Protección contra fiscalizador de la Inspección Comunal del Trabajo de Castro

FOJA 50 cincuenta.

Puerto Montt, siete de agosto de dos mil quince.

VISTOS:

A fojas 8 comparece don nombre reservado, técnico agrícola, Alcalde de la Municipalidad de Chonchi, en representación en su calidad de Presidente de la Corporación Municipal de Educación, Salud y nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado interior, e interpone recurso de protección en contra del fiscalizador de la Inspección Comunal del Trabajo de Castro, don nombre reservado, recurso que también hace extensible para los efectos que se acate y cumpla la resolución que el tribunal adopte, a la Inspección Provincial del Trabajo de Castro, representada por doña nombre reservado, ignora profesión, en su calidad de Inspector Provincial del Trabajo de Castro, todos domiciliados en domicilio reservado, y solicita se deje sin efecto la resolución de multa N° 7984/15/13-1, dictada por el primero, por la ilegalidad que significa; y con el objeto de que se abstenga de toda actividad que implique vulneración de derechos hacia su representada y en contra de todos ellos o de quienes este tribunal determine, para que acaten cualquier otra resolución que el tribunal adopte para restablecer el imperio del derecho y asegurar la necesaria protección de los derechos vulnerados.

Funda el recurso en que su representada se ha visto privada de las garantías de ser juzgada por comisiones especiales y derecho de propiedad, al dictarse la resolución de multa N° 7984/15/13-1, notificada con fecha 09 de junio de 2015. Agrega que en dicha fecha, en el curso de una fiscalización, su representada fue notificada de la resolución de multa que en lo pertinente señala que no se habría otorgado la titularidad en el cargo profesional de la Educación al docente don nombre reservado, dado que no se habría considerado los horarios con cargo a la Ley SEP, esto es, la Ley de Subvención Escolar Preferencial, correspondientes a 4 horas de las 29 horas que al día 31 de julio de 2014 contaba en virtud del contrato existente entre las partes.

Sostiene que la recurrida para arribar a las conclusiones que se señalan y dar por configurada la infracción, necesariamente debió entrar a calificar e interpretar las estipulaciones contractuales del trabajador supuestamente afectado, la naturaleza de la relación laboral y las normas laborales especiales aplicables a la materia. Cita al respecto lo dispuesto en el artículo 420 letra a) del Código del Trabajo y expresa que los recurridos se constituyen en este caso como una comisión especial, excediendo la competencia que expresamente entrega la ley como fiscalizador, en el entendido de que tal potestad se encuentra reservada exclusivamente a la existencia de hechos debidamente acreditados y no interpretables, y así lo ha entendido la Excma. Corte Suprema. En este caso, puede apreciarse de la escueta relación contenida en el acto que contiene las multas, que no se señala cuáles son los hechos ni la forma en que se acreditan para constituir una inobservancia ostensible o evidente a la legislación laboral. Por el contrario, se manera arbitraria califica, presume o da por configurados, todos los elementos del derecho que se supone conculcado, tales como calificar no sólo la norma aplicable, sino extender el sentido de ésta, cuando la propia norma no se ha pronunciado expresamente sobre el punto.

Refiere que el proyecto de titularidad docente, recogido por la Ley 20.804 contempla en lo fundamental, el paso de contrata a la titularidad de aquellos profesores que tienen un contrato de aula al 31 de julio de 2014 por un mínimo de 20 horas; durante tres años continuos o cuatro años discontinuos con el mismo empleador municipal. Esto incluye a los docentes que trabajan en aulas de recursos. De esta forma, los requisitos para acceder a la titularidad son copulativamente: a) Debe tratarse de profesionales de la educación; b) Que se desempeñen en la educación parvularia, básica o media; c) Que se encuentren incorporados a la dotación docente en calidad de contratados como docentes de aula al 31 de julio de 2014; d) Que el desempeño haya sido para un mismo municipio, por lo que el beneficio no resulta aplicable si los servicios se han prestado a distintas entidades edilicias; e) Que su calidad de contratados lo haya sido como docentes de aula a lo menos por tres años continuos o cuatro discontinuos, por un mínimo de veinte horas cronológicas semanales. Fue de este modo que al profesor nombre reservado, que tenía una relación vigente y que cumplía con las exigencias legales, se introdujo una modificación a su contrato con fecha 09 de febrero de 2015, estableciéndose una jornada de titularidad correspondiente a la de aula vigente a la fecha determinada por la ley, esto es 25 horas cronológicas semanales, lo que fue refrendado en anexo de contrato de trabajo de fecha 02 de marzo de 2015.

