Protección contra Inspección Provincial del Trabajo de Puerto Montt

Puerto Montt, veintidós de junio de dos mil dieciocho.

Vistos:

Que, con fecha 24 de abril del presente año, comparece don Jorge Arredondo Pacheco, abogado, en representación de la sociedad Ice Cream SpA, domiciliada para estos efectos en domicilio reservado y deduce acción de protección de garantías fundamentales en contra de la Inspección Provincial del Trabajo de Puerto Montt, representada por su Jefe suplente doña nombre reservado y en contra de doña nombre reservado, en su calidad de fiscalizadora de dicha institución, todos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado; por estimar el recurrente que las denunciadas han incurrido en una actuación ilegal y arbitraria al momento de dictar la resolución Nº8573/18/19, por la que se le impuso cuatro multas administrativas, por infracción a lo dispuesto en el artículo 22 en relación con el artículo 506, ambos del Código del Trabajo; que vulnera a su vez las garantías de que es titular, consagradas en el artículo 19 Nº2, Nº3, Nº21 y Nº24, de la Constitución Política de la República.

Funda lo anterior, en que la resolución que se reclama como ilegal y arbitraria se basa en la fiscalización efectuada por la recurrida nombre reservado, en ejercicio de las funciones que la denunciada Inspección Provincial le ha encomendado, ocasión en que la primera constató una supuesta infracción a lo preceptuado en el artículo 22 del Código del Trabajo en relación al artículo 506 del mismo cuerpo normativo, al mantener a dos trabajadoras en el local comercial de la recurrente excluidas de la limitación de jornada de 45 horas semanales, sin que en la especie cumplieran con los supuestos de la primera norma referida, que habilita a los empleadores para excluir a los trabajadores que cumplan roles de administración, de la señalada regla de jornada máxima de trabajo.

Expone que a su juicio las recurridas han excedido sus facultades al atribuirse competencias jurisdiccionales a fin de calificar las funciones desempeñadas por las trabajadoras de la actora, invadiendo así la esfera de potestades que le han sido asignadas de manera exclusiva y excluyente a los tribunales de justicia. Lo dicho, por aplicación de lo dispuesto en el artículo 420 letras a) y g), en relación con el artículo 506, del Código del Trabajo.

Arguye que para efectos de determinar la ocurrencia de la infracción las denunciadas necesariamente debieron hacer una estimación de la naturaleza jurídica de los servicios prestados por las trabajadoras fiscalizadas, yendo contra lo expresamente pactado en sus contratos de trabajo vigentes.

Ello, ya que se deduce por parte de las recurridas, a partir de determinados hechos como la existencia de declaraciones juradas de las trabajadoras, que éstas se encuentran sujetas a control o supervisión de una jefatura, mediante correos electrónicos, llamadas, visitas y arqueo de caja, lo que corresponde a una calificación normativa de los referidos hechos, lo que a su juicio le estaría vedado.

Asimismo, se habría infringido lo dispuesto en la Circular Nº88 de la Dirección del Trabajo, de julio de 2001, que impone el deber que la fiscalización se lleve a cabo íntegramente en terreno, cuestión que no se habría cumplido porque la recurrida habría seguido solicitando documentos mediante correo electrónico con posterioridad a la visita inspectiva de 14 de marzo del año 2018 y previo a la dictación de la resolución atacada.

Reafirma la tesis del recurrente, el que la resolución de multa se entregó a una de las trabajadoras que se estimó no tenía facultades de administración, dando cuenta que a su respecto no existiría superior jerárquico.

Cita jurisprudencia de la Excelentísima Corte Suprema sobre la materia y de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas.

Todo lo expuesto, configura una actuación ilegal y arbitraria que amenaza o conculca las garantías de que es titular la recurrente y que se encuentran contenidas en el artículo 19 Nº3 inciso quinto, a propósito del derecho a un juez natural y la interdicción del juzgamiento por comisiones especiales, en la manera que se ha descrito al arrogarse las recurridas potestades jurisdiccionales; a su vez, la resolución impugnada vulneraría lo dispuesto en el artículo 19 Nº2, por cuanto se hace una diferencia arbitraria con los demás administrados respecto de los cuales no se irroga las facultades jurisdiccionales antedichas; se conculca la garantía del artículo 19 Nº21, por cuanto se coarta las facultades de organización y dirección interna de la recurrente; y se infringe la garantía del artículo 19 Nº24 al gravar el patrimonio de la actora con una multa que carece de justificación suficiente.

