer término, en dos lotes, a saber; 3A y 3B cuyo plano, memoria y certificado del SAG se archivaron bajo los números 990, 991 y 992 el 6 de agosto del año 2002 en el Conservador de Bienes Raíces de Puerto Montt. Posteriormente, el Lote 3B fue transferido a doña nombre reservado cuya inscripción corresponde al N°2747 en Puerto Montt el 6 de agosto del año 2002.

Luego, se encuentra inscrito al margen un proyecto de subdivisión, en el cual se indica que el resto del predio o lote 3A se subdividió en tres lotes singularizados como lote 3a, 3c y 3d, cuyo plano, memoria y certificado del SAG se archivaron bajo los N°1461, 1462 y 1463 en Puerto Montt el 3 de mayo del año 2006. A continuación, aparece la inscripción en la que se indica que el Lote 3C fue transferido a la Sociedad Comercial Aquatek Chile Limitada.

Además, consta al margen una rectificación cuyo número de repertorio es el 6.504 conforme a solicitud y certificado de avalúo fiscal del SII que se archivan bajo el número 2762 y 2763 en los documentos anexos del Registro de Propiedad, se rectificó el rol de avalúo de la propiedad inscrita al centro, en el sentido que este es el N°2133-246 y no como se señaló, requerí el 22 de junio del año 2015. Finalmente consta la inscripción del año 2021 de don nombre reservado, quien saneó mediante DL 2.695 la adquisición de 2.500 metros cuadrados.

En el año 2021 ingresó a la página del SII para obtener un certificado de avalúo de su predio, en donde informa un correo electrónico y apreciando un aumento significativo en dichos valores, pasando de $1.734.481 durante el primer semestre del año 2017 a $309.834.705.- pesos para el primer semestre del 2023. A su vez, sostiene que la superficie del predio informada por el SII está incorrecta, teniendo que efectuar en varias ocasiones su corrección.

Refiere que el Estado, mediante dichos avalúos, está expropiando, de facto, el inmueble que adquirió por herencia quedada al fallecimiento de su madre, toda vez que las contribuciones establecidas para el mismo, de manera arbitraria, son imposibles de pagar para una persona de 90 años, analfabeta y con una pensión garantizada universal de $206.000, habiéndose iniciado un procedimiento de cobro a su respecto bajo el Expediente Rol N°10536-23 de Puerto Montt, iniciado mediante resolución de 3 de marzo de 2023 y notificado al recurrente con fecha 13 de marzo del presente. A su vez, esta situación le ha impedido la postulación al beneficio para el adulto mayor, el que le fue negado dado que el avalúo fiscal de su propiedad supera el máximo permitido por ley.

Que los hechos señalados constituyen una perturbación a las garantías señaladas en el artículo 19 N°22 y 24 de la Constitución Política, esto es, el derecho a la no discriminación arbitraria en el trato que debe dar el Estado en materia económica y el derecho de propiedad, sumado lo anterior a lo establecido en la ley 20.732 que establece un beneficio, el cual nunca le fue ofrecido, en favor de adultos mayores en situación de vulnerabilidad en materia tributaria, y que en particular, en su artículo 1, establece “En caso que el importe de la tercera y cuarta cuota de impuesto territorial de un año y de la primera y segunda cuota de dicho impuesto del año siguiente, todas correspondientes a una propiedad no agrícola con destino habitacional, sea superior al cinco por ciento de los ingresos anuales del contribuyente de dicho impuesto del año anterior al año de la tercera y cuarta cuota aludidas, el importe referido será disminuido de forma tal que sea equivalente a dicho cinco por ciento.

(…) El Servicio de Impuestos Internos deberá verificar cada año, con los antecedentes que obren en su poder, el cumplimiento de los requisitos establecidos en el presente artículo, haciendo una propuesta de rebaja del impuesto territorial, la cual deberá ser previamente aceptada por el contribuyente, en la forma y plazo que dicho Servicio fije mediante resolución. La propuesta será notificada a través de carta certificada o correo electrónico, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 11 del Código Tributario.”

