Protección contra Liceo nombre reservado

Puerto Montt, siete de noviembre de dos mil veinticinco.

Visto:

A folio N°1, comparecen nombre reservado y nombre reservado quienes interponen acción constitucional de protección en favor de su hijo nombre reservado, en contra del Liceo nombre reservado, por los hechos que expone en su acción.

La parte recurrente sostiene, en síntesis, que la decisión del Liceo nombre reservado, representado por su director, de expulsar al estudiante nombre reservado — adolescente de 16 años diagnosticado con Trastorno del Espectro Autista (TEA) y Trastorno de Conducta Secundario, en seguimiento multidisciplinario continuo— constituye un acto ilegal y arbitrario, por haberse tramitado en un procedimiento disciplinario irregular, viciado y contrario a derecho, que desconoce su condición neurodivergente y prescinde de los ajustes razonables exigidos por el ordenamiento jurídico.

Expone que desde su ingreso al establecimiento se informó formal y reiteradamente la condición clínica del estudiante, las formas de desregulación, y las estrategias de abordaje; que pese a ello el establecimiento no implementó medidas idóneas, quedando de manifiesto un enfoque sancionatorio y no formativo: i) exigencias y presiones pedagógicas inadecuadas a su perfil (p. ej., participación obligatoria en ensayos extensos para una gala y condicionamiento a calificaciones), ii) exposición a prácticas provocativas en clase de educación física —considerando su diagnóstico y genu valgo—, iii) anotaciones permanentes por conductas vinculadas a episodios de desregulación y iv) reducción progresiva de la jornada escolar, sin sustento proporcional.

Refiere como hito el incidente del 24 de marzo de 2025, cuando, utilizando audífonos como apoyo sensorial reconocido, el profesor jefe le ordenó repetidamente retirarlos, desencadenando una crisis de desregulación que culminó con el llamado a Carabineros y su conducción a constatación de lesiones, actuación calificada como inapropiada atendida su condición. Aduce que, tras aquello, el establecimiento inició proceso de expulsión bajo la Ley N°21.128 (Aula Segura), manteniéndose la sanción por resolución de 16 de abril de 2025 pese a la apelación de los padres, sin que en dicho iter se considerara su diagnóstico ni se exploraran medidas pedagógicas menos restrictivas y de carácter formativo.

En lo jurídico, funda la ilegalidad y arbitrariedad en el conjunto normativo que impone educación inclusiva y ajustes razonables: Ley N°21.545 (Ley TEA), que incorpora principios de trato digno, autonomía progresiva, neurodiversidad y deber de seguimiento continuo, y que obliga a los establecimientos a efectuar los ajustes necesarios en reglamentos y procedimientos internos para abordar desregulaciones emocionales y conductuales (arts. 6, 18 y 20); Circular N°586 de la Superintendencia de Educación, que precisa el carácter de necesidad educativa especial permanente del TEA y exige diversificación de evaluación y medidas específicas; y Ley N°20.370 (LGE), art. 11 incisos noveno y décimo, que proscribe expresamente cancelar matrícula, suspender o expulsar a estudiantes por discapacidad o necesidades educativas especiales permanentes, y ordena programas de inclusión escolar. Invoca asimismo el principio de proporcionalidad y la primacía de medidas formativas, citando jurisprudencia de Corte de Apelaciones que, en casos análogos, ha vedado expulsiones de estudiantes con TEA y ha exigido privilegiar respuestas educativas no expulsivas (v. gr., Rol protección 20675-2024, Santiago).

Sostiene la vulneración actual de garantías del artículo 19 N°1 (integridad psíquica) — por el daño emocional, angustia y estrés sostenido derivados de la incertidumbre y de la sanción expulsiva— y del artículo 19 N°2 (igualdad ante la ley), al recibir un trato discriminatorio por su condición neurodivergente en el acceso, permanencia y progreso educativo.

En cuanto a la extemporaneidad, afirma que el plazo del artículo 20 de la Constitución se cuenta desde la decisión definitiva de expulsión de 16 de abril de 2025, por lo que acciona dentro del término.