Sostiene que la Inspección recurrida, constituyéndose en un intérprete de la Ley ha ampliado este concepto, particularmente en lo referido al concepto de “docente de aula”, entendiendo que ello incluye legalmente a los que cumplían horas SEP, lo que en su concepto, no solo es formalmente improcedente. Cita lo dispuesto en los artículos 5 y 6 de la Ley 19.070, en relación al concepto de docencia de aula, y concluye que sólo podrán acceder a la titularidad quienes se encontraban contratados al 31 de julio de 2014 para cumplir funciones como docente de aula, quedando excluidas las designaciones como docente directivo o técnico pedagógico.

Explica que de acuerdo a la Ley de Subvención Escolar Preferencial (20.248) y la Ley que crea el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación (20.529), el Plan de Mejoramiento Educativo es una herramienta de planificación y gestión los establecimientos educacionales. Sin embargo, en relación a la contratación de horas al efecto para los docentes, ellas no son permanentes sino eminentemente transitorias, la duración de horas dependerá de las necesidades que generen las acciones de Planes de Mejoramiento Educativos. Los alumnos prioritarios, respecto de los cuales se dirige dicha ley, son aquellos para quienes la situación socioeconómica de sus hogares puede dificultar sus posibilidades de enfrentar el proceso educativo, abarcando actualmente desde Prekinder hasta 2° Medio, en los establecimientos educacionales que están incorporados a la SEP. Así las cosas, la calidad de alumno prioritario es determinada anualmente por el Ministerio de Educación, luego el sostenedor suscribe con éste un Convenio de Igualdad de Oportunidades y Excelencia Educativa, que será público y abracará un período mínimo de cuatro años, que podrá renovarse por períodos iguales, es decir, es posible que dicho Convenio concluya, por el vencimiento del mismo y que no se renueve. De ahí la impertinencia de incorporar las horas cumplidas por los docentes como que fuesen estables, cuando en verdad no lo han sido y han variado en cantidad de un año a otro, pudiendo incluso perderse.

Sostiene que en este caso la actuación del funcionario excede con creces a la mera constatación de un hecho, ya que entra de lleno a calificar si los supuestos de hecho descritos en la norma configuran o no el derecho que en definitiva se entiende vulnerado. Por ello y teniendo presente que la facultad de conocer sobre cuestiones relativas a la aplicación e interpretación de las normas laborales y contractuales le compete de manera exclusiva a los Juzgados de Letras del Trabajo, se vulnera abiertamente la garantía contenida en el inciso 4° número 3 del artículo 19 de la Constitución Política, es decir el derecho a no ser juzgado por comisiones especiales sino por los tribunales que señala la ley y establecidos con anterioridad.

Expone que además, las autoridades recurridas han transgredido el artículo 2 de la Ley 18.575 sobre Bases Generales de la Administración del Estado y al artículo 60 y 70 de la carta fundamental.

Agrega que el acto arbitrario e ilegal de las autoridades recurridas, vulnera el derecho de propiedad de su representada, por cuanto de acuerdo con las condiciones especiales en que fue decretada la multa, se le está privando de una parte de su patrimonio sin ningún fundamento legal. Este derecho o crédito que se genera a favor del Estado con motivo de la multa, es una cosa incorporal cuyo dominio pertenece a la recurrente.

Acompaña al recurso, resolución N° 798415013-1; contrato de trabajo de fecha 28 de febrero de 2014; anexo de contrato de trabajo de fecha 02 de marzo de 2015; y anexo de contrato de trabajo de fecha 09 de febrero de 2015.

A fojas 18 se declara admisible el recurso y se ordena que informen los recurridos.

A fojas 19 se decreta orden de no innovar.