Solicita en definitiva que se acoja la presente acción, y se ordene a la Tesorería General de la República dejar sin efecto el acto administrativo que dio inicio al procedimiento ejecutivo en contra del recurrente, con costas.

A folio 3, se declaró admisible y se tuvo por interpuesto el presente recurso. A su vez, se concedió orden de no innovar en el sentido de suspender el procedimiento ejecutivo Expediente Rol N°10536-23, de la Tesorería Regional, mientras se resuelve el recurso.

A folio 6, consta informe evacuado por nombre reservado, director regional de la Tesorería General de la República, refiriendo que el artículo 21 de la ley 17.235 de Impuesto Territorial señala: “El Servicio de Impuestos Internos remitirá a cada municipalidad los roles semestrales, suplementarios y de reemplazos y un cuadro resumen por comuna, que contendrá, distribuido por clasificaciones, el avalúo total, las exenciones y el impuesto. Respecto de la Tesorería General de la República, el Servicio de Impuestos Internos le remitirá la información necesaria para el cumplimiento de sus fines propios.”

Luego, sostiene que los actos administrativos gozan de una presunción de legalidad, imperio y exigibilidad de conformidad al artículo 3 de la ley 19.880, indicando en definitiva que el cobro realizado en contra del contribuyente recurrente en autos y en general frente a todos aquellos que adeuden contribuciones se realiza en virtud de la información que el mismo Servicio de Impuestos Internos transmite por medios electrónicos a este servicio de Tesorería, tal como está estipulado en el artículo 21 de la Ley 17.235.

Que, en este sentido, el cobro realizado en el expediente n°10536-2023 de la comuna de Puerto Montt, y considerando, además, que de los antecedentes que acompaña la contraria no existe resolución alguna del órgano girador, esto es el Servicio de Impuestos Internos, que ordene a la Tesorería la suspensión del cobro o derechamente la terminación de estos, se está llevando la cobranza en conformidad a derecho.

Refiere que la presente acción debió ser dirigida ante el Servicio de Impuestos Internos, dado que aquella estima que el avalúo de su propiedad fue determinado de forma abusiva y que ha implicado un acto u omisión arbitrario y/o ilegal en su contra, y en su caso, a través de las acciones especiales establecidas en materia tributaria para su reclamación.

A folio 8, consta informe evacuado por el Servicio de Impuestos Internos, el que indica que con fecha 12.11.2021 se crea orden de trabajo N°RUT reservado, resolviendo la rectificación de la superficie de predio rol 2133-246 comuna de Puerto Montt de 42.000 m2 a 37.000 m2 con vigencia a partir del primer semestre 2019.

Luego, con fecha 18.11.2021, el recurrente ingresa solicitud con Formulario 2118 N°RUT reservado, donde solicita se le informe el motivo del incremento del avalúo de su terreno e informar con que procedimientos se realizó éste. La orden de trabajo RUT reservado fue cerrada con fecha 21.01.2022 emitiendo Oficio de respuesta Ord. N°20/2022 (se adjunta), donde se informa las normativas legales y los criterios técnicos tomados para la modificación del avalúo fiscal del predio rol 2133-246 comuna de Puerto Montt.

Nuevamente, con fecha 18.03.2022, el recurrente ingresa solicitud con Formulario 2118 N°RUT reservado, en donde solicita se rectifique la superficie del predio rol 2133-246 comuna de Puerto Montt. La orden de trabajo RUT reservado fue cerrada con fecha 17.05.2022 emitiendo solo certificado fiscal de avalúo detallado (se adjunta) ya que la superficie fue rectificada en su cabida con la orden de trabajo RUT reservado del 12.11.2021.

Junto a lo anterior adjunta documento de consulta sobre Beneficio Adulto Mayor, en el cual consta que el Rol 2133-246 asociado al Rut RUT reservado, no cumple con los requisitos estipulados en la Ley 20.732, donde indica que el avalúo fiscal de la propiedad debe ser menor o igual a $192.603.583 pesos y que el inmueble candidato al beneficio debe tener como destino habitacional.

Encontrándose en estado de ver, se agregó extraordinariamente a la tabla el presente recurso.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO Primero: El recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, o amenace ese atributo.