En lo petitorio, solicita que se acoja el recurso, se deje sin efecto la expulsión y se ordene cesar toda discriminación arbitraria, implementando ajustes razonables y medidas pedagógicas proporcionales.

A folio 4, se tiene por interpuesto el recurso de protección, se pide informe a la recurrida y se concede Orden de No Innovar en torno a suspender la ejecución de la sanción aplicada al alumno por parte del establecimiento recurrido, mientras se tramita la presente acción.

A folio N°14 consta informe evacuado por la I. Municipalidad de Puerto Montt, en su calidad de sostenedora del Liceo nombre reservado, la parte recurrida expone, en síntesis, que el recurso de protección debe ser íntegramente rechazado por cuanto la decisión de desvinculación del alumno nombre reservado obedeció al cumplimiento estricto de la normativa educacional aplicable y del Reglamento Interno de Convivencia Escolar, así como a la necesidad de resguardar la integridad y seguridad del personal y del alumnado.

En cuanto a los hechos, la recurrida relata que el 24 de marzo, durante una clase de Educación Física, el estudiante mencionado agredió físicamente al docente a cargo y, seguidamente, propinó un puñetazo a una compañera, configurando un episodio de violencia grave que motivó la activación inmediata de los protocolos institucionales, la intervención del equipo de Convivencia Escolar y del Programa de Integración Escolar, la contención psicoeducativa, la comunicación a los apoderados, el apoyo a las víctimas (derivación del docente al IST y contención al curso) y la concurrencia de Carabineros conforme a los protocolos vigentes.

Sostiene que, iniciado el procedimiento disciplinario, se aplicaron las reglas del Reglamento relativas a criterios de proporcionalidad, consideración de edad y madurez, naturaleza y extensión del daño, así como a circunstancias agravantes –en particular, la afectación a un profesor– y al catálogo de faltas gravísimas, dentro del cual se contempla la agresión física a miembros de la comunidad educativa y la sanción de expulsión como medida posible.

Precisa que la decisión no se fundó en la condición de Trastorno del Espectro Autista del alumno, la cual fue considerada con acompañamiento continuo por el PIE, sino en su conducta violenta y en su historial de registros disciplinarios desde segundo a cuarto medio; afirma, además, que se respetó el debido proceso interno: notificación oportuna a los apoderados, suspensión preventiva con apoyo pedagógico, facultades del Consejo de Profesores y vías de reconsideración, y posterior remisión de antecedentes a la Superintendencia de Educación para el control formal del procedimiento, conforme al DFL N°2 (Educación) modificado por la Ley N°21.128 (Aula Segura) y a los principios de proporcionalidad y no discriminación de la Ley N°20.845 de Inclusión.

Añade que la legalidad de sanciones de expulsión adoptadas como última ratio en contextos de violencia escolar ha sido reconocida por la judicatura nacional, y que en la especie no concurre acto ilegal ni arbitrario ni vulneración de las garantías del artículo 19 N°1 y N°2 de la Constitución, desde que la medida se dirigió a restablecer el orden y proteger a la comunidad educativa; por ello, pide rechazar el arbitrio cautelar, con costas, permitiendo que el procedimiento administrativo siga su curso.

A folio 16, se traen los autos en relación.

Encontrándose en estado de ver, se agregó extraordinariamente a la tabla el presente recurso.

CON LO RELACIONADO, OÍDO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: El recurso de protección de garantías constitucionales, previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye un mecanismo procesal constitucional de carácter excepcional y cautelar, diseñado para asegurar la protección eficaz y expedita de los derechos fundamentales allí consagrados. Su propósito es resguardar contra acciones u omisiones arbitrarias o ilegales que implican una privación, perturbación o amenaza de estos derechos y garantías. En este sentido, cuando esta Corte conozca de un recurso de protección, asumirá una responsabilidad constitucional de actuar con premura y decisión para instaurar las medidas que juzgue necesarias.

