nombre reservado con MINISTERIO BIENES NACIONALES (MAULE)

nombre reservado, dos de agosto de dos mil veinticuatro.

Vistos:

A folio 1 comparece el abogado don Juan Pablo Monsalve Leyton, domiciliado en domicilio reservado, nombre reservado, en representación de don nombre reservado, trabajador independiente, domiciliado en domicilio reservado, nombre reservado, quien interpone recurso de protección en contra del Ministerio de Bienes Nacionales, representado legalmente por doña nombre reservado, ignora profesión u oficio, ambos domiciliados en domicilio reservado.

Indica que el 5 de septiembre de 2023, ante la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales, presentó una solicitud de regularización de la posesión de un inmueble ubicado en domicilio reservado de nombre reservado. Enseguida, relata que aquélla fue rechazada por Resolución Exenta N°E-37559 y luego, por medio de la Resolución Exenta N°E-7169 se rechazó el recurso jerárquico deducido. Luego analiza ambas resoluciones, concluyendo que éstas son ilegales y afectan su derecho a la igualdad ante la ley y de propiedad. En concreto, respecto de la resolución que rechazó su solicitud, emanada de la SEREMI de Bienes Nacionales, refiere que en el considerando 3° letra a), se afirma que su parte no cumple con los requisitos del Decreto Ley N°2695 por pretender la regularización de la posesión de un inmueble rural de una superficie inferior a 5.000 metros cuadrados. Sin embargo, asevera que no existe ninguna norma en la ley que exija tal requisito. En segundo lugar, expone que el considerando 3º letra b) de la resolución, indica que el certificado de ruralidad acompañado por la Dirección de Obras Municipales señala que el terreno se encuentra fuera de los límites urbanos del plan regulador, por lo que se deberán cumplir las normas de la Ley General de Urbanismo y Construcción y el Decreto Ley N°3516. Al respecto, alega que en ningún lugar del Decreto Ley N°2695 se exige tal certificado de ruralidad, ya que la norma se refiere a un certificado de informaciones previas para fines de regularización. Agrega que, en todo caso, el artículo 1 letra c) del Decreto Ley N°3516 señala expresamente que la limitación de 5.000 metros cuadrados no es aplicable a las divisiones que deban efectuarse para los efectos de la regularización de la posesión de la pequeña propiedad raíz.

En tercer lugar, expone que el considerando 4º de la resolución indica que su solicitud podría tratarse de un loteo irregular e infringir la normativa urbanística, citando jurisprudencia administrativa de la Contraloría General de la República. Sobre el punto, reprocha que no se haya requerido la correspondiente información a la DOM, SERVIU y a SEREMI según lo establecido en la circular N°3 del 21 de noviembre de 2022 del Ministerio de Bienes Nacionales, por lo que también por tal motivo es ilegal la resolución. Posteriormente, asevera que el considerando 5º de la resolución indica la improcedencia de la aplicación del procedimiento a loteos irregulares o brujos que tienen su origen en contratos de cesión de derechos o promesas de compraventa de una cabida inferior a la superficie predial mínima permitida. Sobre el punto, señala que su posesión la funda solo en la posesión material.

Por otro lado, en relación con la Resolución Exenta N°37559 de la Subsecretaría del Ministerio de Bienes Nacionales que rechazó el recurso jerárquico, reprocha que el considerando 5º haya señalado que lo fundamentado tenía por objetivo adecuar la solicitud de regularización a la normativa impuesta por los instrumentos de planificación territorial, a los dictámenes emitidos por Contraloría General de la República y que la solicitud no sea manifestación de desregulación. Al respecto, niega que ello sea un requisito legal para efectos de declarar la calidad de poseedor material según el Decreto Ley N°2695.