Por lo anterior, pide se acoja el recurso y se deje sin efecto la resolución atacada, ordenando a las recurridas abstenerse en lo sucesivo de incurrir en las conductas denunciadas, con costas.

Acompaña a su recurso, copia de la resolución impugnada, copia de contratos de trabajo, denuncia que motivó la fiscalización, correos entre la recurrente y la fiscalizadora recurrida y copia de mandato al compareciente.

Se pidió orden de no innovar en el sentido de suspender los efectos de la resolución recurrida, a la que se negó lugar en virtud del mérito de los antecedentes.

Evacuando informe las recurridas en un solo escrito, señalan en síntesis que la acción es improcedente respecto de la Inspección Provincial del Trabajo, por cuanto la resolución de multa es un acto administrativo dictado única y exclusivamente por la recurrida nombre reservado, en su calidad de fiscalizadora.

Así lo ha resuelto esta misma Corte en autos Rol 459-2013 y Rol 676-2013, que en su parte pertinente transcribe.

Luego, alega que el recurso es improcedente por cuanto el ordenamiento jurídico contempla expresamente una vía para reclamar de las resoluciones administrativas de multas en sede laboral, consagradas en los artículos 503 y 511 del Código del Trabajo, siendo ellas las vías idóneas para promover la contienda de autos.

Cita al efecto pronunciamientos que en ese sentido han hecho las Cortes de Apelaciones de Valdivia, Antofagasta y Santiago, en roles que indica y que en lo pertinente transcribe.

Finalmente, alega la improcedencia del recurso por cuanto no ha existido acto ilegal y arbitrario, señalando que la resolución de multa se apega a la fiscalización desplegada en terreno y a los antecedentes recabados con posterioridad a ella, en el marco de la investigación llevada a cabo.

En cuanto a la supuesta ilegalidad, expone que no ha excedido sus facultades desde que la fiscalización de la aplicación de la legislación laboral se le ha entregado por ley, en virtud de lo dispuesto en el artículo 1º del DFL Nº2 de 1967 y de lo preceptuado en el artículo 505 inciso primero del Código del Trabajo.

Arguye asimismo que el acto de fiscalizar requiere necesariamente el asignar valor a los hechos, siendo éste un juicio de valor sobre aquello que se fiscaliza. Por ende, aquel constituye un ejercicio que implica dotar de contenido y alcance los hechos constatados. En la misma línea se ha pronunciado la Corte de Apelaciones de Santiago en autos Rol Nº2264-2016, la Corte de Apelaciones de Rancagua en autos Rol Nº27-2013 y la Excelentísima Corte Suprema en autos Rol Nº2523-2013, Nº119-2013 y Nº451-2011, este último en sede de protección, decisiones que cita en lo pertinente.

Mientras que, en lo referente a la arbitrariedad, señala que la resolución se encuentra suficientemente fundada en los antecedentes que constan en el informe de exposición, que sirven de base a la dictación de la decisión sancionatoria.

Cita la norma que se estima infringida y la interpretación que le ha dado a sus requisitos la jurisprudencia administrativa de la Dirección del Trabajo.

De esta manera, al no existir a su juicio actuación ilegal ni arbitraria, descarta la ocurrencia de las perturbaciones que se denuncian a las garantías constitucionales de los artículo 19 Nº2, Nº3, Nº21 y Nº24, por las razones que expone, que constituyen una reiteración de lo ya argüido previamente, citando al efecto jurisprudencia ya referida.

Insta porque se rechace la acción constitucional de marras, con costas.

Acompaña a su informe, antecedentes administrativos de la fiscalización y copia de la resolución atacada.

