nombre reservado con nombre reservado

Puerto Montt, seis de junio de dos mil dieciocho.

Vistos:

Con fecha veintiocho de abril del presente año, comparece doña Karem Ramírez Silva, abogada, en representación de don nombre reservado, domiciliado para estos efectos en domicilio reservado, y deduce acción de protección de garantías fundamentales en contra de don nombre reservadoöbel nombre reservado, en su calidad de Juez Subrogante Legal del Juzgado de Letras de Puerto Varas; por estimar que el recurrido ha vulnerado los derechos fundamentales de que es titular, consagrados en el artículo 19 Nº1 y N°24 de la Constitución Política de la República, en relación con la jurisprudencia de nuestros tribunales de justicia, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y lo dispuesto en el Convenio Nº169 de la Organización Internacional del Trabajo.

Lo anterior, se funda en que el recurrente tomó conocimiento el día catorce de abril del año en curso que se ha dispuesto el lanzamiento desde la propiedad que ocupa, con auxilio de la fuerza pública, según oficio de 23 de abril del mismo año, decretado en autos Rol C-41-2016 del Juzgado de Letras de Puerto Varas, mediante resolución firmada por el recurrido, no obstante encontrarse aún pendientes de resolución recursos procesales en la causa.

Agrega que en la causa en referencia se dedujo un incidente procesal por el actor, que fuera rechazado de plano por el recurrido. Asimismo se habrían deducido dos apelaciones subsidiarias, una de ellas no había sido proveída a la fecha de interposición del presente recurso, mientras que la segunda fue proveída con fecha 25 de abril de 2018, encontrándose pendiente de ser elevados los autos a esta Corte.

Ello, ha impedido a juicio de la abogada recurrente la solicitud de una orden de no innovar a fin de detener el lanzamiento del actor, dado que estima se ha ordenado el lanzamiento de un miembro del pueblo mapuche-huilliche desde su propiedad, en contravención con la ley vigente, por no ceñirse el procedimiento a aquel consagrado en la Ley Nº19.253.

Explica que habiéndose solicitado la suspensión del procedimiento en tanto no se resuelvan las apelaciones deducidas, fue ello arbitrariamente negado por el recurrido.

Expone que a su juicio los hechos denunciados constituyen un acto ilegal y arbitrario, por cuanto teniendo la obligación de resguardar las garantías procesales de todas las partes y el deber especial de amparar a los miembros de pueblos originarios, no ha actuado conforme a derecho.

Alega como vulneradas las garantías de los artículos 19 Nº1 y Nº24 de la Carta Fundamental, por cuanto el despojo de su propiedad con presencia de Carabineros afecta a su grupo familiar y a su dominio sobre el inmueble.

Arguye que atendido la calidad de miembro de un pueblo indígena que detentaría el actor y el hecho de verse afectada su propiedad, se debió aplicar lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley Nº19.253.

Refiere que la jurisprudencia de la Corte Interamericana impone a los órganos del Estado el deber de ejercer el control de convencionalidad, sin citar los fallos en que ello se ha expresado.

Añade que el artículo 1.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos impone el deber de asegurar el libre ejercicio de los derechos a todas las personas y en especial a quienes conforman los pueblos indígenas.

Luego, hace una relación de la comprensión que ha tenido la jurisprudencia interamericana en cuanto a que la propiedad sobre la tierra cuyos titulares sean miembros de pueblos indígenas es a su vez individual y colectivo. Asevera además que la Corte Interamericana ha reconocido que la propiedad indígena no emana del reconocimiento de aquella por el Estado, sino del uso y posesión tradicional de la tierra, de carácter ancestral; y concluye que es deber del Estado respetar lo anterior, derivado de su deber de control de convencionalidad que incluye la interpretación jurisprudencial que de los instrumentos de derechos humanos hace la Corte Interamericana, citando al efecto “La Cantuta vs. Perú” (2006).

Cita a continuación las normas pertinentes de la Constitución Política de la República en relación con la presente acción constitucional y aquellas contenidas en el Convenio Nº169 de la Organización Internacional del Trabajo.

Por lo expuesto, pide que se acoja el recurso y se ordene al recurrido suspender el procedimiento en la causa Rol C-41-2016 del Juzgado de Letras de Puerto Varas, en tanto sean resueltos los recursos interpuestos en ella.