Por tales razones, pide se ordene que la solicitud de regularización efectuada sea acogida y se proceda a iniciar los trámites de saneamiento de título, con costas. Acompaña: 1.- Resolución de rechazo N°E-37559 de Bienes Nacionales. 2.- Resolución de rechazo N°E-7169 de Bienes Nacionales. 3.- Oficio circular N°3 de fecha 21 de noviembre de 2022. y 4.- Set de fotografías del inmueble.

A folio 3 se declara admisible el recurso de protección y se pide informe a la autoridad administrativa recurrida.

A folio 11 evacua informe doña nombre reservado, Subsecretaria (S) de Bienes Nacionales, solicitando el rechazo del recurso de protección, asegurando que el Ministerio ha actuado dentro de la esfera de sus competencias, descartando haber actuado en forma ilegal o arbitraria. Explica la tramitación de las solicitudes de regularización, haciendo presente que se interpuso el correspondiente recurso jerárquico el cual fue rechazado, ajustándose siempre a los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República.

Luego asegura que el acto administrativo se encuentra motivado y suficientemente fundamentado y la circunstancia de que el recurrente no comparta sus razonamientos no lo torna arbitrario, haciendo referencia al contenido de sus considerandos. Enseguida, alega que el actor no cuenta un derecho indubitado o preexistente, ya que solo cuenta con una mera expectativa de obtener la regularización de su posesión material y, finalmente, niega la existencia de una afectación al derecho a la igualdad ante la ley o al derecho de propiedad. Pide el rechazo del recurso de protección. Acompaña 1. Copia de la Resolución Exenta Nº E-37559 de 3 de noviembre de 2023. 2.- Copia de la Resolución Exenta NºE- E-5001 de fecha 15 de febrero de 2024. 3.- Copia de la Resolución Exenta Nº E-7169 de 11 de marzo de 2024, de la Subsecretaría Nacional de Bienes Nacionales, que denegó el recurso Jerárquico interpuesto por el recurrente. 4.- Copia del Certificado de Ruralidad N°04108 de fecha 03 de agosto del año 2023. 5.- Copia de la inscripción de fojas 2731 Nº3471 del año 2016 del Conservador de Bienes Raíces de nombre reservado. 6.- Copia del certificado de avalúo del Servicio de Impuestos Internos rol Nº02131-00109 7.- Copia de las actuaciones y documentos del expediente de solicitud de saneamiento D.L. Nº 2695, Nº186.525, el cual incluye los documentos indicados en los Nº 1 a 6. 8.- Copia de los Dictámenes de Contraloría General de la República NºE-129442N21 de 2021, Nº 42.084/2017, y Nº 55.979/2016. 9.- Copia de la Circular Nº3 de 2022 del Ministerio de Bienes Nacionales.

A folio 12 se traen los autos en relación.

A folio 15 se dispone la agregación extraordinaria de la causa en tabla, en lugar preferente.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye jurídicamente una acción de carácter cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantía y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio. Supone, como elemento esencial, la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitrario que provoque a la recurrente la vulneración de la garantía constitucional que ha señalado como atropellada o amenazada.

Segundo: Que, don nombre reservado interpone recurso de protección en contra del Ministerio de Bienes Nacionales, asegurando que la Resolución Exenta N°E-37559, que rechazó su solicitud de regularización de la posesión de la propiedad raíz y la Resolución Exenta N°E-7169, que rechazó el recurso jerárquico, son ilegales y arbitrarias. Hace un análisis de los considerandos de las resoluciones -según lo consignado en lo expositivo de este fallo- para luego, concluir la ilegalidad de las mismas. Aduce vulneración a las garantías fundamentales de igualdad ante la ley y de propiedad. Pide se ordene que la solicitud de regularización sea acogida y se proceda a iniciar los trámites de saneamiento de título, con costas.

Tercero: Que, en su informe, el Ministerio de Bienes Nacionales asevera haber actuado dentro de su competencia, resolviendo por medio de resolución fundada, tanto al rechazar la solicitud de regularización, como al rechazar el recurso jerárquico. Aduce falta de derecho indubitado, niega afectación de garantías constitucionales, pidiendo el rechazo del recurso de protección.