A fojas 37, comparece doña nombre reservado, abogada de la Dirección del Trabajo, por los recurridos, quien solicita el rechazo del recurso, en atención a la improcedencia del mismo, ya que el asunto no origina una cuestión constitucional que deba ser tutelada por el recurso de protección, ya que esta acción cautelar de naturaleza extraordinaria y excepcional, no está destinada a reemplazar procedimientos específicos que contempla la ley para la defensa de los derechos de quien se siente perjudicado por la dictación de una resolución administrativa, pue se está recurriendo respecto de la resolución de multa. Si bien es cierto, la acción constitucional es sin perjuicio de otros derechos que pueda hacer valer el afectado ante la autoridad o los tribunales correspondientes, sucede que en la especie lo que se recurre es un acto administrativo, que no genera un conflicto constitucional que deba ser conocido vía recurso de protección, en el entendido que éste corresponde a un proceso sumario para la tutela urgente y privilegiada de los derechos fundamentales indubitados. En la especie, se ha usado este arbitrio constitucional como un recurso jurisdiccional, lo cual no puede admitirse dado que se trasformaría en un medio de impugnar toda suerte de resoluciones de entidades administrativas, que actúan dentro del marco de sus competencias y así lo ha resuelto la Excma. Corte Suprema. Igualmente cita en este mismo sentido, el reciente fallo de recurso de protección Rol 100-2015 de esta Iltma. Corte de Apelaciones, confirmado por la Excma. Corte Suprema; el Rol 818-2014 de la Iltma. Corte de Apelaciones de Valdivia; el Rol 1107-2014 de la Iltma. Corte de Apelaciones de Valparaíso; el Rol 2132-2013 de la Iltma. Corte de Apelaciones de Valdivia; el Rol 5120-2011 de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago y Rol 555-2009 de la Iltma. Corte de Apelaciones de Antofagasta.

Sostiene que de igual forma la acción es improcedente contra la Inspectora Provincial del Trabajo de Castro por no tener participación ni vinculación con los hechos invocados.

Agrega que el recurso es también improcedente al carecer la recurrente de un derecho indiscutido y preexistente de aquellos que se deba proteger por esta vía cautelar de urgencia. El derecho cuya protección se busca por esta vía no tiene la calidad de indubitado, dado que el recurso de protección es una acción de naturaleza cautelar, urgente y no declarativa, no es posible a través de este procedimiento, obtener un pronunciamiento en el que se dirima la existencia del derecho invocado, su validez y en general, las materias cuyo fallo requiere de una discusión y tramitación en juicio de lato conocimiento.

Expone que no existe acto arbitrario o ilegal, ya que el funcionario recurrido ha cursado la multa N° 7984/15/013, previa recepción de una denuncia efectuada por un trabajador en contra de la recurrente y previa fiscalización detectó la infracción a la normativa laboral, en el ejercicio de facultades previstas en el ordenamiento jurídico laboral, a saber: artículo 1 y 23 del D.F.L. N° 2 de 1967, artículo 505 del Código del Trabajo, y artículo único de la Ley 20.804 que renueva la vigencia de la Ley 19.648 sobre acceso a la titularidad de los docentes a contrata.

Sostiene que en relación a las alegaciones de la recurrente en cuanto a la improcedencia de considerar las denominadas horas SEP, la Dirección del Trabajo mediante dictamen N° 1920/032 del 20 de abril de 2015, ha resuelto que el legislador no hace distingo o exclusión para los docentes contratados por la SEP, los que igualmente accederán a la titularidad en el entendido que cumplan con los requisitos previos al efecto. De manera, que no es efectivo lo señalado por el recurrente, toda vez, que procede el beneficio de titularidad establecido en la Ley N° 19.648, en su nuevo texto fijado por la Ley N° 20.804, de concurrir los requisitos previstos al efecto, respecto de los profesores de los establecimientos dependientes de las Corporaciones Municipales que se desempeñen en aula común y en la aula de recursos, en los proyectos de integración escolar “PIE”, como también, respecto de los docentes que se desempeñan en funciones de aula vinculadas al Plan de Mejoramiento de la Educación, como ocurre en la especie.

En cuanto al ejercicio de facultades propias, indica que la autoridad administrativa está facultada para calificar jurídicamente los hechos, siendo esta actividad parte de la función administrativa, no se configura un exceso en las atribuciones del funcionario recurrido, sino el ejercicio propio de todo proceso de fiscalización que requiere calificación jurídica de los hechos que constata. Destaca al respecto la sentencia dictada por el Excma. Corte Suprema en el recurso de protección Rol 2523-2013. Señala que la actuación de los fiscalizadores se enmarca dentro de los principios que rigen el derecho del trabajo dentro de los cuales cabe destacar para el caso la función social que cumple el trabajo.