Acompaña resolución de 23 de abril de 2018 que accede a la solicitud de auxilio de fuerza pública para el lanzamiento y oficio a Carabineros.

Solicitada orden de no innovar, fue ésta concedida por la Segunda Sala de esta Corte, en el sentido de suspender la orden judicial de lanzamiento en la causa Rol C-41-2016 del Juzgado de Letras de Puerto Varas.

Solicitado oficio a la CONADI a fin que informe si el recurrente es dueño ancestral de la tierra que ocupa, época y ubicación de la misma, se le negó lugar sin perjuicio del derecho de la parte de acompañar los instrumentos que estime pertinentes.

Informando el recurso de protección, el abogado nombre reservado nombre reservado, Juez Subrogante legal del Juzgado de Letras de Puerto Varas, señala que la resolución atacada fue dictada por él en el marco de una causa de precario, caratulada “nombre reservado con nombre reservado”, tramitada bajo el Rol C-41-2016 del referido tribunal, por medio de la que rechazó una reposición promovida por la defensa del demandado.

Agrega que las alegaciones en torno al carácter indígena de la propiedad que detentaría el recurrente no han sido vertidas a lo largo del juicio, que incide en un inmueble ubicado en domicilio reservado, del conjunto habitacional “Comité de Vivienda Río Maullín”, de la ciudad de Llanquihue.

Refiere que el recurso debe ser rechazado, en primer lugar, por cuanto los hechos se encuentran sometidos al amparo del Derecho, al haberse dictado las resoluciones judiciales en el marco de un juicio de precario en que el actor fue demandado por quien acreditó ser la única y exclusiva dueña del inmueble que ocupa, mediante sentencia firme y ejecutoriada que ordenó su restitución. En el mismo sentido, explica que se encuentra agotada la discusión acerca del cumplimiento incidental de dicho fallo, desde que se desestimó la oposición del recurrente. Por tanto, el lanzamiento decretado en esos autos no es antojadizo, sino que responde a la tramitación ordinaria de la causa de conformidad a las normas sustantivas y adjetivas que le resultan aplicables.

Expone que lo que pretende el recurso no es atacar el actuar del juez, sino que desconocer las facultades de ejecución que le asisten a los órganos jurisdiccionales, por la vía de sustraer su competencia invocando normas de propiedad indígena que no se habían hecho valer previamente en el juicio.

Señala que el mismo recurrente reconoce que se le concedió un recurso de apelación contra la resolución de 23 de abril de 2018 y que por tanto, él mismo reconoce la existencia de una institucionalidad procesal y la posibilidad de resolver la controversia “in limini litis”.

Concluye respecto al primer capítulo de rechazo, el que encontrándose pendiente de resolución por esta misma Corte el recurso de apelación, corresponde descartar esta acción cautelar extraordinaria a fin de evitar decisiones contradictorias respecto de la misma resolución atacada.

En segundo lugar, insta por el rechazo del recurso por cuanto no hay acto ilegal o arbitrario, ya que el cumplimiento con citación del fallo fue notificado el 4 de abril de 2017. A él, se opuso el recurrente alegando compensación de las mejoras efectuadas en el bien raíz, como cuestión previa al desalojo. Dicha oposición fue resuelta el 28 de septiembre de 2017 y quedó firme por rechazo de la reposición deducida en lo principal y atendida la inadmisibilidad de la apelación subsidiaria, de conformidad a lo resuelto con fecha 5 de octubre de 2017.

Luego, el 30 de octubre de 2017 se decretó el lanzamiento, a lo que se opuso nuevamente el recurrente con iguales fundamentos, cuestión que fuera rechazada por resolución de 22 de noviembre de 2017.

Agrega que el 20 de noviembre de 2017 se le notificó por cédula al demandado y recurrente de la resolución que accedió al lanzamiento; y que fue nuevamente notificado el 23 de enero de 2018, dejando esta vez constancia de la oposición del demandado. Así el 22 de marzo, no obstante rechazarse una incidencia de nulidad, se ordenó notificar nuevamente, por no haberse georeferenciado la actuación de enero del presente año. Aquello fue cumplido los días 13 y 14 de abril recién pasados, notificando el segundo día personalmente al demandado, constando la oposición de aquel al lanzamiento.