Se trata, por consiguiente, de una acción de cautela de derechos garantizados a nivel constitucional cuya existencia sea indubitada y que se encuentren conculcados de manera suficiente para provocar la actividad jurisdiccional traducida en la adopción de medidas destinadas a restablecer el imperio de esos derechos amagados o perturbados en su legítimo ejercicio Segundo: De lo anteriormente reflexionado, se desprende que es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión arbitraria o ilegal, producto del mero capricho de quién incurre en él y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías preexistentes protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

Tercero: Que el acto que se denuncia como ilegal y arbitrario en esta causa consiste en el aumento unilateral y arbitrario en el avalúo fiscal de la propiedad del recurrente por parte del Servicio de Impuestos Internos, en términos tales que con su pensión no puede pagar las contribuciones respectivas, habiéndose iniciado un procedimiento de cobro en su contra que, de facto, se ha constituido como una expropiación ante la imposibilidad de su pago, vulnerando con ello las garantías constitucionales señaladas.

Cuarto: Por su parte, el organismo público recurrido sostiene que la presente acción no puede prosperar, toda vez que la acción de cobro iniciada en contra del recurrente se produce como consecuencia de la información entregada por el Servicio de Impuestos Internos en cuanto a la deuda existente por el pago de impuesto territorial respecto de un inmueble de su propiedad, señalando que la argumentación entregada en esta acción se dirige a cuestionar actuaciones propias del citado órgano, responsabilidad que no puede recaer en su parte, particularmente por la presunción de legalidad que le asiste en base a lo indicado en el artículo 3 de la ley 19.880.

Quinto: De argumentos y antecedentes esgrimidos por ambas partes en su oportunidad, es posible establecer que el actor es propietario de un inmueble ubicado en Chinquihue Alto, comuna de Puerto Montt, de una cabida de 37.000 metros y cuyo rol de avalúo es el N°2133-39. Luego, se advierte que la recurrente cuestiona el aumento del valor establecido por el Servicio de Impuestos Internos respecto del avalúo fiscal de su propiedad, cuestión que ha sido de conocimiento del citado servicio en mérito de lo informado por ella en esta causa.

Finalmente, se aprecia que la Tesorería General de la República ha iniciado un procedimiento de cobro del pago del impuesto territorial en contra del recurrente, por deuda existente al respecto y en mérito de la información entregada en su oportunidad por el Servicio de Impuestos Internos.

Sexto: Así las cosas, habiéndose dirigido la presente acción de protección en contra de la Tesorería General de la República por el cobro de las contribuciones adeudadas por la recurrente, cuestión no debatida en estos autos, y advirtiéndose que los argumentos vertidos por esta última dicen relación con actuaciones que son propias del Servicio de Impuestos Internos, esta Corte estima la configuración de una falta de legitimación pasiva en el organismo recurrido que hacen decaer la pretensión solicitada en esta causa.

Séptimo: Lo anterior, teniendo en consideración que el actuar de la recurrida no ha sido posible de catalogar como arbitrario, toda vez que la acción de cobro se inicia por información entregada por otro organismo público, asistiéndole a su vez la presunción de legalidad que no ha logrado ser cuestionada con los antecedentes acompañados en estos autos en mérito de lo señalado en el artículo 3 de la ley 19.880.

Octavo: Finalmente, se hace presente que los argumentos dados en esta acción dicen relación con cuestionamientos en el actuar del Servicio de Impuestos Internos, los que necesariamente deben ser conocidos a través del ejercicio de las acciones que resulten pertinentes para ello en la sede procesal que corresponda, sobre todo teniendo en consideración los cambios en los valores del avalúo del inmueble de la recurrente en los términos planteados en estrados, siendo improcedente la presente vía para emitir un pronunciamiento sobre el fondo de dichas alegaciones.

Por estas consideraciones y en mérito de lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República, y Acta N°94-2015 sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza la acción interpuesta por nombre reservado en contra Tesorería General de la República.

Redacción a cargo del abogado integrante Darío Parra Sepúlveda.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Rol Protección N°538-2023.