Sostiene la inexistencia de conculcación de la garantía constitucional del artículo 19 N° 3 y 24 de la Constitución Política de la República, debido a que la definición doctrinal de comisión especial, refiere a aquellos entes que, arrogándose las facultades jurisdiccionales que la ley le ha conferido exclusivamente a los tribunales de justicia, juzgan de ipso facto. En este sentido, el servicio ha actuado en virtud de las atribuciones que la propia ley le ha conferido, quedando siempre a salvo la posibilidad del afectado de recurrir ante los tribunales para la revisión de la legalidad del acto administrativo, por ello, no puede entenderse que se haya vulnerado esta garantía constitucional. Al respecto, se entenderá juzgado por una comisión especial todo aquel que sea juzgado por un tribunal establecido por una fuente distinta a una ley o bien por un tribunal establecido con posterioridad a la comisión del hecho que ha de juzgar, lo que no ha sucedido en la especie.

En cuanto a la vulneración del derecho de propiedad, expresa que una resolución administrativa no amenaza, no perturba y ni priva al recurrente de su derecho de propiedad, máxime si esta resolución, como ya se dijo, se funda en una actuación completamente legal por parte de la autoridad administrativa.

Acompaña al informe copia de la resolución de multa N° 798415013-; activación de fiscalización; informe de fiscalización; informe de exposición; y copia del dictamen 1926/32 de la Dirección del Trabajo.

A fojas 47 se traen los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la Acción Constitucional de Protección ha sido concebida en nuestro derecho como un remedio procesal de carácter extraordinario para la mantención regular del orden jurídico, de modo que cualquiera persona que se vea privada, perturbada o amenazada en el legítimo ejercicio de alguno de los derechos que esta acción cautela, pueda reclamar del Tribunal a quien el propio Constituyente ha encargado su conocimiento, la adopción inmediata de las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho.

SEGUNDO: Que el recurso de protección interpuesto se funda la vulneración de las garantías constitucionales del artículo 19 N° 3 inciso 4° y 24 de la Constitución Política de la República, mediante la dictación de la resolución de multa N° 7984/15/013 cursada por el recurrido fiscalizador de la Inspección Provincial del Trabajo de Castro.

TERCERO: Que como cuestión previa a entrar al conocimiento del fondo del recurso, y tal como ha resuelto anteriormente este tribunal, procede analizar si la presente acción es procedente al tenor del artículo 20 de la constitución Política de la República en relación con lo que señalan los artículos 503, 511 y 512 del Código del Trabajo, al tratarse de la aplicación de una sanción por la Autoridad Administrativa dependiente de la Dirección del Trabajo.

CUARTO: Que conforme al mérito de autos, no existe antecedente alguno que haga presumir que la recurrente, hizo uso de las vías ordinarias para reclamar de la multa impuesta tanto para solicitar su rebaja o para solicitar se dejen sin efecto, dando cumplimiento a las normas anteriormente citadas del Código del Trabajo.- QUINTO: Que, como lo ha reiterado la Excma Corte Suprema (entre otros rol Nº 2123-2013), la acción constitucional interpuesta no es procedente, cuando existen otras acciones judiciales para impugnar la resolución de multa, sea a través de la vía administrativa como lo dispone el artículo 511 del Código del Trabajo, en relación al artículo 59 de la Ley Nº 19.880 de Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de la Administración del Estado o bien, haciendo uso de la acción ordinaria de reclamación para ante el Juzgado del Trabajo que corresponda, según lo indica el artículo 503 inciso 3° del Código del Trabajo.

SEXTO : Que conforme a los fundamentos antes vertidos, es necesario rechazar el presente recurso pues esta acción cautelar no es la vía para impugnar la multa administrativa impuesta, y ha de ser desestimada, sin que sea necesario a entrar al fondo.

Y de conformidad con lo prevenido en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la república y Auto acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se rechaza, con costas, el recurso de protección interpuesto a fojas 8 por don nombre reservado, en representación de la Corporación Municipal de Educación, Salud y nombre reservado, en contra del fiscalizador de la Inspección Comunal del Trabajo de Castro, don nombre reservado, y en contra de la Inspección Provincial del Trabajo de Castro, representada por doña nombre reservado.

Redacción del Sr. Ministro don Jorge Pizarro Astudillo Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.- Rol N° 527-2015.- Pronunciada por la Primera Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones, integrada por el Presidente don nombre reservado, el. Ministro don Jorge Pizarro Astudillo y por el Abogado Integrante don Pedro Campos Latorre. Autoriza la Secretaria Titular Lorena Fresard Briones.

Puerto Montt, a siete de agosto de dos mil quince, notifiqué por el estado diario la resolución que precede. Lorena Fresard Briones, Secretaria Titular.