Así, la presente acción constitucional, al tener un carácter cautelar, urgente y no declarativo, no permite emitir un fallo que resuelva de manera integral todas las cuestiones relacionadas con la existencia y validez de los recursos derechos en juego, ni otras materias que requieran de un análisis más extenso y profundo. Para ello, el ordenamiento jurídico chileno contempla otras vías judiciales y administrativas específicamente destinadas a su análisis y resolución.

SEGUNDO: Que resulta crucial enfatizar la naturaleza cautelar, urgente y no declarativa de esta acción, lo que implica que el ámbito de competencia de esta Corte es excepcional y debe interpretarse de manera restrictiva. Así, la intervención de estos sentenciadores se justifica únicamente en casos que demanden imperativamente la adopción de protectoras respecto al derecho medidas cuya vulneración se alega. Es imprescindible que el derecho en cuestión sea indubitable y no se base en meras expectativas o autoatribuciones de prerrogativas no reconocidas legalmente. Además, los actos u omisiones impugnados deben ser claramente ilegales o arbitrarios.

En este contexto, se debe recordar que la naturaleza cautelar y de urgencia de este recurso justifica tanto su tramitación relativamente desformalizada como su carácter no declarativo de derechos. Estos aspectos son fundamentales para entender la celeridad en su interposición y la flexibilidad en sus formas de presentación, permitiendo incluso su promoción por terceros sin necesidad de acreditar un título habilitante.

TERCERO: Que la parte recurrente sostiene, en síntesis, que la expulsión del estudiante nombre reservado por el Liceo nombre reservado es ilegal y arbitraria, pues se tramitó en procedimiento irregular que desatiende su condición de neurodivergencia (TEA) y omite ajustes razonables.

Alega que el colegio conocía su diagnóstico y estrategias de manejo y, sin embargo, aplicó un enfoque sancionatorio: exigencias pedagógicas inapropiadas, prácticas físicas provocativas pese a su genu valgo, anotaciones por desregulación y reducción desproporcionada de jornada.

Releva el episodio del 24 de marzo de 2025 —uso de audífonos como apoyo sensorial— que culminó con llamado a Carabineros y constatación de lesiones, hecho que precipitó un proceso de expulsión al amparo de la Ley N°21.128, confirmado por resolución de 16 de abril de 2025, sin valorar alternativas formativas. Fundamenta su pretensión en la Ley N°21.545 (Ley TEA), la Circular N°586 de la Superintendencia y el artículo 11 de la Ley N°20.370 (LGE), que exigen inclusión y prohíben expulsar por necesidades educativas especiales permanentes; invoca proporcionalidad y jurisprudencia análoga (Rol 20675-2024, Santiago).

Denuncia vulneración de los artículos 19 N°1 y 2, afirma que acciona oportunamente desde la resolución definitiva y pide dejar sin efecto la expulsión CUARTO: Que la parte recurrida solicita rechazar el recurso de protección, por cuanto la desvinculación del alumno nombre reservado se ajustó a la normativa educacional y al Reglamento de Convivencia, resguardando la integridad de la comunidad.

Señala que el 24 de marzo, en una clase de Educación Física, el estudiante agredió al docente a cargo y a una compañera, configurando un acto de violencia grave; por ello se activaron los protocolos: intervención de Convivencia Escolar y del Programa de Integración Escolar, contención psicoeducativa, comunicación a los apoderados, apoyo a las víctimas (derivación del profesor al IST) y concurrencia de Carabineros.

Iniciado el procedimiento, se aplicaron los criterios reglamentarios de proporcionalidad, edad y madurez, naturaleza y extensión del daño y circunstancias agravantes — en particular, afectación a un profesor—, previstos en el catálogo de faltas gravísimas, que contempla como posible sanción la expulsión.