Por lo anterior, no es efectivo que el día 23 de abril de 2018, al dictar la resolución atacada, que accedió a oficiar a Carabineros para el auxilio del lanzamiento, existían recursos pendientes.

Añade que el recurso de apelación concedido contra esta última resolución de 23 de abril, lo fue en el sólo efecto devolutivo ya que así lo ordena el artículo 192 del Código de Procedimiento Civil en relación al artículo 194 del mismo cuerpo normativo.

Reitera el hecho que el recurrente jamás manifestó en el transcurso del juicio ser miembro de una comunidad indígena, ni tampoco hay antecedentes alguno que dé cuenta que el inmueble es objeto de propiedad indígena, al amparo de la Ley Nº19.253.

Finalmente indica que lo anterior descarta cualquier afectación a las garantías fundamentales del actor y mucho menos una transgresión de las normas que rigen la propiedad indígena en el ámbito interno y tampoco en los instrumentos internacionales. Esto último, se ve refrendado por el hecho que en el juicio es el mismo actor el que reconoce al contestar la demanda que prometió en su oportunidad comprar el inmueble a la demandante, quien a su vez, lo habría adquirido el año 2009, por lo que no se vislumbra una posesión ancestral del terreno.

Por ello, señala que el recurso incoado resulta ser temerario, desde que pretende la aplicación de lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley Nº19.253, sobre litigios que recaen en propiedades indígenas, sin haber invocado jamás un antecedente a ese respecto y atendido que es imposible modificar las normas procesales, por haberse dictado sentencia definitiva, que se encuentra firme y ejecutoriada, de conformidad a lo que dispone el artículo 58 de la misma norma.

Insta por que el recurso sea declarado inadmisible o sea rechazado, en cualquier caso, con costas.

Solicitado traer a la vista la causa Rol C-41-2016, mediante consulta a su expediente virtual en la página del Poder Judicial, fue ello así decretado.

La recurrente pidió tener presente que el conocimiento de los autos sobre precario implicaría un delito, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 61 del Estatuto Administrativo. Agrega que las resoluciones dictadas en el juicio son arbitrarias e ilegales, lo que deberá ser investigado por el Ministerio Público. Cita los artículos 38 y 5º de la Constitución Política de la República.

Pide traer a la vista causa civil en que el recurrente habría demandado a terceras personas por nulidad de contrato; y causa penal RIT 1019-2018, sin señalar tribunal que conoce de ella, por el delito de estafa y contrato simulado, solicitud que fue negada por no incidir las causas en los hechos objeto del recurso, sin perjuicio del derecho de acompañar piezas que estime pertinentes.

El recurrido hizo presente que sobre la eventual responsabilidad administrativa que se le reprocha en el escrito de la recurrente, la solicitud de derivar los antecedentes al Ministerio Público fue rechazada por el recurrido atendido que no obra en los antecedentes del procedimiento la existencia de delito alguno, cuestión que fue explicitada en resolución dictada en la causa en que incide el presente recurso.

Encontrándose en estado de ver, se trajeron los autos en relación, agregándose extraordinariamente en tabla.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección tiene por objeto restablecer el imperio del derecho cuando se han visto conculcadas, aun en grado de amenaza, las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 de la Constitución Política de la República, según lo dispone el artículo 20 de la Carta Fundamental. En tales casos, la Corte de Apelaciones respectiva puede adoptar todas las medidas conducentes a lograr que cese la perturbación de tales garantías. Para dicho efecto, deben concurrir los siguientes requisitos: que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada; que se establezca la ilegalidad o arbitrariedad de esa acción u omisión; que de la misma se siga directo e inmediato atentado contra una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía; y que la Corte esté en situación material y jurídica de brindar la protección.

nombre reservado: Que, en la especie, el acto materia de este recurso dice relación con el hecho de haberse dictado a juicio del recurrente una resolución judicial ilegal y arbitraria por parte del recurrido, atendido que se accedió al lanzamiento con auxilio de la fuerza pública respecto de un inmueble que forma parte de su propiedad, la que sería de naturaleza ancestral, amparada por las reglas especiales de la propiedad indígena, consagradas en el artículo 56 de la Ley Nº19.523, cuestión que no fue respetada mediante el sometimiento de la litis a las normas especiales que regulan dicho tipo de dominio.

