Protección contra Instituto nombre reservado

nombre reservado, veintiuno de octubre de dos mil veinticinco.

Vistos:

A folio 1 comparece el abogado Nicolás Alejandro Cayo Márquez, cédula nacional de identidad N° NUM000, con domicilio en domicilio reservado, en representación de nombre reservado, cédula nacional de identidad N° NUM001, estudiante, con domicilio en el mismo lugar, quien interpone recurso de protección en contra del Instituto nombre reservado, RUT NUM002, establecimiento educacional con domicilio en domicilio reservado.

Refiere que el día 5 de mayo de 2025, un inspector del establecimiento sorprendió a su representado portando cinco vaper, dos moledores, una cajetilla, un paquete de papelillos y una bolsa con marihuana, los cuales fueron incautados. Señala que los hechos se encuentran actualmente siendo investigados por la Fiscalía Local de Castro, bajo el RUC N° 2510021913-4, RIT O-1121-2025 del Juzgado de Garantía de la misma ciudad.

En tal contexto, sostiene que el establecimiento pretende aplicar sanciones tales como su expulsión o la pérdida del beneficio de internado, manteniéndolo suspendido hasta la finalización del procedimiento sancionatorio. Considera que dicha medida resulta desproporcionada, especialmente teniendo en cuenta que la bolsa de marihuana no pertenecía a su representado y que el establecimiento tiene conocimiento que existen otros involucrados, configurándose así un acto de discriminación arbitraria. Agrega que, de privarse a su representado del beneficio de internado, se le obligaría a viajar diariamente desde su domicilio al establecimiento, con el consiguiente costo económico, de tiempo y psicológico, lo que podría incluso llevarlo a abandonar sus estudios, situación que —afirma— no puede ser tolerada en ningún caso.

Invoca las garantías establecidas en los numerales 1°, 2° y 24° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, solicitando que se adopten las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho, especialmente las indicadas en el cuerpo del libelo.

A folio 12 comparece el abogado Aldo Fendez Pacheco, en representación de la Fundación nombre reservado, entidad sostenedora del Instituto nombre reservado, quien evacúa informe.

Expone que el Instituto nombre reservado imparte enseñanza técnico-profesional a estudiantes desde séptimo básico a cuarto medio, contando con un internado del cual el recurrente era beneficiario. Señala que, tras el hallazgo de un banano con los objetos prohibidos mencionados en el recurso, se activó el Protocolo de detección temprana de consumo, porte y venta de alcohol y drogas, conforme al Reglamento Interno de Convivencia Escolar. Por tratarse de un estudiante mayor de 14 años, se procedió además a efectuar la denuncia correspondiente a Carabineros, iniciándose paralelamente una investigación interna, revisando las cámaras de seguridad y realizando entrevistas con los involucrados, además de intentar la comunicación inmediata con los apoderados, logrando finalmente su notificación oportuna.

Precisa que, una vez que Carabineros se presentó en el establecimiento, evaluó los antecedentes y determinó la detención del estudiante, quien fue trasladado al CESFAM de Chonchi para la constatación de lesiones y luego puesto a disposición del Juzgado de Garantía para el respectivo control de detención.

Agrega que posteriormente el recurrente y su madre se reunieron con autoridades del colegio, oportunidad en la cual se les informó de la apertura del proceso sancionatorio, los hechos investigados, los plazos y su derecho a presentar descargos. Niega que el estudiante haya sido suspendido, explicando que la madre presentó un certificado médico, razón por la cual el alumno no asistió durante algunos días, reincorporándose luego con normalidad.

Señala que la investigación concluyó con la sanción de pérdida del beneficio de internado, conforme al artículo 150 letra a) del Reglamento Interno de Convivencia Escolar, medida que fue notificada el 12 de mayo de 2025, informándose al estudiante de su derecho a solicitar la reconsideración, manifestando el apoderado que no interpondría apelación.

Añade que la institución permitió y flexibilizó el horario del estudiante para facilitar su asistencia, sin que éste o sus apoderados manifestaran dificultades económicas, psicológicas o de tiempo como las que se alegan en el recurso, asistiendo el alumno con normalidad.

Finalmente, niega haber vulnerado las garantías constitucionales invocadas por el recurrente y solicita el rechazo del recurso de protección en todas sus partes.

A folio 13 se traen los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, el recurso de protección constituye jurídicamente una acción judicial destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos que el artículo 20 de la Constitución Política de la República enumera, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio. Por consiguiente, es una acción de cautela de derechos garantizados a nivel constitucional, cuya existencia sea indubitada y se encuentren conculcados de manera suficiente para provocar la actividad jurisdiccional, traducida en la adopción de medidas destinadas a restablecer el imperio de esos derechos amagados o perturbados en su legítimo ejercicio.