Cuarto: Que, de los antecedentes acompañados a la causa se desprende que don nombre reservado solicitó, ante el Ministerio de Bienes Nacionales, la regularización de la posesión de un inmueble ubicado en el sector de Lagunitas, sin número, de la comuna de nombre reservado. Consta que el predio cuya posesión se pretendía regularizar tiene una superficie aproximada de 147 metros cuadrados y se ubica fuera del radio urbano. Asimismo, se constata que el 3 de noviembre de 2023, la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la Región de Los nombre reservado rechazó la solicitud de regularización de la posesión de dicho predio, por medio de la Resolución Exenta N°E-37559 del 3 de noviembre de 2023. En tanto que, el correspondiente recurso jerárquico fue deducido y rechazado por Resolución Exenta N°7169 de fecha 11 de marzo de 2024 por la Subsecretaría del ramo.

Quinto: Que, la normativa contenida en el Decreto Ley N°2.695 es de aplicación excepcional y tiene por objeto regularizar la situación de los poseedores materiales que carecen de títulos o que los tienen imperfectos. De tal manera, cabe tener presente que, de acuerdo a la resolución de la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales, el terreno cuya regularización se solicita tiene una superficie de 147 metros cuadrados, lo cual es insuficiente para cumplir con el mínimo de 5.000 metros cuadrados exigido para zonas rurales de acuerdo con el Decreto Ley N°3.516. Tal requisito de superficie es fundamental para evitar subdivisiones ilegales y garantizar un desarrollo urbano y rural ordenado, de manera que la pretensión del recurrente de regularizar un terreno que no cumple con esta normativa vulnera el espíritu y las disposiciones del Decreto Ley N°2.695 que busca, precisamente, evitar la fragmentación descontrolada de la propiedad rural. En tal sentido, la Dirección de Obras Municipales ha emitido un certificado de ruralidad que confirma que el terreno se encuentra fuera de los límites urbanos del plan regulador, debiendo regirse por la Ley General de Urbanismo y Construcción y la normativa del Decreto Ley N°3.516.

En tal orden de ideas, se considera que cualquier intento de regularización debe cumplir con las normativas urbanísticas y de planificación territorial vigentes, evitando así la creación de asentamientos irregulares que puedan generar problemas urbanísticos y medioambientales, de manera que, al encontrarse las resoluciones exentas objeto de este recurso de protección en consonancia con estas disposiciones, garantizan el cumplimiento de la normativa aplicable, dentro del ámbito que les es propio. Por consiguiente, no se advierte ilegalidad en aquéllas.

Sexto: Que, por otro lado, cabe tener presente que la SEREMI y la Subsecretaría del Ministerio de Bienes Nacionales han actuado dentro de competencia resolviendo por medio de resoluciones fundadas. Asimismo, se tiene presente que han sido coherentes con los principios de legalidad, responsabilidad y control, establecidos en la Ley N°18.575 de Bases Generales de la Administración del Estado siguiendo, además, los lineamientos dictados por la Contraloría General de la República. De tal modo, cabe concluir que no se constata un acto arbitrario o ilegal de parte los órganos de la Administración recurridos, motivos por los que se rechazará esta acción constitucional de protección.

Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y artículo 1º y siguientes del Acta Nº94-2015 de la Excelentísima Corte Suprema, sobre tramitación y fallo del recurso de protección, se declara:

I.- Que, se rechaza, el recurso de protección deducido en favor de nombre reservado, en contra de la Secretaría Regional Ministerial del Ministerio de Bienes Nacionales de Los nombre reservado.

II.- Que, no se condena en costas a la parte recurrente, por estimar que ha tenido motivo plausible.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Redacción a cargo del Ministro Jaime Vicente Meza Sáez.

Rol Protección N°536-2024.