TERCERO: Que por su parte, evacuando el informe solicitado, el recurrido alega la extemporaneidad del recurso, por cuanto el actor ha sido notificado personalmente de la sentencia dictada en autos Rol C-41-2016 del Juzgado de Letras de Puerto Varas y de las diversas resoluciones posteriores, entre ellas, el cumplimiento con citación de la misma en abril de 2017; y luego el rechazo a la oposición de septiembre del mismo año y el lanzamiento decretado en octubre, notificado en enero, marzo y abril del presente año, constando inclusive la oposición al mismo.

Alega en subsidio que el procedimiento en que se dictó la resolución atacada se encuentra sometido al imperio del derecho y que la decisión de acceder al auxilio de la fuerza pública para el lanzamiento responde a los actos jurídico procesales que obran en la causa.

Añade que en caso alguno ha existido ilegalidad o arbitrariedad en las resoluciones dictadas por el recurrido, explicando los fundamentos de ellas.

Expone que en ningún momento del juicio se invocó la ley indígena, ni se alegó o acreditó que la propiedad fuera de dicha naturaleza, máxime, por cuanto se adujo como defensa por el actor en estos autos una promesa de compraventa del año 2009, que descarta un uso o goce ancestral de la misma, agregando que en virtud de lo dispuesto en el artículo 58 de la Ley Nº19.253, tampoco era posible aplicar las normas procedimentales especiales, por encontrarse el juicio concluido.

Refiere finalmente que el recurso tiene un carácter temerario por cuanto se falta a la verdad en la narración de los hechos en que se funda, ya que no existían recursos pendientes al decretarse el auxilio de la fuerza pública; no se discutió si el terreno era propiedad indígena; y no se denunciaron los hechos al Ministerio Publico por no constar en autos delito alguno.

CUARTO: Que se trajo a la vista la causa Rol C-41-2016 del Juzgado de Letras de Puerto Varas, teniéndose por asentados los hechos que constan del examen de los referidos autos.

Así, consta en primer lugar que el actor se encontraba en cabal conocimiento de lo obrado en el juicio producto de las numerosas y sucesivas resoluciones que le fueron notificadas personalmente, siendo la última de ellas, que ordena el lanzamiento, notificada el día 14 de abril de 2018, constando la oposición del mismo.

Luego, no es dable estimar lo alegado por el recurrente en cuanto a que recién el día 14 de abril del presente año se enteró que se pretendía su lanzamiento del inmueble que ocupa. Ello, ya que se encontraba legalmente emplazado, por lo que tuvo noticia cierta de la existencia del juicio, de la restitución ordenada en la sentencia, de la solicitud de cumplimiento de la misma, al que se opuso; del rechazo de aquella oposición y mediante al menos tres notificaciones, de la orden de lanzamiento.

Luego, el hecho de haberse ordenado practicar nuevamente las notificaciones no implica que el recurrente pueda alegar su desconocimiento, máxime si desplegó una serie de actuaciones procesales que dan cuenta necesariamente del conocimiento del estado del juicio.

QUINTO: Que lo razonado precedentemente, permite desestimar la acción incoada por haber sido ésta impetrada cuando el recurrente tenía cabal conocimiento del juicio desde hace más de treinta días corridos y por ende del vicio que invoca como fundamento de su recurso, excediendo en consecuencia el plazo dispuesto en el artículo 1º del Acta 94-2015, de la Excelentísima Corte Suprema, para su interposición.

SEXTO: Que, a mayor abundamiento, no consta que el recurrente haya formulado en momento alguno del juicio alegación respecto a su calidad de miembro de un pueblo indígena, ni tampoco que la propiedad que ocupa sea de esa naturaleza jurídica y que el título que invoca para su ocupación sea el uso y goce ancestral de las mismas.

En ese sentido, del examen de los antecedentes se desprende que la defensa del recurrente en el juicio de precario llevado en su contra en los autos Rol C-41-2016 versó siempre sobre argumentos de derecho común y en caso alguno se invocaron normas especiales atingentes a la regulación de los conflictos sobre tierras indígenas.