Encontrándose en estado de ver, se trajeron los autos en relación, agregándose extraordinariamente a la tabla de esta Primera Sala.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección tiene por objeto restablecer el imperio del derecho cuando se han visto conculcadas, aún en grado de amenaza, las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 de la Constitución Política de la República, según lo dispone el artículo 20 de la Carta Fundamental. En tales casos, la Corte de Apelaciones respectiva puede adoptar todas las medidas conducentes a lograr que cese la perturbación de tales garantías. Para dicho efecto, deben concurrir los siguientes requisitos: que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada; que se establezca la ilegalidad o arbitrariedad de esa acción u omisión; que de la misma se siga directo e inmediato atentado contra una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía; y que la Corte esté en situación material y jurídica de brindar la protección.

SEGUNDO: Que en la especie, el presente recurso de protección dice relación con el hecho de haberse cursado respecto de la actora una multa con arreglo a lo dispuesto en la resolución administrativa dictada por doña nombre reservado en su calidad de funcionaria pública fiscalizadora, dependiente de la Inspección Provincial del Trabajo de Puerto Montt.

Arguye el actor que dicha resolución por la que se le impuso la multa adolece de ilegalidad y arbitrariedad, por cuanto sería corolario de un procedimiento administrativo sancionatorio que no se verificó íntegramente por visita inspectiva personal de la fiscalizadora, como lo ordena la Circular Nº88 de la Dirección del Trabajo, sino que habría tenido una etapa posterior de recolección de antecedentes.

Finalmente, señala que para efectos de determinar la existencia de una contravención a las normas del artículo 22 del Código del Trabajo, motivo fundante de la multa reclamada, necesariamente la recurrida debió hacer un ejercicio de interpretación contractual y normativa, que excede las potestades que el legislador ha residenciado dentro de su competencia, arrogándose al efecto, facultades jurisdiccionales.

TERCERO: Que la recurrida alega en lo pertinente, que el recurso es improcedente respecto de la Inspección Provincial del Trabajo ya que el acto fue tramitado y dictado íntegramente por la fiscalizadora nombre reservado, sin injerencia del organismo.

En segundo término, refiere que en la resolución atacada se impusieron multas asociadas a cuatro infracciones, pero sólo se reclama de una de ellas. Lo anterior, refuerza la tesis de las recurridas en cuanto a que el recurso de protección no es la vía idónea para discutir la materia desde que le asisten al recurrente las vías ordinarias de reclamo de multa ante el Juzgado de Letras del Trabajo correspondiente.

Finalmente, insta por el rechazo por cuanto no ha existido actuación ilegal y arbitraria de su parte, ya que las sanciones se apegan a Derecho y al mérito de los antecedentes que constan en el procedimiento administrativo, ya sea en su fase inspectiva o en la recopilación documental posterior, que en cualquier caso, a su juicio forma parte del proceso sancionatorio. Esto último, atendido que la disposición de la circular Nº88 de 2001, de la Dirección del Trabajo, no se encuentra vigente, según lo hizo presente el apoderado de las recurridas en estrados.

CUARTO: Que, en primer término, se desestimará la alegación de la recurrida en relación a la improcedencia del recurso en cuanto se ha dirigido en contra de la Inspección Provincial del Trabajo y no de manera exclusiva en contra de la funcionaria que dictó la resolución recurrida, teniendo presente que, si bien es efectivo que fue esta última quien dictó el acto administrativo impugnado, lo cierto es que, como se señala en el propio informe de las denunciadas, ella es dependiente de la Inspección Provincial del Trabajo y tanto la infracción constatada como la multa cursada, responden al ejercicio de las facultades propias que se le han asignado y delegado, atendida su calidad de funcionaria pública fiscalizadora de dicha institución.

QUINTO: Que en cuanto a la segunda alegación de improcedencia de la acción, referida a que ésta no es la vía idónea, cabe señalar lo siguiente.

En primer lugar, los vicios que se alegan respecto de la resolución de multa, dicen relación en una parte con infracciones normativas en cuanto al desarrollo del proceso fiscalizador, en lo tocante a la recopilación documental de antecedentes, cuestión que iría contra las directrices de la Circular Nº88 de la Dirección del Trabajo, de 2001.