Segundo: Que, de lo anteriormente reflexionado, se desprende que es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión arbitraria o ilegal de quien incurre en él, que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, consideración básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

Tercero: Que, el presente recurso se dirige a obtener medidas que restablezcan el imperio del derecho, fundándose en que el Instituto nombre reservado habría iniciado un procedimiento disciplinario en contra del estudiante nombre reservado, con motivo de haber sido sorprendido portando objetos prohibidos dentro del establecimiento educacional. Alega el recurrente que, como consecuencia de ello, el estudiante fue suspendido de clases y que el establecimiento pretende sancionarlo con la expulsión o con la pérdida del beneficio de internado, medidas que califica de desproporcionadas y arbitrarias.

Cuarto: Que, evacuando informe, la entidad sostenedora del Instituto nombre reservado, niega haber suspendido de clases al alumno, asegurando haber actuado conforme al Reglamento Interno de Convivencia Escolar y a los protocolos institucionales aplicables. Precisa que, tras el procedimiento sancionatorio correspondiente, se impuso al estudiante la sanción de pérdida del beneficio de internado, garantizando en todo momento su derecho a defensa y la posibilidad de impugnar la resolución, la cual fue expresamente aceptada por el propio estudiante, quien manifestó su decisión de no apelar.

Quinto: Que, de los antecedentes acompañados y apreciados conforme a las reglas de la sana crítica, se tiene por establecido que: (i) El recurrente, estudiante de tercer año medio, fue sorprendido el 5 de mayo de 2025 junto a otros compañeros portando cinco vaper, dos moledores, una cajetilla, un paquete de papelillos y una bolsa con marihuana dentro del recinto educacional. (ii) Producto de lo anterior, se dio inicio a un procedimiento sancionatorio, el cual fue notificado a la madre del recurrente el 6 de mayo de 2025, informándosele los hechos imputados, las normas infringidas, las sanciones posibles y el derecho a presentar descargos y a apelar. (iii) Dicho procedimiento concluyó con la resolución de fecha 12 de mayo de 2025, suscrita por la Directora del establecimiento, doña nombre reservado, que impuso la sanción de pérdida del beneficio de internado. (iv) El recurrente manifestó en sesión de seguimiento del proceso de acompañamiento psicoeducativo: “yo no quiero apelar y entiendo que es mi castigo por lo sucedido… Yo le dije al abogado que no quiero que siga con eso”, refiriéndose al proceso de apelación.

Sexto: Que, a la luz de lo expuesto, no se advierte ilegalidad ni arbitrariedad en el actuar del establecimiento recurrido, puesto que la sanción impuesta se encuentra prevista por el Reglamento Interno de Convivencia Escolar, la cual fue aplicada tras un procedimiento formal y fundado, se notificó debidamente y se contempló la posibilidad de que el estudiante ejerza su derecho a ser oído y su derecho de defensa.

En el sentido expuesto, consta que la resolución sancionatoria de fecha 12 de mayo de 2025 tuvo por acreditada la comisión de faltas que, el reglamento interno califica como gravísimas, entre ellas: “portar cualquier tipo de utensilio que se use para facilitar el consumo de sustancias, como por ejemplo pipas, vaper, encendedor/fósforos, entre otros”; la introducción, porte, exhibición, regalo o comercialización y/o consumo de sustancias ilícitas dentro del establecimiento y el consumo, venta o porte de marihuana. Además, se constató por el establecimiento educacional la falta —también gravísima— consistente en encubrir o entregar falso testimonio frente a una investigación interna. Todo lo anterior, conforme al artículo 121 letra q), artículo 122 letra p) y artículo 123 del reglamento interno de convivencia escolar. De tal forma, la sanción aplicada —pérdida del beneficio de internado— se ajusta al artículo 150 letra a) del reglamento indicado.

Séptimo: Que, en cuanto a la alegación de desproporcionalidad de la sanción, ésta se desestima por cuanto los hechos constatados por el establecimiento educacional configuran las faltas gravísimas tipificadas y sancionadas en el reglamento y no implican un alejamiento o afectación al derecho a la educación del estudiante. Con todo, sin perjuicio de no alegarse, se ha constatado que se ha brindado al recurrente la posibilidad de ejercer su derecho a defensa e incluso de recurrir la sanción, quien ha manifestado su conformidad con aquella. Por último, en cuanto a la alegación de suspensión de clases durante la sustanciación del procedimiento sancionatorio, ello no se acreditó por parte del recurrente y, por el contrario, consta que la ausencia del estudiante durante algunos días se debió a un certificado médico, sin perjuicio de lo cual, posteriormente se reincorporó en forma normal a clases.

En tal orden de ideas, al no constatarse una actuación ilegal o arbitraria de parte del establecimiento educacional recurrido, esta acción de protección será rechazada, tal como se dirá en lo resolutivo.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República, y en el Acta N°94-2015 sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara:

Que, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto por el abogado Nicolás Alejandro Cayo Márquez, en favor del adolescente nombre reservado en contra del Instituto nombre reservado.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Redacción a cargo de la Ministra Ivonne Avendaño Gómez.

Rol Protección N°522-2025.