SÉPTIMO: Que, en el mismo sentido, es claro que el Estado chileno se ha comprometido mediante diversos instrumentos internacionales al respeto de los pueblos originarios, siendo quizás el más importante de ellos el Convenio Nº169 de la OIT, por su especialidad y la densidad normativa que contiene aquel.

No obstante, llama la atención que el recurrente no invocara en el transcurso del juicio las normas especiales que se contienen en el derecho interno y que regulan la propiedad indígena de forma aún más completa y con antelación a la ratificación del referido Convenio, cual es la regulación contenida en el Ley Nº19.253 y en especial, lo dispuesto en su artículo 56.

Es más, no deja de resultar relevante a juicio de estos sentenciadores que ese argumento se haya invocado en una etapa tan tardía del juicio, cuando la misma disposición, en su artículo 58, sustrae el pleito y su ordenamiento procesal del ámbito temporal de aplicación de la norma.

OCTAVO: Que por lo razonado, no es posible estimar que se haya incumplido la obligación de los órganos estatales de dar aplicación a los instrumentos internacionales citados, entre ellos el Pacto de San nombre reservado Rica o el Convenio Nº169 de la OIT, por cuanto no se ha invocado previamente una vulneración de derechos, sino hasta la interposición de la presente acción cautelar constitucional.

Luego, habiendo tomado conocimiento este tribunal de lo denunciado, no es dable atender a lo alegado por el recurrente, por cuanto no consta su calidad de miembro de una comunidad indígena, cuestión que no se ha acreditado por medio alguno. Tampoco consta que el inmueble que ocupa el recurrente sea parte de una propiedad indígena colectiva o individual, más aun, ésta se halla ínsita en un conjunto habitacional urbano y el mismo actor, en su calidad de demandado del juicio reconoce que su ocupación no data más allá del año 2009, sin señalar en momento alguno que ejerciera actos de posesión ancestral de la tierra.

Por ello, es que el órgano jurisdiccional no se encuentra en la posición jurídica de brindar una especial protección a un sujeto que se ampare a una preceptiva diferenciada, ya que no ha acreditado los supuestos básicos en que aquello se fundaría.

NOVENO: Que en ese ámbito de cosas, no se vislumbra que ni el tribunal recurrido, ni esta magistratura, se hallen en la hipótesis fáctica que implique necesariamente ejercer un control de convencionalidad de las normas aplicables, por cuanto ellas son las propias del derecho adjetivo y sustantivo común, sin que exista antecedente alguno que justifique una tutela diferenciada de derechos.

DÉCIMO: Que por lo previamente asentado, apareciendo que el actuar del tribunal a quo se encuentra apegado a los antecedentes del proceso y que en consecuencia ha actuado de conformidad a derecho, sin que sea posible ejercer a su respecto algún tipo de reproche; y que del mérito de autos, consta que se le ha dado una tramitación legal al juicio y que las resoluciones y actuaciones procesales se apegan a las normas que resultan aplicables en la especie, no es dable estimar que existe la ilegalidad o arbitrariedad denunciada.

UNDÉCIMO: Que apareciendo que de los antecedentes del proceso las actuaciones del juez recurrido se han apegado al mérito de autos, dándole la normal tramitación al juicio, aplicando las normas que resultan atingentes a la prosecución legal del pleito y que el recurrente ha ocurrido a esta sede con un claro ánimo de dilatar el resultado de lo obrado en la causa C-41-2016, a sabiendas de la extemporaneidad de la acción deducida y del hecho que la conducta denunciada no concurre en la especie, son motivos suficientes para imponer al actor una condena en costas.

Por las consideraciones expuestas, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara:

I.- Que, se rechaza el recurso de protección deducido por doña Karem Ramírez Silva, abogada, en representación de don nombre reservado, en contra de don nombre reservadoöbel nombre reservado, en su calidad de Juez Subrogante Legal del Juzgado de Letras de Puerto Varas, por ser ésta extemporánea.

II.- Que, se condena en costas al recurrente por los motivos expresados en el fundamento undécimo precedente.

Redacción a cargo del Abogado Integrante don Pedro Campos Latorre.

Regístrese, comuníquese, y archívese, en su oportunidad.

Rol Nº 538-2018