Precisa que la decisión no se fundó en la condición de Trastorno del Espectro Autista — que contó con acompañamiento del PIE—, sino en la conducta violenta y en el historial disciplinario desde segundo a cuarto medio; y que se respetó el debido proceso interno: notificación oportuna, suspensión preventiva con apoyo pedagógico, decisión del Consejo de Profesores, vías de reconsideración y remisión a la Superintendencia de Educación.

QUINTO: Que cabe destacar la incidencia determinante de la orden de no innovar que consta a folio 4, con fecha doce de mayo de dos mil veinticinco, que suspendió la ejecución de la expulsión mientras se tramitó la acción. Dicha cautela, mantenida por un lapso significativo, permitió la continuidad educativa del estudiante sin reportes de nuevos eventos que habilitaran una reevaluación urgente y excepcional de riesgo.

A esta altura del proceso, y faltando apenas un mes para la conclusión del nivel de cuarto medio, la tutela cautelar impone una consideración de realidad que no puede desconocerse: la reviviscencia de la expulsión a estas alturas importaría una afectación intensa e innecesaria de la trayectoria educativa, fracturando el principio de continuidad y el interés superior del estudiante, cuando lo que corresponde es minimizar la perturbación del statu quo académico consolidado durante la vigencia de la medida.

La propia estructura del recurso de protección —acción sumaria y expedita— orienta su fallo a restablecer el imperio del derecho con criterios de prudencia, evitando daños mayores y privilegiando soluciones que resguarden la finalidad pedagógica de la comunidad. Así, la proximidad del término del año escolar y la eficacia práctica de la Orden de No Innovar, sumadas a la insuficiente justificación reforzada de la expulsión, imponen acoger la acción para asegurar el cierre del ciclo educativo en condiciones de normalidad.

SEXTO: Que, a mayor abundamiento, la continuidad pedagógica garantizada por la orden de no innovar decretada el doce de mayo de dos mil veinticinco debe ponderarse no sólo como un dato fáctico sino como un parámetro jurídico de decisión, atendido que su mantención por un periodo extenso ha configurado una situación de estabilidad educativa cuyo quiebre, a un mes de finalizar cuarto medio, produciría una lesión desproporcionada y en gran medida irreversible.

En efecto, el ámbito cautelar del recurso de protección —diseñado para prevenir daños graves e inminentes— proyecta efectos que deben ser considerados al resolver el fondo, especialmente cuando la medida provisoria ha evidenciado idoneidad para neutralizar el riesgo que pretendía conjurar y no existen antecedentes contemporáneos que demuestren su ineficacia, lo que aconseja consolidar en la decisión definitiva el estándar de tutela que ha regido durante la tramitación.

SÉPTIMO: Que, en dichas condiciones, la revocación del statu quo cautelar para ejecutar la expulsión no supera un test de necesidad ni de proporcionalidad en sentido estricto, ya que reinstalar la máxima sanción a estas alturas importaría un sacrificio desmedido del derecho a la educación y de la integridad psíquica del estudiante, privándolo del cierre regular de su ciclo formativo.

En consecuencia, la prudencia jurisdiccional, la función preventiva del recurso de protección y el principio de continuidad escolar convergen en favor de acoger la acción, disponiendo la plena reintegración del actor y la implementación de medidas pedagógicas y de convivencia idóneas para lo que resta del período escolar.

Por estas consideraciones y atendido lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y artículo 1º y siguientes del Acta Nº94-2015, de la Excelentísima Corte Suprema, sobre tramitación y fallo del recurso de protección y sus modificaciones posteriores, se resuelve:

I.- Que SE ACOGE, sin costas de la instancia, la acción constitucional interpuesta a folio Nº1 por nombre reservado y nombre reservado en favor de su hijo nombre reservado, en contra del Liceo nombre reservado.

II.- Que, en consecuencia, se deja sin efecto la medida de expulsión del alumno nombre reservado respecto del Liceo nombre reservado.

III.- Que se deja sin efecto la Orden de No Innovar decretada a folio 4.

Redacción a cargo del Abogado Integrante don Darío Parra Sepúlveda.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Rol Protección Nº537-2025.