Así, resulta claro que ese eventual vicio, irradia a todo el proceso sancionatorio y por ende, a la totalidad de las multas que producto de él se le cursan a la recurrente. Sin embargo, como se ha ventilado en estrados, respecto de las otras tres multas contenidas en ella, se reclamó en su oportunidad por medio de las vías procesales ordinarias contempladas en los artículos 503 y siguientes del Código del Trabajo.

Luego, en lo que respecta entonces a ese vicio en específico que se reclama en esta sede, no resulta atendible desde que la actuación de la misma reclamante reconoce la existencia de vías procesales idóneas para su discusión, en un procedimiento de cognición, declarativo, de lato conocimiento, sin perjuicio de su brevedad y concentración, según las reglas especiales aplicables.

SEXTO: Que, en segundo lugar, se alega que las recurridas han llevado a cabo una valoración de las normas contractuales y jurídicas que rigen la relación de la recurrente con sus trabajadoras y por ende, han invadido la esfera de competencias de los tribunales ordinarios de justicia, avocándose facultades jurisdiccionales al respecto.

En este ámbito de cosas, huelga señalar que lo anterior tiene como fundamento basal, en la existencia de supuestos errores de hecho de la resolución sancionatoria recurrida que lleva a la que ésta haga una interpretación jurídica errónea de las cláusulas contractuales y normas legales atingentes.

Lo dicho, sitúa nuevamente a la recurrente frente a la procedencia como vía idónea de reclamo, al procedimiento especial de los artículos 503 y siguientes del Código del Trabajo, ya que al acudir a una vía cautelar extraordinaria como ésta, requiere de la existencia de un derecho indubitado que se vea fehacientemente conculcado por el actuar denunciado, cuestión que no se vislumbra desde que el natural y propio ejercicio de las funciones fiscalizadoras de la recurrida importan una confrontación de hechos que han de ser subsumidos en las hipótesis legales sustantivas y adjetivas que le permiten determinar la concurrencia o no de conductas infraccionales.

Negar la facultad de interpretar la eventual vulneración de normas jurídicas o contractuales, atendido el resultado de un proceso fiscalizador, es sustraer a los órganos que cumplen dicha función de cualquier posibilidad de determinación de las infracciones que son llamados a perseguir, en sede de responsabilidad administrativa.

SÉPTIMO: Que, de esta suerte, el presente recurso sólo podría haber prosperado si en la especie se hubiesen constatado vulneraciones a los derechos fundamentales de la actora que hicieran procedente y necesario recurrir por ésta vía y no por aquellas que de ordinario ha provisto el legislador laboral para el reclamo de multas, pero ello, en la especie no ocurre, según fluye de las alegaciones vertidas en el libelo pretensor, así como lo discutido en estrados y de la misma conducta de la recurrente que utilizó dicha sede para el reclamo de las otras multas cursadas en la misma resolución.

Ello, permite estimar que el actuar de la actora difiere de sus propios actos precedentes, motivando la desestimación de los vicios que alega y en definitiva, sumado a la ausencia de actuaciones ilegales o arbitrarias de las recurridas que tengan la aptitud potencial de conculcar derechos fundamentales de la recurrente, sirven de base para el rechazo de la presente acción cautelar.

Por las consideraciones expuestas, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara:

I.- Que, se rechaza el recurso de protección deducido por don Jorge Arredondo Pacheco, abogado, en representación de la sociedad Ice Cream SpA, en contra de la Inspección Provincial del Trabajo de Puerto Montt, representada por su Jefe suplente doña nombre reservado y en contra de doña nombre reservado, en su calidad de fiscalizadora de dicha institución, por no concurrir en la especie los requisitos de procedencia de la acción.

II.- Que, no se condena en costas al recurrente por haber tenido motivo plausible para recurrir.

Redacción a cargo de la Ministra doña Teresa Inés Mora Torres.

Regístrese, comuníquese, y archívese, en su oportunidad.

Rol Nº 517-2018